Periodista, ¡solo ante el mundo por Mara!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En un caso que recuerda al del periodista de Tulum, Héctor
Valdez Hernández, preso desde 2020 en el penal
de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, su homólogo David Jonathan Estrada Castillo
atraviesa complicada situación legal, tal que le obligó a buscar refugio en un
país de Centroamérica, concretamente El Salvador, desde donde sigue
transmitiendo noticias.
La similitud entre ambos es ser víctimas
de acostumbrada práctica de políticos: Ataque a la libertad de expresión,
aunque se diferencian en el nombre de sus respectivos verdugos, ambos
gobernadores de Quintana Roo, el primero “premiado” con el consulado de México
en Canadá, y la segunda, aún en funciones.
Nos referimos a Carlos Joaquín González
y a la excursionista Mara Lezama, respectivamente, éste última, a través de su
esposo Omar Terrazas, aunque ambas víctimas guardan otra lamentable similitud: Están
olvidados por el gremio periodístico de Quintana Roo, donde sólo algunos dicen
“esta boca es mía”, claro porque no se trata de invitaciones a algún convivio.
Triste.
Como publicamos en abril, Héctor
Valdez, fue acusado de violar supuestamente a una mujer, cuando, en realidad,
fue víctima de una venganza del entonces gobernador Carlos Joaquín, por sus
severas críticas en su contra por corrupción a través de su portal Tulum en
Red, así como contra el ex alcalde por la coalición PAN-PRD-MC de esa ciudad,
Víctor Mas Tah (2018-2021)
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/04/inconstitucional-prision-preventiva-de.html
Por
su parte, el conflicto legal y político entre Mara Lezama y Jonathan Estrada, fundador de Grupo Contrapunto Internacional -Cancún Channel-,
surgió a raíz de publicaciones e investigaciones periodísticas críticas sobre
presuntas redes de corrupción y entorno político y familiar de la mandataria.
Aunque
data dos años el caso, se volvió viral en redes sociales tras una entrevista
nacional por YouTube, aunque, de acuerdo con reportes de prensa y
organizaciones civiles, la disputa se divide en dos frentes legales principales
y cuenta con posturas contrapuestas sobre el origen de las investigaciones y la
demanda por daño moral en 2024.
https://www.youtube.com/watch?v=LnAAP_uX8bI&feature=youtu.be
Tras
publicaciones sobre presunta corrupción contra Mara Lezama, según reportó la
organización internacional Artículo 19 en su informe sobre acoso judicial,
el conflicto escaló en enero de ese año, cuando Jonathan Estrada fue demandado
por supuesto daño moral y económico.
El
recurso lo interpuso Omar Terrazas, esposo de Mara Lezama, quien argumentó
afectaciones derivadas de los reportajes publicados sobre supuesta red de
corrupción que involucraría a familiares de la gobernadora.
En
un pronunciamiento de enero de 2024, Artículo 19 calificó el proceso como “acoso judicial”,
por lo que advirtió sobre la gravedad de solicitar como medida provisional,
irónicamente, que se prohibiera al comunicador publicar información sobre una
funcionaria pública sujeta a escrutinio ciudadano.
Otro
origen del conflicto fue una denuncia este año por violencia política de género.
En noviembre, empero, el caso cobró relevancia nacional tras una sentencia
contra Jonathan Estrada por esa supuesta violencia, derivada de una denuncia
presentada en representación de la gobernadora Mara Lezama tras
cuestionamientos a su “gobierno” y su entorno político.
Según consignaron Los Ángeles Press y Quintana Roo Ahora sobre el litigio, la resolución incluyó amonestación pública, obligación de disculpa pública, tomar capacitación y permanecer dos años en registro de personas sancionadas, pero el periodista impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En
varias entrevistas, incluso en el programa Atypical Te Ve del día 13, Jonathan Estrada
sostuvo enfrentar “persecución política y acoso judicial” para silenciar sus
investigaciones sobre actos de corrupción y manejo político en Quintana Roo y también
denunció amenazas contra su familia, multas judiciales y uso de las leyes
electorales y civiles como mecanismos de censura.
Por
su parte, las acciones legales en el entorno de Mara Lezama, son la defensa del
honor y patrimonio -en el caso civil por daño moral que promovió su esposo- y
protección contra expresiones que, según la denuncia, configuran violencia
política en razón de género, aunque, en reportes públicos sobre el litigio, no
figura una declaración directa adicional de la gobernadora fuera de los
argumentos asentados en expedientes.
No
obstante, la razón por la que el conflicto legal escaló específicamente contra
Jonathan Estrada, pese a existir muchos críticos de la mandataria, responde a
una combinación del contenido específico de investigaciones y la interpretación
jurídica de las autoridades electorales y civiles a sus expresiones.
Según
expedientes judiciales y reportes periodísticos, uno de los factores que
diferencian este caso es el enfoque en operadores políticos y la autonomía de
la mandataria.
