¡Persecución de prensa a AMLO, “comprensible”!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

El sexenio del priísta Peña Nieto (2013-2018) tuvo el mayor gasto en comunicación en la historia de México, 60,237 millones de pesos, lo que disminuyó 78% con su sucesor López Obrador (2018-2024), con sólo 14 mil 500 millones, lo que es razón suficiente para entender la persecución y ataques de la mayoría de los medios de información contra el fundador de Morena.

Por si fuera poco, la tendencia de AMLO en materia de esos gastos, se mantiene con su sucesora Claudia Sheinbaum, quien sostiene la línea presupuestaria baja, a grado tal que, en su primer año de gestión, la erogación en partidas federales por publicidad oficial fue de 4,436 millones de pesos.

 Y vaya que la mayoría de medios tiene “suficientes motivos” para cuestionar una y otra vez de cualquier modo, sobre todo cuando recordamos que, en mayo de 2019, la Presidencia de la República entregó al INAI un listado con registros de contratos de publicidad oficial y comunicación otorgados a 36 personas físicas y morales (periodistas y empresas) con Peña Nieto.

En el listado, aparece con el monto más alto Joaquín López Dóriga, con más de 251.4 millones de pesos; en segundo sitio, Federico Arreola-Periódico Digital Sendero, con 153.5 millones; y en tercero, Enrique Krauze -Clío y la revista Letras Libres, con 144.1 millones.

Después de ellos, Óscar Mario Beteta, 74.5 millones de pesos; Beatriz Pagés, 57.4 millones; Callo de Hacha, 47.3 millones; Raymundo Rivapalacio, 31.1 millones; Ricardo Alemán; 25.8 millones; Adela Micha, 24.3 millones, y Luis Soto, 23.6 millones.

Les siguen Pablo Hiriart, 22.1 millones de pesos; Jorge Fernández Menéndez, 19.5 millones; Rafael Cardona, 15.8 millones; Roberto Rock, 15.8 millones; Francisco García Davish, agencia Quadratin, 14.3 millones; Eunice Ortega, 10.6 millones, y Maru Rojas, 9.5 millones.

Por último, aparecen Guillermo Ochoa, 8.1 millones de pesos; Animal Político, 7.7 millones; Eduardo Ruiz Healy, 4.2 millones, y Nino Canún, 1.6 millones de pesos.

Tan sólo en el caso de Sergio Sarmiento, el periodista Ricardo Sevilla publicó una investigación en la que documenta presuntos pagos realizados en gobiernos anteriores, por conferencias de las que, según la investigación, no existirían evidencias de su realización.

Entre sus datos, Sevilla dice que, en mayo de 2007, cuando Josefina Vázquez Mota era titular de la SEP, se autorizó un pago de más de 1.1 millones de pesos a Sarmiento por una conferencia para el INEA, pero no se encontraron pruebas documentales de que hubiera impartido.

Asimismo, señala que, años después, durante la gestión de Esteban Moctezuma Barragán al frente de la SEP, Sarmiento recibió 34 mil 800 pesos mediante el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como parte de una relación cercana entre comunicador y funcionarios del sector educativo.

En total, la lista con “chayoteros” desglosa - entre 2013 y 2018- un gasto de más de 1,011.8 millones de pesos, apenas 1% de lo que gastó Peña Nieto en 2017 en publicidad oficial, con 11 mil 240 millones.

No obstante, en la lista difundida, no aparecieron las televisoras Grupo Televisa ni TV Azteca, que recibieron 26.9% de la publicidad oficial, ni los diarios El Universal, Excélsior, Milenio y Reforma, de los principales proveedores en ese sexenio, según informe de Gobernación.

En total, entre 2013 y 2017, el total del gasto en publicidad oficial ascendió a 50 mil 862 millones de pesos, esto es 23 mil 410 millones de pesos más de lo aprobado inicialmente por el Congreso de la Unión, según análisis de Fundar, aunque, en su último año, Peña Nieto gastó 449% más de lo programado en comunicación social.

El presupuesto aprobado para todas las secretarías de Estado a comunicación social durante 2018 fue mil 160 millones de pesos, pero el PRI gastó más de 6 mil 373 millones de pesos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en su análisis del gasto de la cuenta pública.

Sobre el particular, varios aclararon públicamente que los montos no correspondían a ingresos personales directos (salarios o sobresueldos), sino a pagos facturados por concepto de publicidad institucional, inserciones y campañas de difusión gubernamental prestados por sus empresas o medios de comunicación.

Sin embargo, el significado de la lista tiene dos lecturas fundamentales, una institucional y legal, y otra política y de percepción pública. En su significado técnico, el de publicidad oficial, en términos legales y comerciales, estos montos corresponden a contratos de publicidad oficial.

Como servicio comercial, el gobierno de Peña Nieto contrató espacios (comerciales, banners, inserciones en revistas o programas de radio) en los medios de estos periodistas para difundir campañas gubernamentales en materia de salud, educación, turismo, por ejemplo.

En este sentido, como ingresos empresariales, la gran mayoría de estos recursos no fueron salarios directos para periodistas, sino ingresos destinados a sus empresas productoras, revistas o portales de noticias para pagar nóminas, producción y operación técnica.

