A la vista, ¡contraataque “político” de Mara!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Seguramente más contrariada que “indignada” por la serie de abiertos señalamientos en su contra, a poco menos de un año de concluir su gestión en Quintana Roo y antes de su IV informe, la gobernadora Verde, Mara Lezama, cobró venganza de la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y del reciente regaño de la dirigente nacional de Morena sobre sus públicas irregularidades.

Para ese efecto, para nadie es un secreto que habría contado con el apoyo de su partido real, el Verde “Ecologista”, para desquitarse de su supuesto partido y eligió como víctima precisamente a quien será responsable de operar la sucesión gubernamental en Quintana Roo, Carlos Alberto Ulloa Pérez, un morenista identificado como enviado de Claudia Sheinbaum. Y todo con tal de favorecer Mara a Eugenio “Gino” Segura.

Verá Usted. Ulloa Pérez es el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), a quien El Universal, al parecer contratado por la mandataria, acusó de la compra sospechosa al contado de dos departamentos de valuados en 22.4 millones de pesos, además de múltiples viajes al extranjero.

Sin embargo, la postura oficial de Claudia Sheinbaum fue defender al funcionario, en el sentido de asegurar que su patrimonio es legal y que las propiedades están debidamente registradas en sus declaraciones patrimoniales, mientras la Secretaría Anticorrupción mantiene revisiones sobre contratos recién otorgados a proveedores por la institución.

Ahora bien, Birmex es una empresa mexicana encargada de producir, importar, almacenar y distribuir vacunas, medicamentos e insumos médicos para el sector salud público del país donde, fundada originalmente como laboratorio de vacunas, coordina logística y suministro de medicamentos para instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

El entorno en el que se cruzan este tipo de acusaciones obedece a una serie de intereses políticos y auditorías técnicas, ya que su trasfondo administrativo es complejo, aunque la Secretaría de Anticorrupción mantiene una investigación abierta sobre la paraestatal ante nulidad de licitaciones previas por sobreprecios de 13 mil millones de pesos y destitución de funcionarios por presunta colusión con farmacéuticas.

El foco de las autoridades en revisar el patrimonio de sus directivos responde a estos antecedentes de fiscalización interna.

Legisladores de partidos de oposición -sobre todo del PAN- tomaron estos datos de las declaraciones públicas para exigir auditorías fiscales y una investigación patrimonial profunda, como parte del debate político regular en torno a la transparencia en áreas más sensibles del gobierno federal, como desabasto y compra de medicamentos.

Coincidentemente, en días recientes la prensa también mantiene bajo escrutinio a Mara Lezama por motivos distintos, específicamente por auditorías en torno a procesos de contratación y uso de transportes privados. No obstante, ambos casos corren por vías independientes en el marco del combate a la corrupción y la transparencia de la administración pública.

Por otro lado, aunque es millonario el patrimonio de Ulloa Pérez, desde una perspectiva administrativa y de rendición de cuentas, fue correcto y legalmente obligatorio haber incluido todos sus bienes en la declaración patrimonial, aunque para algunos sectores de la prensa, como El Universal, se considere sospechoso, que no ilegal.

El hecho de que el funcionario haya transparentado de forma voluntaria su patrimonio ante las autoridades competentes se puede analizar bajo factores institucionales, el principal de ellos, el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En efecto, todos los servidores públicos en México tienen la obligación estricta de reportar de manera oportuna sus ingresos, propiedades, vehículos, cuentas bancarias y posibles conflictos de interés. Omitir u ocultar un bien en estos registros constituye una falta grave que se sanciona con inhabilitación o destitución.

El objeto de la declaración no es prohibir a un funcionario poseer bienes costosos, sino permitir a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno -antes Función Pública- un “cotejo de evolución patrimonial para verificar si el valor de los bienes declarados es congruente con los ingresos reportados a lo largo de su carrera pública o privada (como herencias, actividades empresariales previas o ahorros)

Precisamente porque los bienes de Ulloa Pérez estaban debidamente registrados en el sistema, la presidenta Claudia Sheinbaum pudo argumentar públicamente que su patrimonio tiene origen legal y transparente, y que la información no se descubrió de forma clandestina, sino obtenida de los propios archivos de transparencia del gobierno.

En el debate público, lamentablemente, mientras los órganos de control valoran positivamente la transparencia del registro para auditarlo, sectores de oposición y la opinión pública suelen contrastar la magnitud de ese patrimonio con el discurso oficial de austeridad, independientemente de que su origen sea completamente lícito.

Así las cosas, el análisis de la evolución patrimonial es un proceso técnico que opera la Secretaría Anticorrupción, para la que, haber declarado los bienes en DeclaraNet, es paso indispensable, pero abre ruta específica de fiscalización.

Cuando un funcionario reporta un incremento significativo en sus bienes -como la compra en efectivo de departamentos de lujo-, las autoridades no se limitan a dar por bueno el registro, sino que inician un cotejo aritmético y documental

Como prueba de congruencia, la autoridad toma los ingresos totales reportados por el funcionario durante su carrera pública y privada, tras lo cual calcula si el salario neto acumulado, restando el costo promedio de vida, alcanza lógicamente para cubrir de contado adquisiciones por millones de pesos.

Además, el sistema anticorrupción cruza la información con el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con objeto de rastrear el origen del dinero de manera bancarizada -cuentas de origen, transferencias, cheques de caja- y verificar que los impuestos hayan sido pagados.

