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Fiscales, Auditor Superior y “Anticorrupta”, ¡mudos!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

A pesar de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo debiera interviene principalmente en la investigación y persecución de delitos cometidos por servidores públicos o particulares que afectan al patrimonio o administración estatal, no lo hecho con la “gobernadora viajera” Verde, Mara Lezama, ni con el titular de SESA, Flavio Carlos Rosado.

En efecto, la dependencia, al igual que la Secretaría “Anticorrupción” y Buen Gobierno del Estado, no ha dicho ni siquiera “esta boca es mía” en torno al sonado, millonario escándalo en el que está envuelta la mandataria tras sus decenas de viajes privados a Estados Unidos, principalmente a Orlando Florida, por convenios con cuestionadas corporaciones aéreas.

Tampoco lo ha hecho con el caso del titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, tras detectarse en las bodegas de Subteniente López millones de insumos deteriorados, mojados, caducados o en pésimas condiciones, aunque es claro que, por esa omisión, la Federación tiene a su cargo las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza Raciel López, también permanece callada por los vuelos de la ahora apodada “Señora de los Cielos”, pese a que el papel de la dependencia es central, pues Seguritech y filiales son los principales proveedores de tecnología de vigilancia, cámaras y software de seguridad del gobierno de Quintana Roo, incluso contratos directos para equipar y dar servicios a las labores operativas de la propia Fiscalía.

La Auditoría Especializada, que encabeza Edgar Ramírez Morales desde septiembre de 2024, hasta hoy no emite sanciones condenatorias penales directas ni registrar personas detenidas por delitos contra el patrimonio público.

Según el balance oficial que presentó él mismo ante la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, concluyó 407 carpetas de investigación, pero la mayoría de sus resoluciones no terminaron en castigos penales por el estado legal en que recibió los expedientes.

Así, en 328 carpetas de investigación decretó un No Ejercicio de la Acción Penal, lo que significa que contra esos servidores públicos o particulares no encontraron elementos suficientes o los delitos ya habían prescrito.

A 37 personas imputadas se les aplicó un criterio de oportunidad, donde, en lugar de ir a prisión o ser sancionados penalmente, éstas aceptaron devolver el dinero o reparar el daño financiero al erario, mientras 26 casos se desecharon o declinó por incompetencia en la materia.

Respecto a juicios penales, sólo un caso llegó a la etapa definitiva ante un juez de control, y la sentencia resultó favorable a la persona imputada, por lo que fue absuelta.

Por otro lado, el rezago que heredó limitó el alcance de sanciones en los casos de más alto perfil, como con ex funcionarios de Roberto Borge, donde su antecesora en la Fiscalía, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, dejó prescribir -vencer el tiempo legal para castigar- más de 300 carpetas con desfalcos por más de 7 mil millones de pesos, por lo que, al no poder sancionarlos penalmente, los turnó a la Auditoría Superior del Estado y a los órganos de control.

En este sentido, Ramírez Morales integra expedientes e investigaciones contra ex funcionarios de nivel medio y superior de la propia ex Contraloría del Estado, hoy Secretaría “Anticorrupción”, por las omisiones que permitieron que los delitos de gobiernos anteriores quedaran impunes.

Es común confundir cifras de la Fiscalía con ésta que, supuestamente, emitió 50 inhabilitaciones y destituciones administrativas, mientras la Fiscalía de Ramírez Morales sólo persigue vía penal -cárcel o reparación económica-, donde sigue el análisis de rezago de 854 carpetas.

A diferencia de la Fiscalía, la Secretaría “Anticorrupción”, que encabeza la cuestionada Reyna Arceo Vargas, habría inhabilitado temporalmente a 34 servidores públicos -sólo ella lo supo- tras fiscalizar más de 5,174 millones de pesos y revisiones de control interno.

Por norma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y protección de datos, la lista nominal exacta no se publica, pero cualquier persona podría consultarla directamente con nombre y apellido a través del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de Q. Roo.

Sobre los tipos de faltas sancionadas, son amonestaciones públicas, suspensiones de cargo sin goce de sueldo -desde 15 hasta 30 días en áreas operativas- por conductas “no graves”, como negligencia administrativa en ventanillas de recaudación, omisiones en la presentación de la declaración patrimonial y faltas de respeto e irregularidades menores en oficinas de dependencias locales como Finabien o delegaciones municipales.

Cuando la Secretaría detecta desvío de dinero o abusos de funciones severos, la ley le impide sancionar por sí misma, por lo que integra y turna el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa, para inhabilitaciones definitivas de hasta 20 años para cualquier cargo y destituciones directas.

