¡Que dejó el PRI por “dignidad” cuestionado borgista!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ante supuestas decisiones internas que consideró “lesivas”, el siempre controvertido Pedro Flota Alcocer renunció al PRI tras 40 años de militancia, en carta a la dirigente del CDE de ese partido en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, con lo que presumió una falsa “dignidad” por el nombramiento de Edith Mendoza Pino como líder priísta en Tulum.

Aunque la misiva fue para Cora Amalia -asumió el liderazgo del PRI en marzo de 2025-, tras un periodo de fuertes críticas internas y presiones de figuras del partido -como -el ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz- que pedían al grupo de Pedro Flota una renovación en la dirigencia ante la pérdida de fuerza electoral del partido en el Estado, el anuncio del ahora ex priísta circuló masivamente en redes sociales.

Pedro Flota se desempeñó como presidente estatal del PRI por segunda ocasión desde marzo de 2022, pero durante su gestión, el partido enfrentó resultados electorales complejos, aunque llegó a declarar que el registro del partido en Quintana Roo “nunca estuvo en riesgo” pese a los rumores de su desaparición. Su salida marcó un punto de quiebre para el priismo local, que hoy busca reorganizarse de cara a los procesos electorales de 2027.

Para los que tienen corta memoria, Edith Mendoza fue la primera presidenta municipal priísta electa de Tulum -tras su creación como municipio- desde el 10 de abril de 2011, hasta renunciar en mayo de 2012, tras una gestión y salida marcadas por fuertes controversias políticas y legales.

Aunque dimitió por supuestos “motivos personales”, en un contexto de intensa presión política y acusaciones de mala administración, fue detenida en diciembre de 2012 bajo cargos de desempeño irregular de la función pública y acusada de presunto quebranto patrimonial por cerca de 42 millones de pesos.

Un año después obtuvo su libertad con una fianza, luego que su defensa argumentara irregularidades del proceso y falta de pruebas contundentes, por lo que su caso llegó a la Cámara de Diputados, donde se discutieron dictámenes que rechazaban actos de violencia y discriminación mediática en su contra durante el proceso político.

Tras su salida de la vida pública activa, mantuvo un perfil bajo, alejada de cargos de elección popular, pero durante la crisis política de 2012, Pedro Flota mantuvo hacia ella una postura de confrontación, entonces como presidente estatal del PRI por primera ocasión, tras ser director general del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (INFOVIR)

Ante de ello, sorpresivamente, de diciembre de 2008 a abril de 2011, durante el gris sexenio de Félix González Canto, fue nombrado director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)

El caso es que, cuando Edith Mendoza fue detenida, como dirigente del PRI la calificó públicamente de “desequilibrada mental”, después que ella acusara al entonces gobernador Roberto Borge de estar detrás de su proceso judicial, por lo que Pedro Flota lideró declaraciones del partido para deslindarse de la ex alcaldesa, señalando que iniciarían proceso para expulsarla de sus filas por las acusaciones de corrupción y desvío de recursos.

Así las cosas, Pedro Flota continuó su carrera en el PRI, y fue electo diputado y presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, siempre alineado con la estructura institucional del partido, aunque en el pasado -sobre todo tras elecciones o crisis internas-, hubo rumores sobre su salida y exigencias internaos para dejar la dirigencia por los resultados electorales.

Su trayectoria, sin embargo, siempre ha sido cuestionada, principalmente por su estrecha asociación con el grupo político de Roberto Borge y por el papel que desempeñó en momentos críticos de la política en Quintana Roo.

Entre las principales críticas en su contra, se recuerda aquél “paquete de impunidad”, cuando, como presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura (2013-2016), fue figura central en la aprobación de reformas para ese paquete, por medidas que buscaban proteger al ex gobernador y colaboradores de investigaciones judiciales tras perder las elecciones de 2016.

Se le identifica como uno de los operadores políticos más leales a Roberto Borge, quien enfrenta en la cárcel procesos por corrupción y aprovechamiento ilícito del poder, por lo que su defensa constante de ese gobierno lo marcó ante la opinión pública como parte del viejo régimen.

Como dirigente del PRI, enfrentó duras críticas internas y exigencias de renuncia por parte de militantes y ex gobernadores, como Joaquín Hendricks, y se le cuestionó la debilidad electoral del partido bajo su mando y la falta de renovación de cuadros.

Su actuación en el caso de Edith Mendoza la calificaron algunos sectores como excesivamente agresiva, con sus adjetivos personales para descalificarla y no centrarse sólo en lo institucional, lo que reforzó su imagen de operador de mano dura.

Por si fuera poco, en 2016 también lo demandó el ex gobernador Mario Villanueva, quien lo acusó de omisión en los trabajos de una comisión especial de investigación de su caso en el Congreso, aunque Flota Alcocer lo negó.

Con todo, se le acusa principalmente de haber sido el operador político y legislativo para encubrir irregularidades financieras de Roberto Borge, aunque también hay señalamientos específicos sobre sus “malos manejos” y omisiones.

Éstos incluyen desvío de recursos en el Congreso, ya que, tras concluir su periodo al frente de la Gran Comisión, las auditorías lo señalaron de presunto desvío de alrededor de 52 millones de pesos, cuestionado porque representaba un porcentaje elevado del presupuesto de su último año (2016) y no haberse comprobarse debidamente.

Asimismo, se le cuestiona impulsar y aprobar apresuradas reformas legales para “blindar” a Borge ante futuras investigaciones por corrupción, con medidas que incluían nombrar magistrados y fiscales “a modo” para asegurar que las cuentas públicas de esa administración no se revisaran con rigor.

Por otro lado, se le criticó utilizar el cargo en “guerra sucia” en tribuna legislativa y la estructura del PRI, donde atacó sistemáticamente a opositores políticos del régimen borgista, desviando la función institucional del Congreso a fines partidistas y confrontación personal.

Como operador legislativo con Borge, la seguridad y justicia de Quintana Roo sufrieron grave deterioro institucional, entre otros por bloquear la transparencia en seguridad desde la Gran Comisión e impedir auditorías y revisiones a presupuestos a seguridad pública y procuración de justicia.

Sin embargo, bajo su mando, “curiosamente”, el Congreso aprobó las cuentas públicas del gobierno de Borge a pesar del aumento en índices delictivos y denuncias de desvío de recursos.

Como principal promotor del “paquete de impunidad”, su conjunto de reformas buscaba, entre otros, dejar instalados a un fiscal general y magistrados leales a Borge por hasta 9 años, para blindar a la administración saliente de investigaciones penales por corrupción y omisiones en seguridad pública.

También se le cuestionó avalar el nombramiento de figuras en puestos clave de justicia y seguridad sin perfil técnico necesario o que respondían estrictamente a intereses políticos, lo que debilitó la autonomía de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

Por último, diversos sectores sociales criticaron que, desde el Congreso, Flota Alcocer ignorara o minimizara quejas sobre abusos policiales y violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales, priorizando la defensa política del ex gobernador sobre la rendición de cuentas de las corporaciones de seguridad.

En resumen, los cuestionamientos no se centran en su labor en las calles, sino en haber utilizado su poder en el Congreso para debilitar mecanismos de control y vigilancia sobre las instituciones de seguridad y justicia en el estado.

Lo único cierto es que hubiera sido más recomendable para el ex borgista permanecer callado, en las sombras, ya que, hasta antes de su “renuncia” al PRI ya nadie sabía que militaba en sus filas, aunque, como dicen por ahí, se habría sentido indignado por no haber sido ni siquiera nombrado en torno al 2027, aunque quien menos puede hablar de dignidad como priísta es precisamente él.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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