¿Muerte política y cárcel a titular de la SESA?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque
tolerado por su jefa, la gobernadora Verde, Mara Lezama, el titular de la
Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA), Flavio Carlos Rosado, figura entre
los investigados por la Federación en torno a las toneladas de medicamentos e
insumos caducados en los almacenes de Subteniente López, con lo que podría despedirse
de sus aspiraciones políticas.
Además
de su adiós a la alcaldía en Isla Mujeres, el funcionario, quien no ha dicho
una sola palabra sobre el caso de los medicamentos, también podría ir a la
cárcel de ser responsable en ese tema que ya data dos meses.
El
caso está aún bajo investigación federal activa, donde, ante la apatía de las
autoridades de Quintana Roo, intervino directa y formalmente la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno -antes Función Pública- tras detectarse los insumos
deteriorados, mojados, caducados o en pésimas condiciones dentro del almacén.
Así,
la investigación federal, además de Carlos Rosado, indaga formalmente a tres
altos mandos de las áreas de adquisiciones, administración y control del
almacén de SESA que habrían realizado movimientos ilícitos de lotes y pedido “prestado”
medicamentos a otros hospitales para ocultar pérdidas y maquillar cifras ante las
revisiones.
Colectivos
sociales y ciudadanos califican el caso de gravedad extrema por el marcado
desabasto de fármacos en salas de espera y centros de salud, donde los
pacientes se ven obligados a surtir recetas por su cuenta.
Las
auditorías no difunden aún un desglose con número exacto de piezas involucradas,
aunque las denuncias e investigaciones refieren “toneladas de fármacos” y “miles
de piezas”.
Su
dimensión se mide por elementos clave detectados por la Secretaría
Anticorrupción, entre ellos la reducción de claves disponibles, pues el
acumulamiento y falta de distribución de lotes provocó que el abasto de claves
de medicamentos esenciales en hospitales cayera drásticamente de 300 a sólo 70
disponibles, afectando tratamientos completos de pacientes.
Gran
parte del inventario perdido consistía en cajas completas de material de
curación y fármacos prioritarios que terminaron inutilizados por estar
insalubres, mojados por filtraciones y deteriorados por humedad del almacén.
Coincidentemente,
la Secretaría de Salud federal investiga un caso paralelo en almacenes
centrales del Hospital Infantil de la Ciudad de México, donde el volumen se
cuantificó con precisión, 18.4 millones de piezas, con pérdidas por más de 121
millones de pesos, con fallas sistemáticas de almacén como las que afectaron a
Quintana Roo
Con
todo, la ausencia de detenidos y lentitud en el caso Quintana Roo es por
factores administrativos, políticos y jurídicos sobre cómo se manejan estos
delitos, pues la intervención federal inició apenas en julio, y el protocolo
legal establece que primero se deben desahogar auditoría y compulsar
documentos.
Además,
no se puede arrestar a nadie de forma inmediata porque primero se deben fincar
responsabilidades administrativas, cuantificar daño patrimonial y verificar
registros de resguardo, y sólo después de concluir la auditoría, la Federación
puede interponer denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República
(FGR) por daño patrimonial o coalición de servidores públicos.
La
principal razón del retraso es que escena y registros presuntamente se alteraron:
Según indagatorias, cuando altos mandos supieron de la inspección, ordenaron
trasladar medicamentos vigentes de hospitales públicos a la bodega para “rellenar”
estantes y cuadrar números.
Esto
obliga a los auditores federales a rastrear origen y código de barras de cada
lote para descifrar qué caja pertenecía originalmente a la bodega y cuál se “prestó”
para engañar, extendiendo los tiempos de investigación.
A
nivel normativo en el sector, dar de baja medicamentos caducados implica
papeleo muy complejo y lento. La Federación reconoce que el proceso para
desechar legalmente bienes o fármacos obsoletos están llenos de trabas
burocráticas, lo que investigados suelen usar de vacío como defensa, con el argumento
de que el acumulamiento es por retraso de trámites institucionales y no por
negligencia criminal.