A
diferencia de cuestionamientos generales sobre seguridad, servicios o políticas
públicas, Jonathan Estrada centró videocolumnas en presuntas redes de
corrupción que involucran al entorno familiar de Mara Lezama y en afirmar que
personajes externos -como operadores del Verde “Ecologista” y asesores sin
cargo público- realmente son los que toman decisiones en Quintana Roo.
Según Los Ángeles Press, en análisis de la sentencia, el Tribunal Electoral consideró que, afirmar que una gobernadora está
subordinada a operadores masculinos o sólo figura de mercadotecnia política,
reproduce estereotipos de género que cuestionan su capacidad para gobernar por
ser mujer, argumento legal por el que sus críticas se sancionaron, a diferencia
de otras críticas políticas tradicionales.
Jonathan
Estrada dirige Grupo Contrapunto Internacional, que agrupa a cerca de 48
plataformas digitales -como Cancún Channel-, lo que multiplicó la difusión de
sus señalamientos. De hecho, el Instituto Electoral solicitó en agosto a la
empresa Meta suspender temporalmente varias de sus cuentas como medida
cautelar.
Así
las cosas, existen dos visiones opuestas sobre el límite de la crítica, y el
caso refleja una tensión jurídica abierta en México sobre dónde termina la
libertad de prensa y dónde empieza la violencia política de género.
Según
la defensa y organizaciones de prensa, tanto Jonathan Estrada como Artículo 19,
sostienen que se utilizan leyes de protección a las mujeres y demandas civiles -como
la interpuesta por Omar Terrazas- sólo para blindar al poder frente al
escrutinio público y castigar investigaciones incómodas.
Por
su parte, Mara Lezama -según consigna Noticaribe- asegura
respetar la libertad de expresión y división de poderes, pero no permite
impunidad ni violencia contra las mujeres, sin importar quién la cometa.
En
este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
resolverá la impugnación de Jonathan Estrada y definirá si sus expresiones la ampara
la libertad periodística o constituyeron infracción electoral.
El
debate sobre si las autoridades electorales aplicaron el concepto de violencia
de género subjetivamente para proteger a la gobernadora, o actuaron conforme a
derecho, es centro de la controversia pública y jurídica.
Los
que cuestionan al IEQROO y TEQROO apuntan a una distorsión de figura
protectora: Artículo 19, en análisis sobre violencia política de género y
libertad de expresión, advierte nivel nacional que violencia política en razón
de género suelen utilizarla funcionarios públicos como herramienta de censura
para evitar escrutinio periodístico y castigar críticas incómodas.
En
impugnación ante la Sala Regional Xalapa, la defensa de Jonathan Estrada y
analistas de Los Ángeles Press, argumentan que supuestas injerencias de asesores o pactos políticos en gobierno
es parte del debate público habitual en México y se aplica por igual a
gobernantes hombres y mujeres, por lo que no debería calificarse
automáticamente como ataque por motivos de género.
Críticos
locales señalan que los órganos electorales enfrentan presiones políticas y
presupuestales frente a gobiernos en turno, lo que genera suspicacias sobre su
imparcialidad cuando la denunciante es la titular del Ejecutivo estatal.
Desde
la perspectiva jurídica que sustentó las medidas cautelares del IEQROO y
sentencia del TEQROO, se exponen puntos sobre estereotipos sobre la capacidad
de liderazgo: La jurisprudencia electoral en México establece que se configura
violencia de género cuando un mensaje refuerza el estereotipo de que una mujer
en un cargo de poder es incapaz de tomar decisiones propias y depende de
figuras masculinas para gobernar.
Bajo
este criterio, concluyeron que los señalamientos de Jonathan Estrada rebasaron
la crítica a la gestión pública al cuestionar su autonomía como mujer.
El
IEQROO no emitió sentencia definitiva, pues su función es sólo recibir la
queja, investigar y dictar medidas cautelares -como retiro temporal de
contenidos- para evitar un posible daño continuo, mientras que el TEQROO se encarga
de juzgar el fondo del asunto con protocolos federales para juzgar con
perspectiva de género.
Precisamente
por ser muy delgada la línea entre crítica periodística protegida y
estereotipos de género y sujeta a interpretación, el sistema electoral mexicano
contempla la revisión federal y corresponderá al TEPJF decidir si los órganos
de Quintana Roo aplicaron criterio de forma excesiva y subjetiva en detrimento
de la libertad de expresión, o la sanción es jurídicamente justificada.
No
obstante, el señalamiento de que el Poder Judicial en Quintana Roo actúa contra
los intereses de Jonathan Estrada la documentan organizaciones defensoras de la
libertad de expresión y constituye el núcleo de lo que se llama “acoso judicial”
o litigio estratégico contra la prensa.
Más
allá del ámbito electoral, la actuación del Poder Judicial de Quintana Roo se
manifiesta principalmente en el juicio por daño moral que promovió el esposo de
Mara Lezama.
En
el marco de esa demanda iniciada tras las investigaciones periodísticas de
2023, el Juez Tercero de lo Civil en Cancún, Octavio Ascencio Fernández, sorpresivamente,
requirió a Jonathan Estrada entregar sus estados financieros, datos bancarios y
declaraciones fiscales.
