¡Incapacidad y prepotencia, rostros de Estefanía!

                                                                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque cuestionada por un pésimo carácter y prepotencia, la recién casada, Estefanía Mercado es considerada por algunos con alguna posibilidad de buscar la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones de 2027, ante su posición como alcaldesa de Playa del Carmen desde las elecciones de 2024 con la coalición de la 4T (Morena-PVEM-PT)

Sospechosamente evaluada en septiembre como otra alcaldesa mejor calificada en el Estado, su gestión está estrechamente ligada a las políticas de la gobernadora Verde, Mara Lezama, aunque en el bloque oficialista su nombre figuraría junto al de otras con algún capital político, como Ana Patricia Peralta (de Benito Juárez), lo que perfilaría competencia interna por la sucesión.

Aunque inicialmente enfocada en su labor municipal, es cuestionada por medios locales sobre sus aspiraciones de sumarse a las “gubernamentables”, por ejemplo, en un recorrido por la avenida 10 para “supervisar” innecesaria obra millonaria, cuando en un acto de molestia para la ciudadanía y catalogado como prepotente, ordenó cerrar por completo la vía por estar grabando un video.

Sin duda, este tipo de decisiones deja entrever no importarle el roce con la población, y menos que tan siquiera alguien se le pueda acercar, con prácticas muy al estilo del PAN y del Verde. ¿Es capricho? ¿Se cuida más? No era necesario atravesar moto-patrullas en una avenida muy transitada, sólo para grabar cómodamente.

Lo increíble es que luego llega hasta con lágrimas a Palacio Nacional para acusar a los medios de información de publicar “fakes” en su contra.

En ese sentido, uno de los principales cuestionamientos políticos a su gestión como posible aspirante es su prepotencia, pues medios locales y redes sociales difunden videos y reportes que la señalan por comportamientos autoritarios de poder, en particular por su trato a ciudadanos en eventos públicos, calificado por algunos como “verdadero rostro” de su administración.

Aunque en enero algunas, cuestionadas firmas la posicionaron como la alcaldesa con mayor aprobación -dijeron alrededor de 70%-, otras mediciones de febrero mostraron un panorama distinto. Algunas, como la firma Rubrum, reportaron calificaciones muy bajas, hasta “reprobatorias” en áreas específicas, generando debate sobre la consistencia de apoyo popular.

Incluso, a fines de enero, se publicaron otras encuestas que sugerían un rechazo mayoritario a una posible reelección o continuidad de su equipo en Playa del Carmen, lo que podría afectar su plataforma de lanzamiento hacia 2027.

Al igual que en otras zonas de Quintana Roo, la seguridad sigue siendo el punto más vulnerable de su gestión, ya que, a pesar de reportar inversiones históricas en el rubro, la percepción de violencia en ese municipio continúa como tema central de crítica por parte de ciudadanía y sectores empresariales.

En materia de rezago urbano, se cuestiona su cumplimiento de promesas de campaña de 2024 respecto a la atención de colonias con falta de servicios básicos, donde la velocidad de respuesta es objeto de quejas.

Otro cuestionamiento es sobre la situación laboral de la Comuna con su mala “administración”, con reportes de crisis financiera y ajustes en la plantilla de personal desde fines de año, como en diciembre, cuando despidió a entre 30 y 150 trabajadores “sargaceros” eventuales sin alguna explicación oficial, así como descuentos injustificados por unos 800 pesos en salarios y aguinaldos.

Reportes internos y quejas en redes sociales señalan una crisis presupuestal en el Ayuntamiento, lo que deriva en retrasos en pago de nóminas y riesgos en cobertura de prestaciones básicas para empleados municipales, en tanto había planes de reducir hasta 18% la plantilla laboral en todas las áreas para equilibrar finanzas, pues la nómina es parte significativa del gasto operativo.

Ante esto, el sindicato municipal inició la revisión de su contrato colectivo en diciembre, en busca de equidad en prestaciones y respeto a la antigüedad de trabajadores, cuyas principales exigencias incluyen el pago de horas extras y la atención a casos de acoso laboral.

Por otro lado, su eventual candidatura es cuestionada indirectamente por la fortaleza de otros perfiles en Morena, entre ellos Gino Segura y la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, como rivales directos que compiten por el mismo respaldo político -“la bendición”- de figuras nacionales y de Mara Lezama, por lo que, pese a su posición de posible candidata, enfrenta desventajas e inconvenientes críticos, centrados principalmente en polémicas de gestión e intensa competencia interna.

