Gran Consejo Maya y Grupo Xcaret, ¡en la mira!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Quienes tuvimos hace unos años la oportunidad de disfrutar
el grandioso espectáculo maya de Xcaret, siempre creímos que éste les generaría
muchos ingresos a los indígenas y, al igual que hoy, nos preguntábamos por qué
esos recursos no se reflejaban de alguna manera en mejorar los servicios
públicos de sus comunidades.
Para
mala fortuna de la empresa -y de quienes se beneficiaban con millonarios,
oscuros acuerdos- el tema es objeto de una gran polémica, trascendió a la
Suprema Corte de Justicia y amenaza con escalar proporciones de difícil
pronóstico, entre ellos una demanda por “violencia digital” contra la
periodista Fabiola Cortés Miranda, sobre lo que pocos conocíamos o poco
importaba.
Verá
Usted. El Gran Consejo Maya, máxima autoridad tradicional del pueblo maya en
Quintana Roo, funciona como instancia comunitaria oficial para preservar
lengua, tradiciones, usos, costumbres y patrimonio cultural de las comunidades
indígenas, pero es el más cuestionado, junto con Grupo Xcaret.
Reconocido
legalmente por el Estado desde 1998, actúa de enlace entre pueblos originarios
y gobierno, con participación en procesos de consulta y toma de decisiones que
afectan a sus territorios y cultura.
El
Gran Consejo lo forman figuras de más jerarquía y respeto en el organismo
social y religioso maya de Quintana Roo, entre ellos sus dignatarios, líderes
que representan a los principales centros ceremoniales del Estado: Tixcacal
Guardia, Chancah Veracruz, Chumpón, Tulum y Carrillo Puerto.
También
lo integran sacerdotes mayas que guían vida espiritual y rituales sagrados de
comunidades; los jueces tradicionales, autoridades que resuelven conflictos
internos en base a leyes consuetudinarias, o sea usos y costumbres.
Por
último, lo forman comandantes y sargentos, vinculados a la “Guardia tradicional”,
herencia histórica de la Guerra de Castas, todos ellos, generalmente, con sede
principal de consulta y reuniones en Felipe Carrillo Puerto, corazón histórico
de la Zona Maya.
La
postura de ese Gran Consejo respecto a Grupo Xcaret es compleja y favorable a
la empresa, lo que genera fuerte división interna entre comunidades indígenas,
pues, a diferencia de otros colectivos que acusan a la empresa de “comercializar”
la cultura, prefiere el diálogo y colaboración.
Así,
en 2023 y 2024, firmó acuerdos con Grupo Xcaret para permitir usar simbología
maya a cambio de beneficios directos para centros ceremoniales, por lo que se
desistió formalmente de las quejas ante el Instituto Nacional del Derecho de
Autor, respaldando a la empresa a utilizar elementos del patrimonio cultural en
publicidad y espectáculos.
En
este sentido, tras un fallo de la Corte en marzo de 2026, que prohibió a Xcaret
lucrar con símbolos mayas, el Gran Consejo calificó la resolución de “nefasta”,
con el argumento de vulnerar su autonomía de decidir su propio patrimonio.
Sin
embargo, la postura no es unánime en el pueblo maya, pues dignatarios y
comunidades lo critican y denuncian que los recursos del acuerdo -unos 15
millones de pesos- no llegan a los pueblos ni se traducen en beneficios reales.
Recientemente,
algunos sectores llegaron al grado de “desconocer” al Gran Consejo, a cuyos
líderes acusan de vender el patrimonio cultural para fines comerciales y exigen
respetar la prohibición que impuso la Corte.
Sobre
el espectáculo principal, en el Teatro Gran Tlachco de Xcaret, el Gran Consejo
defiende que las representaciones sirven para visibilizar su cultura a nivel
internacional, siempre que exista reconocimiento y respeto a las raíces
originales.
En
relación con la resolución de la Corte, ésta se considera histórica por ordenar
a Grupo Xcaret dejar de utilizar símbolos, imágenes y elementos de la cultura
maya en publicidad y atracciones turísticas.
Así,
decidió que la protección del patrimonio cultural indígena tiene mayor peso que
el interés comercial de una empresa privada, con lo que cualquier uso de
elementos culturales requiere de consentimiento libre, previo e informado de
todas las comunidades involucradas. No de una representativa.
Ante
esta decisión, la empresa debe retirar de sus campañas de marketing y
publicidad cualquier referencia a la cultura maya mientras se resuelve el
litigio de fondo, y abarca elementos como juego de pelota, celebración Hanal
Pixán, travesía sagrada y danzas tradicionales.
El
caso es inusual porque, aunque el Gran Consejo firmó el millonario acuerdo de
colaboración, la Corte lo invalidó, con el argumento de que el Gran Consejo no
podía ceder por sí solo un patrimonio que pertenece a más de mil comunidades en
Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
En
respuesta, Grupo Xcaret declaró que respetaría la determinación, pero sin
afectar la operación de sus parques ni la experiencia de visitantes a corto
plazo, por lo que continuarán el proceso legal hasta su solución definitiva.
No
obstante, la Corte trajo consecuencias directas y de gran alcance para el
espectáculo más emblemático del parque e industria turística, entre ellos al show
“México Espectacular”, por la suspensión de rituales, pues obliga a suspender
temporalmente símbolos, rituales y expresiones específicamente mayas en sus
espectáculos.
