¡Más de 19 investigaciones contra ex alcalde!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Para abundar un poco sobre los certeros señalamientos del colega Julián Santiesteban respecto a incongruencias y habladurías de Juan Luis Carrillo Soberanis, cabe señalar que ex alcalde de Isla Mujeres (2016-2021) y actual diputado federal por Quintana Roo, enfrenta severos cuestionamientos públicos, auditorías y denuncias penales relacionados con el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

Las principales acusaciones y controversias en su contra por su “gobierno” en Isla Mujeres incluyen millonario desfalco y deudas, ya que, tras concluir su gestión, se interpusieron contra él por lo menos 19 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por ejercicio indebido de función pública, peculado y malversación de fondos.

Auditorías de la Auditoría Superior de Quintana Roo y la Superior de la Federación le detectaron irregularidades financieras que, medios e investigaciones, calculan por entre 90 y 250 millones de pesos.

Como parte del desfalco documentado, se involucra quebranto por unos 50 millones de pesos por pagos indebidos en alumbrado público, que presentaban documentación irregular o inexistente.

Asimismo, se le acusa de incumplir el pago de prestaciones laborales de trabajadores del Ayuntamiento, por cerca de 150 millones de pesos.

Al término de su mandato, en 2021, la isla enfrentó severa crisis ambiental por abandonar la estación de transferencia de residuos, por lo que se reportó acumulación de entre 20 mil y 40 mil toneladas de basura a cielo abierto, lo que generó foco de contaminación crítico para el destino turístico.

Poco recordado por algunos, otro cuestionamiento en su contra, antes de convertirse en alcalde, es que cuando fungía como diputado local del PRI en la XIV Legislatura, durante el período de Roberto Borge, en diciembre de 2014 Carrillo Soberanis fue uno de los que votó y aprobó ampliar la concesión de Aguakán por 30 años más, extendiendo el contrato de forma ilegal hasta 2053.

Ahora bien, respecto a cuestionamientos por su fuero constitucional e impunidad como diputado federal, amplio sector ciudadano y de oposición cuestionan constantemente que permanezca en la impunidad y sin enfrentar procesos penales por ese “beneficio”.

Descontentos y críticas volvieron este lunes al anunciar oficialmente su registro en el proceso interno Morena-Verde para buscar la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Isla Mujeres, con miras a competir nuevamente por la alcaldía en 2027.

Esto provocó rechazo de sectores de la comunidad que recuerdan deudas y afectaciones heredadas en su administración previa.

La falta de acción penal y detención en su contra es principalmente por una combinación de blindaje legal, alianzas de conveniencia política y lentitud deliberada en los procesos de la justicia local.

No obstante, las razones clave por las cuales no han procedido incluyen su permanente fuero, ya que desde que concluyó su periodo como alcalde nunca dejó de tenerlo. Pasó de manera directa de la alcaldía a la diputación federal por el Verde, con el que se reeligió.

Como se sabe, el fuero actúa como “escudo” legal, pues impide a la Fiscalía General vincularlo a proceso o detenerlo, a menos que primero enfrente juicio de procedencia (desafuero) en la Cámara, proceso político que hasta hoy no se impulsa.

Inicialmente, con las siglas del PRI, Carrillo Soberanis gobernó la isla, pero antes de terminar su gestión, operó ruptura estratégica para saltar al Verde, partido aliado clave de Morena en la coalición oficialista federal y estatal.

Al integrarse al bloque y apoyar activo proyectos locales y nacionales del movimiento, adquirió peso de protección y negociación política. Analistas locales y ciudadanía opinan que el cambio de bando garantizó impunidad para él e impidió a las autoridades presionar penalmente carpetas de investigación.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo confirmó reiteradamente que las más de 19 carpetas de investigación siguen “activas” y abiertas, aunque área jurídica municipal y órganos fiscalizadores son fuertemente criticados por letargo y abandono de investigaciones.

