Protegida de Mara Lezama, “de tal palo…”

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Ya ni la burla perdonan: Ahora resulta que la Secretaría “Anticorrupción”, de la que es titular Reyna Arceo Rosado, es la auténtica tapadera de la corrupción de los protegidos de la gobernadora excursionista, la Verde Mara Lezama, y que las supuestas declaraciones patrimoniales de los funcionarios de Quintana Roo sirven para lo mismo que “La Carabina de Ambrosio”.

         Verá Usted. A más de un año de haberse denunciado el enriquecimiento “inexplicable” de la directora Estatal de Recaudación dentro del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), Sirius Shantal Tenorio Cardona, a pesar del sonado escándalo que significó, ya se imagina Usted, como se ha vuelto costumbre en este “gobierno”, a la funcionaria le ocurrió lo mismo que el viento a Juárez.

         Lo más curioso es que, como se ha vuelto costumbre, su enriquecimiento no sólo no lo reflejó en su declaración patrimonial, sino que tampoco se preocupó por desmentir las publicaciones sobre las denuncias públicas, tal y como se esperaba, y tampoco Mara Lezama dijo en algún momento “esta boca es mía”, pese a lo delicado del tema… por algo será.

         En efecto, al igual que la mandataria no termina de “explicar” sus docenas de viejes aéreos privados al extranjero, su protegida, en esa dependencia que maneja nada más ni nada menos que los impuestos de los quintanarroenses, menos se ha preocupado por esos menesteres.

         Para no ir muy lejos, mucho menos le preocupa a Reyna Arceo quien, en lugar de Contralora, debería llamarse “tapadora” de manejos irregulares de los protegidos de su jefa Mara Lezama.

Ahora bien, sobre el perfil institucional y relevancia pública de la gestión de Tenorio Cardona como mera, mera de la Dirección Estatal de Recaudación, coordina el cobro de impuestos y derechos estatales, la actualización de padrones de contribuyentes y la implementación de plataformas de trámites digitales como el REC Digital.

Su área forma parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Gobierno del Estado, puesto que ocupa desde 2022, en tanto como vinculación institucional, participa de forma regular en mesas de trabajo con tesoreros municipales y cámaras empresariales, como la CANIRAC, para orientar sobre obligaciones fiscales y facilidades administrativas.

Sobre cuestionamientos patrimoniales, aunque desde noviembre de 2025 la “desnudó” prácticamente el portal de El Funador, en junio de este año, medios locales y nacionales, como Excelsior y Sol Yucatán, difundieron críticas sobre su estilo de vida y el “presunto” enriquecimiento inexplicable, pues señalaron discrepancias entre su salario como servidora pública y viajes internacionales, estancias de lujo y la propiedad de locales comerciales y negocios privados.

Con todo, tras la difusión de señalamientos, no se reportaron resoluciones judiciales ni sanciones oficiales acreditadas en su contra, y continúa ejerciendo funciones operativas en el SATQ.

El caso es que Tenorio Cardona vive en Vela Towers departamentos, cuyo precio más “barato” es de 11.8 millones de pesos, mientras que en dos años habría construido 3 negocios con millonarias inversiones, se apropió de un terreno que operaba como corralón municipal frente a Aguakán y construyó una plaza con el gimnasio Hunter Functional, abrió una cafetería con su nombre “Sirius Coffee Bar” y estaba por abrir otro espacio deportivo, “The Rush”, en complicidad con otros “servidores” públicos.

Para darse una idea de sus gastos, tan sólo una máquina corredora para su gimnasio la adquirió en 120 mil pesos y tiene otras seis que cuestan de entre 25 mil a 35 mil pesos, además de más de 25 máquinas y equipo adquirido, y aunque ella construyó el edificio, dijo que con préstamos bancarios y sus bonos del Ayuntamiento en Cancún, cuando fue particular de la entonces alcaldesa Mara Lezama.

No obstante, eso habría sido desde el anonimato, ya que ya secretaria particular de la mandataria era María Elena Ceballos Cardeña.

Para mala fortuna de Tenorio Cardona, también fue señalada por el portal Poder y Critica por actos de corrupción, extorsión y lavado de dinero, tan es así que en los últimos años realizó más de 3 viajes internaciones -como su jefa Mara Lezama-, incluyendo Japón, Europa y Estados Unidos, en tanto tuvo una boda en el hotel de lujo Garza Blanca.

Lo raro es que sus ingresos no corresponden con sus gastos y no se existen registros de sus declaraciones patrimoniales, pese a poseer varios vehículos de lujo, usar bolsas YSL, Chanel y Gucci entre otras costosas marcas.

Aunque Usted no lo crea, el contenido específico de sus declaraciones patrimoniales no está desglosado en reportes públicos disponibles. Aunque existe exigencia abierta de sectores civiles y empresariales para auditar dichos documentos, ni los registros periodísticos ni la funcionaria han hecho públicas las cifras o los bienes declarados.