Opinión
pública y prensa señalan fuerte encubrimiento, pues las irregularidades en SESA
con Carlos Rosado, aparecieron estaba fuera de funciones directas, en
actividades de carácter político, lo que generó falta de supervisión y red de
complicidades entre directivos de adquisiciones y administración para intentar
ocultar las toneladas de fármacos descompuestos.
A
todo esto, legal y políticamente, Carlos Rosado está bajo el reflector directo
y podría figurar entre los inculpados definitivos a medida que avance la
investigación federal, ya que, como titular de SESA, ley y normas de
fiscalización determinan su nivel de involucramiento bajo una serie de
criterios.
En
servicio público existe responsabilidad por omisión. Aunque los encargados
directos del almacén o jefes de adquisiciones alteraron inventarios o descuidaron
lotes, es el máximo responsable del funcionamiento, resguardo y administración
de recursos materiales. La Secretaría Anticorrupción indaga instrucciones o
negligencia de su parte al no supervisar la correcta distribución de
medicamentos.
Sectores
sociales, prensa y legisladores creen que él y sus colaboradores deben ser
llamados por el Congreso del Estado. La exigencia civil busca que responda no sólo
administrativa, sino penalmente por lo que califica de agravio grave a la
sociedad, dado el severo desabasto en clínicas en el mismo periodo.
El
caso del secretario se complica porque los hallazgos en la bodega coinciden con
señalamientos que lo acusan de descuidar funciones en SESA para concentrarse en
promover su imagen en Isla Mujeres, en campaña anticipada que generó vacío de
poder y falta de control que permitieron la caducidad e intento de encubrirla.
Al
estar el proceso en auditoría técnica, autoridades federales revisan firmas de
los contratos de adquisición, bitácoras de entrada y salida, y órdenes de
distribución de los lotes vencidos. De demostrarse firma o autorización de
compras excesivas innecesarias, o ignorar alertas sobre riesgo de caducidad,
sería imputado penalmente.
Si
el deslinde queda en mandos medios, aun así, Carlos Rosado tendría sanciones
administrativas severas e inhabilitación por negligencia en su gestión, aunque,
de resultar culpable de alguna falta, podría ir a la cárcel, como cualquier
implicado, pero bajo condición de que el caso sea vía penal, no administrativo.
El
marco legal de México castiga por dos caminos esta negligencia, uno de ellos la
falta administrativa, que no da cárcel, por lo que, si se determina que Carlos
Rosado cometió una grave -desvío de recursos, encubrimiento o negligencia-, las
sanciones bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas son destitución,
inhabilitación hasta por 20 años o severas multas para reparar daño
patrimonial.
La
vía penal -que sí da cárcel-, para que él o sus colaboradores terminen en
prisión, la misma ley obliga a los auditores federales a turnar el expediente
al Ministerio Público y presentar una denuncia ante la FGR.
En
el Código Penal, el desastre de los medicamentos y maquillaje de inventarios
encaja en ejercicio ilícito del servicio público y peculado: Si se compró medicamentos
en exceso para beneficiar a proveedores o, sabiendo que iban a caducar, no
hicieron nada por distribuirlos, la prisión de 2 a 14 años.
Por
falsificar documentos y alterar evidencia, el operativo de trasladar
medicamentos de otros hospitales para engañar a los auditores tipifica el
delito de alterar registros contables y oficiales, con penas de 3 a 8 años de cárcel.
Sobre
delitos contra la salud por omisión, colectivos civiles proponen catalogarlo “crimen
de Estado”, ya que la negligencia de dejar vencer toneladas de fármacos privó
de manera directa del derecho a la salud a miles de pacientes en clínicas y
hospitales.
