¡Mañana se desenmascara la XVIII Legislatura!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

A unas horas de que el titular de la Secretaría de Salud en Quintana Roo (SESA), Flavio Carlos Rosado, comparezca ante el Congreso del Estado en torno al Cuarto Informe de la gobernadora viajera, la Verde Mara Lezama, está en duda si los diputados, representantes “populares” del pueblo, operan a favor de éste o de los intereses políticos de la mandataria.

En efecto, abiertamente manejados por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura, Jorge Arturo Sanén Cervantes, los legisladores están ética y moralmente obligados, contra las órdenes de este último, a exigirle a Carlos Rosado una explicación en torno a los medicamentos caducados detectados en el almacén de Subteniente López.

A cuatro meses de los hechos, los quintanarroenses desconocen en su totalidad los pormenores sobre los miles de medicamentos descompuestos -lo que provocó desbasto en hospitales- por apatía de funcionarios de la dependencia que encabeza Carlos Rosado, quien se ha dedicado más a buscar de la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Isla Mujeres.

Por si fuera poco, aunque Usted no lo crea, el 30 de septiembre, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo le entregaron un “reconocimiento”  por alcanzar, supuestamente ¡100% en el Índice Global de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia! ¡Vaya cinismo!

Claro que la mayor parte de culpa es de Mara Lezama por insistir en proteger al funcionario en lugar de exigir cuentas claras aunque está de por medio, de manera estratégica, la salud de los quintanarroenses, ya que demuestra importarle poco o nada, tal y como tampoco en aclarar sus gratuitas excursiones aéreas.

Parte de culpa en la impunidad de Carlos Rosado deriva también de la apatía de Sanén Cervantes, “casualmente” coordinador de los diputados de Morena, partido mayoritario en el Congreso, desde donde también pretende con toda su alma ser postulado por el partido guinda a la presidencia municipal de Benito Juárez. ¡Vaya ironía!

El funcionario, que no solicitó licencia a su cargo para competir en la encuesta interna de Morena en Cancún, no hizo el menor intento de exigirle a Carlos Rosado explicar el caso de los medicamentos de los quintanarroenses, al menos para aceptar o exigir una comparecencia ad hoc, actitud que muy probablemente repetirá este miércoles, aunque ojalá los partidos de oposición no de dejen “maicear” y demostrar cómo hacer correctamente las cosas.

Aunque ha demorado la Secretaría Anticorrupción federal por temas similares en otros hospitales, su auditoría activó las pesquisas por graves irregularidades en el hallazgo de lotes vencidos, cajas dañadas por la humedad y productos en malas condiciones en el almacén de SESA en Subteniente López.

Como se sabe, tras denuncias iniciales del personal, se descubrió que los trabajadores intentaron mover inventarios de manera irregular e intercambiar insumos entre hospitales y centros de salud para tratar de “cuadrar” cifras y hacerlas coincidir con los registros oficiales ante la llegada de los auditores.

Hasta donde se sabe, parte del material deteriorado se movió temporalmente a una bodega en Chetumal y posteriormente una empresa certificada retiró y destruyó los insumos siniestrados.

Las acusaciones directas por intentar minimizar daños y ocultar el estado real del almacén apuntan al director administrativo, Álvaro Arturo Cruz Mena; al encargado del almacén, Luis Enrique Velázquez, y al de adquisiciones, Manlio Hoil Brito. Mientras persistía crisis y desabasto en Quintana Roo, Carlos Rosado siempre fue criticado por enfocarse en promover su imagen política.

Aunque a nivel local en Quintana Roo la dependencia federal no ha hecho públicos los resultados de su auditoría, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que lidera Raquel Buenrostro, está concentrada en casos de magnitudes masivas, entre ellos del Hospital Infantil de México, donde las pérdidas son 18.4 millones de medicamentos y material de curación, con valor de más de 121 millones de pesos.

En el caso de Quintana Roo, lamentablemente, no se sabe públicamente el volumen exacto ni el valor de los insumos afectados, aunque la investigación federal arroja datos clave sobre implicados y procedimientos legales en curso.

Hasta hoy, auditorías e informes de trabajadores sólo describen “miles de medicamentos, insumos médicos y material de curación” y “cientos de lotes” inservibles por caducidad o daños por humedad. El hermetismo sobre el inventario exacto persiste porque los resultados finales de la auditoría de la Federación no se han liberado por completo al público.

Sin embargo, Carlos Rosado está incluido formalmente en las líneas de investigación.

Opinión pública, trabajadores del sector y sectores civiles le atribuyen negligencia institucional y grave falta de supervisión por haber descuidado el control de almacenes y abasto hospitalario por priorizar la promoción de su imagen, además de que se insiste y exige que comparezca ante el Congreso para responder por responsabilidades administrativas y penales.