Según
denunció Artículo 19 el 17 de abril de 2025,
ante la negativa del periodista de entregar esa información patrimonial privada,
que consideró irrelevante su defensa para un juicio sobre libertad de expresión,
el juzgado ordenó su arresto administrativo por supuesto “desacato”, por lo que
el periodista debió recurrir al Juzgado Noveno de Distrito para una suspensión
provisional que evitara su detención por las autoridades judiciales.
En
el desarrollo del litigio, el juzgado admitió solicitudes de medidas
provisionales para prohibir al periodista publicar información relacionada con Mara
Lezama, así como multas judiciales acumulativas que Estrada señaló en
entrevista con el periodista Carlos Alazraki, en Atypical Te Ve del día 13, como mecanismo
de desgaste económico y jurídico.
Artículo
19, Propuesta Cívica y Perteneces A.C., según recogió Alianza de Medios MX
señalan un patrón en el que las instancias locales -tanto civiles como
electorales en Quintana Roo- fallan sistemáticamente contra Jonathan Estrada, a
quien obligan a buscar protección en instancias federales:
Así,
en materia civil y penal/administrativa, ha dependido de jueces federales de
amparo para frenar órdenes de arresto dictadas por jueces del Poder Judicial de
Quintana Roo, y en materia electoral, tras la sentencia condenatoria del TEQROO
el 30 de octubre de 2026, su única vía de defensa es la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desde
la perspectiva de defensa y organizaciones de derechos humanos, esta dinámica
evidencia la falta de contrapesos reales en los tribunales estatales frente al Poder
Ejecutivo, mientras que, desde la óptica formal de los juzgados locales, justifican
sus resoluciones como medidas de apremio previstas en los códigos procesales
para cumplir mandatos judiciales en litigio de particulares.
Lo
más irónico del caso es la falta de un respaldo visible y masivo por parte del
gremio periodístico en Quintana Roo hacia Jonathan Estrada, tema que el propio
comunicador abordó en su entrevista en Atypical Te Ve, ya que, como todo mundo
sabe, responde a una combinación de dependencia económica de la publicidad
oficial, temor a represalias legales o de seguridad y divisiones internas en
medios locales.
En
efecto, mientras organizaciones nacionales e internacionales como Artículo 19,
Propuesta Cívica y Perteneces A.C. -reportado por Alianza de Medios MX- sí han
intervenido legalmente a su favor, el silencio en el ámbito estatal suele
explicarse por una serie de factores.
La
más recurrente, dependencia de los convenios de publicidad oficial -o sea, intereses
monetarios-; efecto inhibidor y temor a represalias -“efecto amedrentador”-; y
fragmentación del gremio y perfil editorial.
En
el primer caso, por supervivencia financiera de portales locales, en Quintana
Roo, gran parte del ecosistema de medios digitales, periódicos y estaciones de
radio depende de contratos de difusión y convenios publicitarios asignados por
el Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Congreso del Estado.
Así,
solidarizarse abiertamente con un comunicador que mantiene un litigio frontal
contra Mara Lezama implica, en la práctica, el riesgo de quedar fuera del
reparto de publicidad gubernamental, lo que compromete la viabilidad económica
de medios pequeños y medianos.
Respecto
al segundo caso, el tema de Jonathan Estrada opera como mensaje disuasivo para
otros reporteros y directores de medios: Enfrentar simultáneamente una demanda
civil por daño moral -con órdenes de arresto y solicitud de datos bancarios- y
un proceso electoral por violencia de género representa costo financiero y
personal que pocos periodistas pueden afrontar.
Ejercer
periodismo crítico en Quintana Roo conlleva vulnerabilidades institucionales y
de seguridad física, por lo que muchos comunicadores optan por autocensura o
distanciamiento público para proteger su integridad y la de sus familias.
Por
último, a diferencia de otras entidades donde existen colectivos consolidados
con capacidad de movilización conjunta, el gremio en Quintana Roo suele operar
de forma fragmentada, con distintos niveles de cercanía política con el
gobierno en turno.
Algunos
sectores de la prensa tradicional mantienen distancia frente al estilo
editorial confrontativo y de videocolumna de opinión de Jonathan Estrada,
prefiriendo no involucrarse en disputas que perciben como choques políticos de
alto nivel.
En
resumen, el silencio periodístico local no responde a una sola causa, sino a la
suma de incentivos económicos ligados al presupuesto oficial y al temor fundado
a sufrir el mismo desgaste judicial y financiero que atraviesa el periodista.
En
conclusión, mientras el discurso oficial y los fallos de las instancias
estatales enmarcan estos procesos como la aplicación ordinaria de la ley frente
a excesos informativos, organizaciones especializadas en libertad de expresión
los catalogan como patrón de restricción y amedrentamiento contra el periodismo
de investigación, una disputa jurídica que aún aguarda resolución definitiva en
tribunales federales.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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