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Periodista, ¡solo ante el mundo por Mara!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         En un caso que recuerda al del periodista de Tulum, Héctor Valdez Hernández, preso desde 2020 en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, su homólogo David Jonathan Estrada Castillo atraviesa complicada situación legal, tal que le obligó a buscar refugio en un país de Centroamérica, concretamente El Salvador, desde donde sigue transmitiendo noticias.

         La similitud entre ambos es ser víctimas de acostumbrada práctica de políticos: Ataque a la libertad de expresión, aunque se diferencian en el nombre de sus respectivos verdugos, ambos gobernadores de Quintana Roo, el primero “premiado” con el consulado de México en Canadá, y la segunda, aún en funciones.

         Nos referimos a Carlos Joaquín González y a la excursionista Mara Lezama, respectivamente, éste última, a través de su esposo Omar Terrazas, aunque ambas víctimas guardan otra lamentable similitud: Están olvidados por el gremio periodístico de Quintana Roo, donde sólo algunos dicen “esta boca es mía”, claro porque no se trata de invitaciones a algún convivio. Triste.

         Como publicamos en abril, Héctor Valdez, fue acusado de violar supuestamente a una mujer, cuando, en realidad, fue víctima de una venganza del entonces gobernador Carlos Joaquín, por sus severas críticas en su contra por corrupción a través de su portal Tulum en Red, así como contra el ex alcalde por la coalición PAN-PRD-MC de esa ciudad, Víctor Mas Tah (2018-2021)

https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/04/inconstitucional-prision-preventiva-de.html

Por su parte, el conflicto legal y político entre Mara Lezama y Jonathan Estrada, fundador de Grupo Contrapunto Internacional -Cancún Channel-, surgió a raíz de publicaciones e investigaciones periodísticas críticas sobre presuntas redes de corrupción y entorno político y familiar de la mandataria.

Aunque data dos años el caso, se volvió viral en redes sociales tras una entrevista nacional por YouTube, aunque, de acuerdo con reportes de prensa y organizaciones civiles, la disputa se divide en dos frentes legales principales y cuenta con posturas contrapuestas sobre el origen de las investigaciones y la demanda por daño moral en 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=LnAAP_uX8bI&feature=youtu.be

Tras publicaciones sobre presunta corrupción contra Mara Lezama, según reportó la organización internacional Artículo 19 en su informe sobre acoso judicial, el conflicto escaló en enero de ese año, cuando Jonathan Estrada fue demandado por supuesto daño moral y económico.

El recurso lo interpuso Omar Terrazas, esposo de Mara Lezama, quien argumentó afectaciones derivadas de los reportajes publicados sobre supuesta red de corrupción que involucraría a familiares de la gobernadora.

En un pronunciamiento de enero de 2024, Artículo 19 calificó el proceso como “acoso judicial”, por lo que advirtió sobre la gravedad de solicitar como medida provisional, irónicamente, que se prohibiera al comunicador publicar información sobre una funcionaria pública sujeta a escrutinio ciudadano.

Otro origen del conflicto fue una denuncia este año por violencia política de género. En noviembre, empero, el caso cobró relevancia nacional tras una sentencia contra Jonathan Estrada por esa supuesta violencia, derivada de una denuncia presentada en representación de la gobernadora Mara Lezama tras cuestionamientos a su “gobierno” y su entorno político.

Según consignaron Los Ángeles Press y Quintana Roo Ahora sobre el litigio, la resolución incluyó amonestación pública, obligación de disculpa pública, tomar capacitación y permanecer dos años en registro de personas sancionadas, pero el periodista impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En varias entrevistas, incluso en el programa Atypical Te Ve del día 13, Jonathan Estrada sostuvo enfrentar “persecución política y acoso judicial” para silenciar sus investigaciones sobre actos de corrupción y manejo político en Quintana Roo y también denunció amenazas contra su familia, multas judiciales y uso de las leyes electorales y civiles como mecanismos de censura.

Por su parte, las acciones legales en el entorno de Mara Lezama, son la defensa del honor y patrimonio -en el caso civil por daño moral que promovió su esposo- y protección contra expresiones que, según la denuncia, configuran violencia política en razón de género, aunque, en reportes públicos sobre el litigio, no figura una declaración directa adicional de la gobernadora fuera de los argumentos asentados en expedientes.

No obstante, la razón por la que el conflicto legal escaló específicamente contra Jonathan Estrada, pese a existir muchos críticos de la mandataria, responde a una combinación del contenido específico de investigaciones y la interpretación jurídica de las autoridades electorales y civiles a sus expresiones.

Según expedientes judiciales y reportes periodísticos, uno de los factores que diferencian este caso es el enfoque en operadores políticos y la autonomía de la mandataria.

