¡Persiste rebeldía de Morena ante el Teqroo!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En franca, abierta rebeldía de Morena, su Comisión Nacional de Honestidad y “Justicia” no sólo NO obedeció directamente al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) respecto a sus órdenes sobre Eugenio “Gino” Segura y la gobernadora excursionista, la Verde Mara Lezama, sino que volvió a desechar incorrectamente las quejas, por lo que se le debió ordenar de nuevo corregir sus resoluciones.

El conflicto legal, que involucra denuncias de los militantes morenistas Erick Sánchez Córdova y Fiany Yajaira Ajanel Alejo contra la mandataria y su “delfín” electoral, es por presuntos actos anticipados de campaña e inició a mediados de octubre, cuando el Teqroo revocó el desestimado inicial de Morena y le exigió fundar y motivar legalmente sus resoluciones.

Sin embargo, prepotente y en abierta falta de respeto a la legalidad, el órgano interno de Morena ignoró el plazo inicial para investigar debidamente las quejas, lo que desató alertas de posibles multas e incluso escalar el caso a instancias federales por desacato judicial.

En lugar de hacer un estudio a fondo, la Comisión de Morena intentó “carpetazo” generalizando los expedientes, ante lo cual el pleno del Tribunal volvió a sesionar y determinó que el partido se limitó injustificadamente a declarar improcedentes las denuncias.

Por su parte, el tribunal local dejó sin efectos esas determinaciones por segunda vez y volvió a obligar a Morena a un análisis individual y minucioso de cada contexto, fecha y publicación denunciada.

A todo esto, jurídicamente, tras la segunda revocación del Tribunal, el proceso legal contempla escenarios y una ruta de acción obligatoria, donde la obligación inmediata para Morena es reabrir expedientes -sobre todo los juicios electorales 59, 58, 71 y el juicio ciudadano 34/2026.

Ahora debe cumplir estrictamente con la orden de los magistrados en torno un análisis exhaustivo: No puede volver a dar un “carpetazo” general, sino emitir un dictamen respondiendo punto por punto a los quejosos Sánchez Córdova y Ajanel Alejo.

En materia de evaluación individual, deberá analizar de manera minuciosa cada fecha, publicación y contexto denunciado en torno a “Gino” Segura y Mara Lezama.

Como riesgo de sanciones por reincidencia, debido a que Morena ya incurrió en deficiencias por segunda ocasión al intentar evadir la revisión de fondo, si su Comisión vuelve a emitir una resolución evasiva o incompleta, el Teqroo puede aplicar medidas de apremio más severas, desde amonestaciones públicas y multas económicas a sus comisionados, hasta dar vista formal por desacato recurrente.

Dado que los demandantes muestran resistencia jurídica frente a los bloqueos de su propio partido, si Morena vuelve a fallar contra ellos de forma injustificada, el caso saldrá del ámbito local y los quejosos tienen derecho a acudir a la Sala Regional Xalapa o a la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando que Morena está vulnerando sus derechos político-electorales de manera sistemática.

En resumen, Morena está contra las cuerdas procesales en Quintana Roo, toda vez que ya no puede ignorar las denuncias de posicionamiento político anticipado y deberá emitir fallo formal, debidamente fundamentado, admitiendo o rechazando pruebas, pero de manera legal y transparente.

Tal y como se imaginaba Usted, el comportamiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en Quintana Roo no es aislado, ya que, a nivel nacional y estatal, acumula largo historial de tensiones, dilaciones procesales y revocaciones sistemáticas por parte de los tribunales electorales, con una tendencia recurrente a desechar quejas internas para evitar sancionar a figuras de alto perfil.

Procesalmente, sus tácticas de resistencia suelen repetirse bajo patrones y precedentes, uno de ellos el uso del “carpetazo” exprés a través de tecnicismos inexistentes. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido que corregir repetidamente a Morena por desechar quejas ciudadanas inventando requisitos que no están en sus propios estatutos.

Como precedente, a fines de octubre, la Sala Superior -bajo el expediente SUP-JDC-534/2026- revocó un acuerdo de la citada Comisión por desechar indebidamente una queja exigiendo requisitos procesales ajenos a su normativa interna. El Tribunal Federal tuvo que ordenarle textualmente admitir la queja y dejar de usar justificaciones evasivas.

 Resoluciones sin fundamentación y “machotes” legales de Morena es una constante en los tribunales locales y federales para devolverle expedientes sus órganos de “justicia” interna emiten respuestas genéricas que violan el principio de exhaustividad legal.

Casos de alto impacto mediático, como las sanciones internas a la ex alcaldesa Norma Otilia Hernández, terminaron siendo revocados de forma unánime por el Tribunal Electoral de Guerrero, con un argumento idéntico al de Quintana Roo, ya que Morena emitió una resolución deficiente, carente de fundamentación y con una valoración de pruebas débil.

Sin embargo, históricamente, Morena ha llevado al límite los plazos judiciales e impugnado mandatos directos de los Tribunales, como el de Quintana Roo, cuando éstos interfieren con decisiones tomadas por la cúpula del partido.