Además,
otros como juego de pelota, danzas sagradas y alusiones a la cosmogonía maya se
deben retirar o modificar mientras siga el litigio, y aunque se asegure que sigue
el espectáculo, su contenido está bajo estricta revisión legal para evitar el uso
comercial no autorizado del patrimonio colectivo.
Por
otro lado, el veredicto no sólo afecta a Grupo Xcaret, sino que sienta un
precedente jurídico para todo el sector, con revisión de otros parques, como
Xel-Há o Xplor, que también utilizan iconografía maya en su señalética y
experiencias, y deberán ajustar su imagen para cumplir la prohibición.
Sobre
publicidad y marketing, se ordenó retirar toda imagen o referencia maya de
sitios web, folletos y campañas promocionales de hoteles y parques del grupo,
mientras, con nuevas reglas de consentimiento, cualquier empresa turística de
México que desee utilizar elementos de pueblos originarios deberá obtener ahora
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de manera integral,
no sólo vía acuerdos con consejos específicos.
Por
cierto, “México Espectacular” es el show nocturno más emblemático del parque
Xcaret, considerado uno de los más grandes de México en un recinto para más de
6 mil personas, con más de 300 artistas en escena.
El
espectáculo es un viaje cronológico por la identidad de México y se divide
principalmente en dos partes, historia y conquista. La Época Prehispánica inicia
con representaciones de la vida antigua, rituales y la cosmogonía indígena.
Su
Juego de Pelota es uno de los más famosos, con las variantes de poc-ta-poc -golpes
a la pelota con la cadera- y juego con una pelota encendida en fuego, y Encuentro
de Dos Mundos escenifica llegada de españoles, evangelización y choque cultural
que dio origen al México actual.
Sobre
el folclore de México, se expone un recorrido geográfico que, tras la parte
histórica, el show se transforma en una fiesta de música y danza que muestra a
los Estados más representativos del país.
Otros
atractivos son danzas icónicas, con Viejitos de Michoacán, Huapangos de la
Huasteca, Bamba de Veracruz y, por supuesto, el Mariachi y el Jarabe Tapatío de
Jalisco y, con un cierre patriótico, el final es muy emotivo, con todos los
artistas en escena, banderas y canciones celebran la unidad mexicana, todo en unas
2 horas.
Su
producción utiliza tecnología avanzada en iluminación, pantallas y efectos de
sonido para complementar las coreografías tradicionales, premiado
internacionalmente por su calidad técnica y difusión de la cultura mexicana.
Las
comunidades que se oponen al espectáculo y al uso de su cultura basan su
postura en tres ejes: Lucro con el patrimonio colectivo, “folklorización” y distorsión,
y falta de consulta real
El
principal argumento es que una empresa privada genera millonarias ganancias con
símbolos, danzas y rituales que no le pertenecen. Consideran que la identidad
maya es un bien común y no mercancía que pueda “empaquetarse” para turismo
masivo sin beneficiar a los verdaderos herederos de esa cultura.
Líderes
y académicos indígenas critican la “disneyzación” de su historia por reducir
ceremonias sagradas a simples actos de entretenimiento, mezclar elementos de
distintas regiones y épocas, creando una imagen “genérica” o falsa de lo que
significa ser maya, e ignorar la situación de pobreza y marginación de las
comunidades reales, mientras se exalta un pasado prehispánico idealizado.
Aunque
el Gran Consejo firmó acuerdos, comunidades -especialmente de Yucatán y
Campeche- dicen nunca haber sido consultadas, cuando que la Ley Federal de
Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas exige que el
consentimiento sea libre, sin presiones económicas; previo, antes de usar los
símbolos; e informado, explicando claramente cuánto dinero ganará la empresa y
cuánto recibirá la comunidad.
Además,
dicen que, bajo las nuevas leyes mexicanas, ellas son las únicas facultadas
para autorizar el uso de sus diseños textiles, música y ritos. Que Xcaret haya
registrado marcas o conceptos relacionados con lo maya se ve como apropiación
cultural.
Las
comunidades que lideran la oposición a Grupo Xcaret no son sólo un grupo, sino
que representan una vasta diversidad de pueblos mayas de la Península que
impugnan los acuerdos previos, entre ellos los Mayas Cruzo'ob, representantes
de esta histórica identidad -herederos de la Guerra de Castas- claros en
señalar que el Gran Consejo no puede ceder derechos de todos.
También
incluyen dignatarios mayas disidentes, líderes de centros ceremoniales en
Quintana Roo, que desconocen la autoridad de los miembros del Gran Consejo, a
los que acusan de firmar acuerdos sin consultar a las bases.
Otros
más, pueblos mayas de Yucatán y Campeche, ya que, al ser un patrimonio cultural
compartido, representantes de esas entidades se sumaron a las quejas ante el Instituto,
argumentando que las más de mil comunidades de la región deben consultarse, no
sólo las de Quintana Roo.
También
diversas organizaciones civiles e indígenas acompañan legalmente las denuncias,
cuestionando que los 15 millones de pesos no llegaron a las comunidades y sólo fue
un intento de “darle la vuelta a la ley”.
La
batalla jurídica se impulsó inicialmente por quejas ante el Instituto,
respaldadas y escaladas por representantes del Pueblo Maya en amparos; autoridades
locales e indígenas que impugnaron la suspensión que favorecía a la empresa en
2025, y comunidades que exigen respetar el fallo de la Corte.
Lo
cierto es que el conflicto evidencia una fractura entre la estructura
jerárquica tradicional -el Gran Consejo- y las comunidades de base, que exigen
que su cultura deje de verse como “mercancía”, ante lo cual los dignatarios
mayas solicitaron una auditoría.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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