“Aclaración” de Migración, ¡para cuidar “imagen”!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A
través de una tarjeta informativa oficial y en cuestionada, criticable “aclaración”
que nadie se creyó, el Instituto Nacional de Migración (INM) negó que su
titular en Quintana Roo, Almirante Carlos Manuel Bandala González, hubiera sido
destituido por presuntos actos de corrupción.
Para
sorpresa de medio mundo, tras darse a conocer que el funcionario habría incurrido
en irregularidades, principalmente millonarias extorsiones a extranjeros -sobre
todo cubanos y venezolanos-, incluso menores de edad, aseguró que la separación
desde el día 19, es exclusivamente por protocolos y procedimientos ordinarios
de rotación de personal en todo el país.
Además,
Migración certificó explícitamente que el ex delegado no está sujeto a ninguna
indagatoria ni cuenta con señalamientos por conductas indebidas durante su
gestión.
Sin
embargo, es justo explicar, esa postura busca proteger su “imagen”
institucional y evitar un mayor escándalo político en una de las fronteras
aéreas más importantes del país, según documentan los portales de 24 Horas
Quintana Roo y El Economista, entre otros.
En
la práctica de gobierno, este manejo, que descontroló a no pocos, responde a
una serie de razones, principalmente control de daños, ya que, admitir
abiertamente que el titular de una delegación clave es investigado por trata de
personas o corrupción habría generado crisis de credibilidad inmediata para
todo el Instituto.
Otra
razón sería que, como presunción de inocencia, al no haber dictado sentencia u
orden de aprehensión algún juez contra el Almirante, la dependencia opta por el
argumento de “rotación ordinaria” para removerlo de inmediato sin aceptar
culpas legales directas.
Además,
la estrategia de salida y emplear términos diplomáticos como “procesos
administrativos”, permite al INM una limpia interna y cambiar al personal bajo
sospecha sin alertar de más a implicados ni entorpecer indagatorias de la
Fiscalía General de la República (FGR) por fuera.
Al
final de cuentas, es una práctica común donde la narrativa oficial -lo de la “imagen”-
va por un carril político, mientras que el operativo de relevo y las
investigaciones corren por otro carril penal completamente distinto.
Inclusive,
el uso del término “rotación estratégica” o silenciosa frente a crisis, es patrón
histórico y sistemático del INM. En múltiples ocasiones, cuando un delegado o
grupo de agentes se expone a escándalos graves de corrupción, extorsión o
violaciones a derechos humanos, opta por mover piezas o argumentar “dinámicas
internas” antes que aceptar la existencia de delitos.
Los
casos más conocidos con el mismo modus operandi incluyen el de Tapachula,
Chiapas, con el llamado Cartel de la Migración, con escenario en las oficinas
de regularización y el aeropuerto, donde activistas y periodistas documentaron
y denunciaron penalmente la operación de una red que cobraba cuotas excesivas a
migrantes para agilizar pases de tránsito, y se denunció riqueza inexplicable
de funcionarios allegados.
Lejos
de abrir procesos públicos inmediatos, Migración optó por “silenciosos reacomodos”
de mandos y agentes de confianza a otras aduanas, argumentando necesidades
operativas mientras se estancaban en la Fiscalía las carpetas penales.
Otro
ejemplo es Baja California con remociones silenciosas, cuyos escenarios fueron
sus delegaciones de Tijuana y Mexicali, donde agentes y directivos fueron
señalados de operar esquemas de extorsión llamados “si no pagas, no pasas”, con
las que exigían cobros en dólares a connacionales y extranjeros con amenaza de
retenerlos.
Ante
la presión mediática y filtración de videos en redes sociales, Migración aplicó
remoción “por la puerta de atrás” y emitía anuncios de separación formal de
cargos por “procesos administrativos internos de supervisión”, pero omitía
deliberadamente el término corrupción en boletines para mitigar el golpe
mediático.
Otro
aspecto del INM fue la militarización y las denuncias acumuladas ante la
Función Pública, con escenario en distintas delegaciones operadas por mandos
militares en retiro, como el caso del Almirante Bandala González, por los que la
Secretaría de la Función Pública acumula decenas de denuncias contra ex marinos
y militares delegados, por abusos de autoridad, acoso y nexos con tráfico de
personas.
Como
salida, en lugar de dar de baja con sanción penal a los implicados, el método
recurrente ha sido la rotación geográfica: Se traslada al funcionario señalado
a un Estado del norte o centro del país con el argumento de que sus perfiles
requieren ser asignados a zonas con mayor flujo migratorio, diluyendo la
atención de denuncias.
