¡Otra “travesura” de Mara!, ahora en cruceros
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con justa razón, un amable, respetuoso lector
cozumeleño puso puntos sobre “las íes” sobre el polémico impuesto de 5% que
pagan cruceristas extranjeros y que, en teoría, beneficiaría a Cozumel y
Mahahual, aunque resulta que, contra lo que se había anunciado, del total
recaudado, el gobierno Verde de Mara Lezama, no aporta igual bajo un
esquema “uno a uno”.
En
efecto, originalmente, la Ley de Derechos de Quintana Roo, donde se insertó el
Derecho de Pasajeros de Cruceros, consideraba en un apartado que el gobierno de
Mara Lezama duplicaría el Fondo de Infraestructura Turística con cargo a su
presupuesto, pero se modificó antes de entrar en vigor del cobro en 2025, por
lo que se reparte netamente lo que se recauda entre esos municipios.
Lo
cierto es que la discusión en torno al esquema de aportación gubernamental al
Fondo de Fomento al Turismo de Cruceros de Quintana Roo ha generado importantes
debates sobre el cumplimiento de los acuerdos originales entre el Gobierno del Estado
y las empresas navieras.
En
el original de agosto de 2024, el Gobierno de Quintana Roo y la Asociación de
Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) firmaron un acuerdo histórico que
estipulaba el cobro de 5 dólares a partir de enero de 2025. El fideicomiso inicialmente
planteaba un esquema de cooperación para asegurar mejoras significativas en los
puertos receptores.
Los
ingresos generados por la retención de las líneas de cruceros, son formalmente
70% para infraestructura turística y seguridad, y 30% para el Fondo de
Desastres Naturales, donde los principales beneficiados por el fideicomiso son precisamente
Cozumel y Mahahual, aunque, en una medida controvertida, parte de lo recaudado
es para Othón P. Blanco.
Sectores
empresariales y oposición critican las modificaciones en las reglas de
operación en el presupuesto estatal, pues, argumentan, las arcas estatales
modificaron o diluyeron aportaciones directas complementarias en la práctica,
dejando la carga del financiamiento principalmente en la recaudación directa
del impuesto cobrado.
Con
todo, pese a los reclamos sobre la transparencia del “uno a uno”, las
autoridades estatales aseguran que los recursos que se proyectaron para el
cobro del impuesto -entre 400 y 500 millones de pesos anuales- se mantienen
etiquetados para las obras acordadas a través de comités técnicos mixtos que
sólo ellas conocen.
Así
las cosas, la falta de difusión y opacidad en el manejo de 700 millones de
pesos que se recaudaron el año pasado para el Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista
han detonado fuertes reclamos de sectores empresariales como la Coparmex.
En
este sentido, existen tres razones que explican por qué el Gobierno del Estado
ha mantenido un perfil bajo sobre la distribución de este dinero: Desviación de
recursos hacia zonas no portuarias como Othón P. Blanco, el incumplimiento del
esquema paritario “uno a uno”, y falta de socialización y comités técnicos
internos.
En el primer caso, el acuerdo original con las navieras
dictaba que los recursos debían quedarse en Cozumel y Mahahual para mitigar el
impacto del turismo masivo, pero las reglas de operación modificadas permiten
repartir los fondos en el municipio de Othón P. Blanco.
El
gobierno ha usado el dinero para proyectos como el Barrio Mágico en Chetumal -con
anuncios de más de 110 millones de pesos-, lo que provocó el rechazo directo de
los empresarios de Mahahual, que exigen que el dinero se invierta en sus
muelles y calles dañadas. Darle difusión a la bolsa total avivaría el conflicto
por el reparto regional.
Respecto
al segundo caso, promocionar activamente las cifras de recaudación del derecho
de 5 dólares -que cubre totalmente el turista extranjero- dejaría en evidencia
que el gobierno de Mara Lezama canceló su aportación.
Al
operar el fideicomiso únicamente con el dinero recaudado de los cruceristas, el
Gobierno del Estado prefiere no abrir el desglose financiero al escrutinio
público para evitar reclamos por romper la promesa de la aportación “paritaria”
que se firmó desde 2024.
Por
último, sobre la falta de socialización y comités técnicos internos, la
Coparmex ha lanzado ultimátums denunciando que no se han instalado las mesas de
coordinación prometidas para la toma de decisiones.