 Aunque la Fiscalía argumenta continuar integrando pruebas respetando el “debido proceso”, el avance de las denuncias por peculado y malversación de fondos se mantiene prácticamente estancado y para que el proceso penal avance y rinda cuentas ante un juez, se requiere una de dos vías: Que la Cámara apruebe retirarle el fuero a solicitud de un juez o que concluya su mandato legislativo sin saltar a otro cargo con inmunidad procesal.

Carrillo Soberanis fue alcalde en 2016 y se reeligió en 2018 con el PRI, en coaliciones que incluyeron al Verde y Nueva Alianza. Su carrera inicial estuvo fuertemente vinculada al grupo político de Roberto Borge, aunque casi al término de su segundo trienio rompió con el priísmo para saltar formalmente al PVEM y se alineó a la 4T (Morena-PVEM)

Así las cosas, es larga la lista de los que exigen rendición de cuentas e investigación penal contra él, pero la encabezan líderes políticos locales de oposición y, en tiempos más recientes, rivales internos en la misma coalición oficialista.

Entre éstos figura la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, quien lidera la presión legal e institucional contra Carrillo Soberanis. Al asumir en 2021 con el PAN-PRD promovió auditorías exhaustivas que derivaron en las 19 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción por el desfalco de más de 250 millones de pesos y la crisis de la basura.

El conflicto escaló tras el registro de Carrillo Soberanis en el proceso interno de Morena-PVEM para buscar nuevamente la alcaldía, lo que confronta directamente al grupo político de Gómez Ricalde -también se sumó a las filas de Morena- por el control de Isla Mujeres.

Dirigencias del PAN y PRD, a través de sus representantes, denuncian de manera sistemática el uso del fuero por parte de Carrillo Soberanis para evadir la justicia y exigen formalmente a la fiscalía general acelerar las carpetas de investigación por peculado.

Tras el anuncio de competir por la coordinación, líderes morenistas y otros aspirantes inscritos -como Pepe Aguilar Rodríguez y Fernando “Chato” Bacelis Godoy- manifestaron rechazo interno y argumentan que otorgarles candidaturas a perfiles con expedientes abiertos de corrupción contradice los principios de “no robar, no mentir y no traicionar”.

Por si fuera poco, como diputado federal -lo ejerce de manera consecutiva tras su reelección-, el desempeño de Carrillo Soberanis también enfrenta cuestionamientos, más allá del desfalco en Isla Mujeres.

El uso del fuero como escudo jurídico es la crítica más severa por hacerlo de manera estratégica, no con un fin puramente legislativo, sino para mantener inmunidad procesal que congela las carpetas de investigación activas por malversación y peculado.

También se le cuestiona nula cercanía con sus representados directos. Críticos de la opinión pública señalan que mantiene apariciones encubiertas o muy discretas en Isla Mujeres por temor al rechazo de la población y a ser confrontado de forma directa por el historial de deudas y crisis de la basura que dejó.

Aunque ha respaldado presupuesto federal y posicionamientos del bloque oficialista (Morena-PVEM), su agenda legislativa individual es señalada por ser de bajo perfil, enfocada en temas coyunturales o posicionamientos de partido, en lugar de impulsar reformas o gestiones presupuestales de gran calado que solucionen los problemas estructurales del Distrito 1 de Quintana Roo.

En el contexto político actual, tras anunciar su registro interno en Morena para contender de nuevo en 2027, el discurso donde promueve el principio de "no robar, no mentir y no traicionar" es fuertemente criticado por colectivos ciudadanos, que consideran una ofensa que hable de austeridad y honestidad mientras arrastra un daño patrimonial millonario sin solventar.

Diversas voces de oposición demandan transparencia en torno a los amparos que ha promovido y exigen claridad sobre si sus ingresos como legislador corresponden con su estilo de vida, dado las evidentes sospechas por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos que documentaron las auditorías locales de su etapa como primer edil.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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