Ante el escándalo del almacén de Subteniente López, la respuesta del Congreso del Estado ha estado marcada por inacción y encubrimiento político.

Pese a constantes exigencias ciudadanas, trabajadores del sector salud y de críticas en medios locales que califican la pérdida de medicamentos como “crimen de Estado”, la mayoría legislativa -alineada con el gobierno de Mara Lezama- ha evitado llamarlo a comparecer.

En este sentido, con ausencia de comisiones investigadoras, el Poder Legislativo local no ha integrado ninguna comisión especial ni iniciado un proceso de fiscalización independiente para aclarar el volumen de fármacos destruidos ni sancionar administrativamente a los implicados.

Así, los diputados locales adoptaron una postura pasiva, dejando el caso por completo en manos de la auditoría e investigación penal que ya inició la Secretaría Anticorrupción a nivel federal, ya que, de su homóloga estatal, se ha dicho hasta de qué morirá.

En términos prácticos, el Congreso congeló cualquier intento de juicio político o amonestación contra Carlos Rosado, permitiendo que continúe sus actividades habituales sin rendir cuentas ante los representantes del Estado… como se nada hubiera pasado

Por cierto, el titular de SESA debe comparecer “normalmente” ante el Congreso este miércoles a las 10, como se acordó como parte del calendario oficial que aprobó la XVIII Legislatura para la glosa del Cuarto Informe de Mara Lezama, ante la Comisión de Salud y Asistencia Social, en la Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974”.

Aunque se trata de una comparecencia programada para la revisión del informe anual, colectivos y trabajadores de la salud anticipan que podría ser espacio donde se cuestione directamente la crisis de medicamentos caducados.

Así las cosas, no obstante, de la comparecencia de Carlos Rosado se esperan dos discursos totalmente opuestos: La postura oficialista de defensa de logros y la presión de trabajadores y sociedad civil por la crisis de desabasto.

Con un enfoque en infraestructura, se espera que el funcionario centre su discurso en defender que este año es “de la infraestructura hospitalaria” en Quintana Roo, con lo que seguramente presumirá inversiones en unidades médicas y nuevos equipos tecnológicos.

En torno a resultados de programas sociales, presentará cifras de alto impacto mediático, como el alcance de las cuestionadas Caravanas de Salud en comunidades rurales, estadísticas de vacunación y atenciones médicas otorgadas bajo el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo.

Por parte de la oposición, trabajadores y sociedad civil -si los dejan entrar al recinto- se espera exigencia de cuentas por Subteniente López: Críticos y personal de salud prevén que las bancadas rompan pasividad y cuestionen al funcionario sobre el volumen real de medicamentos caducados y destruidos, así como las omisiones administrativas que lo permitieron.

Además, se anticipan cuestionamientos directos sobre constantes quejas por falta de medicinas básicas y personal en los hospitales públicos de la entidad, contrastando deficiencias del sector salud con las acusaciones previas que señalan al funcionario por utilizar su cargo para promover su imagen política.

Al igual que en ejercicios anteriores, existe expectativa ciudadana de ver si los diputados realizarán un diagnóstico y cuestionamiento real a las fallas del sector o si la comparecencia se limitará a una sesión de aplausos y validación de las cifras oficiales “maquilladas” y “alegres”.

A todo esto, es clara la fuerte percepción de sobreprotección política de la gobernadora Mara Lezama a Carlos Rosado, de acuerdo con denuncias de trabajadores del sector y publicaciones de medios de comunicación locales.

Empero, la crítica se fundamenta principalmente en inamovilidad en el cargo, ya que, pese a la gravedad del hallazgo de toneladas de medicamentos caducados y en mal estado en Subteniente López mientras persiste el desabasto hospitalario, el funcionario ha sido mantenido firmemente en su puesto sin suspensiones temporales ni remociones operativas.

La narrativa del “gobierno” de Mara Lezama evita abordar públicamente las responsabilidades directas del titular de SESA. La opinión pública y portales de fiscalización ciudadana señalan que ese blindaje político de la gubernatura ha impedido que la Fiscalía General del Estado o la Contraloría local actúen con celeridad, obligando a que la investigación la atraigan enteramente instancias federales.

Además, críticos de la administración estatal apuntan a que el bloqueo sistemático en el Congreso del Estado para abrir una investigación independiente responde a una línea de protección política directa desde Mara Lezama.

Para los sectores afectados, mantener a Carlos Rosado al frente de la glosa de gobierno sin consecuencias administrativas previas, es claro reflejo de blindaje institucional ante un escándalo que colectivos de salud locales califican abiertamente como negligencia criminal.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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