Su significado político. Desde luego, es el control de la línea editorial, por lo que el trasfondo crítico de la lista -y la razón por la que el gobierno de López Obrador la hizo pública en 2019- radica en el uso de publicidad oficial como mecanismo de control e influencia sobre la prensa.

Respecto al “Chayote” institucionalizado, históricamente en México, se ha criticado que los gobiernos utilicen la asignación de publicidad oficial para premiar a los medios que hablan bien del presidente y castigar -retirando los contratos- a los que son críticos.

Durante el sexenio del priísta, la asignación de estos contratos no seguía criterios claros de audiencia o impacto, sino decisiones discrecionales del gobierno, lo que comprometía la independencia de los líderes de opinión.

Para la opinión pública, la revelación de estas cifras millonarias afectó severamente la credibilidad y neutralidad de los periodistas mencionados, al quedar expuestos como dependientes del dinero del presupuesto público para sostener sus proyectos e ingresos.

Durante todo el sexenio de Peña Nieto, el gobierno federal gastó más de 60 mil 237 millones de pesos en publicidad oficial y, según investigaciones de organizaciones civiles, como Artículo 19 y Fundar, este gasto histórico se caracterizó por una serie de factores, entre ellos el sobreejercicio constante, pues su gobierno gastó de manera sistemática mucho más dinero del que la Cámara de Diputados le aprobaba originalmente.

En una alta concentración, un grupo muy reducido de sólo 10 medios de comunicación concentró 48% de toda esa bolsa multimillonaria, dejando 52% restante a repartir entre más de 850 medios, pero, como era de esperarse, la televisión fue el gran ganador, y que las grandes cadenas de TV abierta -sobre todo Televisa y TV Azteca- fueron las más beneficiadas.

Los mil millones de pesos repartidos entre los 36 comunicadores y sus empresas particulares representaron solo una pequeña fracción del gigantesco presupuesto que se utilizó de forma global para la difusión e imagen del gobierno federal.

Sí las cosas, al comparar las cifras, se observa una reducción drástica en el monto total de dinero, pero una continuidad en las prácticas de concentración y falta de reglas claras, aunque el gasto federal cayó de forma contundente a partir de 2019 gracias a la política de austeridad en el sector:

No obstante, a pesar de que el dinero total disminuyó, Artículo 19 y Fundar documentaron que el vicio de repartir de forma discrecional continuó: Con Peña Nieto, los grandes ganadores fueron Televisa y TV-Azteca, que acapararon casi la mitad de los contratos junto con otros 8 medios masivos.

Con AMLO, se dio un fenómeno llamado “hiperconcentración”, donde sólo tres medios de comunicación recibieron 28% de todo el presupuesto del sexenio, donde el diario La Jornada se sumó a las grandes empresas televisivas como los tres principales receptores del dinero federal.

En tanto, con Claudia Sheinbaum, se reconfiguró la distribución hacia las grandes televisoras, donde Televisa mantiene asignaciones importantes y cadenas como TV Azteca redujeron sus presupuestos en ceros en la asignación publicitaria de su gobierno.

Un dato relevante es que, mientras el gobierno federal redujo sus gastos publicitarios, el fenómeno se mudó a los Estados, que hoy en día sus gobiernos acumulan más de 70% de todo el gasto publicitario de México, como espacio donde los medios locales siguen dependiendo enteramente de pautas de los gobernadores de todos los partidos políticos.

El PAN, por su parte, tampoco cantó mal las rancheras en sus dos sexenios Al frente de la Presidencia, ya que su gasto en materia de publicidad oficial documentó un crecimiento exponencial y sentó las bases para el sobreejercicio presupuestal que después alcanzaría su punto máximo con Peña Nieto.

Así, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación y análisis de Fundar y Artículo 19, los montos totales con Vicente Fox (2000-2006), quien sólo pudo darse el lujo de expulsar al PRI de la Presidencia por primera ocasión en decenas de años, ascendieron en total a 16 mil 324 millones de pesos.

El promedio anual fue de alrededor de 2 mil 720 millones de pesos al año -unos 7.5 millones de pesos diarios-, donde el año con menor inversión en medios de comunicación fue 2001 -1,934 millones- y el más alto en 2005, previo al año electoral, cuando alcanzó 3 mil 282 millones de pesos.

Su sucesor, el siempre cuestionado Felipe Calderón (2006-2012), gastó en total 38 mil 725 millones de pesos, aunque algunos informes consolidados de fiscalización estiran la cifra final hasta 39 mil 040 millones, con un promedio anual cerca de 6 mil 454 millones, unos 18 millones diarios.

En este sentido, gastó más del doble de Fox, lo que respondió fuertemente a costosas campañas de difusión para promover operativos y “logros” de su “guerra contra el narcotráfico”, así como a spots de salud e infraestructura. Por lo que su último año de gobierno (2012) fue el más caro de su gestión, cerrando con más de 8 mil 400 millones de pesos ejecutados.

Ambos ex presidentes panistas fueron criticados en su momento tras auditorías federales por implementar la práctica de “sobreejercicios masivos", es decir, solicitar a la Cámara de Diputados un bajo presupuesto en comunicación social y, sobre la marcha del año fiscal, transferir dinero de otras secretarías -como Salud o Educación- para asignarlo directamente a contratos con televisoras y radiofrecuencias.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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