¿Primer funcionario morenista de OPB sancionado?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Confirmado con señalamientos del portal Información Sin Límite por falsear su declaración patrimonial, el segundo regidor morenista de Othón P. Blanco, Daniel Isaí Linares Téllez-Girón, podría ser el primer funcionario sancionado de este “gobierno” -aunque nadie lo cree- por la Secretaría “Anticorrupción” de Quintana Roo, a cargo de la cuestionada Reyna Arceo Vargas.

Lo anterior, tras ponerse de manifiesto que el funcionario figura en indagatorias formales del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado con el expediente PJ-TDJ-OIRA-EXP-141/2026-2 en su contra, radicado e instaurado tras denuncia del 9 de febrero y admitida a trámite este mes por responsabilidades administrativas.

En efecto, Linares Téllez-Girón está bajo el foco de la opinión pública, críticas locales y escrutinio político por sus presuntas inconsistencias patrimoniales, ya que se le cuestiona por señalamientos sobre una discrepancia entre los ingresos que declaró y su estilo de vida, lo que genera exigencias para que el Órgano Interno de Control revise sus declaraciones fiscales y patrimoniales.

Como presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Comuna, recae sobre él la responsabilidad y lupa fiscalizadora de oposición y ciudadanía sobre asignación de contratos, licitaciones de mantenimiento urbano, bacheo y modernización de luminarias, por lo que cualquier retraso o deficiencia en servicios públicos de Chetumal se señala directamente a su gestión en esa comisión.

Los puntos clave sobre su trayectoria y cargo actual incluyen su cargo como regidor para el periodo 2024–2027 con la presidenta municipal, Yensunni Martínez.

Recientemente, impulsó crear la Coordinación Municipal del Bienestar de OPB, diseñado para sustituir antiguas estructuras de programas sociales -como el extinto Prospera- y alinear las políticas locales de desarrollo social con programas federales de la llamada Cuarta Transformación.

Sospechosamente, como parte de su trayectoria, en octubre de 2021, al inicio de la primera gestión de Yensunni Martínez, fungió como Secretario Particular de ésta.

La discrepancia sobre sus declaraciones patrimoniales, es incongruencia entre los millonarios ingresos que reportó y la falta de bienes declarados que justifiquen o reflejen esa riqueza.

Según investigaciones periodísticas basadas en la documentación de esas declaraciones, los puntos específicos de la discrepancia son la millonaria suma reportada, en cuya acumulación se detectaron más de 28.2 millones de pesos, cuando tuvo ingresos por 6.8 millones como remuneración anual neta, cifra que escaló hasta 21.4 millones.

Punto central de la crítica y por el que se le cuestiona es que sus cuentas “no cuadran”, pues, pese a manifestar ingresos de esa magnitud, declaró no poseer bienes de valor proporcional, carecer de predios, automóviles de lujo u activos financieros considerables que justifiquen de manera lógica o fiscal el destino o posesión de esos recursos. Nos recordó el mismo caso del “pobre” Eugenio “Gino” Segura.

Medios locales acusan que estas millonarias cifras no concuerdan en absoluto con el tabulador o su sueldo oficial, lo que derivó en exigencias para que el Órgano Interno de Control y autoridades fiscales investigaran posible discrepancia fiscal o presunto enriquecimiento ilícito.

En este sentido, el expediente PJ-TDJ-OIRA-EXP-141/2026-2 es por presuntas faltas administrativas, radicado en el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial.

Este procedimiento deriva de una denuncia formal del 9 de febrero por correo electrónico. El expediente se registró formalmente y el acuerdo de inicio de investigación lo notificó por lista de estrados el 5 de agosto la actuaria adscrita al órgano investigador.

La legislación estatal faculta al órgano a allegarse de pruebas, realizar diligencias y determinar si los hechos denunciados son faltas administrativas que ameriten un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) o, en su defecto, dictaminar el archivo del caso.

Según los lineamientos del Tribunal de Disciplina Judicial, el expediente está en etapa de investigación preliminar, por lo que los hechos aún no están acreditados y se salvaguarda el principio de presunción de inocencia de Linares Téllez-Girón.

Como era de esperarse, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas mantiene los detalles específicos de la denunciad bajo estricta reserva de ley por la naturaleza preliminar del caso, aunque los señalamientos públicos y periodísticos que motivaron las exigencias de fiscalización contra el regidor, se centran en tres rubros principales.

El primero de ellos, enriquecimiento oculto o no justificado, es decir, la discrepancia financiera de más de 21 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales que no coinciden con sus bienes reportados, lo que, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se investiga posible enriquecimiento oculto o conflicto de interés.

El segundo, es un presunto desempeño irregular de la función pública, o sea, quejas ligadas a su papel como presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y la investigación busca determinar si existió opacidad, omisiones o favorecimiento indebido en procesos de fiscalización y dictamen de infraestructura municipal.

