¡Solapan inconstitucional cateo de Fiscalía a bares!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Totalmente irregular y violatorio a la Constitución, pero solapado por las “autoridades”, principalmente por la gobernadora Verde, Mara Lezama, siguen los cuestionados cateos y clausuras de agentes de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo y uniformados en bares y restaurantes, con el pretexto de buscar droga, cuando lo que también buscan es dinero para reabrir los negocios y una “cuota” mensual.

Y es que, como se sabe, la dependencia depende directamente de la Fiscalía General, de la que es titular el consentido de Mara Lezama, es decir Raciel López Salazar, aunque el nombre de quien está a cargo de Narcomenudeo, no se da a conocer “por estrictas políticas estrictas de seguridad institucional y protección de datos para personal que combate delitos de alto impacto” … o porque temen ser denunciados públicamente.

 Con ese método, aunque parezca increíble se han clausurado todos esos negocios en el municipio de José María Morelos, supuestamente por haber “encontrado” droga, aunque, con la misma propuesta para sus sueños: Dinero para reabrir, unos 100 mil pesos por cada bar, y una cuota mensual de más de 10 mil pesos.

El tema de denuncias por extorsión, cobro de piso y siembra de drogas en bares de Quintana Roo representan un problema complejo donde se cruzan operaciones criminales de grupos dedicados al narcomenudeo con acusaciones, normalmente ciertas, de abuso de autoridad y corrupción por parte de quienes se ostentan “servidores públicos”.

Mientras que empresarios y colectivos locales aseguran ser falsos los operativos y “siembran” marihuana u otra droga que usa la Fiscalía como herramientas de extorsión institucional, las carpetas oficiales de la dependencia atribuyen la mayoría de estos cobros de cuotas mensuales a células delictivas desarticuladas en zonas turísticas como Cancún y Playa del Carmen.

Sin embargo, mientras son peras o manzanas, los cateos a negocios, como bares y restaurantes, sin una orden judicial, son ilegales e inconstitucionales en México, según el artículo 16 de la Constitución, que establece de forma estricta que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Las únicas excepciones legales -donde no se necesita esa orden- figuran en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que sólo contempla dos escenarios específicos donde autoridades de la Fiscalía o la policía pueden ingresar a un inmueble comercial o privado sin una orden judicial previa.

Uno de ellos es la flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo un delito grave en ese preciso momento en el establecimiento y la policía ingresa para detener al delincuente o proteger a la víctima, y cuando el propietario, encargado legal o persona que tiene posesión legítima del lugar, autoriza el ingreso de agentes en forma expresa y voluntaria.

Con todo, es común en las autoridades intentar confundir cateo con inspección, aunque es vital conocer las diferencias para detectar una irregularidad, la primera en inspecciones administrativas, donde autoridades como Cofepris, Protección Civil o Fiscalización municipal, pueden revisar un negocio sin orden judicial, pero sólo para verificar reglamentos -permisos de alcohol, salidas de emergencia, condiciones sanitarias-, pero sin facultad legal para buscar drogas ni revisar cajones.

Por su lado, agentes de seguridad pública pueden realizar “inspecciones” en lugares públicos, pero un negocio -aunque tenga acceso al público- tiene áreas privadas (oficinas, bodegas, detrás de la barra) protegidas por el derecho a inviolabilidad de domicilio. Si los agentes ministeriales ingresan a estas áreas a buscar objetos del delito sin orden de un juez, están cometiendo un acto ilegal.

Así, un cateo ilegal conlleva consecuencias jurídicas si la Fiscalía lo hace sin orden judicial -como ocurre ahora- y, supuestamente, “encuentra” mariguana u otros objetos delictivos, ya que el efecto corruptor es que todas las pruebas obtenidas en ese operativo quedan totalmente anuladas.

Otra consecuencia es la de prueba ilícita que, al ser obtenida violando los derechos humanos, carece de valor legal para sostener una clausura o un proceso penal, lo que permite a los abogados de dueños del negocio ganar amparos de forma inmediata para reabrir el negocio.

Ahora bien, determinar si la persistencia de estas conductas ilegales en bares es por falta de voluntad política, es tema de debate público en Quintana Roo, donde coexisten acusaciones de omisión institucional con argumentos sobre las dificultades estructurales del sistema de justicia.

En este sentido, organizaciones ciudadanas, barras de abogados y cámaras empresariales del sector nocturno señalan que sí existe esa falta de voluntad política real para limpiar instituciones y uno de sus argumentos se basa en impunidad sistemática, pues nunca se sanciona penalmente a fiscales o policías denunciados por sembrar evidencia; los casos se archivan o terminan sólo en suspensiones administrativas temporales.

Otro argumento es que los mandos medios y superiores toleran estas prácticas porque los cobros de cuotas mensuales trascienden a la estructura jerárquica, convirtiéndose en negocio institucionalizado.

En una inacción ante denuncias públicas, a pesar de que los sectores turísticos de Cancún y Playa del Carmen han expuesto públicamente los nombres de los elementos extorsionadores, son mínimos los ceses e investigaciones penales profundas.

Por su lado, autoridades estatales y cúpulas de las fiscalías argumentan que el problema no es de voluntad, sino de limitaciones estructurales y operativas, entre ellas la falta de denuncias formales, pues dicen que la mayoría de quejas queda en redes sociales o testimonios anónimos por miedo a represalias. Sin denuncia formal ratificada, la Fiscalía de Asuntos Internos argumenta no tener elementos jurídicos para sostener un caso penal contra sus propios agentes.

