Se repite la historia: ¡Otro secuestro en Chetumal!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ante el evidente fracaso del “interés” por la inseguridad por parte de la gobernadora viajera Verde, Mara Lezama, así como la nula o pésima estrategia de vigilancia por parte de la Secretaría de “Seguridad” Ciudadana del Estado, Chetumal, cual tierra de nadie, nuevamente fue escenario de un secuestro, ahora de Eduardo Andrés Ávila Valencia, de 32 años de edad, encontrado vivo hoy, pero brutalmente golpeado .

Con permanentes publicaciones en redes sociales, la nueva víctima de la permanente delincuencia, quien fue localizado en el fraccionamiento Caribe, frente al domo del Parque de la Juventud, había desaparecido tras ser privado de la libertad por la fuerza (“levantón”) ayer por la mañana en pleno centro de la ciudad, irónicamente capital de Quintana Roo: La confluencia de las avenidas Independencia y Othón P, Blanco.

Según autoridades y testigos, el secuestro fue, extrañamente, entre las 5 y 6 de la mañana, cuando Ávila Valencia viajaba en su automóvil y un vehículo blanco compacto le cerró el paso de manera violenta, del cual descendieron por menos cuatro encapuchados con armas de grueso calibre y chalecos con las siglas FGE que lo amagaron y obligaron a subir a su unidad para darse a la fuga.

Ante esto, la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda oficial bajo la Alerta 98/FDS/2026. Al desaparecer, la víctima, de complexión robusta, blanco y 1.82 metros de estatura, vestía playera tipo polo azul y short verde oscuro. Pesa unos 120 kilos y familia y corporaciones de seguridad difundieron sus datos en redes sociales para solicitar apoyo para localizarlo.

Con esta nueva, enésima desaparición, el estatus de casos en Othón P. Blanco y su cabecera Chetumal refleja tendencia al alza y situación crítica que encienden alarmas de colectivos ciudadanos y autoridades, pues Quintana Roo registra 1,703 personas desaparecidas, 303 de ellas sólo este año.

Sobre el particular, Othón P. Blanco, junto con Benito Juárez y Playa del Carmen, se mantiene como uno de los municipios con mayor incidencia de este delito en Quintana Roo, con unas 288 personas desaparecidas formalmente.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos como Verdad, Memoria y Justicia, 80% de los casos se vincula directamente con actividades delictivas de alta peligrosidad, como disputas del crimen organizado, ejecuciones o levantamientos forzados, “levantones”, ya que el 20% restante obedece a motivos de índole familiar o sentimental.

En el caso concreto de inseguridad en Othón P. Blanco, se agravó en los últimos meses ante incidentes delictivos de carácter colectivo o de alto perfil, con privaciones masivas en zonas rurales, como a fines de 2025, cuando se registró la desaparición forzada de 20 personas en corto periodo en Juan Sarabia, lo que causó despliegue del Ejército y abandono temporal de viviendas.

Como se sabe, apenas a inicios de este mes, la Fiscalía General detuvo a cuatro policías activos -tres municipales y uno estatal- plenamente vinculados con la desaparición forzada de tres jóvenes en el Boulevard Bahía de Chetumal que, aunque localizados vivos, el caso evidenció problemas de colusión local.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas afirma que seis de cada 10 personas reportadas logran ser localizadas con vida, aunque las búsquedas sobre terreno continúan con saldos negativos, como el hallazgo de fosas clandestinas entre Cafetal y Mahahual en el mismo municipio.

Así las cosas, la alta incidencia de desaparecidos en OPB y Chetumal responde a una combinación de factores geográficos, delictivos y estructurales que aumentaron este año, con preocupante panorama para colectivos de familiares de víctimas y análisis en materia de seguridad.

En algunos casos lo atribuyen a la disputa territorial y reconfiguración criminal que experimentan Chetumal y el sur del Estado como consecuencias de guerra de baja intensidad entre grandes cárteles de la droga, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

La desaparición forzada cometida por particulares se utiliza de manera sistemática como estrategia para eliminar rivales o “limpias” sin generar el impacto mediático inmediato que provocan los homicidios en vía pública, así como para coaptar por la fuerza operadores locales o reclutar mano de obra.

Además, con ubicación fronteriza estratégica, Othón P. Blanco colinda directamente con Belice y muy cerca de la frontera con Guatemala, una posición geográfica que lo convierte en corredor clave para contrabando de mercancías, tráfico de armas y personas, y trasiego de estupefacientes hacia el norte del Estado -zonas turísticas- y el resto del país.

Como se evidenció recientemente a inicios de mes con la captura de policías locales en el boulevard, existe problema de colusión de servidores públicos con crimen organizado, y cuando elementos policiacos participan activamente entregando ciudadanos a grupos criminales o facilitando logística para “levantones”, las redes de protección facilitan que estos delitos se cometan con total impunidad.