Por último, incumplimiento de obligaciones de servidores públicos, o sea, la omisión de reportar con claridad y veracidad el origen, destino o resguardo de los ingresos percibidos durante su encargo en el Ayuntamiento.

Al estar radicado ante un órgano disciplinario judicial, la autoridad estatal, en teoría, reúne pruebas para verificar si se configura una falta administrativa grave -cohecho, desvío de recursos o enriquecimiento oculto- o no grave (negligencia administrativa), y hasta no emitir Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y un tribunal lo juzgue, estas conductas son estrictamente presuntas faltas bajo investigación.

En este sentido, en caso de que las autoridades confirmen la comisión de faltas administrativas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas clasifica las sanciones, dependiendo de la gravedad de la conducta, como faltas administrativas no graves o graves.

De ser NO graves, ameritarían llamada de atención formal por escrito, suspensión de empleo de 1 a 30 días, destitución de empleo, cargo o comisión o inhabilitación temporal, con impedimento para trabajar en servicio público de 3 meses a 1 año.

De ser graves, se haría acreedor a suspensión de 30 a 90 días, destitución como regidor; sanción económica, con multas de hasta el doble de los beneficios obtenidos o daños causados; e inhabilitación temporal estricta, impedimento para ejercer cualquier cargo público por 1 a 10 años o de 10 a 20 años de existir daños graves o montos elevados involucrados.

Si durante este proceso administrativo se detecta la probable comisión de un delito fiscal o de corrupción, el caso se turna a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para abrir una vía penal.

Para mala fortuna de Linares Téllez-Girón, también hay señalamientos e inconformidades en su contra cuando fue presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, aunque el contexto institucional no lo vincula directamente a un fraude personal, sino a su cargo.

Verá Usted. Vecinos de Nicolás Bravo -una de las comunidades rurales más grandes e importantes de OPB- manifestaron fuertes quejas por abandono de infraestructura deportiva y comunitaria con severo deterioro de espacios públicos.

Señalaron de forma específica que el campo deportivo local “ni gradas tiene y cuenta con postes podridos” cuando que el funcionario es encargado de supervisar presupuestos y ejecución de infraestructura en el municipio, por lo que le reclaman total apatía y centralización de recursos.

Así, la comunidad exige transparencia respecto dónde se están destinando los fondos destinados al desarrollo rural. Sospechas y cuestionamientos apuntan a que las comisiones del Cabildo, incluyendo la que preside Linares Téllez-Girón, aprueban obras que no se reflejan en Nicolás Bravo ni solucionan problemas históricos de bacheo y luminarias de la alcaldía.

Por este motivo, sus reclamo se suman al debate público de sus opositores como ejemplo del descuido en los servicios públicos bajo su gestión, por lo que el descontento de la alcaldía es reclamo social, mientras el juicio administrativo tiene origen estrictamente financiero.

La indagatoria ante el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas se inició a raíz de las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales de Linares Téllez-Girón -la discrepancia de los más de 21 millones de pesos- y presuntas violaciones a las obligaciones de transparencia financiera de los servidores públicos.

Las protestas y críticas de Nicolás Bravo corresponden a una demanda comunitaria por abandono de infraestructura, falta de servicios básicos y exigencia de una distribución equitativa del presupuesto rural, y aunque es su responsabilidad política como presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos atender estos reclamos, omisiones normativas o presupuestales no forman parte del objeto central del expediente judicial.

En el debate Chetumal, oposición y grupos vecinales suelen sumar ambos casos para cuestionar de manera integral el desempeño de Linares Téllez-Girón, argumentando que, mientras sus ingresos declarados crecen drásticamente, las comunidades rurales sufren rezago en obra pública.

Según Información Sin Límite, Linares Téllez-Girón se desempeña como segundo regidor, pero tan pronto lo nombró la alcaldesa Yensunni Martínez presidente de la Comisión de Obras Públicas y Servicios comenzó a reportar millonarias ganancias al sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia de declaración fiscal al Órgano Interno de Control.

En diciembre de 2024 el subdirector del portal le entregó documentos al funcionario con irregularidades y sobreprecios de licitaciones, donde regidores las aprobaron a empresas fantasmas, de reciente creación e irregulares, pero una semana después ya no quiso dar la cara hasta el 20 de agosto.

Agrega que, en los documentos del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal 2025, Linares Téllez Girón reportó ganancias como segundo regidor por sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones por 6.8 millones de pesos.

Sin embargo, entre 2025 y 2026 aseguró no poseer predios, automóviles, relojes, televisor, ni electrodomésticos, aunque, curiosamente, en 2026 comenzó obtener ingresos superiores a 2025: Más de 21.4 millones de pesos. En total, entre 2025 y 2026 el morenista ganó más de 28.2 millones como presidente de Obras Públicas y Servicios.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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