¡Estallan en el IMSS corrupción y pésimo servicio!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Denuncias
de empresarios por una red de extorsión y corrupción en la Subdelegación del Instituto
Mexicano del Seguro Social en Chetumal, aunado a pésimo servicio e
instalaciones de su hospital, ponen en evidencia decepción y mal trabajo de
“restructuración” que ofreció hace unos meses su titular en Quintana Roo, Víctor
Gasca Martínez, a lo que se suman irregularidades administrativas y
deficiencias que provocan protestas y quejas ciudadanas.
Entre
otras anomalías, se incluye red de extorsión a comercios, de la que empresarios,
constructores, hoteleros y restauranteros del sur de Quintana Roo acusan a
personal de la subdelegación por retener intencionalmente trámites gratuitos con
el fin de exigir pagos ilegales -“debajo de la mesa”- a cambio de opiniones positivas
de cumplimiento, necesarias para concursar en licitaciones y contratos.
Además,
en uso indebido de recursos públicos, a mediados de mes se captó una camioneta
del IMSS fuera de horario laboral que transportaba directivos ebrios a centros
nocturnos de Chetumal, lo que generó indignación colectiva por el desvío de
recursos.
Sobre
encubrir abusos, empleados del IMSS exponen abuso de autoridad en la oficina de
Afiliación Vigencia, donde la jefatura de la subdelegación ignora
sistemáticamente quejas, reportes y grabaciones de afectados por complicidad
interna.
Paralelo
a fallas de la subdelegación, el Hospital General es acusado por
derechohabientes de negligencia en Traumatología, con severos retrasos en
cirugías pendientes y falta de insumos básicos, aunque también se han
registrado paros laborales de personal médico por falta de mantenimiento en
sistemas de aire acondicionado, así como fallas eléctricas en instalaciones.
Ahora
bien, empresarios y trabajadores afectados denuncian directamente a tres
funcionarios de la Subdelegación como cabecillas de la red de corrupción y
extorsión, así como a un intermediario externo.
Entre
los acusados figura Claudia Teresa Magaña Andrade, jefa del Departamento de
Cobranza -fue subdelegada del IMSS hasta junio de 2020-, lo que no es nuevo, ya
que existen antecedentes y audios difundidos en medios de comunicación desde
2020 que la vinculan con cobros irregulares.
Otros
dos son Carmen Aguirre García, jefa de la Oficina para Cobros, y Damián
Martínez Castellanos, jefe de Emisión y Pago Oportuno.
Por
su parte, Daniel Gómez “N”, ex colaborador del IMSS, opera de forma externa,
pues esos funcionarios le filtran información confidencial de las empresas para
actuar como intermediario encargado de solicitar pagos ilícitos a cambio de
destrabar créditos fiscales o emitir opiniones positivas.
Entre
las protestas que involucran a delegación estatal y Hospital General de Zonal,
trabajadores y derechohabientes exigen destituir o investigar a la subdelegada Karla
Guillermina Benítez García, a quien acusan de abuso de autoridad y
encubrimiento en el área de Afiliación Vigencia, pues ignora quejas contra su
personal de confianza.
Hasta
2025, las protestas incluían a Fabiola Leonor Méndez Flores y Wilbert Gutiérrez,
directora y administrador del Hospital, respectivamente, cuya destitución exigían
personal médico y de enfermería en paros laborales por su responsabilidad del
colapso del aire acondicionado y escasez de insumos médicos, por lo que ambos
fueron dados de baja.
No
obstante, el gremio empresarial solicitó formalmente a las Fiscalías Generales
de la República y del Estado, así como a la Secretaría “Anticorrupción” separar
temporalmente de sus cargos a los cuatro acusados anteriores mientras se realizan
auditoría y profunda investigación patrimonial.
Según
publicó la periodista Fátima Vázquez, empresarios, constructores, hoteleros y
restauranteros denunciaron la retención intencional de trámites gratuitos para
exigir pagos debajo de la mesa a cambio de opiniones positivas de cumplimiento,
vitales para licitaciones y contratos.
