“El Venezolano”, ¡toda una fichita internacional!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Detenido
ayer en Cancún ¡por la Fiscalía General del Estado!, según reporte preliminar, por
extorsión y homicidio en grado de tentativa, Jorge Luis Brizuela Guevara (a) “El
Venezolano” es, además de enemigo de periodistas, toda una fichita como socio de personajes bajo mira de la Interpol y
Guardia Civil Española en red internacional de corrupción y “blanqueo” de
dinero.
Plenamente
identificado como antiguo colaborador del ex gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González, es una figura polémica por vínculos previos y acusaciones
públicas, entre ellas exigir pagos ilícitos a terceros y estar relacionado con
intento de asesinato.
Como
se sabe, publicó videos contra el gobierno de Quintana Roo, por supuestos
adeudos hacia sus negocios y denunció “guerra sucia” en su contra porque se le vincula
con la empresa Pronalab, proveedora de pruebas Covid-19 durante la pandemia, y
con investigaciones internacionales relacionadas con el "Caso Koldo"
en España sobre corrupción en la compra de mascarillas.
Sobre
homicidio en grado de tentativa, las investigaciones lo vinculan con incidentes
violentos en el Estado, con amenazas de muerte a periodistas locales, entre
ellos el director de El Despertador de Quintana Roo, Rangel Rosado Ruiz, titular
de la Unidad de Vocería de Gobierno con Roberto Borge (2011-2016) y otros, como
Alfredo Gris Cruz, amenazas como antecedente directo de actos de agresión
física o intentos de ejecución.
Como
publicamos, en diciembre de 2020, el propio Brizuela sobrevivió a un atentado a
balazos cuando circulaba en una camioneta en Alfredo V. Bonfil, y aunque él fue
víctima, se investiga si sus nexos con grupos delictivos y “negocios turbios”
lo involucran en ataques similares contra terceros.
La
detención de este miércoles derivó de una investigación de la Fiscalía General,
que acumuló pruebas sobre su presunta responsabilidad intelectual o material en
un ataque específico y aunque la Fiscalía no ha revelado el nombre de la
víctima por razones de seguridad del proceso, el cargo se suma a acusaciones de
extorsión y fraude internacional.
Además,
se le señalado de operar mediante una estructura que utiliza amenazas y
violencia para el cobro de supuestas deudas, lo que habría escalado al grado de
tentativa de asesinato en casos donde sus víctimas se negaron a ceder a sus
exigencias.
Su
relación con el gremio periodístico está marcada por la confrontación y
múltiples denuncias legales, por lo que su detención ocurrió en un contexto de
años de acusaciones por agresiones a la libertad de expresión, pues varios comunicadores
lo señalan por amenazas directas y campañas de hostigamiento:
El
de Alfredo Gris es uno de los casos más conocidos, pues en agosto de 2020,
denunció públicamente que Brizuela lo amenazó de muerte, lo que lo llevó a exigir
activar protocolos de protección ante el historial de violencia en Quintana Roo.
Sobre
Rangel Rosado, éste interpuso una demanda penal formal contra Brizuela ante la
Fiscalía General por amenazas y acciones contra la libertad de expresión,
mientras otros periodistas locales reportaron que Brizuela utilizaba sus redes
sociales y videos para arremeter contra los que investigaban sus negocios, como
Pronalab, o sus vínculos políticos.
La
tensión con la prensa se intensificó por trabajos periodísticos que expusieron
sus contratos millonarios como “operador” en el sexenio de Carlos Joaquín, y su
mención en el “Caso Koldo” en España, donde medios internacionales lo
identificaron como pieza clave para “blanqueo” de dinero.
Sus
aparentes nexos con servicios de inteligencia extranjeros, le ganó el calificativo
de “espía” en varias columnas de opinión locales, por lo que su detención
podría estar vinculada a alguna de estas denuncias acumuladas, especialmente si
alguna de las amenazas escaló al grado de tentativa de homicidio que ahora
investiga la Fiscalía.
Respecto
a extorsión, a Brizuela Guevara se le vincula por participar en esquemas de
cobro ilícito y amenazas para obtener beneficios económicos, según
investigaciones y reportes de prensa local, y varios puntos lo relacionan con
este delito.
Así,
se le acusa de utilizar métodos de intimidación para exigir pagos millonarios a
empresarios y al propio gobierno estatal. Recién publicó videos reclamando
adeudos del Gobierno del Estado, lo que las autoridades interpretan como parte
de una estrategia de presión o extorsión pública.
Por
si fuera poco, reportes de inteligencia lo relacionan con
la llamada “Mafia Rumana”, conocida por operar redes de extorsión,
clonación de tarjetas y fraude en Quintana Roo, por lo que se investiga si
Brizuela fungía como enlace o ejecutor de cobros para estos grupos,
aprovechando sus contactos políticos.
Durante
la administración del ahora Cónsul de México en Canadá, Carlos Joaquín, se
ostentaba como asesor y operador, utilizando esa posición para facilitar
contratos -como los de la clínica Pronalab- y presionar a competidores o
críticos.
