Isla Mujeres, ¡víctima de lluvia de arbitrariedades!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

No cabe duda de que intereses no confesables -ya nos imaginamos cuáles- provocan que algunos que se hacen llamar “comunicadores” defiendan lo indefendible y atribuyan cuestionamientos a otras circunstancias, no lo que es precisamente lo contrario de que otros hacemos, como es el caso de la periodista carrilloportense Graciela Machuca Martínez.

En su última columna, denuncia una serie de actos de corrupción en Isla Mujeres, municipio gobernado por la panista disfrazada de morenista para lograr su reelección, Atenea Gómez Ricalde, tales que recuerda a otra persona que se pintó de guinda para su elección en Tulum, el Verde “Ecologista” Diego Castañón Trejo, sobre quien también pesa una lluvia de denuncias.

Al igual que él, la isleña Atenea Gómez, enfrenta graves señalamientos por presunta red de corrupción y extorsión sistemática contra comerciantes, hoteleros y empresarios de la construcción, acusaciones que cobraron relevancia nacional tras una serie de reportajes de investigación que expusieron el modus operandi de su administración.

Según Graciela Machuca, el eco de la inconformidad rebasó fronteras del Caribe mexicano hasta resonar en Palacio Nacional. La joya turística de Isla Mujeres está bajo escrutinio federal después de que denuncias ciudadanas y empresariales alcanzaran la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, no como simple conflicto administrativo, sino presunta y bien orquestada red de corrupción, extorsión y opacidad institucional.

Mientras los reflectores apuntan a Isla Mujeres, la alcaldesa, al igual que Castañón Trejo opta por el silencio y las cortinas de humo, tras que en el trienio 2021-2024 fuera su presidenta municipal con el PAN, pero obtuvo la reelección para el periodo 2024-2027 a cambio de cambiarse a Morena.

Como modus operandi denunciado por testimonios que recabó reportaje Grupo Milenio, las autoridades municipales utilizan un esquema conocido como “garrote ejecutor”, donde, con trabas y multas millonarias, funcionarios de dependencias como Protección Civil, Fiscalización, Ecología y Desarrollo Urbano, obstaculizan trámites y licencias de manera arbitraria.

Así, con clausuras “a la carta”, cierran negocios de manera inmediata argumentando cualquier detalle e impiden regularizar comercios a menos que paguen sobornos, aunque empresarios señalan cobros irregulares generalizados, como el caso emblemático el de Rigoberto Nava, propietario de un banco de materiales, que denunció que le impusieron 20 millones de pesos de multa tras negarse a entregar una “cuota” en especie a los funcionarios.

Según investigaciones periodísticas y voces de empresarios visibilizadas a nivel nacional, existe un esquema de hostigamiento sistemático, donde, lejos de fomentar la inversión, el “gobierno” municipal es acusado de utilizar a sus dependencias como instrumentos de coerción.

En este sentido, exigen entre 30 mil y 70 mil pesos en la zona insular y continental, además de cerrar injustificadamente negocios e imponer penas de hasta 20 millones de pesos a los que se niegan a pagar sobornos, como el banco de materiales.

Lo cierto es que eliminan la libre competencia para favorecer a negocios allegados al círculo de la familia Ricalde, aunque, para entender la magnitud de las denuncias, es fundamental identificar a los actores clave señalados por el sector empresarial.

Al centro de acusaciones por la red de extorsión destaca Hugo Iván Sánchez Montalvo -alcalde de la isla entre 2011 y 2013 con el PAN, sucesor de la madre de Atenea, Alicia Ricalde Magaña (2008-2011)-, pues, como Secretario General de la Comuna, es operador principal de las irregularidades.

Según las denuncias, Sánchez Montalvo se encarga directamente de ordenar clausuras arbitrarias contra los negocios, para lo cual utiliza de manera facciosa a agentes de la policía municipal y de Protección Civil para ejecutar sus mandatos y amedrentar a los contribuyentes.

Para que este esquema opere con una falsa apariencia de legalidad, la estructura se apoya en el Síndico Pepe Aguilar, quien, al tener bajo su control las áreas operativas de Tesorería y Fiscalización, legitima las clausuras y avala cobrar las “cuotas”.

El hostigamiento sistemático se extiende al lucrativo sector de la construcción con el director de Desarrollo Urbano y Obras, William Conrado Alarcón, quien utiliza su facultad en gestión de permisos e infraestructura gubernamental para presionar y condicionar a inversionistas de este rubro.

La maquinaria de corrupción no se limita a funcionarios administrativos en funciones, sino que se nutre del respaldo de piezas clave del ajedrez político local, como es el caso de Miguel Moreno, quien, como ex director de Fiscalización, se consolida como cómplice fundamental en el entramado.

Ante la gravedad de las acusaciones, la respuesta de Atenea Gómez ha sido nula en explicaciones y cuestionable su manejo de crisis.