En múltiples casos de renovación de dirigencias nacionales y designación de candidaturas clave, el Tribunal Federal ha tenido que emitir sentencias definitivas e inapelables para obligar a Morena a modificar sus convocatorias, repetir encuestas o adecuar bloques de paridad de género que la dirigencia se resistía a acatar en primera instancia.

Ahora bien ¿Por qué actúa así el partido? Juristas electorales coinciden en que su Comisión suele operar bajo una estrategia de desgaste procesal. Al desechar quejas en primera instancia -aplicar “silencio” administrativo-, Morena partido apuesta a que los militantes inconformes desistan por lo complejo y tardado que resulta llevar el caso ante los tribunales.

Sin embargo, cuando los denunciantes persisten -como en el caso de Quintana Roo contra Mara Lezama y “Gino” Segura-, los Tribunales terminan exhibiendo de forma recurrente las omisiones y deficiencias legales de Morena.

En el tablero político de Quintana Roo, la resistencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para investigar quejas afecta la imagen pública y las aspiraciones de “Gino” Segura en dos vertientes muy marcadas: Una estrategia de desgaste hacia fuera y una fractura de legitimidad hacia dentro de Morena.

En torno a desgaste en la percepción pública como “aspirante intocable” en asociación con el viejo régimen: El hecho de que el órgano de justicia de Morena use “machotes” y artimañas legales para blindarlo choca directamente con la narrativa de transparencia y “no somos iguales” que promueve la llamada Cuarta Transformación. Para la opinión pública, proyecta la imagen de un candidato oficialista “protegido” por la cúpula de Morena.

El pleito legal mantiene vigentes en la agenda mediática las acusaciones sobre pinta masiva de bardas -“Gino va con Morena”- en municipios clave como Benito Juárez y Solidaridad, así como eventos masivos de alto perfil -como el festival “Freedom 250”. En lugar de hablar de sus propuestas, los reflectores se centran en cuestionar si hizo o no trampa de manera anticipada.

Como erosión de su democracia interna, los que promueven las quejas no son partidos de oposición, sino los propios militantes de Morena -Erikc Sánchez y Fiany Ajanel-, por lo que la rebeldía del partido manda el mensaje de que la estructura interna está dispuesta a pisotear los derechos de sus propias bases para blindar a sus favoritos, lo que genera resentimiento y desmovilización en comités locales.

Además, al haber sido ratificado formalmente como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación rumbo a 2027, el principal encargo de “Gino” Segura es mantener la unidad interna, pero el litigio demuestra que no hay tal unidad y que el consenso se está imponiendo por la fuerza jurídica de los órganos nacionales, no mediante el diálogo político.

A pesar de este ruido jurídico, el impacto inmediato en sus números electorales parece contenido debido al peso de la marca Morena en Quintana Roo, donde, en encuestas rumbo a la gubernatura, el favorito de Mara Lezama mantiene una ventaja de hasta 30 puntos frente a competidores más cercanos.

En este sentido, el verdadero peligro para su imagen no es perder la elección, sino que su virtual candidatura -y eventual llegada al poder- nazca judicializada, manchada por la opacidad institucional y bajo la sombra del desacato a los tribunales electorales.

Respecto a la gobernadora, las implicaciones políticas de esta rebeldía de Morena operan bajo lógica distinta a la de “Gino” Segura. Al ser ya mandataria constitucional en funciones, el blindaje de la Comisión de Morena afecta su imagen en varios frentes.

Uno de ellos es desgaste del discurso de “austeridad y honestidad”, pues el hecho de que el órgano de “justicia” de su propio partido recurra a evasivas legales para no investigarla, genera fuerte contraste con la retórica de transparencia, que se suma a otras polémicas de la agenda mediática donde analistas cuestionan si las cúpulas partidistas exigen verdadera rendión de cuentas a gobernantes con altos índices de aprobación.

El mensaje implícito a la ciudadanía es que la estructura nacional de Morena está dispuesta a desacatar mandatos locales con tal de no someter las acciones de Mara Lezama al escrutinio legal formal, proyectando una imagen de intocable política.

Aunque la aprobación personal de Mara Lezama, supuestamente, se mantiene sólida en el Estado, los litigios repetitivos e intentos de “carpetazo” terminan raspando la identidad de Morena. El uso recurrente de estas artimañas procesales por parte de la Comisión erosiona la confianza hacia el partido de cara a futuras contiendas legislativas, donde las bases resienten la falta de democracia interna.

Como evidencia la simulación de unidad, que militantes de las bases sigan recurriendo al Teqroo y ganando juicios, demuestra que los llamados de sus líderes a “cerrar filas en torno a Mara Lezama” no frenan inconformidades internas. La resistencia legal de la Comisión expone que el control político del Estado no es absoluto y que la gobernadora enfrenta fuego amigo persistente que busca debilitar su control en el proceso de sucesión.

En definitiva, para Mara Lezama el costo no se mide en pérdida inmediata de popularidad, sino en el debilitamiento de su autoridad moral como jefa política de Quintana Roo y persistencia de un conflicto legal que mantendrá sus métodos de movilización política bajo la lupa judicial durante el resto de su gestión.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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