¡Desconfianza total hacia autoridades contra Mara!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Las autoridades deberían actuar legalmente contra la gobernadora Verde, Mara Lezama, ya que la legislación mexicana, en materia de responsabilidades administrativas, prohíbe estrictamente a los servidores públicos recibir “regalos, servicios, favores o beneficios” de contratistas activos de gobierno, ya que compromete su imparcialidad, por lo que constituye delito.

Sin embargo, aunque el estatus actual de los sospechosos vuelos privados de la mandataria a Estados Unidos se encuentra en fase de confrontación de versiones y revisión preliminar, la Federación no espera que Mara Lezama “acepte su responsabilidad”, sino que, lamentablemente, de entrada, respalda la defensa de la gobernadora y condiciona cualquier investigación formal a que se demuestre lo contrario.

¿Por qué hablar de Federación y no de Quintana Roo? Ante las múltiples dudas, explicamos, la investigación del escándalo por los cuestionados vuelos, que impulsan denuncias de legisladores, estará a cargo de tres autoridades de aquel nivel en los ámbitos administrativo, de fiscalización y penal, encabezada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes de la Función Pública.

La dependencia, del nivel federal, se encargará administrativamente de decidir si existe conflicto de interés o evolución patrimonial injustificada, ya que legisladores de la oposición solicitaron formalmente profundizar en señalamientos de que aeronaves utilizadas pertenecen a Grupo Seguritech, proveedor activo del Gobierno de Quintana Roo.

Otra instancia responsable es la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico especializado encargado de revisar la Cuenta Pública, a la que se le requiere fiscalizar si hubo desvío de recursos públicos federales directa o indirectamente vinculados con los traslados.

Por último, se incluyen la Fiscalía General de la República-Fiscalías Anticorrupción, en caso de que en las auditorías administrativas se detectaran indicios de los delitos de cohecho, peculado o uso ilícito de atribuciones y facultades, realizarán la investigación penal pertinente.

Aunque sólo sirven para lo mismo que “La Carabina de Ambrosio”, la Auditoría Superior de Quintana Roo y la Secretaría “Anticorrupción” del Estado también tienen facultades concurrentes para indagar el uso de recursos y el actuar de Mara Lezama desde su gestión previa como alcaldesa de Cancún.

¿Y sabe Usted porqué se supone que no intervendrían éstas, sino la Federación? Muy sencillo: En todo Quintana Roo existe profundo escepticismo y marcada falta de confianza en que las autoridades estatales realicen una investigación imparcial por una serie de factores políticos e institucionales que alimentan la desconfianza ciudadana y de la oposición.

Estos factores de desconfianza, incluyen la total y abierta subordinación política de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado con Mara Lezama, tal que, con una mayoría absoluta de Morena y aliados, sostiene una relación de total cercanía y sintonía política con ella e, históricamente, los congresos locales con mayorías oficialistas actúan como escudo político y evitan abrir comisiones especiales de investigación o comparecencias incómodas para el Ejecutivo.

Otro factor es que la otrora Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría “Anticorrupción” de Quintana Roo, a cargo de Reyna Arceo Rosado, depende directamente de la propia Mara Lezama, mientras la Fiscalía General del Estado, con Raciel López Salazar, y la Fiscalía “Anticorrupción”, con Edgar Ramírez Morales, se perciben como órganos alineados al grupo en el poder, lo que descarta expectativas de una indagatoria rigurosa e imparcial.

Además, aunque la Auditoría Superior de Quintana Roo, que encabeza Miguel Zogby Cheluja Martínez, tiene el mandato técnico de revisar el gasto de las dependencias, pero su titular lo designó el Congreso, por lo que se considera que carece de la autonomía real necesaria para fiscalizar de forma objetiva posibles triangulaciones de recursos que denuncian los reportes periodísticos.

Por estas razones, legisladores de oposición y organizaciones civiles decidieron saltarse las instancias de Quintana Roo y, apostar por completo a que Auditoría Superior de la Federación y dependencias del Gobierno Federal atraigan e investiguen el escándalo

Así las cosas, a nivel federal se presentaron exigencias y denuncias formales, pero el Ejecutivo Federal, como se sabe, adoptó postura de verificación previa antes de que los órganos de fiscalización inicien auditorías o procedimientos definitivos.