Además, castiga al sector privado por irregularidades en contratos públicos, donde Quintana Roo mantiene un promedio de sanciones e inhabilitaciones comerciales constantes, cuyos registros públicos e impedimentos para concursar en licitaciones pueden revisarse de forma transparente en el Registro de Proveedores y Contratistas Estatales Sancionados.

Por su parte, la mayor cantidad de carpetas de investigación que atiende la Fiscalía Especializada se concentran en delitos específicos del ejercicio gubernamental, entre ellos abuso de autoridad, delito con mayor número de denuncias, con más de 280 indagatorias recientes.

También conoce sobre aprovechamiento ilícito del poder y abuso de funciones en otorgamiento ilegal de contratos, licitaciones direccionadas o uso indebido de atribuciones, así como cohecho, por cobro de sobornos o dádivas a cambio de trámites o servicios públicos.

Asimismo, intervino en detener redes de extorsión de policías y tránsitos en zonas turísticas, como es la Dirección de Tránsito de Cancún, donde emitió órdenes de aprehensión contra tres agentes del grupo conocido como “Los VIPs”, por extorsionar a un turista italiano en la zona hotelera.

Por otro lado, interviene cuando detecta discrepancias en el gasto público, como recién recibió seis denuncias penales que interpuso la Auditoría Superior del Estado por irregularidades financieras y desvío de recursos identificados en las cuentas públicas de varias dependencias y ex funcionarios.

Sin embargo, los detalles específicos y los nombres de los exfuncionarios involucrados en esas denuncias están bajo estricta reserva legal por principio de secrecía y presunción de inocencia que exige el debido proceso penal.

Siguiendo criterios de su modelo penal, interviene en investigaciones contra empresas y constructoras (personas jurídicas) que incurren en actos de corrupción, cohecho o inobservancia del debido control para obtener beneficios económicos ilícitos con contratos estatales.

Bajo la dirección de Ramírez Morales, la Fiscalía se convirtió en Órgano Constitucional Autónomo e inició un proceso de depuración de rezago histórico, revisando expedientes acumulados por peculado y enriquecimiento ilícito en los 11 municipios, lo que derivó en la resolución o el archivo de más de 400 investigaciones que carecían de elementos penales constitutivos.

El titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo, el cuestionado Miguel Zogby Cheluja Martínez, confirma las características generales de estas acciones legales: Derivan directamente de los procesos de fiscalización y auditoría aplicados a las cuentas públicas, donde se detectaron presuntas irregularidades financieras no solventadas, dirigidas contra ex servidores públicos de administraciones estatales y municipales.

Los expedientes se turnaron y formalizaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que realizará las investigaciones complementarias para fincar o deslindar responsabilidades penales.

Por cierto, existen investigaciones y señalamientos vigentes en contra de servidores públicos en funciones en la administración estatal y municipal de Quintana Roo.

A diferencia de las auditorías financieras de la Aseqroo -que por su naturaleza revisan “ejercicios fiscales ya cerrados” y, por ende, suelen perseguir a exfuncionarios-, las denuncias contra funcionarios actuales provienen de quejas ciudadanas directas, flagrancia o revisiones internas de las contralorías.

Los frentes principales donde se actúa contra servidores públicos actuales son casos en Cancún, cuyas autoridades confirmaron que la Fiscalía mantiene bajo proceso judicial a servidores públicos municipales adscritos a diversas dependencias, tras ser denunciados por la contraloría interna y ciudadanos bajo política de cero tolerancia.

Las contralorías municipales mantienen bajo investigación a decenas de funcionarios, por ejemplo, en Cancún, donde se detectaron 80 servidores públicos que incumplieron con presentar su declaración patrimonial obligatoria, aunque los reincidentes se turnaron a áreas de investigación.

Sobre los turnados al Ministerio Público, tan sólo en revisiones internas recientes de un municipio, fueron 12 casos hacia las fiscalías competentes para indagar posibles responsabilidades penales derivadas de quejas ciudadanas.

Las intervenciones más comunes contra servidores públicos en funciones ocurren en seguridad ciudadana y tránsito, donde la Fiscalía Especializada interviene cuando un ciudadano o turista extranjero denuncia extorsión o abuso de autoridad en tiempo real, lo que suspende de inmediato al funcionario de su cargo para enfrentar el proceso penal.

¡Pobre Quintana Roo! Y ahora, ¿Cómo podrá defenderse?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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