¡Sorpresiva reaparición de ex alcaldesa panista!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Protegida por el
gobierno de Morena, aunque todavía bajo investigación de millonario fraude y
desvío de recursos, aunque Usted no lo crea, la ex panista ex presidenta
municipal de Playa del Carmen, Roxana Lili Campos Miranda, sorpresivamente, asumió
el cargo de ¡titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo
de la Ciudad de México!
Con
una incorporación sólo conocida formalmente por documentos de Transparencia de
ese gobierno y su Fiscalía General de Justicia, que encabeza Bertha María Alcalde
Luján, su nombramiento surge mientras enfrenta procedimientos administrativos
en Quintana Roo, donde el Órgano Interno de Control de ese municipio y la
Auditoría Superior de la Federación investigan irregularidades financieras y
desvío de recursos públicos en 2023.
Aunque
la nueva funcionaria gobernó Playa del Carmen (2021-2024) con las siglas del
PAN, tras dejar el cargo comenzó a sostener encuentros y vincularse con figuras
clave de la llamada "4T" en la metrópoli, entre ellos Ricardo Monreal
Ávila, influyente senador de Morena, con quien se le vio públicamente en
eventos, así como Citlalli Hernández, presidenta
de la Comisión de Elecciones de Morena y el también diputado federal Pedro
Haces Barba, líder sindical y destacado operador político ligado a Morena.
(Como
se sabe, el diputado federal zacatecano Monreal Ávila se caracteriza por
haberse convertido en “padrino” de otras cuestionadas políticas de Quintana
Roo, inclusive acusado de apoyarlas en “lavado” de dinero, como es el caso de la
camaleónica Marybel Villegas Canché quien, contra todos los pronósticos, se
registró como aspirante a la coordinación de Morena en Quintana Roo)
Adicionalmente,
medios como Revista Proceso, señalan
que la ex alcaldesa Campos Miranda comenzó a ser vista en actos políticos de la
propia presidenta Claudia Sheinbaum, lo que consolidó su transición a la
esfera pública de la Ciudad de México, que gobierna Clara Brugada.
Así
las cosas, actualmente desempeña funciones bajo las órdenes directas de la Fiscal
General de la capital, ya que no esta
inhabilitada ni suspendida formalmente para ejercer cargos públicos, por lo que
legalmente pudo asumir su nuevo puesto.
La
confusión deriva de factores legales y procesales vigentes, donde existe una investigación
en curso, mas no sentencia. El Órgano Interno de Control de Playa del Carmen, de
la que es titular Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, y
la Auditoría Federal mantienen abiertos expedientes administrativos por
presuntas irregularidades financieras, aunque la primera aclaró que el caso
sigue en investigación, por lo que no existe sentencia firme ni inhabilitación
que le impida trabajar en la administración pública.
De
comprobarse faltas graves a futuro, el caso tendría que ser turnado al Tribunal
de Justicia Administrativa para determinar una sanción definitiva, aunque la
disputa está en tribunales federales por “suspensiones” en juicios de Amparo que
promueve su defensa, ya que Campos Miranda recurrió al Poder Judicial de la
Federación para intentar detener órdenes de comparecencia y edictos de búsqueda
emitidos en Quintana Roo para rendir cuentas.
Aunque
hace unas semanas obtuvo suspensión provisional para frenar temporalmente
audiencias ante la Contraloría local, jueces del Juzgado Segundo de Distrito
terminaron por desechar sus amparos por considerar improcedente frenar procesos
obligatorios de fiscalización, ante lo cual su equipo legal interpuso recursos
de queja.
En
resumen, su gestión como alcaldesa está bajo intenso escrutinio y
fiscalización, pero, al gozar de presunción de inocencia y no contar con un
impedimento legal firme, mantiene a salvo sus derechos políticos y laborales
para incorporarse a la Fiscalía.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/02/cochinero-en-gastos-de-nueva-morenista.html
Con
todo, su nombramiento como figura política en un nuevo cargo público mientras
enfrenta investigaciones por su gestión anterior se analiza y califica desde
distintas perspectivas en el ámbito legal, político y social.
