El caso SESA ¡en manos de la Federación!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ante
la abierta pasividad de la gobernadora Verde, Mara Lezama, sobre millones de
pesos en pérdidas materiales por medicamentos caducados en el almacén de los
Servicios Estatales de Salud (SESA) en Subteniente López, el papel fiscalizador
recayó en el Congreso del Estado, pues se exige comparecer al titular de la
dependencia, Flavio Carlos Rosado.
Además,
el sonado escándalo tomó otro matiz al ponerse de manifiesto que las
investigaciones directas están a cargo de la Federación a través de su Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública, cuyo
similar de Quintana Roo, a cargo de Reyna Arceo Rosado, sólo se ha dedicado a encubrir
a los funcionarios de SESA.
Otra
situación que salió a relucir es que, como nadie esperaba, empresas
farmacéuticas y distribuidoras están bajo lupa federal por esquemas logísticos
deficientes, simular entregas y omisiones contractuales graves, pues las
indagatorias apuntan a una corresponsabilidad donde no actuaron de manera
aislada, sino en presunta complicidad con el área de Adquisiciones de SESA.
En tanto, el estatus específico de
medicamentos y materiales de curación caducados o deteriorados en el almacén
mantiene doble línea de acción: Investigación federal activa y traslado de los
materiales para su resguardo.
A
raíz del escándalo, el estatus operativo del caso fue retiro y reubicación de emergencia
con traslado a otra bodega para evitar continuar la exposición mediática del
material dañado en Subteniente López, por lo que personal de SESA retiró de
forma apresurada gran parte de los lotes caducados y mojados.
Legal
y administrativamente persiste la pesquisa federal abierta contra Álvaro Arturo
Cruz Mena, director administrativo; Luis Enrique Velázquez, encargado directo
del almacén y Manlio Hoy Brito, Jefe de Departamento, adscrito al área de
Adquisiciones, pues la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno -en conjunto
con el Órgano Interno de Control- mantiene abierta una pesquisa formal que los involucra
directamente.
Las
autoridades buscan deslindar responsabilidades por delitos administrativos,
omisión institucional y negligencia, donde la investigación apunta a determinar
si el vencimiento masivo se debió a compras excesivas sin planeación o a mala
logística de distribución que provocó el desabasto hospitalario generalizado en
el Estado mientras las medicinas se echaban a perder en las bodegas.
Por
su parte, Carlos Rosado, continúa bajo fuerte escrutinio social, ya que las
denuncias colectivas recalcan que este abandono de medicamentos oncológicos y
claves básicas ocurrió mientras la dirigencia se enfocaba en una pre-pre
campaña política en Isla Mujeres.
A
todo esto, la dependencia federal a cargo de las investigaciones y auditorías
es la Secretaría Anticorrupción federal, pues insumos y medicinas resguardados se
adquirieron con recursos y convenios federales destinados a la salud pública,
lo que le otorga facultad directa para auditar el correcto ejercicio del
presupuesto.
Las
acciones clave de la dependencia incluyen, auditoría de procesos, revisión
exhaustiva de compras, licitaciones y bitácoras de entrada y salida de
materiales del almacén de SESA; aseguramiento y custodia temporal de
documentación oficial, registros de inventarios y de los propios insumos
médicos dañados para evitar seguir siendo alterados o movilizados.
Como
procedimiento de responsabilidad, otra acción será la citación e indagatoria
penal y administrativa contra los tres funcionarios para determinar faltas
graves como negligencia, omisión institucional o desvío de recursos. Las
sanciones que enfrentan funcionarios y empresas involucradas las tipifica la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal.
Debido
a que el caso involucra desecho de recursos federales de salud, negligencia
operativa y alteración de inventarios, el abanico de penalizaciones se divide
en varios rubros, entre ellos sanciones administrativas para servidores públicos
por faltas graves.
La
Secretaría Anticorrupción persigue el caso con
categoría de faltas administrativas graves -como desvío de recursos, abuso de
funciones y negligencia omisiva-, cuyas penalizaciones incluyen destitución inmediata,
separación definitiva de cargos a jefes de almacén, directivos de adquisiciones
y administradores implicados.