Los
gastos administrativos -como 35 millones de pesos de operación del fideicomiso-
y el manejo del Fondo de Contingencia para Desastres -el 30% asignado- lo
manejan de manera centralizada las secretarías estatales. Al no existir
proyectos ejecutivos totalmente transparentes presentados a la iniciativa
privada, el gobierno opta por una reserva informativa para evitar auditorías
ciudadanas sobre el destino exacto de los recursos acumulados.
Empresarios
y comunidad de Mahahual exigen que el dinero se destine a resolver el rezago
social y de servicios públicos. Tras las protestas por el desvío de fondos
hacia Chetumal, la Coparmex y las navieras negociaron una bolsa
inicial de 190 millones de pesos del fideicomiso.
Las
obras prioritarias exigidas se dividen en rubros críticos: Infraestructura urbana
y turística básica, servicios públicos y saneamiento ambiental, y equipamiento
en salud y seguridad
Sobre el primero, exigen modernizar su malecón, principal
ventana al turismo masivo, que se encuentra deteriorada; rehabilitación y
pavimentación de calles, pues los accesos turísticos y locales carecen de
asfalto adecuado; alumbrado público, pues gran parte del puerto padece zonas a
oscuras, impactando directamente en la seguridad urbana y remodelar la
Plazoleta del Faro para rescatar su imagen urbana.
Del
otro rubro, exigen optimizar su red de agua potable, pues sufren constante desabasto;
plantas de tratamiento de aguas residuales, exigencia urgente de ambientalistas
y hoteleros para frenar la contaminación que destruye manglares y el Arrecife Mesoamericano; y un sistema
de recolectar basura: El aumento diario de cruceristas satura la precaria
capacidad de recolección local.
Finalmente,
piden servicios médicos de emergencia, ya que Mahahual carece de clínicas
equipadas para atender contingencias mayores, tanto de habitantes como de los
miles de turistas que desembarcan por vía marítima.
El
caso es que la disputa escaló tanto que provocó la renuncia de los líderes de
Coparmex en la Costa Maya, que reclamaron que el Comité Técnico del fideicomiso
aprobara proyectos a puerta cerrada sin consultar a los que generan la derrama
económica.
Por
su parte, para la isla de Cozumel, el Comité Técnico del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista
aprobó una cartera de proyectos que busca modernizar la imagen de la isla
frente a las navieras internacionales, donde obras y equipamientos autorizados
e iniciados se concentran en infraestructura vial y urbana en el centro, seguridad
pública y movilidad policial, y recuperar espacios y prevención.
Sobre
la primera exigencia, se autorizaron más de 33 millones de pesos para
rehabilitar las principales calles del centro de Cozumel; sobre pavimento de
alta durabilidad, el proyecto contempla más de 13 mil m2 de concreto hidráulico
en zonas de mayor tránsito de peatones y vehículos turísticos; y en torno a la
rehabilitación del malecón, un proyecto integral de transformación física
incluye remozamiento de andadores e instalar un asta-bandera.
Respecto
a seguridad pública, se exige reforzar al equipamiento, para lo cual se destinaron
25 millones de pesos exclusivamente para la compra de vehículos de seguridad,
mientras que se entregaron 21 nuevas patrullas, moto-patrullas, cuatrimotos y
un vehículo blindado para operativos especiales en perímetros turísticos, y se
dio luz verde a colocar la primera piedra del cuartel de Seguridad Pública.
En
materia de recuperación de espacios, donde la exigencia eran planes de rescate
costero, se incluyeron propuestas técnicas de mejoramiento urbano, con un enfoque particular en la
viabilidad de recuperar espacios de playa del centro que desaparecieron tras
fenómenos climáticos pasados, y en seguro paramétrico, al igual que en
Mahahual, parte de los fondos financiaron contratar un seguro colectivo contra
huracanes y desastres naturales.
A
diferencia de Mahahual, en Cozumel la ejecución de la obra vial ha sido más
visible, utilizándose como bandera política por las autoridades estatales ante
la FCCA para justificar el cobro del derecho.
