El IEQROO, ¡acusado de corrupción desde 2015!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
El
Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) otorgó millonarios contratos a
empresas vinculadas al esquema de la desaparecida ex presidenta del Instituto
Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, desde la gestión de Mayra San Román
Carrillo Medina hasta la actual de Rubí Pacheco Pérez, con un esquema de
simulación de competencia mediante la participación de firmas del mismo
conglomerado en licitaciones.
La
gestión de la primera en Quintana Roo abarcó del 3 de noviembre de 2015 al 2 de
noviembre de 2022, tras un periodo establecido de siete años después de ser
designada por el INE, mientras que la segunda asumió el cargo en 2022 y su
periodo debe concluir hasta 2029.
Para
mala fortuna de ese órgano electoral, las cosas empezaron mal desde el periodo
de Mayra San Román, cuando también se registraron múltiples señalamientos por
presuntas irregularidades operativas, omisiones administrativas y delitos
electorales.
Entre
éstos se incluyen contratos bajo el esquema de simulación, pues, al igual que
su sucesora, validó contratare un bloque de empresas -entre ellas Cajas Graf,
Litho Formas y Formas Inteligentes- asociadas a presunta red de simulación de
competencia y hoy está bajo investigación de la Auditoría Superior de la
Federación por sus nexos con el esquema de Guadalupe Taddei.
Así
las cosas, fue denunciada penalmente ante la desaparecida PGR y la FEPADE tras
el proceso electoral de 2016, cuando se le acusó de ordenar de forma irregular
la apertura de paquetes electorales ya cerrados para extraer los listados
nominales y copiar de forma externa datos personales de los ciudadanos que
acudieron a votar.
La
Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo exhibió severas omisiones de su
presidencia al permitir el registro de Fidencio Kau Grinda, formalmente
inhabilitado por la Contraloría Superior del Estado, y debido a esta falta de
validación, fue ilegalmente primer regidor del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas
durante 10 meses.
Por
acusaciones de violencia política de género por la consejera electoral Claudia
Carrillo Gasca, quien destapó la extracción ilegal de listas nominales en 2016,
denunció a Mayra San Román ante las autoridades federales por ejercer esa violencia
y represalias internas en su contra con objeto de frenar las investigaciones
institucionales.
Como
es costumbre en Quintana Roo, tras concluir su encargo en el órgano electoral,
Mayra San Román, lejos de ser castigada, fue nombrada magistrada del Tribunal
de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado, instancia encargada,
precisamente, de sancionar faltas administrativas en la entidad, a cargo de Minerva
Maribel Moreno Cruz.
Por
su parte, a Rubí Pacheco se le señalan irregularidades administrativas,
financieras y operativas relacionadas con opacidad, falta de fiscalización y
entrega de contratos bajo sospecha, por lo que ha sido objeto de investigación
y críticas que incluyen daño patrimonial y observaciones no solventadas.
En
efecto, la Auditoría Superior de Quintana Roo determinó no haber solventado
diversas observaciones fiscales en plazos legales. Al persistir un presunto
daño al erario público, el caso se turnó a la Unidad Especial de Investigación
de la dependencia, dejándola a las puertas de denuncias ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
Sobre
adjudicaciones a empresas bajo investigación nacional, se le cuestiona validar
y defender millonarios contratos a un conglomerado de empresas -Cajas Graf,
Litho Formas y Formas Inteligentes- vinculadas a redes de simulación de competencia
a nivel federal.
Tan
solo para los procesos del año pasado, autorizó asignaciones por más de 50
millones de pesos a esas firmas, argumentando públicamente que el Instituto carece
de facultad legal para vetar proveedores basado sólo en reportes periodísticos
sin alguna inhabilitación judicial firme.
A
menos de un año de asumir el cargo, fue criticada por otorgar un contrato de
manera discrecional a una entidad foránea de la Ciudad de México -el CIESAS-
para un “estudio de campo”, rechazando sin justificación claras las propuestas
de universidades de Quintana Roo, lo que desencadenó fricciones internas y
acusaciones de mantener una gestión opaca y distanciada de la propia estructura
administrativa del Ieqroo.
Señalada
de falta de controles en el Comité de Adquisiciones, analistas y especialistas
en fiscalización señalan que sus decisiones desde su oficina derivan en la
aprobación de licitaciones con deficiencias técnicas, sobrecostos y trámites
administrativos en días inhábiles, lo que eleva el riesgo operativo del órgano
electoral.
Así
las cosas, los últimos y más graves traspiés del Instituto Electoral se
concentran en fuerte escándalo de corrupción por contratos millonarios bajo
sospecha que estalló a fines de octubre, sumado a recientes acusaciones de
censura política.
Los
tropiezos más recientes y críticos del órgano electoral incluyen, como era de
esperarse, el impacto del “Caso Taddei”, tras cuya renuncia a la presidencia
del INE el 25 de octubre por un escándalo nacional por favoritismo en
licitaciones, el IEQROO quedó en el ojo del huracán.
