Detención de policías, ¡“el dedo en la llaga”!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Pese
a la supuesta disminución del índice delictivo en Quintana Roo que presume la
gobernadora Verde, Mara Lezama, a quien seguramente preocupan más sus
excursiones pagadas vía aérea a Estados Unidos, el reciente “levantón” de tres
universitarios y la detención de cuatro policías como responsables directos obligan
a preguntarse en manos de quiénes está la seguridad del Estado.
Tras
la sorpresiva captura de los uniformados durante su pase de lista y cambio de
turno, la cuestionada Fiscalía General del Estado aseguró que el caso no se cierra, y que
están a la espera de más investigaciones de llamadas telefónicas de los
involucrados, análisis de video grabaciones públicas y privadas, así como del
resultado de un cateo en una casa de seguridad de la colonia Adolfo López
Mateos de esta ciudad.
Asimismo,
se investiga a qué grupo delictivo pertenecen las personas a las que los
policías entregaron a los jóvenes que secuestraron a cambio de dinero, aunque
no se anticipa ni descarta a ningún cartel, los más probables el de Caborca,
Jalisco Nueva Generación o de Sinaloa.
De
los policías detenidos, tres son municipales y una mujer estatal -José Rogelio
“N”, Ángel Asael “N”, Ana Karen “N” y José Gerardo “N”-, por su presunta
participación en desaparición forzada, homicidio de grado de tentativa, abuso
de autoridad y robo de vehículo, en agravio de Luis Manuel Cervantes Cámara,
Jonathan Farid Manzanilla Aguilar y Everardo Enrique Hernández Manzanilla.
Según
investigaciones, el 29 de agosto por la madrugada interceptaron a los
universitarios en el bulevar y, en lugar de protegerlos tras una riña en el
centro nocturno Carpe Diem, los entregaron a “un grupo criminal”, aunque los dos
primeros fueron localizados horas después, mientras que el tercero fue hallado vivo
luego de tres días con huellas de agresión física.
Según
el fiscal Raciel López, los imputados están bajo prisión preventiva y
solicitarán contra ellos la pena máxima de 50 años de cárcel, pues, según las
indagatorias, interceptaron a sus víctimas tras salir de la discoteca, cuando Jonathan
Farid y Luis Manuel viajaban en un vehículo contra el que los oficiales
dispararon directamente para forzarlos a detenerse, mientras una patrulla
interceptó a Everardo Enrique en otro automóvil.
Las
autoridades confirmaron que videos clave demuestran que los policías
colaboraban directamente con la delincuencia organizada, de la que recibieron
dinero a cambio de entregar a los jóvenes.
Los
agentes fueron capturados y desarmados durante su pase de lista y, tras ser
fichados, los trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal,
donde están en espera del desahogo de su audiencia inicial ante el juez de
control, que determinaría formalmente su vinculación a proceso.
Sin
embargo, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para
determinar si están implicados más policías, desde cuándo existía este vínculo
de corrupción y capturar a los de la célula criminal que recibió a las
víctimas.
Tras
la imputación formal, las defensas de los policías tienen derecho
constitucional a solicitar duplicar el plazo de 72 a 144 horas para recabar
pruebas a su favor antes de decidir el juez si los vincula formalmente a
proceso.
Así,
en los próximos días se reanudará la sesión jurídica para determinar el auto de
vinculación, aunque, por el peso de las evidencias científicas presentadas -videos
y registros de balística en las patrullas-, el juez iniciaría formalmente el
proceso e instituiría la investigación complementaria.
El
caso causó fuerte indignación social en Chetumal, donde desencadenó
movilización de sociedad civil y despliegues urgentes de seguridad, por ejemplo,
al conocerse el “levantón”, la comunidad estudiantil de la Universidad de
Quintana Roo -a la que pertenecen las víctimas- junto con ciudadanos y
colectivos locales, se unió a demandas masivas en redes sociales y espacios
públicos exigiendo su localización inmediata con vida.
Tras
confirmarse que patrullas policiales estuvieron implicadas en interceptar y
disparar a los jóvenes, ciudadanía y sociedad civil aumentaron protestas
digitales y pronunciamientos públicos, exigiendo depuración profunda de la
Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante evidente
infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones.
Con
Código Rojo en Chetumal, el gabinete de seguridad implementó operativos de
rastreo con drones tácticos y sistema de videovigilancia del C5, lo que
permitió ubicar vehículos sospechosos, detectar movimientos de células
delictivas y blindar entradas y salidas de la ciudad.
