Corrupción en la SEOP, ¡más de $4 mil 323 millones!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Cuando
vemos que el nivel federal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobiernos sancionó
a 17 servidores públicos y aplicó inhabilitaciones de hasta 10 años y
destituciones, el sentido común obliga a preguntarse ¿por qué no hace lo propio
la de Quintana Roo, que encabeza Reyna Arceo Rosado, empezando
por la gobernadora Verde, Mara Lezama? ¿Acaso estamos rodeados de funcionarios “hermanos
de la caridad”?
Y
es que la duda es porque, invariablemente, los colaboradores de la mandataria
viajera aérea, constantemente son señalados por numerosas irregularidades, pero
no pasa absolutamente nada por inverosímiles pretextos de la dependencia que,
seguramente con instrucciones oficiales, nunca se aclaran o trascienden a la
luz pública.
Lo
anterior viene al caso por el titular de la Secretaría de Obras Públicas de
Quintana Roo (SEOP), José Rafael Lara Díaz, quien enfrenta severas críticas y
acusaciones relacionadas con redes de corrupción fallas operativas y desvío de
recursos ¡por más de 4 mil 323 millones de pesos!
Para
acabarla de amolar, se incluye el caso de su Subsecretaria, Keyla Estefanía
Reyes Soto, por el fastuoso festejo de su matrimonio con el delegado de la
comunidad Carlos A. Madrazo, Gustavo Javier Hernández Argüello, donde la
funcionaria presumió un vestido valuado, por lo menos, en 80 mil pesos, cuando
su ahora esposo sólo gana unos 2 mil pesos mensuales.
Lo
cierto es que Lara Díaz es señalado por encabezar una red de corrupción y
contratos millonarios, según denunciaron públicamente empleados de la propia Secretaría,
por marcado favoritismo a empresas allegadas suyas y otras foráneas, marginando
a constructoras locales.
Las
quejas detallan uso ilegal de vehículos oficiales, viáticos y vales de gasolina,
entregados a familiares de altos mandos que no laboran en la dependencia,
violando lineamientos de austeridad y Artículo 134 constitucional sobre uso de
recursos públicos, prohibición de promoción personalizada de servidores públicos
e imparcialidad.
Por
si fuera poco, en crisis de infraestructura en la Zona Maya, se le cuestionada dejar
catálogo de proyectos abandonados, promesas incumplidas y obras de pésima
calidad en el sector educativo y de infraestructura básica en comunidades
rurales.
Ante
la apatía de la Secretaría de “Anticorrupción” de Quintana Roo, el seguimiento
formal de las denuncias contra la SEOP ha escalado a nivel federal,
involucrando expedientes de investigación específicos y acusaciones de desvíos
multimillonarios.
A
nivel estatal, el 16 de julio se registró formalmente denuncia expediente
00905/2026, donde el principal implicado es precisamente Lara Díaz por presuntas
irregularidades graves en su declaración patrimonial.
Pero
a nivel federal, se preparan denuncias ante la Fiscalía General de la República,
Auditoría Superior de la Federación y Secretaría Anticorrupción por presunto
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción.
Su
modus operandi incluye sobreprecios en construcción de domos, llamado por la
prensa “mafia Lara Díaz”, por desvío estimado en 4 mil millones de pesos, con
adjudicación directa de contratos a empresas foráneas y allegados a Keyla
Estefanía, así como a la pareja sentimental del funcionario, Sihomara Alejandra
Ruiz Pérez, directora de Certificación del Instituto de Infraestructura Física Educativa
de Quintana Roo.
En
el contexto de irregularidades en obras, el 20 d agosto se destituyó al Subsecretario
de Licitaciones y Control Documental, Manuel Bermúdez Montúfar.
Sobre
la investigación por la declaración patrimonial de Lara Díaz, se trata de
inconsistencias financieras graves y presunta omisión o falseamiento de bienes,
con una denuncia interpuesta el 16 de julio ante la Secretaría “Anticorrupción”
de Quintana Roo, con folio 00905/2026.
La
investigación audita discrepancias entre ingresos que declaró como funcionario
y su estilo de vida, propiedades y activos financieros a su nombre o de sus
allegados, donde las irregularidades son marco inicial para acreditar
jurídicamente delitos graves como enriquecimiento ilícito, operaciones con
recursos de procedencia ilícita y corrupción.
Ante
la magnitud del posible -calculado en programas estatales con recursos
concurrentes-, el expediente es base para las denuncias que se preparan ante la
Fiscalía de la República y la Auditoría de la Federación.
No
obstante, sobre marcada discrepancia fiscal y patrimonial, los detalles de
auditorías los maneja bajo reserva Arceo Rosado, aunque apuntan a la disparidad
de ingresos vs. estilo de vida, con evidente desfase entre su sueldo neto como
funcionario público -primero en el IFEQROO y ahora en la SEOP- y el vertiginoso
incremento de sus activos.