El
modus operandi es congelar convenios, traspapelar escritos y no procesar
movimientos para generar créditos fiscales ficticios y opiniones de
cumplimiento negativas, lo que deja a las empresas vulnerables ante embargos,
congelamiento de cuentas bancarias y pérdida de licitaciones, lo que ha
derivado en la imposibilidad de pagar nóminas y pérdida de empleos.
El
gremio empresarial enfatizó que esta problemática no es nueva y recordaron que
desde 2020 existen antecedentes y audios difundidos en medios de comunicación
que vinculan a Magaña Andrade con cobros irregulares, por lo se indignaron ante
la impunidad que ha permitido a aquéllos mantenerse seis años en la estructura
institucional pese a constantes acusaciones.
Cabe
destacar que del llamado Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del
IMSS en Quintana Roo es titular a Gasca Martínez, oriundo del Estado de México, quien asumió en abril como
parte de una reestructura nacional de la institución, pero, ante la ola de
acusaciones de corrupción en la Subdelegación y protestas en el Hospital, su
postura institucional es de silencio y hermetismo directo.
Hasta
mediados de mes no emitió pronunciamiento público o político para dar la cara
directamente ante los medios por la red de extorsión patronal, lo que provocado
que personal médico inconforme y organismos empresariales del Sur de Quintana
Roo exijan una explicación pública inmediata y directa.
No
obstante, siguiendo línea del director general del IMSS, Zoé Robledo, su
postura operativa es desmarcarse administrativamente e instruir a afectados a
tramitar quejas formales en canales institucionales centralizados.
El
argumento técnico es que sanciones, ceses o auditorías a jefes de departamento
señalados -como Cobranza o Emisión y Pago- competen estrictamente al Órgano
Interno de Control y a la Secretaría “Anticorrupción”, y no a una remoción
inmediata por voluntad delegacional.
Como
mecanismo de contención institucional ante el escándalo de la camioneta captada
en recreo y los cobros por “bajo la mesa”, la delegación sólo replica el
exhorto nacional a reforzar las campañas de honestidad y legalidad entre los
servidores públicos, instando a denunciar formalmente para “no dejar espacio a
la impunidad”.
Debido
a que los empresarios insisten en que la inacción de la delegación del IMSS sólo
profundiza la crisis de confianza, la presión social sigue escalando para
forzar una mesa de diálogo directa con el titular.
Gasca
Martínez llegó al IMSS-Quintana Roo por concurso de oposición técnico que avaló
el Consejo Técnico del Instituto a nivel nacional y formó parte de una
reestructura interna en abril, diseñada por Zoé Robledo para rotar y fortalecer
las delegaciones en 11 Estados.
El
proceso de selección y factores clave que determinaron su designación
incluyeron un mecanismo obligatorio a nivel central de exámenes rigurosos de
conocimientos y experiencia institucional, buscando perfiles técnicos y
clínicos en lugar de asignaciones políticas.
Antes
de ser trasladado a Quintana Roo, fungía como jefe de Servicios de Prestaciones
Médicas en el Estado de México, argumento principal de las autoridades para
asignarlo a una entidad con rezago en infraestructura de salud, aunque se respaldó
con credencial de médico especialista en Medicina Interna egresado de la UNAM,
además de Maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública.
Por
cierto, reemplazó a Javier Michael Naranjo García, quien tuvo una gestión breve
marcada por constantes protestas del personal médico de Quintana Roo por las
carencias del Hospital de Chetumal.
Así,
Gasca Martínez asumió en abril con la consigna pública de mantener una
administración de “puertas abiertas” y “contacto directo desde el territorio”,
promesa bajo escrutinio de sindicatos y empresarios locales ante la crisis por
la red de extorsión patronal.
Lamentablemente,
los cambios en su administración no solucionaron carencias estructurales de
fondo y, según denuncias de derechohabientes y del propio personal médico, la
percepción general es que las condiciones de servicio han empeorado.
Aunque
su llegada estuvo acompañada de un discurso institucional de cambio y recorridos
de supervisión directa, los problemas operativos en Chetumal se han agudizado.