A diferencia de cuestionamientos generales sobre seguridad, servicios o políticas públicas, Jonathan Estrada centró videocolumnas en presuntas redes de corrupción que involucran al entorno familiar de Mara Lezama y en afirmar que personajes externos -como operadores del Verde “Ecologista” y asesores sin cargo público- realmente son los que toman decisiones en Quintana Roo.

Según Los Ángeles Press, en análisis de la sentencia, el Tribunal Electoral consideró que, afirmar que una gobernadora está subordinada a operadores masculinos o sólo figura de mercadotecnia política, reproduce estereotipos de género que cuestionan su capacidad para gobernar por ser mujer, argumento legal por el que sus críticas se sancionaron, a diferencia de otras críticas políticas tradicionales.

Jonathan Estrada dirige Grupo Contrapunto Internacional, que agrupa a cerca de 48 plataformas digitales -como Cancún Channel-, lo que multiplicó la difusión de sus señalamientos. De hecho, el Instituto Electoral solicitó en agosto a la empresa Meta suspender temporalmente varias de sus cuentas como medida cautelar.

Así las cosas, existen dos visiones opuestas sobre el límite de la crítica, y el caso refleja una tensión jurídica abierta en México sobre dónde termina la libertad de prensa y dónde empieza la violencia política de género.

Según la defensa y organizaciones de prensa, tanto Jonathan Estrada como Artículo 19, sostienen que se utilizan leyes de protección a las mujeres y demandas civiles -como la interpuesta por Omar Terrazas- sólo para blindar al poder frente al escrutinio público y castigar investigaciones incómodas.

Por su parte, Mara Lezama -según consigna Noticaribe- asegura respetar la libertad de expresión y división de poderes, pero no permite impunidad ni violencia contra las mujeres, sin importar quién la cometa.

En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá la impugnación de Jonathan Estrada y definirá si sus expresiones la ampara la libertad periodística o constituyeron infracción electoral.

El debate sobre si las autoridades electorales aplicaron el concepto de violencia de género subjetivamente para proteger a la gobernadora, o actuaron conforme a derecho, es centro de la controversia pública y jurídica.

Los que cuestionan al IEQROO y TEQROO apuntan a una distorsión de figura protectora: Artículo 19, en análisis sobre violencia política de género y libertad de expresión, advierte nivel nacional que violencia política en razón de género suelen utilizarla funcionarios públicos como herramienta de censura para evitar escrutinio periodístico y castigar críticas incómodas.

En impugnación ante la Sala Regional Xalapa, la defensa de Jonathan Estrada y analistas de Los Ángeles Press, argumentan que supuestas injerencias de asesores o pactos políticos en gobierno es parte del debate público habitual en México y se aplica por igual a gobernantes hombres y mujeres, por lo que no debería calificarse automáticamente como ataque por motivos de género.

Críticos locales señalan que los órganos electorales enfrentan presiones políticas y presupuestales frente a gobiernos en turno, lo que genera suspicacias sobre su imparcialidad cuando la denunciante es la titular del Ejecutivo estatal.

Desde la perspectiva jurídica que sustentó las medidas cautelares del IEQROO y sentencia del TEQROO, se exponen puntos sobre estereotipos sobre la capacidad de liderazgo: La jurisprudencia electoral en México establece que se configura violencia de género cuando un mensaje refuerza el estereotipo de que una mujer en un cargo de poder es incapaz de tomar decisiones propias y depende de figuras masculinas para gobernar.

Bajo este criterio, concluyeron que los señalamientos de Jonathan Estrada rebasaron la crítica a la gestión pública al cuestionar su autonomía como mujer.

El IEQROO no emitió sentencia definitiva, pues su función es sólo recibir la queja, investigar y dictar medidas cautelares -como retiro temporal de contenidos- para evitar un posible daño continuo, mientras que el TEQROO se encarga de juzgar el fondo del asunto con protocolos federales para juzgar con perspectiva de género.

Precisamente por ser muy delgada la línea entre crítica periodística protegida y estereotipos de género y sujeta a interpretación, el sistema electoral mexicano contempla la revisión federal y corresponderá al TEPJF decidir si los órganos de Quintana Roo aplicaron criterio de forma excesiva y subjetiva en detrimento de la libertad de expresión, o la sanción es jurídicamente justificada.

No obstante, el señalamiento de que el Poder Judicial en Quintana Roo actúa contra los intereses de Jonathan Estrada la documentan organizaciones defensoras de la libertad de expresión y constituye el núcleo de lo que se llama “acoso judicial” o litigio estratégico contra la prensa.

Más allá del ámbito electoral, la actuación del Poder Judicial de Quintana Roo se manifiesta principalmente en el juicio por daño moral que promovió el esposo de Mara Lezama.

En el marco de esa demanda iniciada tras las investigaciones periodísticas de 2023, el Juez Tercero de lo Civil en Cancún, Octavio Ascencio Fernández, sorpresivamente, requirió a Jonathan Estrada entregar sus estados financieros, datos bancarios y declaraciones fiscales.