Además, discursos oficiales aseguran que los cuerpos policiales se enfrentan a delincuencia organizada con alto poder corruptor, lo que dificulta el control total de personal en zonas de alta presión delictiva como el Norte del Estado, lo que NO es el caso de José María Morelos.

Por si fuera poco, en procesos de depuración lentos, los controles de confianza y los procesos de remoción de “servidores” públicos están sujetos a normativas burocráticas estrictas; un despido injustificado o sin debido proceso permite a malos elementos ganar juicios laborales y ser reinstalados.

Especialistas en seguridad pública añaden que la transición de las fiscalías a organismos “autónomos” -como de narcomenudeo- pretendía separarlas del control político del gobernador en turno, aunque, en la práctica, esto genera a la Fiscalía General operar con gran opacidad, donde el Ejecutivo estatal carece de facultades directas para remover o sancionar a fiscales corruptos, trasladando esa responsabilidad exclusivamente al Congreso o a órganos internos de control de la Fiscalía, que actúan como juez y parte.

En un contexto de los cateos y clausuras en el Estado, investigaciones y comunicados de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad reflejan dos realidades en el sector de entretenimiento nocturno:

La FGE sostiene que los cateos masivos responden al combate contra el narcomenudeo y trata de personas. Recién se reportaron detenciones de cabecillas criminales implicados en extorsiones y agresiones armadas a bares de Playa del Carmen -como Las Helodías, Sergio's y Man Ki-, donde, según reporte oficial, que sembraban pánico y exigían rentas mensuales simulando protección o control de plazas.

La postura del sector comercial, de asociaciones de comercios establecidos, es que malos elementos policiacos y ministeriales aprovechan el contexto de inseguridad para clonar estas dinámicas delictivas para “plantar” dosis de marihuana durante inspecciones de rutina para forzar cierres de establecimientos legítimos y condicionar su apertura al pago de sobornos.

Como si sirviera de algo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ahora organismo público autónomo, cuenta con oficinas de distritos para atención ciudadana, con centrales en Chetumal, en Circuito Campestre 18, del fraccionamiento del mismo nombre y en avenida Adolfo López Mateos 500, colonia Italia.

De haber sido testigo o víctima de agentes ministeriales o fiscales que siembran sustancias ilícitas para exigir dinero, se puede denuncia ante los organismos de control interno y fiscalías especializadas para evitar represalias en módulos de atención de 24 horas en la Fiscalía en Cancún -avenida Xcaret esquina Kabah- para levantar la comparecencia en la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Fiscalía de Asuntos Internos.

La Fiscalía General ofrece el teléfono exclusivo 998 135 8180 para reportar extorsión en forma segura y confidencial, mientras las denuncias de cohecho -exigencia de cuotas mensuales para reabrir negocios- se canalizan a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, o si se teme por la integridad física del propietario o de los empleados, se puede recurrir al número nacional de denuncia anónima 089.

Por cierto, una de las injustas medidas de la Fiscalía General, en carta a la gobernadora Mara Lezama, la vivió el comerciante morelense Leocadio Tuyub Kanté, propietario del bar La Terraza, ubicado en la calle Jacinto Canek entre Chilam Balam y Miguel Hidalgo, de José María Morelos, donde tenía como encargado a Marcos Tamay Che.

Según le escribió a la mandataria, el 13 de junio, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, agentes que dijeron ser de la Fiscalía de Narcomenudeo de Chetumal -así como patrullas municipales-, sin ninguna orden judicial, revisaron a todos los clientes y, “por arte de magia”, apareció una bolsita que dijeron ser de mariguana, por lo que detuvieron al encargado y colocaron sellos al negocio que dicen “Narcomenudeo”.

Tuyub Kanté, un ex marino originario de ese municipio, se vio obligado a gastar mucho dinero en viajes a Chetumal para liberar a Tamay Che, aunque su negocio, por el que paga y sigue pagando una renta mensual de 12 mil pesos mensuales, continúa “clausurado”, ya que carece de 100 mil pesos que le exigen para reabrir, con todo y que contaba con 7 empleados y teme porque todos sus productos en el bar estén descompuestos por los “apagones”.

Curiosa y “casualmente”, en todos los negocios similares de José María Morelos ocurrió exactamente lo mismo: Aparición de mariguana y a todos sus dueños les piden lo mismo: Dinero para reabrir y una cuota mensual de 10 mil pesos. ¿Lo sabrá la gobernadora?

Y nos preguntamos, ¿será que el alcalde Erik Borges Yam tiene una cabecera municipal repleta de mariguana y tuvo que intervenir la Fiscalía General de Raciel López para intentar controlarla? ¿Hasta cuándo continuará esta inconstitucional “lucha” de las autoridades?

Cateos y clausuras similares, con resultados exactamente iguales, son los que la Fiscalía realizó en Chetumal en conocidos bares como La Isla de Tris y Benny´s, así como en restaurantes como Los Cebollones. Por cierto, el primero de ellos fue quemado, según malas lenguas, por venganza de inspectores por no poder cobrar “su” dinero.

Lo único cierto es que algo anda muy mal, ¿Será la Constitución, por no permitir los cateos ilegales? ¿Será Mara Lezama, por seguir tolerando las cochinadas de la Fiscalía General? O, finalmente, lo único que esté mal sea el “trabajo” de Raciel López.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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