¡Bloquea Hacienda 25 cuentas bancarias de Q. Roo!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Quintana Roo se incluyó en la lista de bancos con cuentas con indicios suficientes de que los recursos financieros están vinculados a delitos graves, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le bloqueó 25 cuentas, aunque se incluyen otros Estados como Tabasco, con 247; Yucatán (108), Veracruz (20) y Campeche (10)

A diferencia de entidades con mayor incidencia, los detalles específicos para el Estado se mantienen bajo estricta reserva legal, por lo que la dependencia federal no reveló nombres de las personas físicas ni de las empresas afectadas.

Tampoco se hizo público el saldo total o la cantidad de dinero exacta congelada en la entidad, y los expedientes y delitos específicos -como extorsión, “lavado” de dinero o nexos con crimen organizado- que originaron estas inmovilizaciones locales permanecen bajo reserva.

Asimismo, la Unidad tampoco especificó cuáles municipios fueron los afectados en el informe oficial.

En este sentido, el desglose territorial detallado por la dependencia se mantuvo bajo estricta reserva legal por el sigilo de las investigaciones, aunque, históricamente, este tipo de operativos financieros en Quintana Roo suelen concentrarse en municipios con mayor dinamismo económico y flujo turístico.

Por ejemplo, Benito Juárez es principal foco por el volumen de transacciones de sus sectores comercial, hotelero e inmobiliario; Playa del Carmen, segunda zona de relevancia por actividades ligadas al entretenimiento y desarrollo urbano, y Tulum, bajo constante monitoreo por rápido crecimiento de inversiones de capital en su sector turístico.

La decisión de no revelar los municipios, nombres de los titulares ni montos específicos busca proteger el debido proceso y evitar que los involucrados intenten ampararse antes de avanzar las carpetas de investigación.

La UIF bloquea cuentas bancarias, por ejemplo las de Rubén Rocha Moya, cuando detecta indicios suficientes de que los recursos financieros están vinculados a delitos graves. Con base en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, los motivos por los que una persona física o moral entra en la Lista de Personas Bloqueadas son varios.

Uno de ellos es operaciones con recursos de procedencia ilícita -“lavado” de dinero-, la más común, cuando se detectan movimientos opacos que sugieren que se intenta introducir dinero de actividades ilegales -narcotráfico, extorsión, contrabando- al flujo económico legal.

Éste se activa mediante operaciones inusuales o atípicas, transacciones que no concuerdan con perfil transaccional, profesión, ingresos declarados o actividad económica del usuario, o bien por múltiples depósitos en efectivo en montos pequeños para evitar alertas automáticas que los bancos envían a la autoridad por transacciones grandes.

Otro motivo es el financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, que se genera cuando existen indicios de que los fondos de una cuenta se están utilizando para promover, organizar o financiar actos terroristas o sostener la estructura operativa de carteles y células criminales nacionales o internacionales.

También por actos de corrupción y desvío de recursos públicos, cuando la UIF congela cuentas de funcionarios, ex funcionarios o empresas “fantasma” por presunción de enriquecimiento ilícito, peculado o desvío de recursos del erario público, que incluye detección de esquemas de simulación fiscal o emisión de facturas falsas.

El Estado mexicano bloquea cuentas a solicitud de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, como las listas del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., aunque jurisprudencia de la Corte avala que actúe sólo por investigaciones nacionales, aunque la cooperación internacional sigue siendo motivo central.

¿Cómo se entera la UIF? No “adivina” qué cuentas bloquear, sino que actúa basada en un ecosistema de reportes obligatorios, uno de ellos el reporte de bancos, pues éstos están obligados a enviar alertas al detectar transferencias millonarias sin justificación, uso excesivo de efectivo o cuentas sin actividad que, de pronto, reciben flujos masivos de dinero.

Entre las actividades vulnerables se suman los que venden autos de lujo, inmuebles, joyas, obras de arte, o administran juegos y apuestas, por lo que también se deben reportar transacciones sospechosas a la autoridad.

El bloqueo se aplica de forma inmediata y preventiva con el único fin de evitar que el dinero “desaparezca” del sistema financiero mientras se esclarece su origen lícito.

 Lo cierto es que, en una Mañanera, se informó que, en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la UIF bloqueó 24 mil 622 cuentas en todo el país, de las que 7 mil 861 corresponden a grupos criminales y que los Estados con más involucrados son Ciudad de México (2,300), Jalisco (1,185), Nuevo León (955), Sinaloa (723) y Baja California (356)

Oscar Reyes Colmenares, titular de la Unidad desde septiembre de 2025, dijo que las funciones de ésta es detectar operaciones financieras inusuales; analizar información y generar inteligencia, incorporar a sujetos a la Lista de Bloqueados, y coadyuvar con el Gabinete de Seguridad.

Asimismo, informó que el monto de recursos bloqueados es de 8 mil 670 millones 814 mil pesos, mientras 2 mil 395 sujetos han sido incorporados, en tanto Claudia Sheinbaum ejemplificó que, tras ganar una demanda civil contra la familia Weinberg, se recuperaron más de 5 millones 805 mil dólares que se destinarán a escuelas de la montaña de Guerrero.

Según la UIF, de octubre de 2024 a agosto de 2026 “congeló” en todo el país 8 mil 670 millones 814 mil pesos de 7 mil 861 cuentas, 31.9% de ellos pertenecientes directamente a cárteles y grupos delictivos de alta incidencia, lo que significa que, prácticamente, una de cada tres cuentas está ligada a delincuencia organizada.

