¡Más paisanos de Fiscal General agravan problema!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con la sonada detención de Ulises Fernando Euán Loeza, fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas en la Zona Norte, se comprobó algo que el Departamento de Estado norteamericano reitera: La corrupción y la complicidad oficial es generalizada en zonas turísticas como Cancún, por actuar como escudo protector de tratantes de personas.

Reportes anuales de EE.UU. sobre la Trata de Personas -Trafficking in Persons Report-, subrayan que las policías locales y agentes ministeriales suelen recibir sobornos para “congelar” investigaciones o alertar a redes criminales antes de operativos, como es el caso de Euán Loeza.

La captura del ahora ex funcionario ocurrió este viernes en las propias instalaciones de la Fiscalía por quejas y denuncias penales de colectivos de empresarios de centros nocturnos y restaurantes, pues se le identifica como brazo operativo, ejecutor en presunta red interna de extorsión.

Los señalamientos son por cobrar cuotas y extorsiones de entre 250 mil y 400 mil pesos por permitir reapertura de locales clausurados por supuestas investigaciones de trata de personas, por órdenes de la fiscal de Distrito, Nancy Benítez Rebollo, aunque registros judiciales muestran que Euán Loeza ya enfrentaba recursos legales previos, como el amparo indirecto 1205/2024 en el Juzgado Segundo de Distrito.

¿Y sabe Usted qué es lo peor del caso? No que la intervención fuera vista como una acción contra la corrupción al interior de la Fiscalía General en Cancún, sino porque ¡ambos involucrados son originarios de Chiapas! y los trajo a Quintana Roo, al igual que muchos otros, su paisano, el cuestionado Raciel López Salazar, titular de la dependencia.

La implicación de Nancy Benítez es por denuncias de empresarios e investigaciones internas que la señalan como la presunta líder o jefa directa de la red de extorsión donde operaba Euan Loeza, aunque no ha sido detenida por la naturaleza y forma del proceso penal del sistema judicial mexicano, donde la captura de subordinados no implica el arresto automático de sus superiores.

De acuerdo con las denuncias de empresarios del sector nocturno de Cancún, interpuestas ante medios, como el Diario Cambio 22, Nancy Benítez encabeza un esquema sistemático que utiliza cateos y operativos de “rutina” simulados para presionar comercios.

Así, los que se negaban a pagar las “cuotas” ilegales que exigían sus subordinados -como Euán Loeza-, sufrían redadas obligatorias o clausura definitiva de locales, con amenaza de abrirles carpetas de investigación por delitos graves de orden federal, como la trata de personas.

Testimonios apuntan a que Euán Loeza actuaba por órdenes directas, y aunque recientemente Nancy Benítez fue promovida a Fiscal de Distrito de la Zona Norte, las acusaciones principales arrastran su historial inmediato como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas.

Por si fuera poco, reportes de ciudadanos y de litigantes en Cancún también la acusan de operar esquemas similares en áreas de tránsito vial a través de “ayudantes” para cobrar cuotas excesivas por la liberación de vehículos.

Un factor por el que permanece libre es el de flagrancia vs. investigación formal: Euán Loeza fue capturado tras un operativo directo, en flagrancia, o con elementos de prueba inmediatos, mientras las acusaciones contra ella provienen de testimonios y señalamientos indirectos de empresarios, lo que requiere robusta carpeta de investigación y orden de aprehensión formal ante un juez, lo que toma tiempo.

Otro factor es la falta de imputación penal directa, ya que, hasta la fecha posterior a la captura de Euán Loeza, la Fiscalía General no ha presentado cargos formales ni hecho público mandamiento judicial en su contra.

Por último, al desempeñarse aún como Fiscal de Distrito, goza de respaldo y consideraciones procesales propias de alto mando institucional, lo que dificulta su detención sin pruebas técnicas contundentes e irrefutables que demuestren que ordenó o recibió el dinero de las extorsiones.

Como es su costumbre, hasta el momento, Raciel López mantiene una postura de hermetismo sobre la posible remoción o suspensión de su paisana Nancy Benítez.

Internamente, se ha defendido su permanencia con el argumento de que las acusaciones, surgidas de la captura en flagrancia de Euán Loeza, están bajo análisis en carpeta de investigación. La fiscalía reitera su discurso oficial de “cero impunidad”, pero sin medidas disciplinarias inmediatas o públicas mientras no concluyan peritajes y haya cargos formales.

Defensores de afectados y litigantes denuncian que Nancy Benítez -ahora al frente de la Mesa de Trámite 5 para hechos de tránsito- continúa los mismos esquemas en retención ilegal de vehículos, donde, bajo su gestión, se exige a aseguradoras y particulares cuotas que superan 15 mil pesos para liberar unidades, violando el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Empresarios y activistas han expuesto videos de cámaras de seguridad que la muestran ingresando a establecimientos -como el bar “Emporios”- sin estar debidamente autorizada por mandamientos judiciales de cateo.

