¡Impunes ex funcionario y otro aspirante Verdes a BJ!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Pese a estar acusado de fraude inmobiliario desde 2019,
con indagatorias judiciales y carpetas en la Fiscalía Anticorrupción de
Quintana Roo a partir de abril de 2021, junto con Gustavo Miranda García, la
Fiscalía General mantiene “congeladas” las investigaciones contra Pablo Bustamante Beltrán, aunque
ambos ¡aspiran a la presidencia municipal de Benito Juárez!
A diferencia del primero, Pablo Bustamante, como se
sabe, renunció
el martes 21 de manera oficial a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de
Quintana Roo (Sebien) poco después de participar con la gobernadora también Verde,
Mara Lezama, en la entrega de apoyos del programa “Comemos todos” en el parque
Hábitat 2 de Chetumal.
El
político fue nombrado titular de la inicialmente Secretaría de Desarrollo
Social -posterior Secretaría de Bienestar- en septiembre de 2022, junto con el
inicio de la gestión de Mara Lezama como gobernadora, aunque no fue ninguna “casualidad”,
ya que, anteriormente, fungió como Regidor y luego como Síndico cuando la
mandataria fue alcaldesa en Cancún.
Ya
desde ese entonces nada le importó que Pablo Bustamante estuviera acusado de
aquel delito, que se llamó “Cártel del Despojo”, donde también participaron Miranda
García, cuestionado diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, y la madre de éste,
la empresaria Érika Luz García Deister.
Sobre
este cómplice Verde, “curiosamente” también nos referimos ampliamente el 13 de
febrero en la columna “¡Polémico retorno de miembro de Cártel del PVEM!”:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/02/polemico-retorno-de-miembro-de-cartel.html
Sobre
Pablo Bustamante, entre los principales cuestionamientos, de partidos de oposición,
organizaciones civiles y sectores internos de la propia 4T, los más severos son
por su vinculación al “Cártel del Despojo”.
En
efecto, el más grave lo relaciona con una red de despojo de propiedades de lujo
en Cancún, con un “modus operandi”, con el que, según investigaciones de la
Fiscalía “Anticorrupción”, la red simulaba demandas laborales ante las Juntas
de Conciliación y Arbitraje para embargar inmuebles valiosos a particulares
para adjudicárselos a bajo costo, junto con otros Verdes.
La
propia dirigencia estatal de Morena expuso la incongruencia del ex funcionario
respecto a los valores obradoristas, por ejemplo, se le cuestiona presumir en sus
redes sociales costoso estilo de vida -viajes al extranjero como Disney,
visitas a zonas exclusivas y eventos de lujo-, lo que contrastaba con su papel
de gestión de apoyos económicos para la población en pobreza extrema de
Quintana Roo.
Asimismo,
colectivos y opositores critican millonario gasto publicitario para ensalzar su
figura mientras dirigía la Secretaría de Bienestar, donde asambleas
territoriales y entregas masivas de “Comemos todos” y “Mujer es poder” serían
estrategia de posicionamiento electoral con recursos públicos para cimentar sus
aspiraciones a la alcaldía de Cancún.
Diversos
críticos dicen que indicadores reales de combate a la pobreza y desarrollo
comunitario en zonas marginadas de Quintana Roo supuestamente avanzaron, pero a
un ritmo muy lento y el impacto real en bienestar no se reflejó en proporción
con el millonario presupuesto que ejerció en la dependencia.
Como
señalamiento directo, el empresario Jorge Brizuela lo acusó públicamente de
haber recibido 15 millones de pesos en efectivo durante su gestión como
dirigente del Verde para ser inyectados en las elecciones de 2022.
En
el esquema del “Cártel del despojo”, el papel de Pablo Bustamante era de falso
trabajador demandante para obtener embargos simulados. Su función era pieza
clave que ponía en marcha una maquinaria legal fraudulenta para apoderarse de
propiedades de lujo.
Según
investigaciones periodísticas difundidas por Latinus y expedientes de la Fiscalía “Anticorrupción”,
su participación operaba simulando un empleo ficticio, cuando, en complicidad
con Miranda García, se hacía pasar por trabajador asalariado de una empresa de
tiempos compartidos, propiedad de García Deister.
Así,
Pablo Bustamante y otras tres personas presentaban demanda laboral por despido
injustificado ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, con
exigencias millonarias, indemnizaciones imposibles de pagar para la empresa
supuestamente deudora.
Sin
embargo, al tratarse de un juicio simulado, la empresa de la madre de Miranda
García no se defendía, lo que permitía a las autoridades laborales, que estaban
coludidas, dictar rápidamente laudo condenatorio, pero al “no tener dinero” la
empresa para pagarle a Pablo Bustamante, la Junta ordenó embargo directo de
lujoso departamento en la zona exclusiva de Puerto Cancún.
De
esta manera, el inmueble se adjudicó formalmente a Pablo Bustamante y a sus
cómplices como “pago” por derechos laborales “caídos”.
A
través de este rol, Bustamante sirvió como instrumento legal para transferir la
propiedad del departamento y evitar a un banco extranjero cobrar un crédito
hipotecario de 833 mil dólares que pesaba sobre el inmueble, ya que el uso de
juicios laborales falsos otorga prioridad legal de cobro a “trabajadores” por
encima de los bancos u otros acreedores legítimos.
Sin
embargo, con todo, el estatus actual de su caso es de impunidad procesal, ya
que a pesar de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
abrió carpeta de investigación formal por los hechos, el proceso penal está “congelado”.