A nivel nacional y estatal, la tasa de resolución penal de estos casos sigue siendo extremadamente baja. La falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos en fiscalías locales provoca retrasos graves en las primeras horas de investigación -las más críticas- y al no haber consecuencias legales efectivas para quienes privan de la libertad a una persona, el delito se sigue replicando.

La delincuencia organizada ha diversificado sus actividades más allá del narcotráfico, presionando a la economía local. Comerciantes, empresarios y trabajadores son frecuentes blanco de extorsiones; los que se niegan a pagar o no pueden cumplir con las cuotas exigidas suelen sufrir represalias violentas, entre ellas secuestros y las desapariciones forzadas

Por cierto, los procesos judiciales contra los cuatro policías detenidos iniciaron formalmente a principios de mes, tras confirmarse su participación directa en la privación de la libertad de los tres jóvenes universitarios, aunque sólo se les conoce como José Rogelio, Ángel Israel, Ana Karen y José Gerardo, tres de ellos de la Policía Municipal de Othón P. Blanco y otro a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Fiscalía, encabezada por el siempre cuestionado fiscal Raciel López, puso a los detenidos a disposición de un Juez de Control, donde les imputaron formalmente tres delitos graves: Desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y robo de vehículo, por lo que permanecen recluidos en el Cereso de Chetumal mientras se desahoga la investigación complementaria, aunque podrían alcanzar hasta 50 años de prisión.

Derivado de este proceso, la Policía Municipal inició revisiones y rotaciones internas de personal, así como nuevos exámenes toxicológicos, evaluaciones psicológicas y controles de confianza para intentar detectar otros posibles casos de infiltración criminal en las filas de la corporación local.

Sin embargo, hasta hoy se mantiene bajo estricto hermetismo y reserva los resultados definitivos de las pruebas antidoping aplicadas de forma sorpresiva el día 24 a unos 100 agentes, a los que se tomó desprevenidos justo durante el pase de lista de las 8 horas.

Según el titular de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, las evaluaciones las ejecutó el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), aunque aún no reporta diagnósticos consolidados, por lo que formalmente no se ha determinado cuántos elementos arrojaron resultado positivo.

Pese a la reserva oficial, trascendió que los oficiales cuyas muestras resulten positivas a estupefacientes no serán destituidos de inmediato de forma directa, pero enfrentarán suspensiones, procesos administrativos internos y baja definitiva por incumplir lineamientos de disciplina y confiabilidad.

La medida extraordinaria forma parte del paquete de revisiones internas detonadas tras la vinculación a proceso de los policías imputados por desaparición forzada.

Respecto al caso del militar José Luis Islas Suárez, también “levantado” el día 10, pero en Subteniente López, hasta hoy no existen detenidos confirmados por las autoridades en relación directa con los autores materiales que lo privaron de su libertad en Subteniente López.

El elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, comisionado a la Guardia Nacional en la aduana de Chactemal, como publicamos, reapareció sano y salvo ocho horas después del ataque, cuando distrajo a sus captores.

Tras su desaparición, las fuerzas armadas desplegaron operativo masivo que prácticamente sitió Subteniente López, y aunque se dijo que la presencia militar buscaba realizar cateos dirigidos contra un objetivo delictivo local (a) “La Joya” -vinculado al tráfico de mercancías en la frontera con Zona Libre de Corozal- la Fiscalía no reportó la captura de los sospechosos armados que se lo llevaron.

Es probable que el caso de un militar detenido en estos días se deba a una coincidencia de fechas, ya que el día 23, la Fiscalía capturó en Chetumal a un subteniente del Ejército -José Carlos “N”-, aunque su detención no tuvo nada que ver con el secuestro en la frontera, sino con el cumplimiento de una orden de aprehensión por el presunto feminicidio de su pareja -una sargento- cometido en Guanajuato en 2023.

Por otra parte, durante el cateo a un predio que funcionaba como “casa de seguridad” en la colonia Adolfo López Mateos de Chetumal, fuerzas del orden localizaron y liberaron a una persona que estaba secuestrada, pero su identidad se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad y el proceso judicial.

Como se sabe, el despliegue policiaco y militar derivó en un enfrentamiento armado contra seis presuntos integrantes de una célula criminal, aunque, tras controlar la situación, las autoridades lograron detenerlos e incautar equipo táctico, drogas y armas de fuego -cortas y largas- de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Fiscalía, el grupo delictivo capturado no operaba de manera improvisada, sino que conformaba una célula dedicada específicamente a “levantones” y privación ilegal de libertad en toda la zona sur.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.

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