Opción para Mara Lezama, ¡solicitar licencia!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque la gobernadora Verde, Mara Lezama no ha manifestado su intención de solicitar licencia, sino optar por una estrategia de confrontación de datos y contención pública mediante comunicados sobre sus escandalosos, no justificados vuelos al extranjero, quien sí está bajo un esquema de licencia indefinida es su abanderado a la gubernatura, Eugenio “Gino” Segura Vázquez, señalado en las investigaciones por compartir bitácoras de vuelo.

Ante el revuelo nacional que levantó el reportaje de Reforma, sería políticamente adecuado que la aún mandataria solicitara licencia, ya que, entre otros, disminuiría la presión sobre el Ejecutivo Federal, pues, al separarse temporalmente, blindaría la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena, además de evitar el desgaste diario de que el tema se cuestione en las conferencias mañaneras, con lo que ella misma absorbería el costo político.

Por otro lado, como garantía de neutralidad en la investigación, dejar el cargo facilitaría a la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía Estatal indagatorias fiscales y contables sobre las bitácoras aéreas de los proveedores de Quintana Roo sin sospecha de que la estructura gubernamental opera para encubrirla.

Como espacio para una defensa jurídica sólida, permitiría a Mara Lezama concentrarse plenamente en rastrear sus finanzas, presentar sus pasadas declaraciones patrimoniales y recolectar facturas corporativas para demostrar -como ella afirma- que los viajes se pagaron con genuinos recursos familiares.

Y es que, de verdad, la gobernadora de Quintana Roo se encuentra en el centro del escándalo político tras revelarse que documenta múltiples viajes internacionales en jets privados de lujo, lo que desató fuertes críticas por contradecir los principios de austeridad de Morena, su supuesto partido.

Aunque miles de veces replicado, la investigación periodística del diario Reforma, le atribuye una serie de irregularidades, entre ellas el volumen de vuelos, ya que señala que sostuvo 97 vuelos en aeronaves privadas y al menos 119 movimientos migratorios internacionales de entrada y salida desde que fungía como alcaldesa de Cancún hasta ser gobernadora.

Sus traslados más frecuentes incluyen ciudades en Estados Unidos, como Orlando, Florida -con más de 50 registros- y Vail, Colorado, exclusivo destino de esquí, donde el costo promedio por hora de vuelo en este tipo de jets es unos 6 mil dólares, y cada viaje redondo superaría por mucho su sueldo mensual neto como funcionaria -unos 102,598 pesos mensuales- según Plataforma Nacional de Transparencia.

La investigación también expone registros migratorios de sus familiares y de funcionarios cercanos, como su esposo Omar Terrazas García y “Gino” Segura, sumando entre todos cientos de movimientos internacionales.

A todo esto, la mandataria sólo emitió un comunicado oficial en sus redes sociales, donde aseguró que ninguno de los viajes fue solventado con dinero público, sino con recursos propios, en tanto calificó de “no real” y poco creíble el volumen de traslados reportado, porque ausentarse esa cantidad de veces le habría impedido cumplir agenda y jornadas laborales en Quintana Roo.

Indicó que los viajes correspondieron estrictamente a “asuntos de carácter familiar” o al ejercicio de sus funciones públicas, además de desmentir haber viajado con “Gino” Segura en los términos señalados.

El caso provocó reacciones divididas en la esfera pública y en la “Cuarta Transformación”: Desde la Federación, Claudia Sheinbaum indicó que Mara Lezama debe aclarar públicamente con qué recursos, bajo qué condiciones y quién contrató el transporte privado.

Con fuego interno en Morena, legisladores y miembros de Morena -como Reginaldo Sandoval y Óscar Cantón Zetina- reprocharon públicamente el estilo de vida de Mara Lezama, advirtiendo que los vuelos en “jet-set” traicionaron estatutos éticos y austeridad republicana que promueve el movimiento.

Por su lado, en la oposición, diputados del PAN exigen formalmente a las autoridades “anticorrupción” una investigación profunda sobre el origen del dinero para descartar posibles delitos de desvío u otras anomalías financieras.

