¡Aumenta inseguridad pese a “lluvia” de millones!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con
todo y que la gobernadora Verde, Mara Lezama, gasta más de 2 mil 869 millones
923 mil pesos con Grupo Seguritech en materia de seguridad a cambio de sus
sospechosos vuelos a Estados Unidos, la inseguridad sigue siendo uno de los
principales problemas de Quintana Roo, y mejor prueba de ello es el “levantón”
de tres jóvenes en pleno Boulevard de Chetumal.
Tal
y como se publicó desde el sábado, los afectados con lo que las autoridades
llaman privación ilegal de la libertad -bueno, no conocemos alguno que sea
legal- son Luis Manuel Cervantes Cámara, Jonathan Farid Manzanilla Aguilar y Everardo
Enrique Hernández Manzanilla, los primeros localizados con vida, mientras el
tercero continúa desaparecido.
Lo
cierto es que el caso de desaparecidos en Quintana Roo es grave, con aumento
sostenido y alarmante en los últimos años, por lo que se consolida como una de
las principales problemáticas de seguridad, ya que, según la Comisión Nacional
de Búsqueda y reportes de colectivos, suman entre 1,703 y 1,900 los desaparecidos
no localizados.
La
magnitud del problema se define con acelerada tendencia al alza este año, ya
que los casos aumentaron 22% respecto al año anterior, con más de 400 nuevas
fichas de búsqueda en lo que va de 2026.
Con
picos históricos, mientras hasta 2018 las cifras eran relativamente bajas, a
partir de 2019 el fenómeno comenzó a multiplicarse, registrando en 2025 su
punto más crítico con cientos de casos anuales acumulados que siguen activos. Según
colectivos locales, alcanzan hasta 10 fichas de búsqueda en sólo 72 horas.
Según
la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General, 80% de los casos está
directamente relacionado con delitos de alto impacto, principalmente
reclutamiento forzado por narcomenudeo, disputas territoriales del crimen
organizado y redes de trata de personas. El 20% restante es por causas
familiares o sentimentales.
El
sector más golpeado por esta crisis es de personas entre 15 y 29 años de edad,
que representan cerca de 43% de todos los reportes, pero el problema no se
distribuye de forma equitativa, ya que se concentra con fuerza en los polos
turísticos del norte y la capital en el sur.
Así,
Benito Juárez encabeza la lista con la mayor concentración de casos, mientras Playa
del Carmen es segundo regional por la actividad delictiva ligada a zonas de
entretenimiento, y Othón P. Blanco ha visto notable repunte que mantiene alerta
a la población por decenas de casos recientes.
En
respuesta institucional y colectivos, organizaciones civiles, como el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia -agrupa a más de
170 madres buscadoras en Quintana Roo- denuncian frecuentemente que las
autoridades son superadas por el volumen de casos.
Señalan
problemas graves como lentitud en las primeras horas de reacción -las más
cruciales para localizar a alguien con vida- y rezago considerable en la
identificación de restos humanos en el Servicio Médico Forense por falta de
reactivos químicos y peritajes genéticos oportunos.
Respecto
a los tres “levantados”, indagatorias de las autoridades, indican que
protagonizaron acalorada riña con otros sujetos en el centro nocturno Carpe
Diem, de la colonia Barrio Bravo, propiedad de Esteban Mera Villanueva,
presidente de la CANIRAC Chetumal-Bacalar. tras lo cual se retiraron en un
automóvil negro, pero minutos después los interceptaron y privaron de la
libertad sujetos armados cerca del faro del boulevard.
Las
autoridades implementaron un operativo que incluyó el helicóptero de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana para rastrear Calderitas y Oxtankah y recabar
declaraciones de los rescatados para esclarecer el caso y ubicar al tercer
afectado.
Los
encontrados fue gracias a operativo coordinado por aire y tierra de fuerzas de
seguridad, donde participaron Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía
General, y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
Así,
implementaron un cerco de vigilancia en el sur con el helicóptero para rastrear
rutas de escape en brechas y puntos clave, con lo que al ubicar a Cervantes
Cámara y Manzanilla Aguilar están bajo resguardo institucional.
De
forma protocolaria, se les brindó atención física y psicológica para evaluar su
salud antes de reunirlos con sus familiares, aunque detalles exactos sobre el
sitio donde los liberaron o si hubo algún enfrentamiento directo en el lugar, lo
mantiene bajo reserva la Fiscalía para no entorpecer rastreo e investigación para
localizar al tercer joven.
