¡Sospechoso silencio con sospechosa “renuncia”!
Mantener
silencio y omitir investigar el enlodado caso del ex director del Servicio de Administración
Tributaria de Quintana Roo, Héctor José Contreras Mercader, implica para la
gobernadora viajera, la Verde Mara Lezama, asumir costos y estrategias
políticas muy específicas, una de ellas el desgaste de la bandera de “austeridad
republicana”, totalmente ignorado por ella.
En
efecto, a pregunta de Joaquín C. Moreno, investigaciones periodísticas señalan al ahora ex funcionario por supuestos vínculos con contratos públicos por
más de 80.5 millones de pesos y la compra de una mansión de 65 millones en
Puerto Cancún, aunque, previamente, renunció tras el escándalo de ostentación.
Entre
los principales señalamientos en su contra se incluye una red de contratos,
donde el Gobierno del Estado otorgó contratos por esos 80.5 millones a la
empresa “Transportes Ejecutivos Bell”, cuya apoderada legal, Frida Sofía Hoil
Sánchez, comparte sociedades con el hermano del ex funcionario, el notario
público Juan Arturo Contreras.
Lo
cierto es que una empresa de esta red habría adquirido la residencia valuada en
65 millones de pesos, domicilio actual de Juan Arturo, aunque a Héctor José también
se le vincula como operador político de figuras como Mara Lezama y el llamado
“Niño Verde” Jorge Emilio González Martínez.
Como
se sabe, Héctor José renunció “voluntariamente” el 11 de junio tras salir publicado
en una fotografía en un palco VIP del Madison Square Garden, a escasos metros
del presidente estadounidense Donald Trump, durante las finales de la NBA,
donde los boletos de admisión, valuados entre 20,000 y 30,000 dólares,
contrastan con la política de “austeridad” oficial.
Sobre
este particular, en nuestra columna del 24 de junio, titulada: “Sospechosa,
¡cuestionada renuncia voluntaria!”, abundamos en señalamientos sobre este
escandaloso tema, que puede Usted leer en este link: https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/06/sospechosa-cuestionada-renuncia.html
Sin
embargo, “extrañamente”, no existe ninguna investigación oficial confirmada en
el ámbito penal o administrativo en su contra.
Todo
el expediente sobre la presunta red de contratos por los 80.5
millones de pesos y la compra de la residencia proviene estrictamente de una
indagatoria publicada por el periódico Reforma, que fundamentó su acusación en
documentos corporativos, actas del registro comercial y contratos de la
Secretaría de Finanzas.
No
obstante, ni la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Función Pública,
ni autoridades fiscalizadoras federales emitieron comunicados oficiales sobre
la apertura de alguna carpeta de investigación penal o procedimiento
sancionatorio administrativo derivado del caso.
Formalmente,
el ex funcionario no fue separado de su cargo por sospechas de desvío de
recursos. Su separación fue por renuncia voluntaria que presentó con el argumento
de motivos personales y para evitar que el escándalo mediático de su asistencia
a las finales de la NBA entorpeciera el “trabajo institucional” de la
administración.
Así
las cosas, la inacción de las instancias fiscalizadoras y judiciales ante las revelaciones
periodísticas documentadas se interpreta, desde la perspectiva del análisis
político y la opinión pública, bajo vertientes importantes.
Una
de ellas es de protección o pacto de impunidad: Al señalarse al ex funcionario
como presunto operador clave para figuras de alto nivel en Quintana Roo, la
falta de investigación formal obliga a sospechar cobijo político. Se asume que
abrir una indagatoria oficial podría “salpicar” a mandos superiores o socios
políticos estratégicos.
La
otra es la renuncia como “castigo” suficiente, pues en la cultura política, con
frecuencia se utiliza la separación del cargo -renuncia voluntaria- como mecanismo
de control de daños para enfriar el escándalo mediático. Al salir el personaje
del foco público, las autoridades suelen apostar al olvido colectivo, asumiendo
que la baja es sanción suficiente y evita llevar el caso a tribunales.