En
resumen, Carlos Rosado pisará la cárcel sólo si la Federación, tras concluir la
auditoría técnica, decide llevar el caso ante un juez penal federal e imputarle
delitos del Código Penal y no sólo violaciones a la ley administrativa
Para
su mala fortuna, en México existen antecedentes contundentes de ex secretarios
y altos funcionarios estatales de Salud perseguidos penalmente, detenidos e,
incluso, sentenciados a prisión por desvío, negligencia o mal manejo de
medicamentos e insumos médicos.
En
Jalisco, Antonio Cruces Mada, ex titular, fue detenido y sentenciado a 9 años
de cárcel por desviar recursos públicos y aprovechamiento indebido de
atribuciones, pues se involucró en compras irregulares e inconsistencias graves
en el manejo de unidades hospitalarias y erario público del sector salud.
Otro
caso fue San Luis Potosí, donde dos secretarios fueron a prisión en forma consecutiva,
lo que fijó un precedente histórico en el país al encarcelarlos por desvíos
relacionados con simulación y mal manejo de insumos médicos.
Ellos
fueron Mónica Liliana Rangel, detenida, procesada y sentenciada tras
comprobarse un fraude millonario relacionado con la compra de insumos médicos y
plaguicidas, aunque recuperó su libertad con el pago de millonaria reparación
del daño al erario.
El
otro fue Miguel Ángel Lutzow, quien la sucedió, también detenido y declarado
culpable por ejercicio abusivo de funciones como coautor en esos mismos
esquemas de adquisición irregular de insumos de salud.
Respecto
al Hospital Infantil de la Ciudad México con los 18.4 millones de medicamentos
caducados, FGR mantiene indagatoria penal activa dirigida hacia altos mandos
institucionales anteriores, como su ex director, Jaime Nieto Cermeño, ya que se
investiga el presunto ocultamiento intencionado de más de 390 mil medicamentos
oncológicos infantiles en bodegas privadas mientras públicamente había
desabasto, con daños por más de 121 millones de pesos.
Casos
recientes son Baja California y Chihuahua, donde fiscalías anticorrupción detuvieron
a ex funcionarios del sector y presentaron denuncias penales contra ex secretarios
por comprar medicamentos caducos o desvío de fármacos oncológicos de alto
costo.
Estos
antecedentes demuestran que cárcel es escenario real. En México, cuando
auditorías federales documentan que pérdida de medicamentos no fue “accidente
burocrático”, sino resultado de compras simuladas, corrupción con proveedores o
intento deliberado de ocultar inventarios -como el maquillaje de Quintana Roo-,
el caso se turna de inmediato a las fiscalías penales.
Lo
cierto es que el escándalo de Santa Elena tiene peso suficiente para sepultar
las aspiraciones políticas de Carlos Rosado, perfilado activamente por grupos
políticos para buscar la alcaldía de Isla Mujeres.
Para
competir por una alcaldía, un funcionario necesita colgarse de los logros de su
gestión, pero su paso por SESA quedó severamente marcado por desabasto
hospitalario y denuncias civiles. Es políticamente insostenible hacer campaña
en Isla Mujeres cuando el debate público lo señala directamente por negligencia
ante toneladas de medicamentos caducados.
En
un lejano escenario, la oposición usaría el desastre como arma principal, con
el argumento de que “mientras miles de familias exigían fármacos en las
clínicas, el secretario hacía campaña y dejaba caducar la medicina”, un golpe
letal para su imagen. El caso lo catalogan colectivos sociales y prensa como “grave
violencia institucional”.
Pero,
además, la intervención de la Secretaría Anticorrupción significa que está bajo
la lupa directa del centro del país, mientras en Morena una investigación
activa por negligencia médica masiva o corrupción destruye cualquier
posibilidad de visto bueno -la “bendición”- para una candidatura.
De
avanzar el proceso y resultar en inhabilitación, quedaría legalmente impedido
para postularse a cualquier cargo de elección, por lo que su futuro político
depende por completo de la auditoría federal y deslinde operativo o si, por el
contrario, su nombre aparece en el pliego definitivo de responsabilidades.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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