¡Concluye pugna del INAH causado por Tren Maya!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Lo
que era sólo enemistad entre el titular del INAH-Quintana Roo, Margarito Molina
Rendón, con el investigador Fernando Cortés de Brasdefer, explotó en mayo de
2023, al iniciar el primero un par de procesos administrativos contra éste, de
base en la institución desde hace 45 años, por difundir supuestamente críticas
sobre el Tren Maya.
¿De
que se trataba la crítica? En documento “Crónica de una destrucción
anunciada”, el investigador, miembro activo del Sindicato Nacional de
Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, donde ha
desempeñado roles de representación gremial para el Estado, denunció que las
obras del tramo 7 del Tren Maya provocaban destrucción masiva de estructuras
arqueológicas por prisas en cumplir plazos políticos.
Ese
“texto prohibido” fue la chispa que detonó su enfrentamiento, ya que, difundido
en redes sociales y algunos medios, describía “apocalipsis arqueológico” en ese
tramo, lo que Molina Rendón consideró que dañaba la credibilidad y
honorabilidad del Instituto, y le encausó procesos administrativos por difundir
documentos, infringir la ley y “poner en riesgo la vida de personal” del INAH.
Cortés
de Brasdefer, por su parte, lo denunció ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por coartar su libertad de expresión y emprender una
persecución política, de manera que, mientras uno defendía el “salvamento”
arqueológico oficial, otro sostuvo que INAH permitía mutilar vestigios para no atrasar
la obra ferroviaria.
Cortés
de Brasdefer calificó las acciones de Molina de “venganza política” para callar
sus críticas, aunque éste justificó los procesos como medida administrativa
necesaria por “incumplimiento de normas institucionales”.
Así
las cosas, la enemistad se judicializó cuando el arqueólogo denunció
formalmente a Molina Rendón ante Derechos Humanos en febrero de 2024, por el
acoso y persecución laboral.
Entre
los puntos centrales de la disputa, existe un choque de visiones sobre “salvamento
arqueológico”, pues mientras Molina defendía protocolos institucionales, Cortés
de Brasdefer criticó la remoción y reconstrucción de monumentos en sitios como
el Parque de la Memoria Balam Tun, que calificó como alteración de contexto
original.
En
este sentido, lo cuestionó directamente por considerar que prioriza los
intereses políticos del Tren Maya sobre la protección del patrimonio cultural.
Entre
sus principales cuestionamientos y denuncias contra el funcionario se incluye venganza
política y acoso laboral, ya que sostiene que encabeza una persecución como
represalia por sus críticas públicas y buscaba cesarlo por denunciar
destrucción de vestigios.
También
cuestiona la validez técnica de proyectos como el Parque de la Memoria Balam
Tun, pues, según él, el traslado y reconstrucción de monumentos fuera de su
contexto original es forma de destrucción encubierta que avala el INAH.
Por
otro lado, lo acusa de actuar bajo consigna y no como protector de la ley, al permitir
que la construcción de Tren Maya arrasara cientos de estructuras habitacionales
y plataformas mayas para cumplir con tiempos de construcción, por lo que la
relación entre ambos es jerárquico e institucional, aunque el conflicto se
extendió a otras dimensiones administrativas y de gestión.
Con
más de 30 años de trabajo en el sitio arqueológico de Chakanbakán, Cortés de
Brasdefer critica la histórica falta de presupuesto y atención a las zonas
arqueológicas del Sur del Estado, una responsabilidad administrativa que recae
en el Centro INAH que dirige Molina Rendón.
Asimismo,
existe brecha ideológica sobre cómo debe operar el INAH: Mientras éste ejecuta
política de “salvamento arqueológico” -rápida recuperación ante obras civiles-,
Cortés de Brasdefer defiende una arqueología de investigación académica
tradicional, lo que genera roces constantes en la aprobación de sus proyectos y
temporadas de campo.
El
arqueólogo señaló que los citatorios y actas administrativas de Molina no sólo
responden al tema del Tren Maya, sino a un estilo de gestión que busca control
absoluto sobre las opiniones de los investigadores del Instituto, lo que
interpreta como violación a su libertad de cátedra.
Lo
cierto es que el problema entre ambos culminó el 4 de marzo, cuando el Área de
Responsabilidades del Órgano Interno de Control del INAH, que encabeza Blanca
Patricia Rodríguez, declaró NO responsable a Cortés de Brasdefer de falta
administrativa no grave que se le imputó, lo que quedó acreditado y demostrado
conforme a constancias en autos.
La
gestión de Margarito Molina Rendón como director del INAH ha enfrentado
diversos puntos de tensión, derivados principalmente de la carga operativa de
megaproyectos y reclamos laborales.
