Belice, ¿en la mira del crimen organizado?

                                                                                              Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con poco más de un año de diferencia, el secuestro de tres estudiantes de origen beliceño se constituyó en el segundo ilícito grave contra el vecino país, lo que puso de manifiesto la altísima percepción de inseguridad en Quintana Roo, que lo ha colocado como quinto a nivel nacional en materia de desapariciones.

A la problemática de ese vecino país centroamericano con México se suma la presunta rebeldía de la embajadora de México de abandonar la sede su hasta entonces titular, Martha Zamarripa Rivas, cuyo encargo habría vencido el 28 de febrero último, aunque ahora resulta que sólo se habría tratado de “un rumor” porque, supuestamente, permanecía en ese país realizando trámites administrativos, personales y de mudanza.

En relación con el secuestro, difundido profusamente por redes sociales, de acuerdo con reportes de Belize News Network, emitidos ayer lunes, los tres ciudadanos beliceños, “levantados” tras asistir a una ceremonia de graduación en el Tecnológico de Chetumal, son Jesslyn Méndez, Yaire Méndez y Marvin Rosales, los dos primeros de 24 años y el tercero, de 25.

Las mujeres son originarias de San Pablo, y el hombre de San Narciso, que habrían sido interceptados tras abordar un servicio de Uber al concluir la graduación, y se creía que permanecen retenidos en algún punto de Chetumal, desde donde sus captores, presuntos mexicanos, exigen un pago de rescate por 40,000 dólares beliceños por su liberación -unos 350 mil pesos mexicanos-, estableciendo hasta hoy como fecha límite.

Sus familiares confirmaron el suceso y recolectan fondos, para lo cual, incluso difundieron un número de cuenta bancaria local para recibir apoyo de la comunidad.

Debido a éste y otros incidentes violentos recientes -como el hallazgo de un cuerpo desmembrado el día 3 de-, medios locales sugieren evitar viajar a Chetumal por el momento, mientras otras fuentes, como Corozal Daily, informaron inicialmente del caso, pero retiraron la publicación a petición de la familia para no entorpecer las negociaciones o empeorar la situación.

 Curiosamente, a casi un año de distancia, el 7 de marzo de 2025), se registró un evento alto impacto, cuando fueron encontrados los cadáveres de los beliceños Arron Tun y Michael Whittaker, junto a los de tres mexicanos en la comunidad de Sacxán, cerca de Chetumal, todos son visibles signos de tortura, en un caso que se vinculó a disputas de cárteles. Hasta hoy no se aclara.

Sobre el particular, con el título ¡Extiende tentáculos Cartel de Caborca a Belice!, el 2 de marzo publicamos amplio reportaje En primera fila:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/03/extiende-tentaculos-cartel-de-caborca.html

Unos meses antes, en octubre de 2024, también fueron secuestrados padre e hijo, Luis y Johan Cámara, respectivamente, quienes fueron privados de su libertad por hombres armados en Chetumal, aunque, afortunadamente, fueron liberados con vida días después.

Al recién difundido secuestro de los estudiantes beliceños, el panorama de desapariciones en Quintana Roo y Chetumal, sólo en lo que va de este año, muestra una tendencia crítica, asómbrese Usted, con un promedio de ¡tres personas desaparecidas al día en la entidad!

Conforme a las estadísticas el año anterior y el acumulado de 2026, al 26 de febrero Quintana Roo ya sumaba 186 fichas de búsqueda activas, aunque el año inició con 71 reportes tan solo en los primeros días de enero.

Respecto al año anterior, ya ni llorar es bueno para la Secretaría de “Seguridad” Ciudadana, concluyó con cerca de 400 personas que permanecían como desaparecidas o no localizadas, de las que se reportan como grupos vulnerables con una crisis específica, las mujeres, con 328 casos entre 2022 y marzo de 2026, mientras que casi uno de cada tres casos es de menores de edad.

Con estas cifras, Quintana Roo ascendió en los últimos ocho años hasta ocupar hoy en día el quinto lugar nacional en crisis de desapariciones, entre las que Chetumal, como cabecera del municipio de Othón P. Blanco, se mantiene como el tercer foco de mayor incidencia en el Estado, aunque con una brecha considerable respecto a la Zona Norte:

En la distribución por municipios, Othón P. Blanco concentra alrededor de 6.6% del total de desapariciones, mientras Benito Juárez (Cancún) lidera con más de 500 casos y Playa del Carmen con más de 200. Othón P. Blanco registra oficialmente 59 casos bajo seguimiento.

Respecto al perfil de género en la Zona Sur, de los reportes de los desaparecidos en OPB, la gran mayoría corresponden a hombres, con 47 casos, frente a 12 de mujeres.