También
incluye inhabilitación temporal como impedimento legal para volver a trabajar
en el servicio público local o federal por 1 a 20 años, según el monto del daño
al erario, o bien sanciones económicas e indemnizaciones, multas directas
calculadas para resarcir el valor total de los millones de pesos en
medicamentos que se dejaron perder o caducar.
Como
sanciones penales por corrupción y contra la salud, al existir denuncias sobre
simulación de inventarios -pedir medicamentos prestados para engañar a los
auditores-, se turnan los expedientes a la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción y los funcionarios podrían sufrir prisión por peculado y fraude
por uso indebido y desperdicio de fondos públicos etiquetados para la salud.
Podrían
también ser acusados de falsificación de Documentos por la alteración dolosa de
bitácoras oficiales de entrada, salida y caducidades del almacén, así como por
delitos contra la salud por omisión, al comprobarse que el desabasto hospitalario
-afectó a pacientes crónicos y oncológicos- se agravó intencionalmente al
ocultar medicina vigente hasta su vencimiento.
Si
la investigación demuestra que las empresas entregaron lotes con fechas de
caducidad sospechosamente cortas o incumplieron contratos de distribución, la
Secretaría Anticorrupción aplicaría veto comercial e inhabilitación en su registro
en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, bloqueándolas para
participar en cualquier nueva licitación del Gobierno de México.
En
cuanto a multas millonarias, se harían acreedoras a penalizaciones directas como
personas morales por proporcionar información falsa o violar las normativas de
la Ley General de Salud.
En
este sentido, aunque nadie lo esperaba, farmacéuticas y distribuidoras están
bajo lupa federal por esquemas logísticos deficientes, simulación de entregas y
omisiones contractuales graves, pues las indagatorias de la Secretaría
Anticorrupción apuntan al esquema de corresponsabilidad donde las empresas
privadas no actuaron de manera aislada, sino en presunta complicidad con el
área de adquisiciones del Estado.
¿Cómo
se habrían involucrado? La investigación se centra en cuatro modalidades
principales de operación irregular, la primera de ellas suministro de “lotes de
corta caducidad”, pues entregaron cargamentos de medicamentos de alta
especialidad con vencimiento muy próximos, hasta menores a 6 meses.
Esto
se realizaba para dar salida a inventarios rezagados de los laboratorios,
sabiendo que el sistema hospitalario de Quintana Roo no tendría el tiempo
logístico para distribuirlos antes de que expiraran.
Otra
modalidad es incumplimiento de contratos de distribución, ya que las empresas se
contrataron no sólo para vender medicamento, sino asegurar su traslado de “última
milla” a farmacias de los hospitales. Al no cumplir con las rutas, los insumos
quedaron varados y hacinados en el almacén fronterizo hasta echarse a perder
por humedad.
También
incluye prestar medicamentos para simular inventarios, lo más grave, que apunta
a que, tras iniciarse la auditoría, personal del almacén contactó a proveedoras
locales para solicitar medicamentos “prestados” de última hora, para
ingresarlos temporalmente a tarimas, “cuadrar” auditorías y engañar a
inspectores federales aparentando que el material del inventario oficial seguía
ahí y no se había perdido.
Por
último, falta de canje automático, ya que, por norma, contratos con el sector
salud obligan a los laboratorios a un “canje” de medicamentos si éstos se
aproximan a su vencimiento. Las empresas involucradas habrían ignorado las
alertas o los funcionarios omitieron cobrar estas garantías de sustitución.
Ante
la naturaleza de la compra consolidada de medicamentos a nivel nacional y los
proveedores locales asignados a la península, las indagatorias son sobre dos
frentes corporativos, uno de ellos grandes distribuidoras de la Compra
Consolidada Nacional.