Adicionalmente, extranjeras y trabajadoras de centros nocturnos donde fueron supuestamente “rescatadas” en esos operativos se presentaron ante la propia Fiscalía a denunciar haber sido obligadas y coaccionadas por personal de la funcionaria para firmar declaraciones donde se autoincriminaban.

En otro orden de ideas, la trata de personas en Cancún y en todo Quintana Roo es sumamente grave y se encuentra en niveles críticos, a grado tal que la entidad ocupa primer lugar nacional en número de casos y víctimas en lo que va de 2026.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la combinación de flujos turísticos masivos, conectividad aérea internacional y alta demanda de entretenimiento nocturno convirtieron Cancún en principal polo de este delito en todo el país.

Así, durante la primera mitad de 2026, México registró un total oficial de 447 víctimas de trata de personas, cerca de la mitad de esa incidencia concentrada de manera alarmante en sólo tres entidades, lideradas por el Caribe.

¿Por qué la situación en Cancún es tan crítica la trata? Informes de la Fiscalía General detallan que en los últimos tres años han ubicado y rescatado 1,182 víctimas -922 mexicanas y 260 extranjeras-y sólo en recientes periodos previos, Quintana Roo concentró hasta 33.5% de todas las mujeres rescatadas en el país.

Lo cierto es que la explotación sexual comercial es la modalidad más destructiva y visible en las zonas urbanas y de centros nocturnos de Cancún, que afecta de forma desproporcionada a mujeres de origen nacional y a migrantes procedentes de Colombia, Cuba, Venezuela y Argentina.

Sobre explotación sexual infantil en línea y tradicional, organismos como ECPAT (red mundial de organizaciones de la sociedad civil dedicada a erradicar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes) advierten sobre la captación de menores locales por redes sociales, engaños con la tendencia de “sugar daddies” o enganches forzados para servicios de “acompañantes”.

Además, el trabajo forzado infantil es visible en la venta ambulante y esquemas de mendicidad o explotación laboral en zonas turísticas y de construcción.

Como modus operandi, redes criminales nacionales e internacionales se aprovechan de mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, las que, con falsas promesas de empleo con altas remuneraciones en el sector turístico o redes de “enamoramiento”, las hacen viajar a Cancún, donde les retiran documentos de identidad y obligan a prostituirse bajo amenazas.

El hecho de que Quintana Roo encabece las listas nacionales refleja una doble realidad: Por un lado, la grave penetración de las redes criminales aprovechándose del sector turístico; y por el otro, un aumento sustancial de operativos, cateos y visibilización de denuncias de autoridades en comparación con Estados donde el delito permanece oculto en “cifra negra”.

A todo esto, la colusión de autoridades locales y corrupción institucional ya eran un secreto a voces plenamente identificado por organismos civiles e internacionales como factores determinantes de los altos índices en Q. Roo.

En este sentido, la detención del fiscal en Cancún no revela un problema nuevo, sino que aporta la primera prueba flagrante y mediática de un fenómeno sistémico, aunque diversos análisis explican cómo la participación institucional alimenta estas cifras.

Además de la “complicidad oficial” en reportes internacionales, como los del Departamento de Estado norteamericano, se incluye la extorsión y cómputo del delito, donde el alto índice de casos en Quintana Roo no se debe sólo a la operatividad de los criminales, sino al modelo económico corrupto de corporaciones.

Entre éstos, se incluye la simulación de operativos, donde organizaciones civiles han documentado que los cateos de “rescate” a menudo no buscan erradicar el delito, sino presionar a los dueños de negocios a aumentar el cobro de cuotas o extorsiones.

Mientras la Fiscalía promociona altas cifras de “rescatadas” como una efectividad institucional, abogados y activistas locales acusan que muchas veces se trata de detenciones arbitrarias de trabajadoras a las que se coacciona para firmar declaraciones falsas, inflando números oficiales para justificar presupuestos mientras siguen libres los verdaderos líderes de redes.

Una de las evidencias más graves sobre la colusión institucional previa la documentaron investigadores y activistas en Cancún, donde en años anteriores, agentes de las fuerzas de la ley hostigaron a personal del único refugio especializado para mujeres víctimas de trata, lo que provocó su cierre definitivo. Al dejar a las víctimas sin protección civil independiente, quedaron vulnerables a presiones de las propias autoridades coludidas.

La gravedad del índice en Cancún responde, por tanto, a una fórmula mixta: Enorme derrama económica de turismo que atrae mafias internacionales, combinada con estructura de procuración de justicia que, en lugar de combatir el delito de manera integral, históricamente lo utiliza como fuente ilícita de enriquecimiento a través de la extorsión institucionalizada.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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