Sobre la validez de la justificación de Mara Lezama, no la regula veredicto legal definitivo, pero enfrenta severo cuestionamiento ético, político y financiero porque sus declaraciones chocan directamente con sus ingresos y estatutos de su propio partido.

Por ejemplo, argumenta haber pagado traslados con ingresos obtenidos en más de tres décadas en la iniciativa privada antes de gobernar, aunque el costo estimado de mantener un ritmo constante de vuelos en jets privados -unos 6 mil dólares por hora de vuelo- es astronómico frente a su salario mensual neto.

Además, si los vuelos realmente no costaron un solo peso al erario, tiene obligación legal y fiscal de demostrar de dónde provino el dinero, ya que, de no ser de su cuenta personal, la sospecha es de posibles financiamientos de empresarios o contratistas del Estado, lo que constituiría grave conflicto de interés o delito de cohecho.

Desde una perspectiva política, la justificación de “viajes familiares de carácter privado” no valida la acción ante los ojos de Morena, cuyo código de ética prohíbe explícitamente el uso de lujos excesivos, ostentación y el comportamiento estilo jet-set de servidores públicos.

Por este motivo, legisladores de su mismo movimiento y la propia Claudia Sheinbaum no avalan la simple respuesta en redes y exigen transparentar públicamente las condiciones y quién contrató las aeronaves.

Sobre el argumento del tiempo, Mara Lezama calificó de “no real” los 97 vuelos, supuestamente porque, de haber viajado tanto, “significaría haber estado de vacaciones un año completo”, algo imposible con su ritmo de trabajo.

El problema de esta defensa es que los datos de Reforma provienen de registros migratorios oficiales de entrada y salida del país, por lo que bitácoras de vuelo y manifiestos de pasajeros de las terminales aéreas son documentos oficiales difíciles de desestimar con simple declaración retórica.

Por todo lo anterior, para que la justificación de la mandataria deje de ser control de daños político y adquiera validez jurídica, deberá presentar ante la Secretaría Anticorrupción o las autoridades auditoras facturas fiscales a su nombre o de familiares directos, estados de cuenta bancarios que demuestren transferencias y origen lícito de esos fondos privados, y contratos de prestación de servicios con empresas de aerotaxis para descartar “regalos” o intercambio de favores políticos.

Por otro lado, de abrirse una investigación formal y comprobarse irregularidades en los vuelos, de Mara Lezama enfrentaría sanciones legales aplicables de dos ámbitos normativos en México: La vía administrativa y la penal, dependiendo de lo que las auditorías revelen sobre la procedencia del dinero para los vuelos.

En el primer caso -faltas graves-, si la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control determinan que los vuelos no se pagaron con su sueldo, la conducta encuadraría en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) por cohecho o conflicto de interés, o bien por enriquecimiento oculto.

Cohecho o conflicto de Interés, aplica si las aeronaves fueron prestadas, regaladas o financiadas por empresarios proveedores de Quintana Roo -lo que comenzó a difundirse en reportes de prensa-, y enriquecimiento, si la mandataria argumenta que pagó los vuelos con ahorros o ingresos propios del pasado, pero éstos no coinciden con lo reportado en sus declaraciones patrimoniales anuales.

Las canciones contempladas por la LGRA en su artículo 78 contemplan destitución inmediata de su empleo, cargo o comisión como gobernadora; inhabilitación temporal para cualquier cargo público por 1 a 10 años (si no hay daño financiero directo cuantificable) o de 10 a 20 años (si la gravedad del beneficio obtenido es mayor), o bien sanción económica de hasta el doble del beneficio obtenido. Si el costo estimado de los vuelos ronda 20 millones de pesos, la multa podría superar 40 millones.

Vía penal (corrupción), si la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (atrae el caso y se comprueba un origen ilícito de recursos o intercambio de favores, las sanciones se rigen por el Código Penal como peculado, cohecho o como operaciones con recursos ilícitos.