Por su parte, legisladores federales del PAN, como la senadora Mayuli Martínez y el diputado Ernesto Sánchez, solicitaron formalmente una investigación a Anticorrupción federal, y a la Auditoría Superior de ese nivel esclarecer el origen de los recursos financieros y determinar si hay conflicto de interés con el Grupo Seguritech, proveedor aéreo de Quintana Roo.

En su “Mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó verificar primero los datos de la investigación periodística antes de fincar responsabilidades directas, pero que la gobernadora aclare las condiciones de los viajes y comprobar de forma contundente si utilizó aeronaves ligadas a un proveedor del gobierno.

En respuesta, Mara Lezama emitió un posicionamiento público negando categóricamente el uso de recursos del erario y que los vuelos privados internacionales fueron de carácter estrictamente familiar y cubiertos con recursos propios, en tanto cuestionó las cifras publicadas -que reportan entre 43 y 97 vuelos-, las que calificó de imposibles para su agenda laboral.

¿Qué sigue jurídicamente? La ASF y Anticorrupción ya cuentan con los escritos de la oposición, aunque, por los tiempos legales de fiscalización pública, la apertura de expedientes formales de auditoría suele integrarse en las revisiones de las Cuentas Públicas en curso, salvo que presión política u órdenes directas obliguen a una auditoría especial inmediata.

Por su parte, la mandataria emitió su postura, donde aceptó públicamente haber realizado vuelos privados, pero negó tajante el número reportado por la prensa y, principalmente, cualquier desvío de recursos o delito, ya que sostuvo que los traslados fueron de carácter familiar y financiados estrictamente con recursos propios acumulados con décadas en la iniciativa privada.

Claudia Sheinbaum adoptó una postura de cautela que se califica como espaldarazo político por replicar la versión de Mara Lezama: “Ella ya explicó que fueron con sus recursos personales” y advirtió que los señalamientos de la investigación de Reforma, POPLab y Connectas “tienen que comprobarse” fehacientemente, antes de emitir postura condenatoria o iniciar sanciones.

Las denuncias del PAN están en las oficialías de partes de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría Anticorrupción, con estatus de análisis de procedencia. Jurídicamente, el gobierno no detendrá sus operaciones por la denuncia; los auditores evaluarán si las pruebas de la oposición aportan contratos o transferencias específicas que involucren recursos federales o al proveedor Grupo Seguritech antes de abrir una auditoría especial.

En resumen, la Federación dio inicialmente por buena la aclaración de Mara Lezama. El balón está ahora en cancha de denunciantes y las unidades de inteligencia financiera o de auditoría, que tendrían que aportar pruebas documentales contundentes -facturas, bitácoras oficiales o triangulaciones de dinero público- para desmontar la defensa de “financiamiento propio” que sostiene la mandataria y obligar al Gobierno Federal a actuar.

Lo que más debiera preocuparle a la mandataria es el conflicto de interés, núcleo central del escándalo y argumento legal más sólido de la oposición, pues se fundamenta en que, mientras Mara Lezama realizaba sus traslados familiares, su gobierno beneficiaba masivamente a la misma red empresarial dueña de los aviones.

El estatus de esta vertiente del caso se resume en el vínculo comprobado -la red empresarial-, pues las investigaciones periodísticas revelan coincidencia directa de nombres y empresas: Al menos 43 de los viajes internacionales se realizaron en dos aeronaves Gulfstream G200 (matrículas XA-PKR y XA-GLF), pertenecientes a la empresa de taxis aéreos PABE-TAX.

El apoderado legal de PABE-TAX es el mismo representante legal de Seguritech Privada y de su subsidiaria Picorp de México, como parte del conglomerado encabezado por el empresario Ariel Zeev Picker Schatz Ariel Picker, con cuya empresa Seguritech ha sido objeto de numerosos cuestionamientos mediáticos, investigaciones periodísticas y revisiones de organismos civiles en México en torno a opacidad de sus contratos gubernamentales, sobreprecios y fallas en su infraestructura tecnológica. 