Según denunció Artículo 19 el 17 de abril de 2025, ante la negativa del periodista de entregar esa información patrimonial privada, que consideró irrelevante su defensa para un juicio sobre libertad de expresión, el juzgado ordenó su arresto administrativo por supuesto “desacato”, por lo que el periodista debió recurrir al Juzgado Noveno de Distrito para una suspensión provisional que evitara su detención por las autoridades judiciales.

En el desarrollo del litigio, el juzgado admitió solicitudes de medidas provisionales para prohibir al periodista publicar información relacionada con Mara Lezama, así como multas judiciales acumulativas que Estrada señaló en entrevista con el periodista Carlos Alazraki,  en Atypical Te Ve del día 13, como mecanismo de desgaste económico y jurídico.

Artículo 19, Propuesta Cívica y Perteneces A.C., según recogió Alianza de Medios MX señalan un patrón en el que las instancias locales -tanto civiles como electorales en Quintana Roo- fallan sistemáticamente contra Jonathan Estrada, a quien obligan a buscar protección en instancias federales:

Así, en materia civil y penal/administrativa, ha dependido de jueces federales de amparo para frenar órdenes de arresto dictadas por jueces del Poder Judicial de Quintana Roo, y en materia electoral, tras la sentencia condenatoria del TEQROO el 30 de octubre de 2026, su única vía de defensa es la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Desde la perspectiva de defensa y organizaciones de derechos humanos, esta dinámica evidencia la falta de contrapesos reales en los tribunales estatales frente al Poder Ejecutivo, mientras que, desde la óptica formal de los juzgados locales, justifican sus resoluciones como medidas de apremio previstas en los códigos procesales para cumplir mandatos judiciales en litigio de particulares.

Lo más irónico del caso es la falta de un respaldo visible y masivo por parte del gremio periodístico en Quintana Roo hacia Jonathan Estrada, tema que el propio comunicador abordó en su entrevista en Atypical Te Ve, ya que, como todo mundo sabe, responde a una combinación de dependencia económica de la publicidad oficial, temor a represalias legales o de seguridad y divisiones internas en medios locales.

En efecto, mientras organizaciones nacionales e internacionales como Artículo 19, Propuesta Cívica y Perteneces A.C. -reportado por Alianza de Medios MX- sí han intervenido legalmente a su favor, el silencio en el ámbito estatal suele explicarse por una serie de factores.

La más recurrente, dependencia de los convenios de publicidad oficial -o sea, intereses monetarios-; efecto inhibidor y temor a represalias -“efecto amedrentador”-; y fragmentación del gremio y perfil editorial.

         En el primer caso, por supervivencia financiera de portales locales, en Quintana Roo, gran parte del ecosistema de medios digitales, periódicos y estaciones de radio depende de contratos de difusión y convenios publicitarios asignados por el Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Congreso del Estado.

Así, solidarizarse abiertamente con un comunicador que mantiene un litigio frontal contra Mara Lezama implica, en la práctica, el riesgo de quedar fuera del reparto de publicidad gubernamental, lo que compromete la viabilidad económica de medios pequeños y medianos.

Respecto al segundo caso, el tema de Jonathan Estrada opera como mensaje disuasivo para otros reporteros y directores de medios: Enfrentar simultáneamente una demanda civil por daño moral -con órdenes de arresto y solicitud de datos bancarios- y un proceso electoral por violencia de género representa costo financiero y personal que pocos periodistas pueden afrontar.

Ejercer periodismo crítico en Quintana Roo conlleva vulnerabilidades institucionales y de seguridad física, por lo que muchos comunicadores optan por autocensura o distanciamiento público para proteger su integridad y la de sus familias.

Por último, a diferencia de otras entidades donde existen colectivos consolidados con capacidad de movilización conjunta, el gremio en Quintana Roo suele operar de forma fragmentada, con distintos niveles de cercanía política con el gobierno en turno.

Algunos sectores de la prensa tradicional mantienen distancia frente al estilo editorial confrontativo y de videocolumna de opinión de Jonathan Estrada, prefiriendo no involucrarse en disputas que perciben como choques políticos de alto nivel.

En resumen, el silencio periodístico local no responde a una sola causa, sino a la suma de incentivos económicos ligados al presupuesto oficial y al temor fundado a sufrir el mismo desgaste judicial y financiero que atraviesa el periodista.

En conclusión, mientras el discurso oficial y los fallos de las instancias estatales enmarcan estos procesos como la aplicación ordinaria de la ley frente a excesos informativos, organizaciones especializadas en libertad de expresión los catalogan como patrón de restricción y amedrentamiento contra el periodismo de investigación, una disputa jurídica que aún aguarda resolución definitiva en tribunales federales.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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