¡Sospechosa red aérea en escándalo de Mara!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Las investigaciones periodísticas que
destaparon el escándalo de los vuelos privados a Estados Unidos de la
gobernadora Verde, Mara Lezama, destaparon compleja red de taxis aéreos
vinculados a grandes proveedores de gobierno en materia de seguridad en Quintana
Roo, así como a influyentes operadores políticos.
Así, dueños, representantes y
empresas involucradas se desglosan en categorías clave, el principal de ellos el
consorcio de seguridad de Grupo Seguritech y PABE-TAX, cuyo vínculo es el más
polémico por un potencial conflicto de interés por brindar servicios activos de
seguridad tecnológica y monitoreo al gobierno de Quintana Roo.
La empresa es compañía de vuelos
ejecutivos con base en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde funciona
formalmente como división aérea de Seguritech Privada que opera los dos aviones
Gulfstream G200 (matrículas XA-PKR y XA-GLF) en los que realizó al menos 43
viajes la gobernadora.
Documentos públicos y registros
corporativos de investigaciones periodísticas asocian a Federico del Palacio
Ruiz Cabañas, René Bustos Soler y Ernesto Valdés Cordero como sus apoderados o
representantes legales que conectan de forma directa a PABE-TAX con el
corporativo de seguridad matriz.
Una investigación de medios como El
CEO y La Silla Rota identificó que Mara Lezama compartió el uso de aeronaves
ejecutivas con su principal aliado político, Jorge Emilio González Martínez “El
Niño Verde”, aunque también se publicó otro con “Gino” Segura:
La empresa de aviación Redwings -que
opera aviones de lujo tipo Gulfstream G280, matrícula XA-BAT, y Learjet 60,
matrícula XA-USZ- es una empresa de taxis aéreos que dirige el empresario
Bernardo Moreno León, cuyos vuelos conectan logísticamente agendas de traslado
de altos mandos del Verde “Ecologista” y funcionarios de estado.
Como otras empresas y contratistas
bajo la lupa, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detectó
el uso de otras naves privadas pertenecientes a firmas de consultoría e
ingeniería, como la Thebe Ingeniería y Consultoría, propietaria del avión
Hawker 800XP (matrícula XA-AMI), ligada contractualmente al empresario Fernando
Padilla, personaje públicamente vinculado a redes de proveeduría gubernamental
en el Sureste.
También figura la empresa Servicios
Aéreos Dandy, operadora de un avión bimotor Learjet 31A (matrícula XA-UMV)
empleado en los primeros periodos de traslado de la mandataria, así como Milenium
Air -Servicios Aéreos Integrados-, responsables de la operación de la aeronave
Hawker 750 (matrícula XA-MAM), registrada en las bitácoras fronterizas
norteamericanas.
La controversia no radica sólo en las
empresas propietarias de las naves, sino en esclarecer si los millonarios
costos de operación aérea -estimados en unos 20 millones de pesos- se
facturaron a nombre de particulares, pero absorbidos por los propios dueños de
los taxis aéreos como “intercambio de favores”, o existió desvío de recursos
públicos, lo que la gobernadora niega. Bueno, era de esperarse.
Lo cierto es que Ruiz Cabañas, Bustos
Soler y Valdés Cordero no sólo son representantes de taxis aéreos, sino también
principales apoderados legales y operadores corporativos de Grupo Seguritech
(Seguritech Privada), consorcio de seguridad tecnológica más grande de México.
A través de esta empresa y sus
filiales -como PABE-TAX o PICORP-, su cartera de clientes frecuentes incluye a
decenas de gobernadores, alcaldes y dependencias de seguridad de múltiples
partidos políticos (Morena, PAN, PRI y Verde) a nivel nacional. Su modelo de
negocio se basa casi 95% en contratos gubernamentales.
Entre los políticos y
administraciones clave que forman parte de su historial de clientes y
relaciones gubernamentales, se incluyen gobiernos Estatales (clientes de sistemas
de monitoreo y aeronaves) Sus representantes legales han firmado contratos
multimillonarios para instalar cámaras de vigilancia, centros de comando (C4 y
C5), arcos carreteros y camionetas blindadas en varios Estados de diversas
filiaciones políticas.
En Guanajuato (PAN), bajo las
administraciones de Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez, obtuvieron
contratos de manera directa para el programa de seguridad estatal por más de 2
mil 700 millones de pesos.
Otro de ellos es Estado de México
(PRI-Morena), su cliente histórico y masivo desde los sexenios de Eruviel Ávila
y Alfredo del Mazo, manteniendo operaciones vigentes de conectividad en la
administración actual; Sinaloa (PRI- Morena), con René Bustos y su equipo legal
gestionaron licitaciones públicas como los procesos de modernización
tecnológica iniciados desde 2017.
También incluyen Michoacán (PRD), con
Silvano Aureoles, cuando se convirtió en uno de los proveedores principales
para equipamiento tecnológico del C5, mientras que otros Estados con vínculos corporativos
abarcan gobiernos de Colima, Puebla, Guerrero y Ciudad de México.
Con gobiernos municipales y alcaldías,
Bustos Soler aparece registrado en actas y contratos como representante legal
encargado de cerrar negocios de seguridad pública en demarcaciones locales de
la capital y el interior del país, como con alcaldías de la CDMX, donde funge
como canal corporativo con administraciones de Álvaro Obregón y Tlalpan, y municipios
del Edomex, como representante clave ante el ayuntamiento de Valle de Bravo.