Para oposición y analistas, la defensa de Mara Lezama -“yo pagué los vuelos con mi dinero”- no elimina el conflicto de interés, ya que su gobierno entregó por adjudicación directa contratos históricos a esa misma firma:

Contrato C4 y C5 (febrero de 2023), otorgado a Seguritech Privada por 2,211 millones de pesos para el sistema integral de seguridad e integración tecnológica, vigente hasta 2027; de mantenimiento (agosto de 2023), esquema multianual de soporte a la infraestructura de videovigilancia por 580.5 millones de pesos; y estudios para penal (noviembre de 2023), asignado a Picorp de México por 77.5 millones de pesos para preinversión de una cárcel en Cancún.

En total, el gobierno de Mara Lezama destinó más de 2,869 millones de pesos en adjudicaciones directas a este grupo.

Ante la sospecha de cohecho o tráfico de influencias, los denunciantes señalan que, incluso, si la gobernadora pagó, es necesario auditar si recibió tarifas preferenciales, horas de vuelo gratuitas o prebendas como contraprestación oculta por los contratos multimillonarios.

Como doble moral, críticos de gobierno señalan la contradicción de adquirir helicópteros para seguridad pública con dinero del erario a través de Seguritech, mientras, de forma paralela, la mandataria utiliza los jets privados de la misma organización.

¿Qué ha pasado con la investigación de este punto? De momento, el conflicto de interés está congelado en la cancha política: La gobernadora califica los señalamientos de nexos indebidos como “falsos”, pero evade transparentar públicamente facturas de pago, bitácoras o método de contratación de las aeronaves.

La Secretaría Anticorrupción federal recibió denuncia específica por conflicto de interés, pero, dado el respaldo político inicial de la presidenta hacia Mara Lezama, el estatus se mantiene únicamente en “revisión de elementos” sin haberse suspendido a ningún funcionario ni congelado licitaciones.

A todo esto, el argumento matemático de oposición y prensa de investigación (Reforma) para sostener que las cuentas de la gobernadora no cuadran bajo su lógica de “financiamiento propio”, es una comparación de ingresos y gastos, debido a una disparidad en el desglose comparativo de las cifras del escándalo.

Así, según la Plataforma Nacional de Transparencia, las percepciones de Mara Lezama como sueldo mensual neto son 102,598 pesos, y el sueldo bruto, 143,463 pesos, con un aguinaldo anual neto de 200,855 pesos, para un ingreso total anual neto estimados de 1.4 millones de pesos oficiales al año.

En tanto, sobre el costo de los vuelos privados, la investigación periodística analizó de forma conservadora un paquete de 69 vuelos hacia destinos de Estados Unidos -como Vail, Orlando, Houston, Washington y Denver- desde 2019 a la fecha. El costo total estimado es de 1 millón de dólares -unos 20 millones de pesos.

Vuelo Cancún a Vail, Colorado (marzo de 2024), 30,000 dólares, cerca de 540,000 pesos- por un sólo trayecto, y vuelo Cancún a Washington D.C. (marzo de 2023), valorado en 24,000 dólares, unos 430,000 pesos.

La estimación de 20 millones de pesos no incluye las tarifas por noches de pernocta de las aeronaves ni los “vuelos ferry” -traslados logísticos vacíos del avión-, factores que podrían duplicar el costo real total.

Ante esta brecha, Mara Lezama argumenta que su patrimonio familiar no se limita a su salario público actual y sostiene que cuenta con recursos privados legítimos acumulados 30 años en el sector privado y medios de comunicación, antes de ingresar a la política como alcaldesa de Cancún en 2018.

Para su mala fortuna, la oposición insiste en que, para cerrar esta brecha de dudas, la gobernadora debe presentar públicamente las transferencias bancarias y las facturas a emitidas a su nombre por PABE-TAX o Seguritech, demostrando que pagó tarifas comerciales reales y no simbólicas a cambio de favores políticos. 

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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