Los reportes difundidos sobre la polémica, mencionan la exigencia de revisar sus declaraciones patrimoniales, pero no revelan qué inmuebles, vehículos o ingresos reportó oficialmente ante las autoridades de control.

Con falta de postura oficial tras la difusión de los cuestionamientos de junio, ni Tenorio Cardona ni los representantes del Gobierno del Estado emitieron algún comunicado para aclarar o contrastar sus declaraciones frente a los bienes que se le atribuyen.

En Quintana Roo, la versión pública de las declaraciones patrimoniales de servidores se resguarda y consulta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o mediante el portal de la Secretaría de la Contraloría (SECOES), donde, por ley, se testan datos personales sensibles, pero deben reflejarse ingresos netos y bienes declarados.

Por cierto, las declaraciones son de carácter público en su versión ciudadana, y su recepción, resguardo y fiscalización corresponden directamente a la hoy Secretaría “Anticorrupción” junto con los Órganos Internos de Control.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la de Responsabilidades Administrativas de Quintana Roo, el marco legal y operativo funciona, respecto a la publicidad y alcance de la información, con una versión pública obligatoria.

Así, todos los servidores del Estado deben presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad. La ley establece que son públicas, con excepción de los rubros cuya publicidad pueda afectar vida privada o datos personales protegidos por la Constitución (como domicilios exactos, números de cuenta bancaria o datos de dependientes económicos)

Los formatos públicos deben mostrarse ingresos netos anuales por cargo público, actividades privadas o empresariales, listado general de bienes inmuebles -tipo de operación y valor de adquisición-, vehículos, inversiones y posibles conflictos de interés.

Como responsabilidad de la autoridad, la Secretaría “Anticorrupción” administra el sistema DeclaraNet Quintana Roo y remite la información a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para integrar el Sistema de Evolución Patrimonial (Sistema 1 o S1) de la Plataforma Digital Estatal.

Secretaría y los Órganos Internos de Control tienen la obligación legal de realizar verificaciones aleatorias o iniciar investigaciones de oficio o por denuncia al detectar signos exteriores de riqueza que no corresponden con los ingresos declarados.

Cualquier persona puede buscar los registros de funcionarios estatales en el módulo de declaraciones S1 disponible en el portal de SABGOB Quintana Roo, en la Plataforma Digital Estatal o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el apartado de obligaciones de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) o del SATQ.

Si el registro específico no aparece cargado o actualizado en el buscador abierto, cualquier persona puede presentar solicitud de acceso a la información pública vía PNT dirigida a la Secretaría “Anticorrupción” o al SATQ para requerir la entrega de sus versiones públicas.

Lamentablemente, no es posible confirmar de manera independiente con los registros abiertos disponibles que Tenorio Cardona haya cumplido con la presentación de todas sus declaraciones patrimoniales, pero tampoco existe registro público de sanción o procedimiento administrativo por omitirlas.

En Quintana Roo, cuando un servidor público omite presentar su declaración inicial, de modificación anual o de conclusión, la Secretaría “Anticorrupción” debe iniciar procedimiento administrativo que puede derivar en separación de cargo o inhabilitación. No existen reportes públicos ni resoluciones que indiquen que Tenorio Cardona haya sido sancionada o amonestada por no declarar, y permanece activa en su puesto.

Dado que ocupa un cargo de dirección desde el inicio de la administración en 2022 y previamente laboró en oficinas de recaudación municipal -como Lázaro Cárdenas-, sus controles internos administrativos están sujetos a revisión periódica de cumplimiento.

Las notas periodísticas y pronunciamientos ciudadanos que abordaron la polémica en 2025 y junio de 2026 exigen a las autoridades revisar y auditar la veracidad de sus declaraciones patrimoniales para contrastarlas con su nivel de vida, lo que parte del supuesto de que existen registros presentados ante el órgano de control, pero no confirma ni desmiente su contenido.

La única vía para tener certeza documental es la verificación directa en sistemas oficiales. Aunque por ley las versiones públicas deben estar cargadas en el portal de declaraciones de SABGOB Quintana Roo y en la (PNT), en la práctica muchos entes estatales presentan rezagos en la publicación abierta de las fichas individuales.

La única forma de asegurar 100% que presentó sus declaraciones en tiempo y forma -inicial y anuales- es solicitar vía PNT a la Secretaría “Anticorrupción” o al Órgano Interno de Control de SEFIPLAN/SATQ copia de sus versiones públicas o acuses de recibo correspondientes.

Sin embargo, “gracias” a Mara Lezama y Reyna Arceo, hasta hoy, las acusaciones permanecen en el ámbito mediático y de denuncia pública. Ninguna autoridad fiscalizadora o judicial ha acreditado formalmente un delito, y la funcionaria no ha emitido postura pública para desmentir o aclarar bienes.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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