A
diferencia de antes, cuando sólo había quejas aisladas de usuarios, la crisis
escaló a un paro pacífico organizado de personal médico, enfermería y
administrativo del Hospital, donde los trabajadores exigen la destitución
inmediata de directivos locales por el abandono de las instalaciones.
El
mal mantenimiento del aire acondicionado provoca condiciones extremas en la
clínica, forzando a pacientes y personal a soportar calor intenso en áreas
críticas, y pese a que el IMSS afirmó haber corregido fallas en Urgencias, las
protestas demuestran que las soluciones son superficiales.
La
indignación creció al evidenciarse que, mientras el hospital carece de
presupuesto para mantenimiento básico, insumos quirúrgicos y medicinas, los
directivos utilizan vehículos oficiales con fines recreativos fuera del horario
laboral.
La
respuesta de la dirección ante las carencias se limita a anuncios de
infraestructura que no alivian la saturación diaria.
Gasca
Martínez presentó proyectos de mejora hospitalaria para la próxima década en
Chetumal, Cozumel y Cancún, pero los derechohabientes critican que se prioricen
planes a largo plazo mientras las urgencias actuales, como retrasos en cirugías
de Traumatología, se siguen acumulando.
La
mayor parte de la inversión tangible reciente del IMSS, como instalación de
tomógrafos con inteligencia artificial, se concentra en Playa del Carmen y zona norte, dejando a Chetumal rezagado y con equipos obsoletos.
En
resumen, los cambios han sido meramente administrativos y de relaciones
públicas -“maquillaje institucional”, acusan usuarios en redes del IMSS-, por
lo que desabasto y falta de mantenimiento empeoran hasta detonar parálisis
laboral y administrativa.
Por
cierto, las principales deficiencias en servicio médico del Sur se concentran
en el Hospital General y Clínica de Medicina Familiar Chetumal, donde la crisis
de servicio abarca desde carencia absoluta de insumos hasta casos graves de
negligencia médica.
Por
ejemplo, falta material básico, según denuncian personal médico y de enfermería,
que carecen de materiales de curación mínimos, reactivos de laboratorio y
equipos médicos funcionales.
La
permanente escasez de medicamentos, por ejemplo para tratamiento de la
tradicional diabetes, obliga frecuentemente a familiares a costear sus propias
recetas. Incluso se han dado conflictos internos donde directivos intentaron
presionar a especialistas a operar sin material adecuado, poniendo en riesgo
procedimientos delicados.
Además,
el Hospital presenta graves deficiencias estructurales porque su edificio tiene
más de 50 años de antigüedad, mientras la falta de mantenimiento al aire
acondicionado obliga a pacientes en estado crítico a soportar el calor extremo,
lo que detonó manifestaciones del personal en accesos del hospital.
Pacientes
y trabajadores, por si fuera poco, reportan condiciones insalubres en distintas
áreas de internamiento, asociadas a falta de limpieza oportuna y descuido
general de instalaciones.
En
materia de rezago en cirugías y especialistas, la espera para valoración de
especialistas médicos -como nefrología y traumatología- toman meses y provocan
deterioro irreversible de pacientes. Las listas de espera para intervenciones
quirúrgicas están severamente retrasadas por falta de quirófanos
acondicionados.
Por
otro lado, se documentan denuncias penales públicas por muerte de pacientes por
demoras burocráticas y negativa institucional a autorizar traslados a
hospitales de tercer nivel con mayor capacidad especializada.
En
fin, derechohabientes acusan que, a falta de camas disponibles en Urgencias, la
gente pasa días enteros en sillas o pasillos sin diagnóstico claro, mientras que
se exponen negligencias extremas asociadas a pérdida o envío erróneo de cuerpos
de recién nacidos a clínicas en otros lugares, como Playa del Carmen, con el
argumento de “errores logísticos”.
En
resumen, un IMSS de cabeza en Quintana Roo lo “encabeza” Gasca Martínez, pero ¡bien
que siempre buscan qué cobrarles a los empresarios! ¡y a la gente sólo por
tener un albañil para construir una barda, exigen asegurarlos! Y ahora ¿quién podrá defendernos?
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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