La
situación del ex funcionario frente a las acusaciones se resume sin avance
penal ni vinculación a proceso y el congelamiento de la investigación, toda vez
que la Fiscalía General mantiene el expediente en etapa de
integración: No se ha girado orden de aprehensión, comparecencia o imputaciones
formales en su contra, ni se ha judicializado el caso ante juez de control.
Activistas
y opositores locales señalan que su alianza con Mara Lezama y el blindaje de su
partido Verde han frenado cualquier acción penal real de las autoridades
investigadoras.
Para
el bloque oficialista, los señalamientos se consideran mediáticos o “guerra
sucia” del pasado. Que fuera nombrado titular de Bienestar y hoy se le permita
participar en el proceso interno rumbo a 2027 demuestra que, políticamente, la
coalición opera bajo presunción de inocencia suya.
Sobre
el estatus del inmueble, hasta hoy los amparos promovidos por instituciones
financieras y afectados originales para revertir los laudos laborales
fraudulentos de la Junta de Conciliación no han logrado recuperar de forma
definitiva los bienes despojados bajo esa modalidad.
Pese
al estancamiento legal, el señalamiento sigue vivo en la opinión pública, por
lo que medios informativos locales reportan que el tema del "Cártel del despojo"
sigue generando fuerte escepticismo ciudadano y es principal arma discursiva
que enfrenta de cara a sus aspiraciones a la alcaldía de Cancún.
Irónicamente,
en sus redes sociales y en el oficio a la mandataria, Pablo Bustamante
manifestó que su salida respondió a una convicción personal y política,
buscando actuar en congruencia con los ideales de la presidenta Claudia
Sheinbaum.
Pero
medios locales señalaron que su dimisión ocurrió estratégicamente dos semanas
antes de iniciar el proceso interno de Morena para definir coordinadores de distritos,
ya que nuestro personaje se perfila para competir por espacios políticos de
cara al proceso electoral 2027, posicionándose para la posible candidatura a
alcalde de Benito Juárez.
Pablo
Bustamante competirá cobijado por el Verde “Ecologista” y la alianza de la
Cuarta Transformación (Morena-PVEM-PT), donde ha sido regidor, síndico y
secretario general del Verde en Quintana Roo, su plataforma de origen y motor
de su carrera.
Aunque
recientemente declaró haberse distanciado de la vida activa de partido para
enfocarse en la Sebien, su salida se dio bajo supuesta congruencia con Claudia
Sheinbaum, por lo que se cree que buscará la candidatura con la alianza
Morena-PVEM, en los procesos internos del bloque oficialista.
Mediciones
y contexto político regional lo sitúan en panorama altamente favorable -no
exento de fricciones-, pues estudios de opinión, seguramente pagados, de la
encuestadora De las Heras Demotecnia, lo posicionan como el perfil mejor
evaluado y mayor respaldo ciudadano en la 4T para buscar la presidencia municipal.
Al
encabezar la Secretaría de Bienestar, operó los programas insignia del gobierno
de Mara Lezama, Mujer es Poder y Comemos Todos, lo que le otorgó nivel de
conocimiento de marca y presencia territorial en las regiones más pobladas de
Cancún.
Su
principal reto, sin embargo, es sortear fuertes cuestionamientos de la
oposición y de sectores internos de Morena, ya que críticos y medio mundo señalan
que utilizó la estructura de la Sebien para autopromocionarse, además de cargar
señalamientos mediáticos de su “pasado”.
Su
participación en el "Cártel del despojo" se remonta a julio de 2015,
cuando interpuso la falsa demanda por despido injustificado ante la Junta de
Conciliación de Cozumel, dando inicio a la simulación legal para embargar y
adjudicarse el departamento de lujo en Puerto Cancún, en un caso expuesto a
nivel nacional por investigaciones periodísticas en abril de 2021.
Así,
su nombramiento en 2022 respondió a un acuerdo político estratégico de alta
prioridad, el control territorial de Cancún y la lealtad demostrada al proyecto
de Mara Lezama.
A
pesar de los severos cuestionamientos por el fraude inmobiliario, analistas y
periodistas políticos señalan razones que orillaron a la mandataria a sumarlo a
su gabinete, entre ellos el pago de la “cuota” política al Verde, ya que su
llegada a la gubernatura en 2022 se cimentó sobre una coalición total con ese partido,
fuerza política con peso electoral histórico y estructuras robustas.
Pablo
Bustamante era dirigente estatal del Verde, por lo que otorgarle una de las
secretarías con mayor presupuesto y rentabilidad electoral, como Bienestar -entonces
Sedesol-, fue forma directa de cumplir con los acuerdos de coalición y asegurar
el respaldo del partido a su gobierno.
Además,
la relación laboral y política entre ambos no era nueva, ya que, cuando Mara
Lezama fue presidenta municipal de Benito Juárez, Bustamante se desempeñó
primero como su regidor y luego como Síndico. Ella conocía su capacidad
operativa en el municipio económicamente más importante del Estado y prefirió
rodearse de perfiles leales, de su plena confianza, para blindar su inicio de
administración.
La
gobernadora necesitaba un operador político hábil para moldear programas
masivos de entrega de apoyos como “Comemos todos” y “Mujer es poder”, y al colocarlo
al frente, garantizaba a la Secretaría de Bienestar caminar en sintonía con
metas de posicionamiento de la Cuarta Transformación en regiones más
vulnerables, conteniendo cualquier avance de la oposición.
En
lógica del bloque oficialista, los señalamientos del “Cártel del despojo” se
asumieron bajo el costo de la “guerra sucia” electoral y, al no existir
sentencia judicial firme o inhabilitación en su contra, Lezama y el bloque
Morena-PVEM aplicaron pragmatismo político, privilegiando la alianza con el
PVEM por encima del desgaste mediático.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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