La relación recurrente de los
políticos con los ejecutivos de Palacio y Valdés responde a una estrategia
comercial unificada: Mientras Seguritech Privada vende e instala sistemas de
videovigilancia urbana, su filial PABE-TAX -de los mismos ejecutivos- pone a
disposición de altos funcionarios su flota de jets privados. Este cruce de
funciones detonó investigaciones periodísticas en varios Estados por conflictos
de interés.
En el caso de Mara
Lezama, Grupo Seguritech provee de manera directa
los sistemas tecnológicos de seguridad
pública a Quintana Roo, mientras que PABE-TAX opera como la división de transporte y logística aérea
del mismo conglomerado empresarial.
Su
participación conjunta en el Estado se distribuye bajo el esquema de servicios
de tecnología y seguridad pública, donde se encarga del diseño, instalación y
mantenimiento de la infraestructura de seguridad ciudadana, que incluye videovigilancia urbana, con monitoreo de calles y espacios públicos enlazados al centro de
comando (C5)
También incluye arcos
carreteros, esto es sistemas
inteligentes de reconocimiento de placas para identificar vehículos con reporte
de robo o involucrados en ilícitos; botones de emergencia
y alertas, dispositivos físicos de
asistencia ciudadana inmediata; y controles de acceso
y conectividad, infraestructura de
telecomunicaciones y analíticos para las policías.
Por
su parte, Pabe Tax, como empresa logística y operación aérea, no presta
servicios de seguridad civil en tierra, pues funciona estrictamente como la división aérea de Grupo Seguritech, con servicios
de taxi aéreo, transporte privado nacional e internacional, y administración de aeronaves, operación logística de aviones privados ejecutivos, como modelos Gulfstream
G200.
Ambas empresas son ahora objeto de
intenso escrutinio periodístico y político por presunto conflicto de interés,
pues investigaciones de medios como Reforma revelan que Mara Lezama y familia
utilizaron frecuentemente aeronaves de PABE-TAX para viajes privados, al mismo
tiempo que la matriz Grupo Seguritech es uno de los contratistas de seguridad
activos de su gobierno.
Por
cierto, el escándalo por los vuelos privados de la mandataria afecta de manera
directa a su aspirante favorito Eugenio "Gino" Segura, pues la
investigación periodística lo sitúa como tripulante recurrente en las
aeronaves, lo que golpea su imagen pública en pleno proceso de selección
interna de Morena rumbo a la gubernatura de Quintana Roo en 2027.
El
impacto en su aspiración política se desglosa en su implicación directa en las
bitácoras de vuelos compartidos, que señalan al senador con licencia con 88 movimientos
migratorios, de los que 19 fueron en aeronaves privadas.
En
cercanía con el entorno familiar, en 35 de esos vuelos privados, “Gino” Segura
habría compartido cabina con Mara Lezama y miembros de la familia más cercana
de ésta, que descalificó las versiones de haber viajado junto al legislador con
licencia como “totalmente falsas”.
En
contradicción con los estatutos de Morena y su discurso de austeridad, el uso
de jets privados de lujo choca frontalmente con la bandera de “austeridad
republicana” que promueve la administración federal, por lo que la dirigencia
nacional y la presidenta Claudia Sheinbaum solicitan aclarar el origen de los
recursos y el financiamiento de los traslados para evitarse costos políticos.
Además,
como aspirante puntero, el escándalo estalla semanas después de que “Gino”
Segura solicitara licencia al Senado para buscar la
coordinación estatal de Morena, liderando las encuestas locales para ese efecto
con alrededor de 28% a 38%.
Sin
embargo, como “fuego amigo” e interno, la polémica proporcionó herramientas a
sus rivales políticos internos -como la alcaldesa con licencia Ana Paty Peralta o Rafael Marín Mollinedo- y a la
oposición para cuestionar su idoneidad ética de cara a la designación del
candidato oficial.
Con
todo, el impacto del escándalo en sus aspiraciones para la gubernatura es,
principalmente, reputacional, ético y de vulnerabilidad interna, ya que, aunque
las encuestas actuales lo mantengan como supuesto puntero de la contienda
interna de Morena, el caso Mara Lezama debilita su posición de cara a la
designación oficial.
Entre
las principales razones figura la pérdida del blindaje ético ante la dirigencia
nacional, donde figuras de la Cuarta Transformación señalan que, de comprobarse
el uso recurrente de jets privados propiedad de proveedores gubernamentales -como
PABE-TAX y Grupo Seguritech-, la conducta vulnera directamente
los principios de austeridad de “no mentir, robar o
traicionar”.
Como
factor “veto”, en Morena, las candidaturas no se definen exclusivamente por
encuestas; la Comisión Nacional de Elecciones evalúa la probidad de los
perfiles, y un escándalo de este tipo debilita la confianza de la presidenta
Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional hacia su perfil.
Hasta
antes de estallar la polémica, “Gino” Segura, aparentemente, lideraba con comodidad la mayoría de los
ejercicios demoscópicos, pues, con escenario
previo, promediaba entre 28% y 37% de preferencias, aunque la polémica frenó su
crecimiento y permitió a figuras como Marín Mollinedo -con cercanía histórica
con las bases de Morena- capitalizar el descontento de la militancia que exige
una investigación a fondo.
El
escándalo desvió la atención pública hacia su anterior cargo como secretario de
Finanzas y Planeación, ya que, justamente, partidos de oposición y sectores
críticos fiscalizan contratos millonarios durante su gestión, vinculándolos con
las mismas empresas que operan los vuelos privados.
En
resumen, el tema Mara Lezama no sepulta sus aspiraciones debido a la estructura
que construyó, pero eliminó su condición de candidato inalcanzable. Convirtió
una elección interna que parecía definida a su favor en una disputa real, donde
ahora está obligado a concentrar esfuerzos en el control de daños en lugar de
promover su plataforma política.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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