¡Bloqueados convenios aéreos Mara-proveedores!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Los hipervínculos de archivos sobre los contratos de los corporativos de las empresas aéreas que negociaron con la gobernadora Verde, Mara Lezama, sus sospechosos viajes a Estados Unidos y la cuestionada adquisición de un helicóptero, así como sus respectivos convenios en portales de transparencia estatales, aparecen sospechosamente bloqueados o no disponibles para consulta.

De este modo, empresas y gobierno de Quintana Roo evitan el acceso público a la información de un tema que permanece vivo desde que el periódico Reforma diera a conocer investigaciones que la mandataria niega de manera sistemática, pero sin aportar ninguna prueba en contra, tal y como lo exige la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien, sin embargo, tampoco la presiona.

Así las cosas, permanece en penumbras el último cuestionamiento sobre el helicóptero modelo Bell 429 GlobalRanger, por el que el gobierno de Mara Lezama, erogó 440 millones de pesos -unos 25 millones de dólares-, lo que genera fuertes cuestionamientos y controversias por una serie de factores:

Verá Usted. Investigaciones periodísticas, entre ellas de Reforma, señalan, como se ha difundido profusamente, que el precio de fábrica de este tipo de aeronave ronda 7.5 millones de dólares -unos 145 millones de pesos-, lo que significa que la cuestionada mandataria pagó cerca de 3.5 veces más de su valor en el mercado.

La compra fue a través de la empresa PABE-TAX, asociada a la multicitada Seguritech Privada, señalada por proveer servicios de taxi aéreo y jets privados que utilizaron Mara Lezama y sus familiares para decenas de viajes particulares al extranjero.

La adquisición se presentó formalmente en julio de 2023 como parte de una inversión integral de equipamiento táctico, y la gobernadora justificó el gasto afirmando que la nave -bautizada como “Águila II”- es indispensable para tareas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y atención de emergencias.

La falta de claridad, opacidad o inconsistencias en la publicación de este tipo de contratos del Gobierno de Quintana Roo suelen derivar de factores legales, administrativos y operativos, entre ellos de Seguridad Pública, ya que la legislación en materia de transparencia permite clasificar contratos como “información reservada” si su difusión pone en riesgo la seguridad.

Al estar asignada la aeronave a Seguridad Ciudadana, las autoridades utilizan este “criterio” para bloquear o limitar el acceso público a las cláusulas y montos específicos del documento.

A pesar de haber sido presentado públicamente por Mara Lezama como adquisición del Estado, PABE-TAX sostiene que su participación es administrar y operar un servicio contratado que, como figura de arrendamiento o prestación de servicios, el bien no se inscribe directamente como propiedad patrimonial inmediata de gobierno, lo que diluye obligaciones de registro de bienes públicos.

Este tipo de compras suele incluirse en “paquetes integrales” de seguridad -incluyeron patrullas y chalecos en julio de 2023-, por lo que, al no licitarse individualmente y procesarse por adjudicación directa-, los detalles del costo real del helicóptero se diluyeron entre el monto global asignado al proveedor.

Revisiones periodísticas y denuncias ciudadanas coinciden en que los hipervínculos hacia este contrato y sus respectivos convenios de ampliación en los portales de transparencia estatales, aparecen sospechosamente bloqueados, ocultos o no disponibles para consulta.

Como se sabe, las investigaciones periodísticas en Quintana Roo señalan principalmente a tres empresas vinculadas a un mismo conglomerado económico o financiero, las que reciben adjudicaciones directas millonarias de Mara Lezama.

Éstas son Seguritech Privada, empresa matriz y actor central de la controversia, a la que, durante el primer año de gestión de Mara Lezama, el Gobierno del Estado le otorgó de manera directa contratos por casi 2 mil 870 millones de pesos.

Dos de los principales contratos están destinados a instalación, soporte multianual y mantenimiento integral de infraestructura tecnológica de videovigilancia en Quintana Roo, uno de ellos con valor de 1,784 millones de pesos, y otro de soporte por 580 millones.

Sobre esa anomalía, organizaciones como POPLab y Connectas reportan que los apoderados legales de esta firma coinciden exactamente con los de las empresas de transporte que movilizan a Mara Lezama.

La segunda empresa es B3-Flyservices, constituida en Estado de México y señalada por esquemas similares de presunta opacidad y sobrecostos en la misma entidad, pero en Quintana Roo recibió una adjudicación directa -con expediente SSP/PS/EXC/GC-008/2023- por más de 24.1 millones de pesos “por arrendar un helicóptero” a Seguridad Ciudadana.

Investigaciones locales reportan que el contrato se etiquetó por concepto de “logística integral de transporte aéreo” -rubro común usado para traslado de carga o personal-, en lugar de especificar operaciones policiales, de búsqueda o rescate. Sus hipervínculos públicos para consultar el convenio también fueron bloqueados.

La tercera empresa es VIP Servicios Ejecutivos, firma contratada de manera complementaria a los servicios de aeronavegación del Estado, que recibió asignaciones por 9 millones de pesos anuales.

El contrato cubre el servicio integral de administración, supervisión, operación y mantenimiento de aeronaves de la marca Bell, pero el Gobierno del Estado fragmenta los pagos: Por un lado, el costo de adquisición o renta del equipo, y por otro, millones adicionales a firmas satélites para que lo operen.

A la par de estos proveedores de “seguridad”, PABE-TAX -identificada formalmente por investigaciones de Reforma como división de operaciones aéreas de Seguritech- es propietaria de los aviones privados en los que Mara Lezama y familia realizaron al menos 43 viajes internacionales particulares.

Esto lleva a los bloques de oposición a denunciar presunto conflicto de interés, sugiriendo que el uso de estas aeronaves ejecutivas podría formar parte de acuerdos “cruzados” por los contratos de seguridad asignados en Quintana Roo.

Lo cierto es que el paquete completo de seguridad que presentó Mara Lezama tuvo un costo total de 2 mil 262 millones 685 mil pesos, histórica inversión anunciada formalmente el 7 de julio de 2023 e integró el controvertido helicóptero, cuyo costo se calcula en 440 millones de pesos; 689 patrullas para distintos municipios y corporaciones, y 507 chalecos balísticos para Seguridad Ciudadana.

Pese a que la gobernadora declaró textualmente en el evento que “la seguridad no puede ser negocio de nada ni de nadie”, el paquete quedó bajo la lupa pública tras revelarse que los contratos vinculan directamente al proveedor con las firmas que facilitaron las decenas de viajes en jets privados de Mara Lezama y sus familiares.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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