Asimismo,
en cateos y casas de seguridad, fuerzas del orden desmantelaron la casa de
seguridad vinculada a células delictivas en la López Mateos, donde decomisaron
armas largas y cortas y drogas, pero el operativo más relevante fue en
instalaciones policiales de Chetumal, donde agentes de la Policía de
Investigación de la Fiscalía ingresaron sorpresivamente durante el pase de
lista y cambio de turno para desarmar y arrestar a los cuatro policías.
A
todo esto, ya existían sospechas previas y preocupación sobre la infiltración
del crimen organizado en las policías de Chetumal y el Sur de Quintana Roo ante
el aumento sostenido de índices de violencia regionales, hasta que este caso
específico transformó las dudas ciudadanas en certeza que confirmaron las
propias autoridades.
Entre
los factores que alimentaban las sospechas se incluye el aumento previo de delincuencia
en el bulevar, ya que antes del secuestro había alertas por hallazgo de restos
humanos y reportes de “levantones”, cuya recurrencia en una de las zonas más
transitadas de la capital hacía sospechar de posible omisión o protección
activa de la policía.
La
detención de los uniformados no sólo se basó en presunciones. La Fiscalía confirmó que las sospechas
institucionales se corroboraron tras analizar grabaciones de video de las
propias patrullas, cuyo material expuso a los agentes recibiendo dinero en
efectivo de la delincuencia organizada a cambio de entregarles a los jóvenes.
A
raíz de lo ocurrido, la línea de investigación principal de las autoridades ya
no se limita a este caso aislado, sino que busca esclarecer desde cuándo
operaba este vínculo económico y operativo entre detenidos y célula criminal y
si otros mandos o agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana forman parte de la misma red de filtración de información y
entrega de ciudadanos.
Las
autoridades manejan el nombre de la organización criminal responsable bajo
estricto hermetismo institucional, por lo que se refieren a ella sólo como “célula
delictiva” o “grupo criminal” y hasta ahora no imputa públicamente el secuestro
a un cártel específico, aunque el contexto del mapa del narcotráfico en la
región y reportes de seguridad previos identifican las dinámicas del área.
La
zona sur, particularmente la frontera en Chetumal, la identifican analistas de
seguridad como territorio en disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa -ha
tenido históricamente fuerte presencia en la frontera sur- y células ligadas al
Cártel Jalisco Nueva Generación.
La
Fiscalía enfoca sus investigaciones en identificar a los específicos que
operaban la casa de seguridad desmantelada en la López Mateos, utilizada por el
brazo armado que recibió a los jóvenes, y la prioridad de la investigación es
identificar la cadena de mando de esa “célula” para determinar a qué estructura
criminal mayor respondían los sobornos a los policías.
El
Cártel de Caborca no sale limpio de sospechas, ya que inteligencia militar y
federal lo ubican como una de las principales organizaciones generadoras de
violencia que se disputan el control de Chetumal y frontera sur.
El
cártel -que fundó originalmente Rafael Caro Quintero y operan en la zona
líderes criminales identificados como “El Toledo”- basa gran parte de su
expansión en el sur de Quintana Roo con cooptación y soborno de autoridades
locales y cuerpos policíacos.
En
este sentido, ningún grupo criminal se descarta o declara “limpio”, aunque
autoridades federales atribuyen la reciente ola de violencia en Chetumal y el bulevar
a una batalla frontal entre facciones remanentes de Los Caborca, el Cártel de
Sinaloa y células del CJNG.
Fiscalía
y Gabinete de Seguridad Federal mantienen bajo análisis los teléfonos celulares
confiscados a los cuatro policías, así como el dinero y las armas decomisadas
en la casa de seguridad de la López Mateos, y a través de peritajes balísticos
y de telecomunicaciones se determinará formalmente a qué estructura criminal
mayor respondían los agentes.
Por
otro lado, una de las líneas de investigación vincula directamente el secuestro
con la riña la misma noche del “levantón”, cuando los tres jóvenes sostuvieron
acalorada discusión y riña con otros sujetos minutos antes en el centro
nocturno, tras lo cual, los sujetos con los que pelearon -presuntamente
vinculados a la célula delictiva que operaba en la zona- habrían ordenado su
captura.
Por
su parte, Carpe Diem publicó que cooperó de inmediato entregando sus
grabaciones de video a la Fiscalía, y que la salida de los universitarios del
establecimiento fue con normalidad y que el secuestro ocurrió cuadras adelante.
Este
trasfondo explica por qué el grupo criminal utilizó a los policías como su “brazo
operativo” inmediato para perseguir, balear los neumáticos de los autos y
detener a los jóvenes a unos metros del lugar, completando la entrega a los
delincuentes a modo de “represalia”.