De acuerdo con los protocolos de búsqueda inmediata, en Quintana Roo no es necesario esperar 72 horas para denunciar, pues la búsqueda debe ser inmediata, especialmente en menores y mujeres, para lo cual opera el Protocolo Alba, especializado en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas que se activa en tres fases que involucran desde la policía local hasta autoridades federales.

También figura el Alerta Amber, específica para menores de 18 años de edad, cuando se considera que su integridad está en riesgo inminente.

También se incluyen como apoyo los Colectivos de familiares de la zona Sur y estatal, que ofrecen acompañamiento jurídico, difusión de fichas y apoyo emocional ante la posible omisión de las autoridades, entre ellos las Madres Buscadoras de Quintana Roo, con mayor presencia y visibilidad en el Estado, con jornadas de búsqueda en campo y presión en fiscalías.

Otro colectivo más es Verdad, Memoria y Justicia, muy activos en la zona Norte y Sur, enfocados en casos de desaparición forzada y seguimiento de carpetas de investigación y, finalmente, los Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas en la Zona Sur, grupo específico que se organiza en Chetumal para visibilizar los casos que suelen tener menos cobertura que los de Cancún.

El aumento de desapariciones y secuestros en Quintana Roo, que lo ha llevado al quinto lugar nacional en esta crisis, responde a una combinación de factores estructurales y de seguridad identificados por organismos de derechos humanos y reportes oficiales a marzo de 2026.

Uno de ellos es la disputa de “plazas” por el crimen organizado, donde la violencia se atribuye principalmente a la lucha territorial entre, al menos, cinco grupos delictivos (Cártel de Sinaloa, CJNG, Los Sureños, Los Pelones y Los Independientes) que utilizan la desaparición como método de control, eliminación de rivales o para ocultar homicidios.

Otro factor es la trata de personas, donde, por fortuna, Quintana Roo lidera nacionalmente el rescate de víctimas, aunque muchas desapariciones, especialmente de mujeres y menores, están vinculadas a redes de explotación sexual y laboral que operan en zonas turísticas y urbanas.

También está el reclutamiento forzado, pues se ha documentado el reclutamiento de adolescentes por parte de la delincuencia organizada para realizar actividades ilícitas, lo que contribuye al alto índice de menores no localizados, mientras que, en casos de violencia de género, la desaparición es utilizada frecuentemente para esconder el cuerpo de la víctima y dificultar las investigaciones de feminicidio.

Por último, se incluyen el factor economía de la extorsión, donde el cobro de “derecho de piso” a miles de negocios genera un entorno de violencia donde el secuestro o la desaparición se emplean como represalia ante la falta de pago, aunque también están la debilidad institucional e impunidad, pues colectivos, como Verdad, Memoria y Justicia, señalan que el aumento también se debe a la falta de capacidad de investigación y a la posible colusión o aquiescencia de agentes estatales, lo que permite que los delitos se repitan sin consecuencias.

Por otro lado, la falta de vigilancia y la respuesta ineficiente de las autoridades son señaladas por colectivos y organismos civiles como factores determinantes que alimentan la crisis de desapariciones en Quintana Roo. A marzo de 2026, la situación se analiza bajo los siguientes puntos críticos.

Una altísima percepción de inseguridad, ya que 80.3% de la población de 18 años o más en el Estado percibe su entorno como inseguro, cifra que refleja una desconfianza profunda en la capacidad de vigilancia de las corporaciones policiales.

Por otro lado, recién se registran casos alarmantes, como la detención de un policía estatal que portaba el celular de una persona con ficha de búsqueda activa -ya abundaremos sobre el tema- y existen al menos 34 investigaciones abiertas contra elementos por corrupción y abuso policial.

I        Colectivos como Madres Buscadoras de Quintana Roo denuncian que la falta de vigilancia no es solo preventiva, sino también operativa, por lo que reportan que las autoridades han suspendido jornadas de búsqueda y ponen obstáculos burocráticos que retrasan la localización inmediata de las víctimas.

Por otro lado, pese a que la Fiscalía General del Estado reporta aumento en detenciones de alto impacto durante 2025, los colectivos sostienen que el número de personas localizadas no crece al mismo ritmo que las desapariciones, lo que evidencia una falla en el seguimiento de los casos.

Por si fuera poco, existe un índice extremadamente alto de delitos no denunciados debido al miedo y a la percepción de que la autoridad no actuará. Por ejemplo, en delitos como la extorsión -estrechamente ligada a secuestros-, la cifra negra alcanza 98.2%.

Aunque se aprobaron aumentos presupuestales para 2026, colectivos critican que los recursos no se reflejan en personal especializado suficiente ni en tecnología de vigilancia efectiva en zonas de alto riesgo.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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