En el caso específico de Ulloa Pérez, argumentó que el dinero proviene de herencias familiares de hace 20 años y de la venta de otros inmuebles, aunque para la autoridad, el dicho no basta, y el funcionario deberá exhibir testamentos notariados, pago de impuestos por sucesión y contratos de compraventa de propiedades anteriores que justifiquen el flujo de efectivo.

Haber declarado los bienes es administrativamente sano porque evita una sanción directa por ocultamiento -delito grave que causa inhabilitación inmediata-, aunque la investigación técnica sigue abierta y la autoridad debe determinar si los números cuadran con precisión aritmética.

Si los ingresos documentados no alcanzan a respaldar los gastos de contado, se iniciaría un proceso por enriquecimiento inexplicable, sin importar que los bienes hayan sido inicialmente declarados.

Cabe señalar que Ulloa Pérez es considerado estratega clave y operador político de confianza del grupo cupular de la llamada “Cuarta Transformación”, por lo que fue enviado para coordinar y vigilar de cerca los movimientos internos de Morena de cara a los futuros procesos electorales en Quintana Roo.

En el ámbito federal, fue diputado federal electo y nombrado director general de Birmex, aunque anteriormente ocupó cargos de alta relevancia en el gobierno de la Ciudad de México, tales como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Según su explicación y defensa pública, confirmada en los registros de su declaración patrimonial oficial, su patrimonio proviene de cuatro fuentes, una de ellas herencias familiares, recibidas hace unos 20 años, entre ellas un lote de joyas con un valor declarado de 1 millón de pesos.

Otras fuentes son ahorros acumulados a lo largo de casi tres décadas de trayectoria profesional en los sectores público y privado; ingresos de su trabajo, remuneraciones por sus diversos cargos legales, y venta de inmuebles, recursos líquidos obtenidos mediante operaciones e inversiones inmobiliarias previas.

En carta aclaratoria, Ulloa Pérez dijo que cada una de sus propiedades y cuentas tiene origen totalmente verificable y sujeto a normas de transparencia, postura que respaldó Claudia Sheinbaum, quien dijo que los bienes reportados son legales y debidamente transparentados en su declaración patrimonial.

Por otro lado, de redes sociales, se desprende que, en su “guerra sucia”, la gobernadora Mara Lezama está desesperada por los señalamientos en su contra, que sigue sin terminar de explicar, lo que la está llevando a cometer errores muy graves con consecuencias.

El hecho es que la situación respecto del origen de los recursos con los que pagó sus vuelos privados, es un asunto pendiente desde el punto de vista legal, pero que, políticamente, significa irremediablemente su tumba política y, por ende, la descalificación de su participación en el proceso sucesorio estatal.

Sin embargo, eso no fue un freno en sus aspiraciones y métodos de operación, aún cuando la reprimenda de Palacio Nacional haya sido contundente, y muestra de ello son las publicaciones encargadas ex profeso en contra de la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, según ella, para desviar la atención de su propio tema.

Pero, mucho peor aún, la publicación de El Universal Online contra Ulloa Pérez, nada más y menos que el encargado presidencial para atender el proceso de selección de candidatos a sucederla en Quintana Roo.

Trascendió que, en su momento, intentó comprar a Ulloa Pérez, lo que nadie duda, y fue tajantemente rechazada, lo que dejó muy mal la relación y ahora arremete en su contra, sin caer en cuenta que el funcionario es una de las personas más cercanas y de confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De la misma forma, la revelación de sus “negocios” con Seguritech, empresa dueña de los aviones en los que viaja al extranjero, la charla con Ulloa Pérez terminó por ser el último clavo del ataúd.

Pepe Merino poderoso titular de la Agencia Nacional de Transformación Digital, tiene una cruzada personal contra Seguritech, por lo que le canceló todos sus contratos con el gobierno federal, ya que le disgustó enterarse que la empresa que vetó mantiene una cuestionable relación de negocios con Mara Lezama.

Lo que es evidente es que los asesores de la mandataria no le advirtieron y aconsejaron no pelear con las dos personas más cercanas a la presidenta, por ser “suicido” político, aunque, lamentablemente, la gobernadora no es precisamente muy puntual en sus análisis, y menos en sus reacciones.

Ahora bien, lo cierto es que, lejos de despertar sospechas o supuestos “enriquecimientos inexplicables” de Ulloa Pérez, habría que felicitarlo por incluir en sus declaraciones patrimoniales todos sus bienes, ya que esto permite que, al término de su labor como funcionario público, a nadie extrañe que posea alguna riqueza, y menos para desacreditarlo.

“Casualmente” viene al caso este comentario muy marcado respecto a la declaración patrimonial del aspirante favorito de Mara Lezama para sucederle, “Gino” Segura, quien, como publicamos, declaró no poseer ninguna propiedad en absoluto, lo que no va de acuerdo con su millonario ritmo de vida y habitar una lujosa, millonaria residencia en Cancún.

¿Pobre como dice ser? ¡Que se lo crea su chichí”!

PD: Como muestra de la prepotencia de Mara Lezama y su falta de respeto a la movilidad ciudadana y tránsito en la capital chetumaleña que tanto ignora y a la que tanto daño ha hecho, ordenó cerrar por varios días con obligados retenes las cuadras que circundan toda el área de la explanada a la bandera para su penúltimo informe, con las consiguientes molestias para guiadores, para lo que, aunque parezca increíble, hasta las llenaron de sillas… como si no hubiera suficientes edificios públicos… o como si la gente estuviera tan interesada en “su” evento.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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