Por
su lado, las investigaciones incluyen acciones legales directas contra todos
los participantes del suceso. El estatus de las órdenes de captura y las
acciones judiciales contra los involucrados en la riña y el secuestro será con
la identificación de los agresores del antro
La
Fiscalía trabaja estrechamente con la administración del antro a través de los
videos de las cámaras de seguridad internas, con lo que logró identificar
rostros e identidad de los sujetos con los que los universitarios riñeron.
Aunque
los primeros en ser capturados fueron los policías -por el riesgo de fuga-y por
haber sido descubiertos con cámaras de sus propias patrullas-, se integran
carpetas de investigación para proceder contra ellos por secuestro, homicidio
en grado de tentativa y vínculos con la delincuencia organizada.
Las
investigaciones arrojaron los primeros despliegues tácticos coordinados por
Ejército, Marina y Fiscalía en Chetumal. El objetivo prioritario de las recientes
órdenes de cateo en la López Mateos era capturar formalmente a los autores
materiales e intelectuales de la agresión desde el antro, por lo que el caso no
se cerrará con las detenciones, sino que se persigue a toda la cadena de mando
de la célula delictiva.
En
otro orden de ideas, las autoridades incrementaron acciones de fiscalización y
operativos de seguridad en el bulevar a raíz del ataque y secuestro de los
universitarios, ya que la exigencia ciudadana es revisión.
Aunque
el altercado inicial ocurrió en el antro, el secuestro como tal fue en la vía
pública, cuadras adelante, aunque el caso detonó fuerte escándalo respecto a la
operación de Carpe Diem, provocando a la ciudadanía exigir a la Dirección de Fiscalización
Municipal revisar a fondo permisos de alcoholes, condiciones de seguridad y
flagrante extensión de horarios de operación que, presuntamente se prolongaban
de forma irregular.
Paralelamente,
fuerzas estatales y federales desplegaron órdenes de cateo en la capital que
derivaron en la colocación de sellos de clausura judicial en otros centros nocturnos,
tales como los bares Terraza Colonial y Bennys.
En
refuerzo a la vigilancia nocturna, Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional
redoblaron patrullajes y filtros de revisión en los accesos y salidas del bulevar,
especialmente al horario de cierre de centros nocturnos para evitar nuevos
incidentes de violencia.
La
alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, adoptó una postura
de “cero tolerancia” frente a la detención de sus policías, aunque su mensaje
también se enfocó en contener el impacto político y defender la reputación
general de la corporación.
Por
canales oficiales, fijó postura con absoluto rechazo a cualquier acto de
corrupción o colusión con el crimen organizado en su policía, donde aseguró que
no se encubrirá a nadie, mientras pidió no generalizar ni juzgar a toda la policía por la
conducta delictiva de unos cuantos, pues cuentan con buenos agentes dedicados a
proteger a la población.
Por
último, aseguró que su “gobierno” mantiene total apertura para colaborar con
Fiscalía y fuerzas federales para facilitar investigaciones y aplicar todo el
peso de la ley a los responsables.
Pese
a su pronunciamiento, prensa y sectores locales en Chetumal calificaron su reacción como tardía -un “control de daños”-,
señalando que el caso expone graves vacíos en los filtros de control de
confianza institucionales y fallas en la supervisión de policías en activo.
Tras
este posicionamiento, Comuna y autoridades del Estado implementaron medidas y
ajustes administrativos en la corporación, como auditoría interna y exámenes de
control de confianza, y aunque no se anunció cese masivo, la Comuna dio luz
verde a revisión interna exhaustiva de expedientes.
Así,
se instruyó agilizar y endurecer las pruebas de control de confianza para el
resto de los policías en activo, con el objeto de identificar perfiles de
riesgo y detectar posibles nexos adicionales con células delictivas.
Aunque
las bajas administrativas formales de los detenidos se procesaron ante su
reclusión en el Cereso, la Comuna mantiene el acuerdo de suspensión inmediata
de cualquier otro policía que la Fiscalía señale como sospechoso conforme avance la
revisión de datos telefónicos y balísticos.
No
se reporta cambio inmediato del titular de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, Manuel Santibáñez Cortés, ya que la estrategia de seguridad opera
bajo el esquema de Mando Único en coordinación directa con la Secretaría de
Seguridad estatal y las fuerzas federales.
En este sentido, cualquier
reestructuración de alto nivel en mandos dependerá de la estrategia conjunta
que determinen Federación y Estado.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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