Mary Hernández, ¿cero inmuebles y vehículos?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En
nueva clara muestra de ineptitud de la Secretaría “Anticorrupción” de Quintana
Roo -antes conocida como Contraloría-, ahora resulta que la aspirante a diputada
federal, la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Candelaria
Hernández Solís (Mary Hernández), de manera increíble, reportó en su
declaración patrimonial es este año ¡no poseer bienes inmuebles ni vehículos a
su nombre!
La
verdad es que habría que preguntarle a la titular de esa Secretaría, Reyna
Arceo Rosado, en qué mundo vive, a menos que tenga los pies bien planteados
sobre la tierra o tenga instrucciones de no investigar nada o, de plano, todo
le vale un cacahuate.
“Por
lo menos”, la supuesta pobretona Mary Hernández no declaró carecer de ingresos
-¡hubiera sido el colmo!-, ya que, por lo menos desde un año antes de su
segundo mandato presentó declaraciones en el sistema de evolución patrimonial, y
en cuatro años reportó un ingreso neto acumulado de más de 4.8 millones de pesos
netos por concepto de remuneraciones.
De
acuerdo con reportes de sus declaraciones y revisiones de medios locales a los
sistemas oficiales, en 2023 devengó 1 millón 45 mil 389 pesos; en 2024, 1
millón 459 mil 802; en 2025, 807 mil 184, y este año, alrededor de 960 mil
pesos, aunque se ha señalado públicamente que en el sistema no aparece la
declaración patrimonial correspondiente a 2022, pese a que inició oficialmente su primera
gestión el 30 de septiembre de 2021.
Como
se sabe, su situación patrimonial y la adquisición de diversas propiedades
inmobiliarias y negocios familiares en zonas de alta plusvalía han sido objeto
de cuestionamientos y escrutinio público por parte de medios de comunicación en
el Estado.
A
pesar de los señalamientos de la oposición y prensa local sobre presuntas
irregularidades, hasta la fecha no existe ninguna resolución judicial o
administrativa formal que determine alguna falta en el manejo de sus recursos
públicos o declaraciones patrimoniales.
Lo
que llama de sobremanera la atención es que, en sus declaraciones patrimoniales
oficiales, Mary Hernández declaró no poseer bienes inmuebles ni vehículos a su
nombre.
En
efecto, en los apartados de evolución patrimonial, su reporte estableció en
bienes inmuebles: “El servidor público declara que no cuenta o bien cuenta con
bienes inmuebles en copropiedad con un tercero”, con lo que sus declaraciones
aparecen en ceros respecto a propiedades residenciales o comerciales propias.
Del
mismo modo, en el apartado de vehículos (situación actual) no reporta
automóviles registrados a su nombre en la plataforma de transparencia.
Esta
omisión o reporte en ceros es principal foco de críticas de medios de
comunicación locales y partidos de oposición en Quintana Roo, ya que, investigaciones
basadas en el Registro Público de la Propiedad, señalan que tanto ella como su
entorno familiar cercano están vinculados con operaciones inmobiliarias,
adquisición de terrenos, una vivienda y negocios en Playa del Carmen y Carrillo
Puerto.
A
raíz de ello, la prensa local expuso recurrentemente que su estilo de vida -incluyendo
indumentaria de alta gama y uso de vehículos- no se refleja en los bienes
muebles e inmuebles de sus declaraciones oficiales.
De
acuerdo con reportes periodísticos y el seguimiento de las carpetas
ministeriales en Quintana Roo, los detalles sobre el entorno patrimonial de
Maricarmen "Mary" Hernández Solís y las investigaciones en curso
reflejan los cuestionamientos del Registro Público de la Propiedad.
Así,
investigaciones de prensa y del sector de oposición señalan que, si bien la
alcaldesa declara no tener bienes inmuebles a su nombre, existen registros que
vinculan a su círculo cercano o supuestos prestanombres con operaciones
inmobiliarias de alto valor.
En
propiedades en zonas exclusivas, se le adjudica mediáticamente la posesión de
una residencia con un costo de más de 5 millones de pesos, además de terrenos y
locales comerciales en Playa del Carmen y Carrillo Puerto.
Sobre
uso de terceros, reportes de medios locales, como el Sol Quintana Roo, afirman
que los rastreos en el Registro Público exponen supuesta red de propiedades
adquiridas mediante familiares o colaboradores cercanos, aunque, oficialmente,
la alcaldesa se deslinda de estos activos al no figurar como titular directa en
las declaraciones de evolución patrimonial.
En
el ámbito judicial y ministerial, la administración de Mary Hernández enfrenta
diversas denuncias, destacando un frente penal reciente, el escándalo de fraude
vehicular y permisos: Ante la Fiscalía General del Estado constan al menos 21
carpetas de investigación formalizadas, entre ellas las actas
FGE/QROO/OPB/10/5404/2026 y FGE/QROO/OPB/10/5516/2026.
Estas
indagatorias derivan de denuncias por presuntos delitos de fraude, robo de
vehículos y falsificación de documentos oficiales vinculados con la emisión de
permisos municipales de circulación bajo su gestión.
Adicionalmente,
se han hecho públicos señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la
Federación y entes fiscalizadores locales respecto al manejo de decenas de
millones de pesos destinados a obras públicas en Carrillo Puerto.