Por extorsión, se inmovilizaron 1 mil 443 cuentas relacionadas con investigaciones por ese delito, mientras que 2 mil 395 personas y entidades se incorporaron a Personas Bloqueadas y el volumen más alto de cuentas se concentró en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa.

Las causas e investigaciones específicas son por vínculos con el crimen organizado, donde el mayor motivo fue la identificación de flujos financieros de cárteles y grupos delictivos de alta incidencia, con 7 mil 861 cuentas.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se congelaron mil 443 cuentas utilizadas para recibir, mover o retirar dinero de cobros de piso y extorsiones a familias o comercios y se detectaron automáticamente y, mediante transferencias bancarias atípicas, montos que no corresponden al perfil fiscal del usuario o movimientos sospechosos sin justificación legal.

Otra causa es por corrupción y delitos de “cuello blanco”, con investigaciones dirigidas a servidores públicos y particulares involucrados en desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito o esquemas de simulación fiscal.

El bloqueo tiene impacto directo y profundo en los Estados afectados, ya que transforma la estrategia de seguridad pública al asfixiar económicamente a la delincuencia en lugar de combatirla sólo vía policial.

Para gobiernos locales y sociedad de estas entidades, la medida significa pérdida de capacidad operativa criminal, pues cárteles y extorsionadores pierden liquidez para pagar nóminas de sicarios, comprar armamento, adquirir vehículos y financiar la logística de sus operaciones en el territorio.

Al congelar las cuentas ligadas a extorsión, se corta el ciclo del dinero de “cobros de piso”, lo que alivia la presión financiera sobre pequeños comerciantes y empresarios locales.

El bloqueo a empresas fachada o redes de “lavado” de dinero evita que recursos ilícitos se inyecten en la economía formal del Estado -como el sector inmobiliario, turístico o comercial-, protegiendo a negocios legítimos.

Por otro lado, obliga a las fiscalías estatales a trabajar de la mano con la Federación, compartiendo datos financieros para que los Ministerios Públicos locales puedan armar expedientes penales más sólidos y difíciles de tumbar.

En casos vinculados a la corrupción, el dinero inmovilizado inicia un proceso legal para ser decomisado y devuelto a la Tesorería de la Federación para programas sociales o infraestructura en los mismos Estados.

Empero, los recursos bloqueados por la Unidad no se confiscan de forma inmediata; primero pasan por un proceso preventivo y legal riguroso. El destino definitivo de ese dinero depende de cómo concluyan las investigaciones y los juicios.

La distribución del dinero se divide en posibles escenarios legales, uno de ellos la extinción de dominio o decomiso penal, si las autoridades demuestran ante un juez que proviene directamente de delitos graves, se dicta sentencia definitiva de decomiso y el dinero lo administra y distribuye el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Los fondos son para financiar programas sociales del Gobierno Federal, construir infraestructura de salud o educación en comunidades de alta marginación, o equipar a los cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas.

Otro escenario es abandono de recursos -extinción por inactividad-, cuando líderes criminales o prestanombres deciden no reclamar el dinero congelado por temor a ser detenidos al presentarse ante las autoridades. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta permanece bloqueada y nadie promueve un juicio o reclamo durante periodo prolongado, los fondos se consideran legalmente “abandonados”.

En este caso el dinero se transfiere directamente a la Beneficencia Pública y se destina obligatoriamente a programas de asistencia social del sector salud, como compra de medicamentos, equipo para hospitales públicos, prótesis y apoyos directos a personas de escasos recursos.

Un tercer escenario es devolver al titular o desbloquear formalmente, medida cautelar administrativa, no sentencia de culpabilidad, por lo que los afectados tienen garantizado derecho de audiencia y defensa legal y el dinero regresa íntegro a sus dueños, cuando la persona física o empresa demuestra procedencia lícita de sus fondos, o gana un amparo que obligue a liberar las cuentas.

El debido proceso en bloqueos lo regula un modelo que combina la acción inmediata del gobierno con mecanismos de defensa para el ciudadano. La Suprema Cote de Justicia establece jurisprudencia firme que define reglas y vías de defensa para garantizar la seguridad jurídica de las personas afectadas.

Así, determinó que el bloqueo no es sanción penal, sino medida administrativa y preventiva, por lo que avaló congelar fondos sin orden judicial previa, siempre que existan indicios suficientes y razonables documentados en el expediente que liguen el dinero a “lavado” de activos o delitos financieros.

El debido proceso arranca al ejecutarse la medida, pero la institución financiera tiene obligación estricta de notificar por escrito al titular la razón del congelamiento y precisar que la orden proviene de la incorporación del usuario a la Lista de Personas Bloqueadas.

Al tratarse de una congelación inmediata, el derecho a defenderse se activa de forma posterior -control ex post-, donde el afectado cuenta con ruta legal administrativa regulada por la ley financiera: Tiene 5 días hábiles a partir de la notificación para solicitar su garantía de audiencia ante la UIF.

Ésta debe fijar audiencia en los 10 días hábiles siguientes, cuando la persona o empresa puede presentar facturas, declaraciones fiscales y contratos que demuestren origen lícito de sus recursos, tras lo cual la UIF cuenta con 15 días para emitir fallo que determine si elimina a la persona de la lista o mantiene la medida.

Si resuelve mantener el bloqueo tras la audiencia administrativa, el debido proceso garantiza acceso a tribunales independientes, a través de Juicio de Amparo Indirecto ante Juzgados de Distrito si se considera que violó derechos constitucionales o actuó sin fundamentos reales.

Si se opta por juicio contencioso administrativo, éste se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para apelar la legalidad del dictamen de la autoridad financiera.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html