Los
inconvenientes y motivos de malestar incluyen déficit de personal especializado,
pues reconoce públicamente falta de especialistas -arqueólogos, investigadores
y restauradores- para rescatar zonas arqueológicas en el Estado, agravado por
la alta demanda de personal que requiere el proyecto Tren Maya.
Protestas
por “usurpación de funciones”: En agosto de 2025, personal del INAH se
manifestó en la zona arqueológica de Tulum por usurpación de funciones de entes
externos -Grupo Mundo Maya- y desacuerdos sobre el cobro de boletos y precios
en áreas como el Parque del Jaguar.
El
funcionario ha admitido en declaraciones recientes que la celeridad de ciertas
obras ha provocado la destrucción de monumentos arqueológicos que “no pudieron preservarse
a tiempo”.
Además,
se reportan fricciones por la instalación de casetas de cobro irregulares por
parte de ejidatarios en accesos a zonas arqueológicas, lo que, según el Instituto,
afecta la imagen turística y la gestión oficial del sitio
Interesante
reportaje de la periodista Graciela Machuca Martínez, del 27 de febrero en Maya
sin Fronteras, dice que el texto del documento del arqueólogo era originalmente
para circulación interna, entre colegas, pero se filtró a la prensa, y el
entonces director del INAH, Diego Prieto Hernández, lo descalificó en agosto de
2023, argumentando carecer de sustento técnico y que el “salvamento” era el más
grande y moderno de la historia.
Molina,
director del Centro INAH Quintana Roo desde enero de 2019, entró de lleno en el
conflicto sobre el Tren Maya el 2 de mayo de 2023, al ser informado sobre supuesto
testimonio de Cortés de Brasdefer en redes sociales.
El
18 de agosto de ese año, el INAH notificó formalmente al arqueólogo del
procedimiento en su contra, donde se le acusaba de difundir información
institucional sin autorización, falta de probidad y honestidad, así como de dañar
la imagen del Instituto.
El
caso generó rechazo internacional de organismos, como World Archaeological
Congress y sindicatos de investigadores del INAH, que exigieron cesar el
hostigamiento laboral, argumentando violación a la libertad de cátedra y deber
ético de proteger el patrimonio.
Según
Cortés de Brasdefer y otros especialistas que se sumaron a la crítica, el “salvamento”
de Tren Maya presentó irregularidades normativas, como uso de maquinaria pesada,
con retroexcavadoras para “limpiar” áreas con presencia de vestigios, lo que
contraviene protocolos de excavación manual y estratigráfica necesarios para
preservar el contexto histórico.
Otra,
era darle prioridad a liberar vías de tren sobre la investigación, cuando la
normativa del INAH exige un análisis científico, pero el ritmo lo dictó la
ingeniería civil, convirtiendo la arqueología en una tarea de “recolección de
objetos” en lugar de preservación de sitios.
Asimismo,
se destruyeron “albarradas” y estructuras menores, y se denunció que arrasaron miles
de estructuras habitacionales y muros que no consideraron “monumentales”, con
lo que se perdió valiosa información sobre la vida cotidiana de la cultura
maya.
Por
otro lado, muchos tramos se liberaron sin análisis profundo de hallazgos,
priorizando el avance de la obra pública.
Sin
embargo, tras meses de litigio administrativo y fuerte presión de comunidades
científicas nacional e internacional, la resolución tomó un giro importante, a
fines de 2023 y principios de 2024, y el proceso contra Cortés de Brasdefer no
derivó en destitución o sanción grave.
Este
personaje es arqueólogo-investigador con doctorado en arqueología, adscrito al INAH
de Quintana Roo hace más de 45 años, durante el transcurso de los cuales fue delegado
y miembro del Consejo de Arqueología.
Ha
documentado y denunciado públicamente la destrucción, mutilación y despojo de
al menos 200 vestigios arqueológicos -terrazas, plataformas y conjuntos habitacionales-
durante la construcción del Tramo 7 del proyecto ferroviario, aunque es reconocido
también por su trabajo de más de 30 años en Chakanbakán, lo que le otorgó
conocimiento profundo del patrimonio cultural en la región sur.
El
secretario general del sindicato de investigadores, Alberto Juan Herrera Muñoz,
fue su enlace directo para coordinar la defensa legal frente a los procesos
administrativos del INAH, aunque no sólo su sindicato lo respaldó, sino otros
grupos, como el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH, con comunicados
públicos exigiendo detener censura, acoso y represión.
Los
sindicatos argumentan que los intentos por sancionar a Cortés de Brasdefer
sentaron un precedente peligroso que vulnera la libertad académica y el derecho
de los investigadores a denunciar daños al patrimonio nacional sin temor a
represalias laborales.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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