Aunque
estas investigaciones de Fiscalía y auditorías administrativas están bajo
integración formal, no se ha emitido sentencia definitiva ni orden judicial que
determine una responsabilidad penal o inhabilitación directa en su contra.
Iónicamente, antes de aceptar formalmente una candidatura o
permitir una reelección, Morena, el partido de Mary Hernández cuenta con
filtros internos de control y evaluación ética, pero, en la práctica, estos
mecanismos se enfocan más en idoneidad política y elegibilidad jurídica… que en
una auditoría fiscal profunda.
Así
las cosas, los filtros y revisiones que realiza el partido sobre los bienes y
declaraciones patrimoniales de sus aspirantes consisten en una carta de
manifestación bajo protesta de decir verdad que todos los aspirantes deben
firmar ese documento obligatorio provisto por la Comisión Nacional de
Elecciones.
En
esta carta, el aspirante declara formalmente no tener antecedentes penales por
delitos patrimoniales, corrupción o violencia de género; que el origen de sus
recursos financieros y sus bienes es lícito; y que acepta someterse a los
principios éticos del partido (no mentir, no robar, no traicionar al pueblo)
La
dirigencia nacional de Morena enfatiza que no actúa como “tapadora” de nadie,
en teoría, y exige que cualquier aspirante con señalamientos en su patrimonio
aclare el origen de sus recursos públicos o privados antes o durante el
proceso. La Comisión Nacional de Elecciones evalúa el impacto público y la
congruencia del estilo de vida del candidato con la doctrina de austeridad
republicana que promueve el movimiento.
Su
Comisión -hoy
cuestionado por su rebeldía ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo- es órgano
interno encargado de procesar denuncias y quejas, entre ellas denuncias de
militantes: Si uno de ellos u otro aspirante detecta inconsistencias graves
entre el nivel de vida de un candidato y su declaración patrimonial oficial,
puede interponer un recurso de queja.
Si
la Comisión encuentra faltas graves a los estatutos éticos del partido, tiene
la facultad de revocar el registro del aspirante o suspender sus derechos
políticos, impidiendo que avance en las encuestas internas o en la asignación
final de candidaturas.
Morena
cruza información pública y análisis de opinión o vulnerabilidad política -evalúa
qué tanto daño puede hacer un escándalo de corrupción a la campaña-, aunque
carece de facultades legales y herramientas técnicas de fiscalía o contraloría
para auditar cuentas bancarias ni rastrear propiedades a nombre de terceros o prestanombres
en el Registro Público de la Propiedad.
Por
lo tanto, la revisión de Morena es principalmente documental y de control de
daños políticos. Asume como válidos los documentos que entrega el aspirante,
delegando la responsabilidad de una investigación exhaustiva (¿!) a la
Contraloría o a las fiscalías anticorrupción si se formalizan las denuncias
No
obstante, para investigar presuntas irregularidades en patrimonio, omisión de
declaraciones y desvío de recursos públicos de Mary Hernández, existen
autoridades específicas facultadas por la ley, algunas de las cuales han
emitido pliegos de observaciones o tienen denuncias en curso.
La
Auditoría Superior de la Federación es la autoridad federal con mayor avance en
la fiscalización de su gestión. Ha detectado observaciones por un presunto
desfalco financiero de más de 46.6 millones de pesos de fondos federales
destinados a infraestructura en Carrillo Puerto. Si el Ayuntamiento no lo solventa,
está facultada para presentar denuncias penales directas.
Por
su parte, la Secretaría de Reyna Arceo es la autoridad local facultada de
manera directa para auditar la evolución patrimonial de los funcionarios de Quintana
Roo. Tiene capacidad legal de cotejar los ingresos reportados en ceros por la
alcaldesa con las transacciones financieras y notariales reales para detectar
un posible enriquecimiento ilícito.
La
Auditoría Superior del Estado, por su lado, es encargada de revisar las cuentas
públicas locales del municipio. Fiscaliza el origen, destino y contratos
otorgados por el Ayuntamiento a proveedores o presuntos vínculos familiares.
La
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo está
facultada a integrar carpetas de investigación si Contraloría o ciudadanos
aportan pruebas de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de
procedencia ilícita -“lavado”- o desvío de recursos públicos (peculado)
La
Fiscalía General del Estado, se sabe, ya está investigando de manera activa la gestión
de Mary Hernández y, como señalamos, mantiene abiertas al menos 21 carpetas de
investigación en curso -como los expedientes FGE/QROO/OPB/10/5404/2026 y
FGE/QROO/OPB/10/5516/2026- enfocadas en fraude, robo de vehículos y
falsificación de documentos relativos a la expedición de permisos de
circulación municipal.
Finalmente,
la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque requiere una petición de las
fiscalías o denuncias internas, es la autoridad federal facultada para congelar
cuentas bancarias y rastrear la triangulación de dinero hacia familiares,
cónyuges o supuestos prestanombres que aparezcan comprando propiedades en el Registro
Público de la Propiedad.
Las
autoridades que ya actúan formalmente son la Fiscalía General, con las carpetas
penales de investigación, y la Auditoría Superior de la Federación, mediante
pliegos de observaciones de cuentas públicas. Las denuncias por incongruencia
patrimonial -bienes inmuebles a nombre de terceros- recaen bajo jurisdicción de
la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, que requieren que concluyan las
auditorías o que partidos de oposición aporten las actas del Registro Público
para proceder a un juicio de procedencia (desafuero)
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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