Entre los primeros, reiteramos, la crisis de percepción y trato ciudadano, con críticas recurrentes por su “prepotencia” tras la difusión de videos donde se le observa dando trato ríspido a quienes solicitaban gestiones. Frases como “como Estefanía, yo en ti no confío” las interpretan opositores como falta de sensibilidad política y respeto.

Por otro lado, están las contradicciones en encuestas de aprobación, con marcada polarización en las mediciones de su gestión, ya que, mientras algunos estudios de febrero la sitúan como la alcaldesa mejor calificada (56.7% a 70% de aprobación), otras, como Rubrum y Massive Caller, la “reprueban” en áreas específicas y rechazo mayor (63.4%) a su posible reelección o continuidad.

Por otro lado, aunque asegura coordinación estatal, la seguridad pública en Playa del Carmen sigue siendo su mayor flanco débil. A pesar de esfuerzos institucionales, la percepción de inseguridad es un factor de sus detractores para cuestionar su capacidad estatal de mando.

Otra desventaja, es un evidente desgaste por “Fake News” y conflictos locales, por lo que ha tenido que desmentir disque rumores que dañan su imagen, como cobro por acceso a la Quinta Avenida, que refleja un entorno político local altamente confrontado que podría desgastar su figura antes.

Con todo, su mayor obstáculo no es la oposición, sino sus propios compañeros de partido, donde Gino Segura y Ana Patricia Peralta, también, supuestamente lideran las preferencias, junto con el preferido de López Obrador, Rafael Marín Molinedo, y cuentan con estructuras políticas consolidadas que compiten por el mismo respaldo nacional y estatal.

Gran parte de su fortaleza deriva de su alineación con Mara Lezama, con el inconveniente de que cualquier cambio en la dinámica política de Quintana Roo o en la “bendición” del centro del país en función de “negociaciones políticas” podría dejarla sin la plataforma necesaria para la sucesión.

Con poco más de año y medio frente a Playa del Carmen, su reto es demostrar resultados tangibles de largo plazo antes de iniciar formalmente el proceso sucesorio, evitando que su gestión se perciba sólo como campaña permanente.

Hasta hoy, no se han formalizado denuncias de corrupción de gran escala que la involucren directamente durante su trienio, aunque ha estado marcado por señalamientos de opacidad financiera, irregularidades administrativas y una narrativa constante de combate a la herencia del gobierno anterior.

Entre los puntos principales respecto a la integridad y transparencia de su gestión se incluyen denuncias contra la alcaldesa anterior, donde ha centrado gran parte de su discurso anticorrupción en señalar irregularidades de su antecesora, la entonces panista Lili Campos, a quien denunció por desviar millones de pesos con la contratación de más de 2 mil “aviadores” y no aclarar unos 84.3 millones de pesos en el proceso de entrega-recepción.

Por si fuera poco, este mes surgieron críticas por contratar un crédito por 125 millones de pesos con Banco Bancrea que, opositores, y medios locales cuestionan que el movimiento financiero haya sido sin debida transparencia con la ciudadanía y sin autorización total del Cabildo.

Por otro lado, y como medida preventiva, suscribió convenios con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo para intentar blindar su gestión y asegurar procesos de rendición de cuentas más rigurosos.

En resumen, mientras su discurso es “cero tolerancia” a la corrupción, los principales inconvenientes son de percepción de opacidad en decisiones financieras -como préstamos- y uso político de auditorías contra su antecesora.

Además, se detectan privilegios en la Comuna, ahora por el pago de “sueldo” de dos colaboradores de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana que presumen ser hijo y sobrino de la mano derecha de la directora del DIF-Municipal, Deyanira Martínez Estrada, quien autorizó 22 mil 135 pesos a Ángel Grajales Tadeo y 25 mil 872 a Guadalupe Dagdug Tadeo.

Para rematar, en cumplimiento de una orden de cateo, girada por un Juez de Control, la Fiscalía General, en coordinación con la Guardia Nacional, ubicó en un bar de la avenida 100 entre 20 y 22 Norte de la colonia Ejidal, 18 mujeres -3 cubanas y una nicaragüense, entre ellas-, víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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