Ante
toda esta cerrazón de información, el portal Chetumal en Llamas publicó que
fueron cuatro los jóvenes privados de su libertad el sábado, cuando habrían
sido entregados por los administradores del “Tata Mariscos”, narco-bar del
boulevard donde los habría citado Ángel Hernández Romero, hermano de Carlos
Hernández, administrador del negocio.
Fernando
Joaquín Pasos Ortiz (a) “Meco”, Ingrid Frausto y Carlos Hernández habrían identificado
a 3 de los jóvenes y avisaron a los sicarios de Valerio Bustillos (a) “Monkey”
para que después de abandonar el lugar fueran privados de su libertad cuadras
más adelante para evitar problemas.
Los
administradores del negocio le habrían pedido a Carlos Hernández citar a los
jóvenes al negocio para identificarlos y avisar a Valerio Bustillos para que al
retirarse fueran interceptados con una camioneta y privados de su libertad los
cuatro, pero cuadras más adelante liberaron a Ángel Hernández, sólo carnada del
“levantón”, con una ficha de búsqueda que nunca emitió la Fiscalía.
El
objetivo sería que llegara Ángel Alamilla, hijo de Gabriel Alamilla (a) “Pitbull”,
ya que vende bolsos, ropa, tenis y ahora cigarros asiáticos “Time”, que comenzó
a mover fuertes cantidades, sin pagar cuota a los Caborca, lo que no le gustó a
al “Monkey”, por lo que “levantaron” a sus amigos, pues los 3 se dedican a
vender productos que le proporcionan por Facebook.
Los
Caborca pensaron que por medio de los jóvenes darían con el “Patroncito” de
ellos, pero éste nunca llegó, pero presume lo que gana en redes sociales, pues compró
una camioneta por un millón de pesos, lo que enceló a los Caborca porque sus “halcones”
andan en motos.
Por
la madruga liberaron a dos de los secuestrados, lo que el portal calificó como normal
con los Caborca con “levantones” masivos, donde nunca entregan a uno, como
acuerdo con la Fiscalía General, que nunca los detiene.
El
caso es que no se reportaban detenidos por el “levantón” de los jóvenes, pero
las autoridades cuentan con información clave sobre el grupo responsable, cuyo
modus operandi es trasladarse en vehículos compactos con armas de fuego largas
y cortas para interceptar y someter a sus víctimas cerca del faro.
Las
indagatorias apuntan a que los agresores son sujetos que se encontraban en el
antro Carpe Diem, con los que las víctimas sostuvieron fuerte riña antes de
retirarse, aunque agentes de inteligencia de la Fiscalía General analizan videos de cámaras de
seguridad del negocio y del circuito de vigilancia del boulevard para
identificar a los agresores y placas de sus automóviles.
Además,
las autoridades ministeriales continúan interrogando a los dos jóvenes
liberados para obtener retratos hablados o datos específicos que permitan dar
con la ubicación de esta célula delictiva y rescatar al tercero.
Por
otro lado, la falta de vigilancia y deficiencias del sistema institucional de
seguridad influyen de manera directa y determinante en el aumento de
desapariciones en Quintana Roo, y aunque en discursos oficiales se destacan
inversiones tecnológicas, colectivos de familias y analistas señalan fallas
estructurales graves.
Las
deficiencias más críticas en la vigilancia y respuesta de las autoridades se
dividen en cuatro áreas principales: Ausencia de reacción en flagrancia y el “horario
burocrático”; puntos ciegos y uso limitado del C5; presupuesto asimétrico para
búsqueda, e impunidad y filtración de información.
En
el primer caso existen demoras en investigación, pues las familias han
denunciado ante medios que la Fiscalía Especializada en Desaparecidos no opera
fines de semana ni días festivos y cierra por las noches, lo que genera
pérdidas de hasta 48 o 72 horas críticas, suficiente para que los captores
saquen a las víctimas de la región.
Sobre
vigilancia reactiva, no preventiva, las corporaciones policiacas actúan sólo
bajo denuncia o reporte a emergency services, lo que deja calles y zonas de
ocio nocturno -como donde ocurrió el último “levantón”- vulnerables a rápidos levantamientos
armados.
Sobre
la segunda deficiencia en monitoreo fragmentado, aunque Quintana Roo cuenta con
más de 10 mil 500 cámaras conectadas al C5, éstas se concentran en principales avenidas
de destinos turísticos del norte, por lo que zonas de Chetumal, caminos
vecinales y brechas de la zona sur sufren graves deficiencias de cobertura.