Respecto
a Bandala González, los avances de la investigación ministerial se mantienen
bajo estricto sigilo federal, pero reportes de inteligencia judicial revelan
que el caso escaló ya a niveles de seguridad nacional.
Sobre
el estatus de la carpeta de investigación, según filtraciones de autoridades
ministeriales publicadas por Quadratín Quintana Roo y Latinus, la
investigación penal acumulaba casi dos años con seguimiento e inteligencia
silenciosa antes de detonar el relevo, pues el expediente central identifica
935 casos documentados de registros migratorios irregulares otorgados a personas
de Cuba y Venezuela.
La
investigación avanzó al detectarse que muchos de ellos utilizaban las
residencias obtenidas falsamente en Quintana Roo para acudir a la Secretaría de
Relaciones Exteriores por pasaportes mexicanos legítimos con identidades
falsas.
Según
reportes de Diario Cambio 22, las alertas se profundizaron por
investigaciones paralelas de agencias de Estados Unidos sobre redes
trasnacionales que extorsionan a migrantes cubanos en el Caribe Mexicano.
Con
todo, la situación legal del ex delegado es sin imputación formal, toda vez que
no cuenta con orden de aprehensión activa ni ha sido presentado ante juez de
control, por lo que, jurídicamente, se mantiene con presunción de inocencia.
El
enfoque de la Fiscalía no se limita a la cabeza de la delegación, sino a
desarticular la estructura operativa de mandos medios y personal de ventanilla
que ejecutaba físicamente las alteraciones en el sistema digital del INM.
Por
esta razón, el nombramiento de Mauricio Alejandro Patiño Arroyo como sustituto
de emergencia busca “congelar” la operación interna de la oficina de Cancún
para evitar destrucción o alteración de más archivos mientras el Ministerio
Público Federal concluye la integración de pruebas de campo.
En
tanto, el INM no asignó ninguna nueva delegación, oficina o Estado a Bandala
González, pese a que intentó justificar su salida bajo un “procedimiento
ordinario de rotación de personal”, aunque su caso se resume sin destino
geográfico, pue la tarjeta informativa emitida en Cancún, evitó mencionar a qué
instalación o entidad se le enviaría.
Por
cierto, el comunicado concluye deseándole “éxito en sus futuros proyectos profesionales
y personales”, con una redacción que, en el argot burocrático e institucional,
confirma que quedó fuera de la estructura del INM.
En
resumen, la palabra “rotación” se utilizó sólo como salida diplomática y
narrativa, pues, en la realidad, el Almirante fue removido de forma definitiva
del sistema migratorio sin un nuevo cargo.
La
controvertida “aclaración” del INM surgió luego de que los medios de
comunicación y redes sociales reportaran la supuesta destitución, toda vez que
se afirmó que el funcionario era investigado por presunta red dedicada a traficar
personas y emisión irregular de documentos apócrifos a extranjeros.
El
verdadero trasfondo del caso radicó en profunda contradicción entre discurso
institucional e investigaciones ministeriales en curso. Mientras el INM
sostuvo que era simple “rotación ordinaria”, inteligencia federal y periodismo
de investigación apuntaron al desmantelamiento de una red delictiva enquistada
en la delegación.
Así,
versiones extraoficiales y reportes de Latinus y Quadratín señalaron que la
salida de Bandala González ocurrió tras una indagatoria federal de casi dos
años, por la operación de una red que cobraba entre 10 mil pesos y 5 mil
dólares por trámite para otorgar documentos migratorios.
El
aspecto más grave del trasfondo apunta a presunta falsificación de actas de
nacimiento de niños mexicanos con registro apócrifo de menores como “hijos” de
ciudadanos extranjeros, con lo que los migrantes solicitaban la residencia
legal en México bajo el amparo de “unidad familiar”.
Según
El Economista y reportes locales, parte de
beneficiarios de los documentos apócrifos eran mujeres menores de edad, lo que
encendió alertas de seguridad nacional ante la posible comisión del delito de
trata de personas. Además, se indaga si estas redes facilitaban los papeles
falsos para que los extranjeros acudieran posteriormente a Relaciones
Exteriores a tramitar pasaportes con identidades mexicanas falsas.
Por
último, aunque Migración insiste en blindar la reputación de su ex delegado
afirmando que no tiene carpetas de investigación abiertas, fuentes locales
detallaron que la sustitución por Patiño Arroyo requirió fuerte despliegue
operativo en las oficinas de Cancún para tomar el control administrativo de la
delegación de forma inmediata.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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