¡Sólo un cuestionamiento contra Gamero Barranco!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

La nueva candidatura de Luis Gamero Barranco a la presidencia municipal de Othón P. Blanco por Morena sólo se cuestiona sólo por sus antecedentes y sanciones por violencia política contra mujeres en razón de género en 2021, cuando la alcaldesa Yensunni Martínez lo denunció por presionarla a renunciar a su postulación como síndico.

Como consecuencia, recordará Usted, autoridades electorales federales confirmaron la infracción, le revocaron la candidatura a la alcaldía y se le inscribió en el registro de personas sancionadas.

Tras renunciar el lunes como secretario general de la Comuna para entrar al proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027, Gamero Barranco declaró que había concluido su sanción, pero persisten señalamientos y debates jurídicos, ya que opositores y el propio INE sostienen criterios que cuestionan si legalmente está facultado para participar.

Aunque la sanción por violencia política de género es eje central de toda su controversia jurídica y política, giran a su alrededor otros cuestionamientos y fricciones políticas importantes, entre ellos la discrepancia entre autoridades electorales (INE vs. IEQROO)

Existe fuerte controversia institucional sobre la vigencia de su sanción, pues mientras IEQROO lo dio de baja de su lista local de personas sancionadas el 21 de septiembre, a nivel federal, el INE sostuvo que la inhabilitación es por más tiempo -algunos apuntan hasta noviembre-, lo que genera dudas sobre si realmente cuenta con “modo honesto de vivir” para registrarse en forma.

Su aspiración choca con las propias reglas Morena, cuyas convocatorias para candidaturas municipales incluyen cláusulas que prohíben postular cualquier perfil con antecedentes firmes de violencia de género, lo que provoca críticas internas de militantes que exigen congruencia con esos estatutos.

Su regreso a la contienda por la alcaldía fractura la unidad interna en OPB, pues manifiesta distanciamiento irreconciliable -lo definió él mismo como “divorcio sin marcha atrás”- con liderazgos fuertes, como con Marybel Villegas Canché, mientras otros aspirantes de “coordinación municipal” evitan firmar acuerdos de unidad con él.

Sectores de oposición y colectivos sociales cuestionan la incongruencia ética de que operaba políticamente como secretario general del Ayuntamiento -segundo cargo en importancia de OPB- precisamente bajo órdenes de Yensunni Martínez, la mujer a la que violentó políticamente en 2021.

Recientes declaraciones de Gamero Barranco sobre su estatus en materia de violencia de género se analizan bajo óptica de escepticismo legal, cálculo político y estrategia de control de daños, ya que, tras publicar que su sanción concluyó el 21 de septiembre, analistas y colectivos evalúan su discurso a través de varios enfoques.

Éstos incluyen narrativa de la “redención legal” por manejar un discurso de cumplimiento y derechos restituidos, afirmando que, al haber expirado el plazo local de su inhabilitación, recuperó pleno derecho a ser votado, lo que se cree intento de adelantarse a la convocatoria de Morena de este miércoles para posicionar la idea de que su perfil está “limpio” y disponible.

Sus críticos señalan que omite deliberadamente el desfase con la autoridad federal. Mientras celebra su salida del padrón del IEQROO, feministas y juristas contrastan sus palabras con los datos del INE, que lo mantiene sancionado hasta el 8 de noviembre. Su discurso buscaría normalizar su participación ignorando la vigencia federal.

Cuando se le cuestiona sobre los estatutos de Morena -que prohíben perfiles con antecedentes de violencia-, suele catalogar los escenarios como “distantes” o asegura que “no se puede futurear”, lo que se interpreta como estrategia de resistencia pasiva para medir fuerzas políticas antes de confrontar reglas de equidad de su propio partido.

Desde la perspectiva de género, se critica que se enfoque sólo en lo administrativo -fechas y plazos- en lugar de asumir postura de deconstrucción o disculpa pública a la víctima. Para analistas, demuestra que el tema de la violencia contra la mujer es mero “trámite burocrático vencido”, y no impedimento ético.

Las consecuencias de que Morena registre a Gamero Barranco en medio del desfase de fechas se analizan principalmente en los ámbitos legal, institucional y de opinión pública.

Así, si Morena lo registra basándose en la fecha del IEQROO, la candidatura corre riesgo latente de impugnarla y cancelarla las autoridades federales. Medios y analistas señalan que ignorar al INE sería desafío directo al árbitro federal, resultando en ser declarado legalmente inelegible.

A nivel político, su postulación generaría fuerte costo de credibilidad a Morena: Registrar un perfil con sanción federal por violencia política de género choca frontalmente con discursos oficiales de justicia de género que impulsan figuras nacionales del partido, abriendo puerta a duras críticas de colectivos feministas y fracturas internas de la militancia que exigen congruencia ética.

El impacto real dependerá de las bases de la convocatoria que Morena prevé hoy miércoles. Si exige un perfil limpio de sanciones, sería bloqueado, aunque, debido a que el registro constitucional formal para elecciones será meses después, es posible que Morena valide su postulación argumentando que al momento de la elección su sanción federal habrá vencido.

Por otro lado, existen elementos y argumentos a favor que simpatizantes, sectores del partido y analistas políticos destacan respecto a las capacidades de Gamero Barranco para gobernar OPB:

Cuenta con trayectoria política de más de 20 años en la región, y como secretario general durante dos años es visto por seguidores como prueba de su capacidad operativa y de gobernabilidad, pues durante ese tiempo destacó coordinación institucional y avances en estabilidad financiera del municipio, como reducción de deuda pública.

Se le reconoce como actor político con fuerte presencia e influencia en Chetumal y comunidades. Quienes lo apoyan argumentan su trabajo de campo consolidado “a ras de suelo” y contacto directo con bases sociales que pocos aspirantes poseen.

En el proceso 2021, la planilla que encabezaba como candidato ganó de manera contundente -aunque sustituido antes de la votación por la sanción-, antecedente por el que sectores internos de Morena lo consideren electoralmente competitivo para asegurar el triunfo en 2027.

Su paso por la estructura municipal y su discurso de unidad los respaldan una narrativa de colaboración estrecha con el proyecto de bienestar que impulsa la gobernadora viajera, la Verde Mara Lezama, lo que, para algunos estrategas, garantiza continuidad y estabilidad política para la capital de Quintana Roo.

Por otro lado, no existen cuestionamientos negativos, escandalosos o polémicas políticas en la trayectoria de Gamero Barranco vinculados a su pareja sentimental, su esposo Arturo Alejandro Ortiz Soberanis.

El único aspecto destacado sobre su vida personal fue en diciembre de 2019, cuando fungía como secretario particular de la Comuna, cuando propuso matrimonio a su novio, lo que la prensa registró como acontecimiento emotivo y de visibilidad para la comunidad LGBT+ en el ámbito político, sin derivar en críticas de corrupción, nepotismo o conflicto de interés.

Sin embargo, en su entorno personal, en el proceso electoral de 2021, existió un cuestionamiento político indirecto hacia ellos por nepotismo, ya que Gamero Barranco registró originalmente a su pareja como su candidato a alcalde suplente en la planilla, lo que políticos calificaron como nepotismo y favoritismo al colocarlo en posición directa de sucesión.

Cuando le revocaron la candidatura por violencia política de género, su pareja, en calidad de suplente, impugnó ante los tribunales electorales, exigiendo que la candidatura titular a la alcaldía le fuera asignada a él en lugar de a Yensunni Martínez, lo que se desestimó y se avaló la postulación de ésta, cerrando ese capítulo de fricción familiar en la contienda institucional.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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