Como
se era de esperarse, la postura oficial de Mara Lezama frente a las acusaciones
de opacidad ha sido de rechazo y defensa estricta del fideicomiso, argumentando
que el dinero se maneja bajo el esquema de “prosperidad compartida” y que cada
peso se fiscaliza directamente.
Ante
los señalamientos de los sectores empresariales, la mandataria sostiene
argumentos institucionales de legitimidad que avalan navieras internacionales,
que “el dinero del pueblo vuelve al pueblo” y justificación el reparto
municipal.
Según
enfatiza de manera recurrente, los proyectos son supervisados y aprobados en
sesiones conjuntas con Michele Paige, directora ejecutiva de la FCCA, y
representantes de las principales líneas de cruceros, y que, al contar con
respaldo de la industria internacional en las mesas del Comité Técnico,
descarta desvío de fondos o manejo discrecional.
La
postura mediática de Mara Lezama también se centra en mostrar resultados
tangibles. Su respuesta a las críticas consiste en organizar eventos públicos
de entrega de patrullas en Cozumel o banderazos de
pavimentación, afirmando que la inversión “es dinero del pueblo que vuelve en
obras de calidad”, con lo que busca contrarrestar demandas de auditorías de la Coparmex, argumentando que evidencia física de
obras sustituye la necesidad de debate político.
Respecto
a la polémica por financiar proyectos en la capital, Chetumal, con dinero de
los cruceros de Mahahual, su postura es que las reglas del fideicomiso abarcan
un impacto regional, y defiende que robustecer la infraestructura de Othón P.
Blanco eleva la competitividad de Costa Maya en conjunto, por lo que rechazan
violación a los acuerdos de operación.
Ahora
bien, sobre la modificación al apartado de la Ley de Derechos sobre el cobro a
turistas de cruceros, tuvo profunda reconfiguración en el Congreso del Estado,
que cambió el esquema con una adición al Artículo 51-Nonies, en teoría, por el
conflicto legal y la amenaza de boicot de las navieras, y el “albazo” de la Ley
Federal de Derechos, que planteaba un impuesto crucerista de 42 dólares.
Verá
Usted. El diseño original de Quintana Roo imponía de golpe una tasa fija de 5
dólares a partir de enero de 2025, lo que generó choque frontal con la FCCA, y
las líneas navieras amenazaron con desviar sus rutas hacia otros destinos del
Caribe si la medida se aplicaba de manera unilateral y obligatoria sin una
planeación de costos a largo plazo.
Para
evitar un desplome turístico, el Congreso modificó la ley para suavizar la
entrada del cobro e implementar un esquema escalonado de revisión constante. Se
pactó empezar cobrando 5 dólares, pero con aumentos graduales anuales que
llegarán a un máximo de 21 dólares en 2028 -y topes revisables hacia 2030-,
permitiendo a las navieras indexar el costo en los boletos de sus pasajeros con
anticipación.
La
razón más crítica para modificar la estrategia estatal ocurrió cuando el
Congreso de la Unión aprobó una reforma federal que eliminó la exención
migratoria a los cruceristas extranjeros, obligándolos a pagar el Derecho de No
Residente (DNR) federal de 42 dólares por ingresar a México, una megacuota
federal -67% se etiqueta para la SEDENA y el resto a gasto corriente federal-
dejó a Quintana Roo en posición jurídicamente endeble y peligrosa.
Cobrar
DNR e impuesto estatal al mismo tiempo abría la puerta a ola de amparos de
cruceristas y empresas, ya que se cobraba dos veces por el “ingreso” al país-Estado,
mientras que sumar los 42 dólares federales más los estatales convertía
automáticamente a Cozumel y Mahahual en los destinos portuarios más caros de
todo el Caribe, arriesgando la pérdida de millones de visitantes.
Así,
para salvar el fideicomiso local ante el impuesto federal, el texto de la Ley
de Derechos de Quintana Roo contempla cláusulas de exención mutua: El
acreditamiento del pago del derecho estatal exime a los pasajeros de pagar
otras tasas locales, como el artículo 51-Octies de saneamiento general, y el Gobierno
del Estado debió reformular la ley a marchas forzadas para coordinar su cobro
con el de la federación y navieras, justificando que su derecho local de 5
dólares sí se queda en los puertos -con el fideicomiso-, a diferencia de los 42
dólares que absorbe el gobierno federal.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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