El primer caso, si a pesar de sus declaraciones actuales se descubriera algún desvío indirecto de recursos del erario público para cubrir las bitácoras de vuelo, con pena de 2 a 14 años de prisión: el segundo, si recibió los vuelos como “donativos” o dádivas de contratistas del Estado a cambio de otorgar licitaciones, con pena de 2 a 14 años de prisión y pérdida definitiva de bienes obtenidos ilícitamente.

El tercer caso se configura de faltar forma de comprobar contablemente de dónde salieron los millones de pesos para pagar a las empresas de aerotaxis, con pena de 5 a 15 años de prisión.

Más allá de los tribunales, Morena cuenta con una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y al violar flagrantemente el principio de “austeridad republicana”, que exige formalmente el partido y recuerda la presidenta Claudia Sheinbaum, Mara Lezama podría enfrentar suspensión de derechos partidarios o expulsión definitiva del partido, lo que sepultaría sus aspiraciones políticas futuras en el movimiento oficialista, se dic, como Secretaria de Turismo.

En otro orden de ideas, Reforma destapó que el núcleo del escándalo no radica sólo en el lujo de los trayectos, sino en el vínculo directo entre las aeronaves utilizadas y los principales proveedores de seguridad del Gobierno de Quintana Roo.

Entre empresas de aerotaxis, conglomerados empresariales y aeronaves identificadas en las bitácoras de viaje, el proveedor principal es PABE-TAX y Grupo Seguritech. El hallazgo más delicado de la investigación revela que Mara Lezama y familia realizaron al menos 43 vuelos en aviones administrados por esa empresa vinculada al principal contratista tecnológico del Estado, compañía de taxi aéreo con base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde funciona como la división de operación aérea de un consorcio mayor.

Grupo Seguritech está directamente vinculada al conglomerado Seguritech Privada. Actualmente es una de las más beneficiadas por el gobierno de Mara Lezama, y se encarga de la millonaria operación de sistemas de seguridad pública, monitoreo y cámaras de vigilancia en Quintana Roo.

Como prestanombres, documentos públicos de auditorías previas señalan que los apoderados legales de Grupo Seguritech -como Federico del Palacio Ruiz Cabañas, René Bustos y Ernesto Valdés- fungen simultáneamente como representantes legales de PABE-TAX.

La investigación logró rastrear los números de matrícula de los aviones privados en los que viajó la mandataria hacia destinos como Vail, Colorado y Orlando, Florida: Matrícula XA-GLF: Jet modelo Gulfstream G200, propiedad de la firma Flycorp Services, pero operado de forma directa por PABE-TAX, donde Mara Lezama realizó traslados vacacionales al aeropuerto de Eagle, Colorado.

El jet Matrícula XA-PKR, fue otro de lujo Gulfstream Aerospace G200 administrado por PABE-TAX, utilizado para rutas hacia destinos de esquí estadounidenses.

Además del bloque de Seguritech, los manifiestos aeroportuarios identificaron el uso de aeronaves de otras compañías de aviación privada, como Redwings, empresa mexicana de taxis aéreos de la que Mara Lezama utilizó un jet Learjet 60 (Matrícula XA-USZ) y un Gulfstream G280 (Matrícula XA-BAT).

Otra compañía es Milenium Air (Servicios Aéreos Integrados), operadora de un avión Hawker 750 (Matrícula XA-MAM) utilizado por la gobernadora y su hijo Omar Terrazas Lezama para trasladarse a Denver; la Thebe Ingeniería y Consultoría, firma propietaria de un jet Hawker 800XP (Matrícula XA-AMI) que también aparece registrado a nombre de la mandataria en sus vuelos, y Servicios Aéreos Dandy, propietaria del Learjet 31A (Matrícula XA-UMV) incluido en el historial de vuelos.

La aparición de PABE-TAX / Seguritech modifica el escenario de una simple falta de “austeridad” a un posible delito de conflicto de interés o cohecho. La sospecha de las autoridades auditoras y de la oposición radica en saber si el uso de estos jets privados se otorgó a la gobernadora como “dádiva” o “intercambio de favores” a cambio de mantener los contratos de seguridad en Quintana Roo.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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