¡Severas críticas sobre “desconocida” Comisión!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Poco conocida para la comunidad, pero con millonario gasto presupuestal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (CEAVEQROO) enfrenta severas críticas de opinión pública, colectivos de víctimas y propio personal por denuncias de corrupción, nepotismo, aumentos salariales desproporcionados, maltrato laboral y deficiencias graves en la atención a las víctimas.

Encabezado desde hace más de un año por María Elena García Flores, cuestionada desde su nombramiento, medios de comunicación y trabajadores de la propia institución, que tiene un presupuesto de 39.136 millones de pesos, exhiben desmedidos aumentos -hasta de 133%- a mandos directivos y personal seleccionado bajo sospechas de nepotismo.

Esto contrasta con las condiciones del personal operativo -asesores y personal que cubre guardias-, que denuncian sueldos bajos y tener que costear de su propio bolsillo insumos básicos como gasolina para acudir a diligencias de la Fiscalía o los juzgados.

Por su lado, sus usuarios se quejan de que procesos para recibir reparación integral del daño toman años en concretarse, además de reportarse que las víctimas frecuentemente tienen que promover amparos recurrentes para obligar al organismo a liberar pagos correspondientes a medidas de reembolso y asistencia básica.

Además, madres buscadoras y colectivos de víctimas realizan manifestaciones pacíficas para denunciar bloqueos institucionales y revictimización.

Antes de que García Flores asumiera la titularidad, la Comisión atravesaba por otra etapa de inestabilidad y quejas por falta de liderazgo, cuando estaba temporalmente de encargada Landy Beatriz Blanco Lizama, pero sociedad civil y colectivos demandan al Congreso del Estado y al “gobierno” Verde de Mara Lezama una designación transparente para asegurar perfiles independientes, capaces y real perspectiva de derechos humanos.

Por si fuera poco, la institución también acumula quejas por conflictos de interés y presunta violencia laboral, particularmente hacia mujeres adscritas al organismo. Adicionalmente, la integridad de los servicios se vio afectada por incidentes específicos que dañaron la confianza pública, como la detención penal de asesores jurídicos en funciones del organismo por violencia familiar.

El caso es que la Comisión se caracterizaba por su reestructuración institucional y operación bajo una nueva titularidad, pero, pese a cambios directivos orientados a recuperar la confianza ciudadana, sigue bajo intensa fiscalización pública.

El Congreso nombró a García Flores como Comisionada tras un período de inestabilidad interna y reclamos por falta de liderazgo, con el mandato explícito de reestructurar operaciones y erradicar la insensibilidad burocrática que denunciaban familias de las víctimas.

Según la Secretaría de Gobierno, durante su gestión de este año se agilizaron ciertos apoyos institucionales, entre ellos 11,400 medidas de atención y beneficio a más de 2,200 víctimas, 71% de ellas mujeres y participa en mesas nacionales de coordinación para homologar asistencia y padrones de reparación del daño.

No obstante los ofrecimientos de renovación con su nombramiento, la CEAVEQROO sigue en el ojo del huracán con auditorías ciudadanas, entre ellas denuncias presupuestales, donde filtraciones de la Plataforma Nacional de Transparencia exponen que con la nueva funcionaria se validaron los aumentos salariales para mandos superiores, lo que avivó las protestas por falta de recursos asignados a los asesores jurídicos de campo.

Los colectivos de madres buscadoras y víctimas de violencia de género mantienen guardias de supervisión social, exigiendo que las cifras oficiales de atención se traduzcan en reparaciones económicas efectivas y no se queden sólo en asesorías psicológicas iniciales.

García Flores llegó al cargo por designación directa de la XVIII Legislatura del Congreso para tres años, a partir del 28 de agosto de 2025 hasta agosto de 2028.

El proceso se activó al término del periodo de Blanco Lizama, quien dejó la dependencia en medio de severas críticas de ineficacia por parte de colectivos y subordinados, pero se incorporó como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, por lo que el Gobierno del Estado emitió convocatoria abierta a sociedad civil y colectivos de víctimas para conformar una terna de aspirantes.

Tras una evaluación de perfiles que propuso el Ejecutivo, el Pleno del Congreso sometió a votación el nombramiento, y García Flores resultó electa en sesión donde también se ratificaron otros puestos clave de la administración pública y de órganos internos de control de la entidad.

Su llegada al cargo no estuvo exenta de polémica y es parte de las razones por las que se le cuestiona, entre ellos vínculos institucionales previos, pues antes de asumir la dirección de la Comisión fungía como secretaria particular del entonces Fiscal General, el repudiado Óscar Montes de Oca Rosales.

En este sentido, activistas y organizaciones civiles criticaron su origen, con el argumento que su cercanía previa con la Fiscalía representaba posible conflicto de interés, ya que la Comisión debe actuar de manera autónoma para defender y asesorar víctimas, frecuentemente presionando u observando las omisiones de la propia Fiscalía.

García Flores, sin embargo, no es la única cuestionada en la Comisión, sino también Aldo Orlando Chim Guerrero, director de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, y Gustavo Eduardo Radilla Navarro, director de Administración y de Archivos, calificados en forma sumamente negativa y un papel escandaloso por personal operativo y medios informativos.

Las denuncias públicas e investigaciones periodísticas, fundamentadas en datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, exponen su gestión bajo una serie de señalamientos críticos.