Rubí
Pacheco no tuvo más remedio que salir públicamente a confirmar que el Instituto
otorgó contratos por casi 50 millones de pesos a las mismas empresas señaladas
en el fraude nacional -Litho Formas, con 34.7 millones de pesos, y Cajas Graf,
con 15.8 millones- sólo para la elección judicial de 2025.
Para
defender al instituto, argumentó “carecer de facultades legales para vetar a
proveedores” basándose sólo en notas periodísticas sin existir alguna
inhabilitación judicial firme, lo que desató fuertes críticas de la opinión
pública, ya que exhibe al Ieqroo como cliente histórico de un oligopolio que
presuntamente simula competencia para acaparar el dinero de las elecciones.
Recientemente,
para deslindarse del escándalo, reveló un vacío administrativo grave: Admitió
que desde que tomó el cargo y hasta febrero de 2024, ella no formaba parte del
Comité de Adquisiciones ni supervisaba compras, calificándolo ella misma como “inconcebible”,
aunque promovió una reforma para presidir ese comité, un desfase temporal que dejó
bajo sospecha los contratos en la primera mitad de su gestión y toda la
anterior
A
nivel local, el llamado árbitro electoral sufrió duro revés en su credibilidad
civil y política cuando la ex candidata de MC Lidia Rojas Fabro denunció
formalmente ante el propio Ieqroo a un consejero electoral por presunto
conflicto de intereses y violencia política.
El
traspié del órgano se dio al emitir medidas cautelares consideradas
desproporcionadas para ordenar retirar contenidos críticos contra la Comuna de
Othón P. Blanco, lo que provocó que la oposición acusara abiertamente al IEQROO
de actuar como brazo censor alineado con los intereses de Morena.
En
el ámbito político, el Ieqroo es severamente cuestionado porque se le percibe
como órgano vulnerable a la corrupción, con falta de autonomía real frente al
gobierno en turno y propenso a sesgos en solucionar quejas electorales.
Factores
clave que alimentan estas críticas en la discusión política local y nacional
incluyen falta de transparencia y daño al erario: Las constantes observaciones
financieras no solventadas ante la Auditoría Superior del Estado lo dejan a las
puertas de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, minan la confianza que
partidos políticos y ciudadanía deben tener en la administración des recursos
destinados a la democracia.
Actores
de la oposición frecuentemente señalan que la Comisión de Quejas y Denuncias
del IEQROO actúa de forma parcial, ya que recién se promovieron denuncias
contra consejeros electorales por presunta violencia política y censura, tras
emitir acuerdos para retirar contenidos críticos contra gobiernos municipales
en funciones, avivando la percepción de que favorece a Morena.
Históricamente,
se le cuestiona que sus consejeros presidentes terminen sus periodos con
inmunidad política o que sus omisiones pasadas -como validar candidatos
inhabilitados o abrir paquetes electorales de manera ilegal- no se sancionen,
sino que se diluyan en negociaciones políticas que terminan por “premiar” a los
ex funcionarios con nuevos cargos en Quintana Roo, como Mayra San Román.
En
resumen, el cuestionamiento político radica en que, en lugar de ser visto como árbitro
neutral e intachable, opinión pública y fuerzas políticas lo perciben como
estructura costosa, acechada por irregularidades financieras y alineada con los
intereses de Morena.
Mejor
prueba de lo anterior es que su Consejo General aprobó sancionar al regidor de
Morena en Othón P. Blanco, Benjamín Trinidad Vaca González, tras determinar que
vulneró principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda,
además de incurrir en presunto uso indebido de recursos públicos.
Mediante
expediente IEQROO/POS/114/2026, se acreditó que el regidor utilizó una sesión
de Cabildo para pronunciar elogios y hacer referencias de carácter
político-electoral en favor de Rafael Marín, quien participa en un proceso
interno. Las expresiones se difundieron en transmisión oficial de la Comuna y
se reforzaron con publicaciones en sus redes sociales personales.
En
este sentido, el Instituto acordó inscribir a Vaca González por cuatro años en
el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia Electoral, una medida con
carácter de difusión pública, por lo que técnicamente no le impide continuar en
sus funciones o postularse en el futuro.
Dado
que el Ieqroo carece de facultades directas para destituir o multar
económicamente a miembros del Cabildo, turnó formalmente el expediente al Órgano
Interno de Control del Ayuntamiento de OPB para que esa instancia determine la
sanción administrativa final.
El
caso, como circuló en redes sociales, también evidenció fracturas internas del Instituto,
ya que la sanción no se aprobó por unanimidad, sino por mayoría de cuatro votos
a favor y dos en contra. Entre los disidentes estuvo la propia Rubí Pacheco, lo
que generó suspicacias en el entorno político sobre los distintos criterios
aplicados a funcionarios de Morena.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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