En
relación con los fundamentos de la Fiscalía para su detención tras una orden de
aprehensión, que consolidan señalamientos como parte de un patrón de conducta
criminal, figura su enlace clave con la “Mafia Rumana”, la organización
criminal que lidera Florian Tudor -asentada en
Cancún- y servicios de inteligencia extranjeros.
Esta
red es conocida internacionalmente por delitos de chantaje y extorsión, como métodos
para controlar negocios locales y redes de clonación de tarjetas, para lo cual
habría aprovechado su cercanía con el ex gobernador para facilitar la operación
de esta estructura criminal en la Riviera Maya.
En
torno a la extorsión a través de “cobro de deudas”, es señalado por intimidar
para exigir pagos, como los videos para reclamar supuestos adeudos millonarios
de Mara Lezama, lo que se interpreta como un intento de extorsión pública y
presión política para obtener beneficios económicos.
Sobre
“blanqueo” y fraude internacional, la Unidad Central Operativa de la Guardia
Civil española lo sitúa como pieza fundamental para “lavar” dinero proveniente
de contratos inflados durante la pandemia, y se presume que los recursos
obtenidos mediante esquemas de corrupción y extorsión en México se canalizaban
a través de sus empresas en República Dominicana y España.
Amplio
reportaje sobre sus andadas internacionales publicamos, en enero de 2025, con
el título “¡Reaparece hombre de “confianza” de CJG!”, en el link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/01/reaparece-hombre-de-confianza-de-cjg.html
La red de empresas vinculada a
Brizuela Guevara que Fiscalía General y autoridades internacionales investigan,
se centra principalmente en el sector salud y servicios de consultoría, usados
presuntamente para desvío y blanquear capitales, para lo cual las empresas
clave son Pronalab -Protección Nacional al Laboratorio- empresa central de sus
operaciones que, según investigaciones de la Fiscalía y el Despertador de
Quintana Roo, se utilizó, entre otros, para obtener contratos exclusivos de
pruebas Covid-19 en hoteles y torneos de golf durante la pandemia.
Asimismo,
para reclamar adeudos millonarios al gobierno de Quintana Roo, lo cual es parte
de la acusación de extorsión, así como servir como puente en el Caso Koldo en
España para blanquear dinero de contratos públicos europeos mediante su sede en
Santo Domingo, República Dominicana.
Por
otro lado, Brizuela es investigado por el montaje y renta de carpas
hospitalarias a sobreprecio durante la emergencia sanitaria en Quintana Roo, un
esquema que también replicó en otros países, como en República Dominicana,
donde la Unidad Central Operativa española detectó al menos cinco empresas
conectadas con sus socios -como Víctor de Aldama-, para “repatriar” o mover
dinero de la red criminal hacia el Caribe.
Recientes
reportes de Proceso señalan una posible conexión de su red de influencias en
contratos relacionados con el Tren Maya, donde se investigan presuntos sobornos
y corrupción, aunque la Fiscalía sostiene que estas empresas no solo sirvieron
para fraude, sino que el reclamo agresivo de pagos por servicios presuntamente
inflados o inexistentes constituye el delito de extorsión contra el erario
público y particulares.
Los
socios comerciales de Brizuela Guevara bajo la mira de la Interpol, Fiscalía de
Quintana Roo y Guardia Civil Española tienen como nombres clave Víctor de Aldama,
socio principal y nexo con el escándalo en España -Caso Koldo- por ser presidente
del club de fútbol Zamora y trabajó codo a codo con Brizuela para obtener
contratos de cubrebocas y pruebas.
Según
investigación de la UCO, Aldama y Brizuela usaron la infraestructura de
Pronalab en República Dominicana y México para triangular dinero público
español, el primero con una "nómina" oculta donde Brizuela figuraba
como pieza operativa en el Caribe.
Otro
nombre es Ignacio Díaz Tapia, parte del grupo cercano a Aldama, apodados “Los
Cuatro Mosqueteros” en los chats de la investigación, y cuyo rol es de encargado
de logística financiera. Se le investiga por mover grandes sumas de efectivo y
coordinar con Brizuela las operaciones en República Dominicana, donde
intentaron crear un banco o una estructura financiera para proteger sus
activos.
Otro
nombre es Aranzazu “Arancha” Granados, abogada y pieza clave en la gestión de
las empresas de Brizuela, a la que se vincula con la administración de
contratos de Pronalab y con la estrategia legal para reclamar supuestos adeudos
millonarios al gobierno de Quintana Roo, lo que la Fiscalía local tipifica como
parte de la extorsión.
Aunque
no son “socios” en contrato formal, Brizuela es señalado por agencias de
inteligencia como puente político de Florian Tudor (a) “El Tiburón”, líder de
la red de clonación de tarjetas en Cancún, a quien Brizuela habría facilitado
la protección de esta red mediante sus contactos en el gobierno de Carlos
Joaquín.
Por
último, figura Koldo García, ex asesor del ex ministro español José Luis
Ábalos. Aunque Koldo operaba en España, las autoridades investigan cómo los
beneficios de los contratos inflados terminaron vinculados a la red de Brizuela
en México a través de sobornos y pagos de favores.
La
detención de Brizuela es vista como golpe clave, ya que es el “testigo
protegido” o el “operador” que conoce a la perfección cómo fluyó el dinero
entre los gobiernos de México y España.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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