Desde
la perspectiva legal y constitucional, se califica apegado al principio de
presunción de inocencia y derecho al trabajo, criterio bajo el cual, mientras la
autoridad administrativa o judicial no emita sentencia firme o inhabilitación
definitiva, mantiene a salvo derechos políticos y laborales, por lo que,
legalmente, no existe impedimento para su contratación.
Desde
la perspectiva política y de la oposición, se califica estrategia de “blindaje
político”, “impunidad” o “refugio”. Críticos y opositores argumentan que este
tipo de designaciones buscan otorgar protección institucional, influencia o
redes de apoyo a ex funcionarios cuestionados para evadir o retrasar rendición
de cuentas en sus Estados de origen.
Asimismo,
desde perspectiva de pragmatismo político y alianzas, se interpreta como
resultado de negociación o transición de fuerzas, y en contexto mexicano,
cuando un perfil cambia de espectro político -en este caso, de la oposición
hacia el grupo gobernante en la capital-, su incorporación suele verse ser acuerdo
de sumisión, asimilación o aprovechamiento de capital político y experiencia
técnica.
Desde
la opinión pública y la ética, con frecuencia se califica con desaprobación y
desconfianza. Para un sector ciudadano, que un funcionario bajo investigación
por desvío de recursos públicos se promueva a un área sensible -como Fiscalía
de Delitos- contradice promesas de combate a la corrupción e idoneidad en el
servicio público.
Como
todo mundo sabe, a Campos Miranda se le investiga principalmente por desvíos de
recursos y anomalías en cuentas públicas de su trienio, con expedientes
administrativos integrados tanto por órganos locales como federales.
En
el ejercicio fiscal 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó
irregularidades financieras y presunto daño patrimonial por más de 80 millones
de pesos.
De
acuerdo con auditorías federales, los señalamientos específicos incluyen
inconsistencias en gasto de obra pública y financiamiento de partidas
polémicas, entre ellos compra de boletos de avión para el equipo deportivo
local Inter Playa.
Por
otro lado, la Auditoría Superior de Quintana Roo mantiene observaciones sobre
el destino de más de 170 millones de pesos de sus ejercicios fiscales
anteriores, pero debido a que los plazos de solventación concluyeron sin
acreditarse debidamente su uso, el órgano trabaja en integrar expedientes que
podrían turnarse como denuncias penales.
Paralelamente
al escrutinio contra Campos Miranda, indagatorias locales derivaron en acciones
contra ex funcionarios de su gobierno, entre otros, por la presunta adquisición
irregular de terrenos a precios irrisorios, por el que se detuvieron en su
momento a su ex secretaria privada, Ariadne Vázquez Canul, y a su ex secretario
de asuntos contenciosos, Jorge Zavaleta Pellat.
A
todo esto, reiteramos, hasta hoy la Fiscalía de la CDMX no emite algún comunicado,
justificación institucional o conferencia de prensa para defender el
nombramiento de Campos Miranda, cuya incorporación se conoció por filtración de
documentos oficiales y solicitud de información a la plataforma de
Transparencia.
Sin
embargo, fuentes internas gubernamentales y análisis del perfil curricular de
la ex alcaldesa sugieren que su designación se sustenta bajo dos criterios, uno
de ellos su trayectoria y experiencia técnica en procuración de justicia
Antes
de incursionar en la política local y ser alcaldesa, habría consolidado amplia
carrera en derecho penal y procuración de justicia en el Sureste del país, por
lo que cumple requisitos de experiencia especializada que exige la Fiscalía para sus mandos de investigación:
Es
Maestra en Derecho Penal y Empresarial, fungió como Visitadora de la Comisión
de Derechos Humanos de Quintana Roo, se desempeñó como Coordinadora General de
Ministerios Públicos en la Riviera Maya y fue nombrada Encargada de Despacho de
la Fiscalía General del Estado en 2016.
Desde
el punto de vista normativo y de control interno, la Fiscalía capitalina opera
bajo el principio de que no existen impedimentos legales vigentes para su
contratación, y al no contar con sentencia penal condenatoria, auto de
vinculación a proceso restrictivo, ni resolución firme de inhabilitación de
órganos de fiscalización de Quintana Roo, cumple formalmente con la carta de no
inhabilitación para el servicio público y conserva plenamente derechos
laborales y civiles.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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