En
omisión de bienes y prestaciones, se investiga no reportar o falsear la
adquisición de propiedades de alta plusvalía, cuentas bancarias o vehículos de
lujo presuntamente a su nombre, de familiares directos o de prestanombres.
La
denuncia también lo vincula con flujos de dinero provenientes de presunto
esquema de sobreprecios en obras públicas -como la construcción de domos
escolares-, y los recursos desviados habrían ingresado indirectamente a su
entorno personal y empresarial, sin haberse reportado en sus modificaciones
patrimoniales anuales obligatorias.
Por
último, en conflicto de intereses no declarado, se audita la falta de
transparencia en nexos financieros y de participación -directa o indirecta- con
constructoras foráneas beneficiadas con multimillonarios contratos de la SEOP.
Estas
inconsistencias sustentan penalmente las futuras denuncias por enriquecimiento
ilícito y tráfico de influencias ante instancias federales como la FGR.
En
términos de cifras y montos económicos, el impacto del entramado de corrupción
que rodea a Lara Díaz y que sustenta la investigación patrimonial se traduce en
desvío y asignación irregular por 4 mil millones de pesos, incluyendo desvíos,
esquemas de sobreprecios y licitaciones dirigidas estructuradas desde su
gestión previa en el IFEQROO y consolidadas en la SEOP.
Además,
$240.1 millones de pesos, en megaproyecto para construir 91 domos escolares a
la empresa tapatía foránea Cinco Contemporánea, con sobreprecio en estas
estructuras y nula participación de constructoras locales.
Otros
80 millones de pesos, se investigan por el monto asignado en contratos para la
empresa Urbanizadora Zocotumbak, otra de las principales firmas foráneas
señaladas por acaparar la obra pública del estado.
Finalmente,
es señalado por desviar más de 3.8 millones de pesos en obras de 2024 a través
de cuatro contratos cruzados, como el ITE-IFEQROO-PIAZ-FAMSUPREM-OB-108/2024, adjudicados
a su entorno mediático y aliados políticos para silenciar o mitigar las
críticas.
Cabe
señalar que, mientras su sueldo neto como secretario ronda en promedio entre 60
mil y 90 mil pesos mensuales, la investigación patrimonial rastrea la
adquisición de activos, transacciones bancarias fuera de lo común y propiedades
de alta gama que superan de forma multimillonaria sus ingresos legítimos
acumulados en el servicio público.
El
estatus de la investigación penal y administrativa contra Lara Díaz y la red de
la SEOP está investigación y sustanciación en las oficinas de Arceo Rosado,
mientras la Auditoría Superior del Estado, encabezado por el no menos
cuestionado Miguel Zogby Cheluja Martínez, cruza datos con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y el SAT para delimitar el monto exacto de la
discrepancia en la declaración que presentó en mayo.
Las
denuncias se procesan como faltas administrativas graves en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado (cohecho, desvío de recursos públicos,
abuso de funciones y conflicto de interés) que, de ser procedente, el
expediente se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa para destitución e
inhabilitación definitiva.
Como
medidas cautelares, la ley prevé la destitución de mandos medios como medida de
contención y para evitar la alteración de actas, como fue el caso de Bermúdez
Montufar en Licitaciones y Control Documental.
Por
lo pronto Arceo Rosado mantiene auditoría especial sobre contratos de los 91
domos -de Cinco Contemporánea y Urbanizadora Zocotumbak- cuyas obras no se han
detenido formalmente para no afectar a los planteles educativos, pero las
estimaciones de pago están condicionadas a la revisión de sobreprecios.
Tanto
Lara Díaz como su equipo legal están en plazo legal para presentar pruebas de
descargo, justificar el origen lícito de cuentas o alegar errores de captura en
sus declaraciones de modificación patrimonial.
El
avance del estatus depende de que la autoridad determine no ejercicio de la
acción o proceda al bloqueo preventivo de cuentas bancarias y formalice la
carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción
Por
otra parte, como historial de las empresas foráneas beneficiadas, las investigaciones
y reclamos del sector de la construcción en Quintana Roo -como la Coparmex Chetumal Bacalar-
señalan que su gestión margina consistentemente a constructoras locales.
Las
investigaciones señalan que empresas foráneas, particularmente de Chiapas y
Jalisco, recibieron millonarios contratos, destacando Urbanizadora Zocotumbak, por unos 80 millones de pesos sólo para construir domos. Estas firmas, tras
ganar licitaciones, suelen subcontratar la ejecución a constructoras locales
ligadas al entorno del secretario, operando con baja supervisión.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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