Bajo
esquema federal de salud, operadores logísticos y distribuidores mayoristas
nacionales se encargan de movilizar claves hacia los almacenes estatales. Las
investigaciones rastrean a las empresas que ganaron licitaciones de abasto para
el Sureste y acumularon retrasos de entrega o reportaron inventarios falsos.
La
otra indagatoria es sobre proveedores y comercializadoras locales, por lo que la
auditoría también indaga a empresas intermediarias de Quintana Roo y Yucatán,
que habrían sido encargadas de suministrar insumos de curación de forma directa
y exprés a SESA, participando activamente en el movimiento sospechoso de lotes
e intercambios de insumos de última hora para maquillar irregularidades.
Los
nombres comerciales exactos de las razones sociales específicas se mantienen
bajo estricto secreto ministerial y resguardo de la Secretaría Anticorrupción
para no entorpecer los procesos legales y asegurar las órdenes de presentación
judiciales vigentes.
Con
todo, el papel de las autoridades de Quintana Roo ante las investigaciones ha
sido de reacción evasiva, hermetismo institucional e intento activo de
contención de daños, pues, en lugar de encabezar una postura de transparencia,
la actuación de los mandos de SESA y del gobierno local han dejado mucho de qué
hablar.
Así,
existen intentos de “maquillaje” y alteración de evidencias: Según filtraciones
de la auditoría y denuncias del personal del propio almacén de Subteniente
López, las autoridades administrativas estatales reaccionaron con pánico ante
la llegada de los inspectores de la Secretaría Anticorrupción.
Las
propias autoridades estatales coordinaron un movimiento exprés de lotes e
intercambios de insumos médicos de última hora, solicitando medicamentos
vigentes a hospitales públicos para colocarlos temporalmente en anaqueles
auditados y simular que el inventario oficial estaba intacto.
Asimismo,
ordenaron el traslado inmediato de las toneladas de fármacos mojados y dañados
a una bodega alterna en Chetumal para sacarlas del foco público y mediático.
Por
otro lado, en un silencio político y hermetismo informativo, hasta el momento, la
postura oficial de la Secretaría de Salud estatal ha sido el mutismo total,
toda vez que no ha emitido comunicado aclaratorio alguno ni ofrecido
conferencias de prensa para detallar el volumen exacto de la pérdida, estimada
en millones de pesos en insumos.
Carlos
Rosado ha evitado declaraciones directas sobre su responsabilidad omisiva,
mientras que diversos sectores sociales y mediáticos critican que su atención
ha estado dispersa debido a sus abiertas aspiraciones políticas hacia su
candidatura municipal en Isla Mujeres.
Además,
ante la pasividad de Mara Lezama, el papel de fiscalización interna ha
comenzado a recaer en el Congreso del Estado, así como en diputados federales
de oposición, que han promovido iniciativas y Puntos de Acuerdo para exigir la
comparecencia obligatoria de Carlos Rosado ante el Poder Legislativo.
El
objetivo de esta presión estatal externa es obligar a la Secretaría
“Anticorrupción” del Estado, antes Contraloría de Quintana Roo, a dejar de
encubrir a los funcionarios de SESA y colaborar de manera real con la entrega
de las bitácoras originales de compra y distribución que exige la Federación.
En
resumen, las autoridades estatales actúan como investigados bajo justificada sospecha
de encubrimiento y negligencia, adoptando estrategia de defensa pasiva a la
espera del dictamen definitivo de la Federación.
La
Secretaría de Arceo Rosado, como contraloría interna de Quintana Roo, está
obligada legalmente a coadyuvar y entregar toda la información que los auditores
federales le soliciten sobre los funcionarios de SESA, por lo que colectivos
sociales y legisladores le exigen actuar enérgica de forma interna, ya que el
desorden administrativo en el almacén ocurrió bajo la vigilancia que le
correspondía como órgano fiscalizador.
En
resumen, la que indaga, resguarda pruebas y dictará inhabilitaciones o
denuncias penales es la dependencia federal, mientras que la estatal, que debió
prevenir, ahora debe colaborar con el expediente federal sin entorpecer.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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