El principal, aumentos salariales desproporcionados: Se les cuestiona severamente haber duplicado sus percepciones económicas en un lapso muy corto. Las obligaciones de transparencia revelaron que el sueldo bruto mensual de Chim Guerrero -era coordinador de la Fiscalía General en Cozumel en 2018- pasó de 26,694 pesos a 52,492 pesos -un incremento de 96.6%-, mientras el de Radilla Navarro se elevó de 26,474 pesos a 61,612 pesos mensuales, con un incremento de 132.7%.

De acuerdo con reportes publicados por medios como el portal ContraCorriente, el financiamiento para los aumentos salariales coincidió con el despido presuntamente injustificado de tres asesores jurídicos en enero. En lugar de cubrir las plazas vacantes para robustecer la defensa de ciudadanos, sólo contrataron a una persona con el recurso restante para beneficiar la nómina de la cúpula directiva.

Trabajadores de la Comisión señalan grave incongruencia en el ejercicio presupuestal liderado por ambos directivos. Mientras se adjudicaron altos sueldos, personal de campo -que cubre guardias nocturnas, de fin de semana y asiste a audiencias- percibe menos de 8 mil pesos quincenales y paga con dinero propio insumos básicos como gasolina para acudir a juzgados o fiscalías.

Así las cosas, tanto Chim Guerrero como Radilla Navarro concentran el descontento social de la institución, siendo señalados de anteponer el beneficio económico personal por encima de las necesidades apremiantes de reparación del daño de las víctimas del estado.

A todo esto, la gobernadora viajera Verde, Mara Lezama, afirma operar bajo modelo de austeridad y combate frontal a la corrupción. Argumenta que los presupuestos están sujetos a fiscalización de la no menos cuestionada Auditoría Superior del Estado y órganos internos de control, encargados de revisar cuentas públicas de manera formal.

Su narrativa oficial sostiene que el dinero público se defiende activamente, señalando como prueba las denuncias formales que interpuso su “gobierno” contra el desvío de recursos de administraciones anteriores.

Por otro lado, oposición, periodistas y colectivos de víctimas sostienen que existe “omisión deliberada” o protección política hacia mandos medios y superiores, por lo que argumentan que las irregularidades de la Plataforma Nacional de Transparencia -como los incrementos a directivos en detrimento de personal operativo- ocurren de forma abierta sin que los órganos anticorrupción intervengan de oficio de manera inmediata.

Los críticos asocian la falta de sanciones rápidas a compromisos políticos internos, señalando que la designación de los perfiles directivos a menudo responde a cuotas o cercanías institucionales, lo que debilita los contrapesos y la fiscalización real dentro de las propias dependencias estatales.

Ignorado por muchos, la función formal de la Comisión es garantizar, promover y proteger derechos de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en el Estado de Quintana Roo, con el objetivo central de asegurar a las víctimas atención integral, asesoría jurídica especializada y la reparación del daño de acuerdo con la legislación local y nacional.

Para este propósito, la ley le otorga facultades y obligaciones, como asesoría jurídica gratuita para representar legalmente a las víctimas a través de asesores jurídicos capacitados en todas las etapas del proceso penal ante Fiscalía y juzgados.

Como ayuda inmediata, debe proveer de forma urgente servicios de alimentación, alojamiento transitorio, transporte de emergencia, atención médica y apoyo psicológico a las víctimas que lo requieran por la gravedad de hechos.

Sobre acceso al Fondo de Ayuda y Reparación, requiere administrar los recursos económicos para indemnizar víctimas y cubrir gastos derivados de la reparación integral del daño, como gastos médicos, funerarios, de subsistencia o de rehabilitación.

En torno al Registro Estatal de Víctimas (REVI), la Comisión tiene la facultad de centralizar, controlar y actualizar el padrón oficial de víctimas en el Quintana Roo para facilitar su acceso ordenado a programas de apoyo y subsidios gubernamentales.

Por último, en materia de políticas públicas de prevención, está obligado a diseñar y proponer planes institucionales dirigidos a evitar revictimización y garantizar la no repetición de delitos por parte de las autoridades del estado.

Ahora bien, fuentes bien documentadas revelaron que García Flores, uno de los cuadros más cercanos del repudiado ex fiscal Montes de Oca, cuando éste cayó en desgracia se quedó con la encomienda de permanecer cerca del poder y, sin perder un segundo, se incrustó en el grupo cercano del nuevo fiscal, Raciel López, quien le dio un lugar privilegiado por su capacidad de “comprar” a las “victimas” dándoles lo que piden, con tal de no salir a las calles a manifestarse.

Su nombramiento fue un auténtico golpe a la dignidad ciudadana, cuando el Congreso la premió por ser ex mano derecha de Montes de Oca, siempre señalado por corrupción y presuntos vínculos con células delictivas.

Con todo, lejos de tomar en cuenta los oscuros antecedentes del ex funcionario y a su círculo cercano, los diputados cerraron los ojos y, en el Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones, entregaron a García Flores la codiciada silla de titular de la Comisión, lo que desde entonces se vio como premio mayor a la impunidad, que desnudó la complicidad política y dejó en evidencia cómo, bajo el disfraz de la “Transformación con justicia social”, se reparten cargos a los más leales al poder, aunque estén rodeados de sospechas.

En tanto, las víctimas de Quintana Roo, que deberían estar en el centro de las políticas públicas, siguen relegadas… y en manos de personajes cuestionados.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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