Como
estrategia de control de daños electoral o de imagen, iniciar proceso penal
confirmaría oficialmente irregularidades financieras y contratos millonarios
bajo el gobierno de Mara Lezama, y al omitir la investigación, se evita validar
acusaciones de prensa y previene un impacto negativo directo en la aprobación o
en futuros procesos electorales para Morena.
En
este sentido, el “silencio” de la mandataria genera contradicción discursiva.
Mientras la línea oficial de Morena y la 4T promueven austeridad y combate a la
corrupción, permitir que un funcionario de su círculo íntimo -la acompañó desde
su gestión como alcaldesa de Cancún- se retire sólo con una “renuncia
voluntaria” tras exhibir lujos excesivos -y ligado a red millonaria de
contratos- proyecta una percepción de simulación ante la ciudadanía.
En
términos de opinión pública, la falta de una postura contundente o auditoría de
la Secretaría de la Función Pública opera como admisión tácita. Al no
confrontar datos periodísticos documentados ni ordenar un deslinde legal
transparente, el silencio lo interpretan oposición y diversos sectores como
protección corporativa para evitar que las indagatorias alcancen niveles más
altos de su “gobierno”.
El
caso no es aislado; coincide con un contexto donde la gestión de Mara Lezama
enfrenta presiones y publicaciones de la prensa nacional por otros temas de
opulencia y adjudicaciones, como señalamientos de las docenas de vuelos
privados a Estados Unidos y Europa o contratos a redes de empresas
cuestionadas.
Su
silencio ante el caso Héctor José Contreras aumenta vulnerabilidades de su “gobierno”,
lo que genera desconfianza y presiones desde las dirigencias de su propio
movimiento a nivel federal, de cara a futuros escenarios políticos o
electorales en la región.
En
resumen, el silencio permite a Mara Lezama un control de daños inmediato al
sacar el tema de la agenda institucional, pero a cambio de asumir un gasto
reputacional de impunidad y debilitar su autoridad “moral” ante la gente.
A
todo esto, legal e institucionalmente existen vías para investigar al ex funcionario
y, de encontrarse culpable, sancionarlo, aun cuando las autoridades hayan
optado por silencio inicial. En el sistema jurídico mexicano, presión ciudadana
y mecanismos de fiscalización independientes pueden forzar la apertura de un
expediente a través de varias rutas.
Por
la vía penal de denuncia ciudadana por corrupción, cualquier persona, colectivo
u organización civil con las pruebas de la prensa puede interponer una denuncia
formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana
Roo a través de su portal feccqroo.gob.mx.
Con
datos de la investigación -red de contratos y propiedades millonarias-, se
puede exigir investigar enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio
público o cohecho.
Vía
administrativa, en auditoría de recursos, la renuncia no extingue la
responsabilidad administrativa de un ex servidor público y se puede interponer
queja o denuncia administrativa en el portal estatal denuncia.qroo.gob.mx o
llamando al 800 84 977 84. La Contraloría del Estado está obligada a revisar su
evolución patrimonial -qué bienes tenía al entrar y cuáles al salir del SATQ-
para contrastarlo con sus ingresos legítimos.
Ante
la Auditoría Superior del Estado, ciudadanos o diputados de oposición pueden
solicitar formalmente una auditoría especial a las cuentas del SATQ y a los
contratos asignados a la empresa de transportes involucrada.
Ahor
bien, por la vía federal, dado que los señalamientos involucran la compra de
una propiedad de 65 millones de pesos y triangulación de empresas, el caso sale
del ámbito puramente estatal. Si se presume “lavado” de dinero o evasión
fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera o el SAT federal pueden congelar
cuentas bancarias e iniciar una investigación de oficio sin necesitar permiso del
Gobierno del Estado.
Por
último, el activismo de organizaciones no gubernamentales -como Mexicanos
Contra la Corrupción o colectivos locales- suele ser motor real en estos casos.
Promover amparos ciudadanos o presentar expedientes directamente ante la
Fiscalía General de la República, obligan a actuar para evitar costo político
de complicidad manifiesta.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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