Sobre
obstáculos de acceso, colectivos de búsqueda señalan trabas burocráticas para
revisar los metrajes en tiempo real. Generalmente se solicitan las grabaciones
días después, cuando las pistas ya perdieron vigencia o el almacenamiento de
videovigilancia privada ya se borró.
Mientras
el problema crece a tasas de 22%, la cuestionada Comisión de Búsqueda de
Personas de Quintana Roo, a cargo de la también criticable Haydé Cristina
Saldaña Martínez, cuenta con presupuesto reducido de unos 15 millones de pesos
para todo un año. Las familias señalan que el Gobierno del Estado destina menos
de 1% de su presupuesto de seguridad directamente a investigaciones de
desaparecidos.
Además,
la falta de reactivos químicos y de peritos en genética satura los Servicios Forenses,
lo que retrasa la identificación expedita de personas encontradas.
Por
último, existe una baja tasa de detenciones, toda vez que, a falta de
patrullajes permanentes eficaces cerca de puntos de alto impacto criminal, los
responsables casi nunca son capturados al momento. La impunidad perpetúa el
delito, pues las células delictivas no enfrentan consecuencias inmediatas.
Por
si fuera poco, la Comisión de Búsqueda influye de manera significativa en la
falta de localización oportuna por marcado rezago operativo, falta de autonomía
real y persistente negligencia institucional, y aunque legalmente está diseñada
para coordinar búsquedas en campo, colectivos de familias acusan que sus fallas
estructurales entorpecen rescates.
Sus
principales deficiencias se concentran en ejes críticos, uno de ellos la inacción
institucional y simulación con búsquedas de escritorio: Familias de colectivos
denuncian que prioriza el trabajo administrativo -pegar fichas digitales o
emitir alertas en redes sociales- en lugar de coordinar rastreos inmediatos en
el terreno.
Además,
pese al cambios de titular e intentos de abrir canales de diálogo, madres
buscadoras señalan que los compromisos de la Comisión no se traducen en
búsquedas reales de campo, y mantienen expedientes congelados.
Otra
deficiencia es la centralización y abandono regional con desigualdad geográfica,
ya que la mayor parte de su personal e infraestructura se concentran en las
agencias del norte, como Cancún y Playa del Carmen, mientras municipios como
Othón P. Blanco enfrentan abandono operativo severo, dejando a sus delegaciones
sin herramientas mínimas, vehículos adecuados o personal suficiente para reaccionar
a desapariciones recientes o “levantones”.
Por
si fuera poco, padece falta de personal calificado y equipo especializado, toda
vez que su personal carece de capacitación avanzada en técnicas de rastreo
forense, análisis de datos y geolocalización de dispositivos telefónicos.
A
falta de capacidad científica o investigación propia de forma independiente, la
Comisión depende por completo de los tiempos y la disposición de la Fiscalía General, lo que duplica trámites burocráticos y paraliza las
primeras 48 horas de cualquier reporte.
Otra
deficiencia más es mal manejo y revictimización por falta de sensibilidad, por
lo que colectivos civiles acusan que, con frecuencia, la Comisión revictimiza a
desaparecidos adjudicando sus casos de forma inmediata a nexos con el crimen
organizado, lo que debilita la urgencia institucional de buscarlos con vida.
Por
último, existe fuga de información y desprotección, pues su falta de protocolos
estrictos de seguridad expone a las familias a llamadas de extorsión o
agresiones directas al exigir los expedientes de búsqueda.
Cabe
recordar que Saldaña Martínez fue designada en febrero tras un parcial proceso
de selección, donde presentó como antecedentes ser abogada y licenciada en
Ciencias de la Comunicación, y anteriormente directora del Instituto Municipal
de la Mujer en Cancún, con participación en política con el PRD.
Como
se sabe, relevó a la también cuestionada María López Urbina, quien -ahora
asesora de la gobernadora Verde, Mara Lezama-, quien dejó el cargo en medio de
severas críticas de los colectivos ciudadanos por su baja, prácticamente nula
efectividad en localización de desaparecidos.
El
nombramiento de Saldaña Martínez se dio, supuestamente, bajo la postulación de
al menos 11 asociaciones civiles, con la fallida promesa de reestructurar el
organismo y entablar puentes directos de trabajo con las madres buscadoras de
Quintana Roo.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
Comentarios
Publicar un comentario