La táctica de evasión alcanzó su punto máximo cuando, un comunicado de su “gobierno” presumió haber obtenido una calificación de 100 en el Sistema de Evaluaciones para la Armonización Contable, pese a que la supuesta excelencia contable no es sinónimo de transparencia en el ejercicio del gasto.

Así las cosas, concluye Graciela Machuca, también existe opacidad total en obra pública, donde la Comuna oculta fallos de licitación, y la ciudadanía ignora quiénes ganaron y con qué criterios se adjudicaron 139 obras en 2025 -por 173 millones de pesos- y 26 en 2024, por 205 millones.

Ante la difusión del caso, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado formal para que los empresarios afectados acudan directamente ante el Gabinete de Seguridad Federal a interponer denuncias formales, y aseguró que se investigará a todos los implicados sin importar el cargo.

Tras la presión mediática y las declaraciones federales, la administración de Isla Mujeres, por su parte, anunció a través de su área de Comunicación Social que Atenea Gómez revisaría y evaluaría formalmente la actuación y los procedimientos de los funcionarios señalados.

¿Sabe Usted cuál es el impacto de las denuncias? Como se imagina, ha provocado una severa parálisis económica e incrementos drásticos de costos que ahorcan a la inversión privada. Al operar bajo dinámicas burocráticas agresivas, el ecosistema de negocios local se ha visto afectado en frentes críticos.

Uno de ellos es parálisis y encarecimiento de la construcción, pues con las prolongadas clausuras, proyectos de infraestructura y desarrollos inmobiliarios sufren suspensiones arbitrarias por meses, el más emblemático del banco de materiales, que suma nueve meses clausurado tras negarse a pagar cuotas extraordinarias.

Las sanciones de Desarrollo Urbano y Ecología son desproporcionados, de entre 20 y 22 millones de pesos, con pretexto de supuestos adeudos de predial en terrenos ejidales, mientras que extorsiones y cobros de “moches”, de hasta 70 mil pesos por obra, encarecen de forma directa costos operativos del sector constructor en la isla.

La afectación al comercio local y turismo es quiebra y desempleo, ya que el cierre forzado y preventivo de muelles, bares, restaurantes y comercios turísticos impide el flujo regular de visitantes, lo que deriva en despido de personal y cierre definitivo de negocios que no pueden costear las multas.

Los empresarios acusan que las dependencias de fiscalización “limpian mercado”, lo que significa clausurar negocios independientes para favorecer a comercios ligados a los propios funcionarios municipales.

Con incertidumbre jurídica, el temor a represalias institucionales mantiene bajo reserva la identidad de decenas de hoteleros y comerciantes, lo que ahuyenta la llegada de nuevos capitales al no existir garantías mínimas para operar legalmente.

Por otra parte, aunque Usted no lo crea -como nosotros tampoco- la gobernadora Verde, Mara Lezama, respondió a la crisis de extorsión en Isla Mujeres alineándose de forma estricta con la política federal de cero tolerancia a la corrupción dictada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como NO hizo en el caso de su aliado y amigo del Verde, Castañón Trejo, su postura y acciones institucionales se centran en tres puntos: Respaldo a la estrategia nacional contra la extorsión, activación de la Fiscalía General del Estado, y el supuesto antecedente en Tulum como modelo de acción

Como primer punto, habrá persecución de oficio, con lo que  la mandataria formalizó el compromiso del Estado para sumarse a las reformas federales que endurecen las penas y permiten perseguir la extorsión de oficio, com protección al denunciante, ya que aseguró que su gobierno blindará la identidad de empresarios e inversionistas que aporten pruebas para erradicar las redes de corrupción de las dependencias.

Respecto a la Fiscalía y la investigación, instruyó a la dependencia a cargo de su consentido Raciel López a integrar los expedientes por las clausuras arbitrarias y cobros ilegales, para lo cual mantendría comunicación abierta con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, a fin de procesar administrativamente o penalmente a cualquier servidor público implicado.

Finalmente, como supuesta muestra de la política de su gobierno ante esquemas idénticos, Mara Lezama puso de ejemplo lo sucedido días antes en Tulum, donde, tras difundirse que inspectores estatales de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios extorsionaban a comerciantes, la Secretaría de Salud estatal cesó al funcionario implicado e inició su proceso administrativo de destitución.

Así, advirtió que se replicarán estas remociones fulminantes en cualquier oficina o municipio -incluido Isla Mujeres- donde se compruebe el uso de inspectores para el cobro de cuotas ilegales, aunque nada dijo sobre la “asfixia” de los inspectores fiscales de Diego Castañón que afecta a la iniciativa privada de Tulum, según publicamos apenas el lunes.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/07/fracasa-mara-con-alcalde-que-asfixia-ip.html

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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