¿Ruptura AMLO-Sheinbaum por el “fracking”?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Más que ruptura política abierta, el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno nuevo método de “fracking” para extraer el petróleo -la fracturación hidráulica-, que tanto cuestionara López Obrador, representa un distanciamiento pragmático respecto a uno de los compromisos ideológicos más emblemáticos del ex presidente.

La postura de éste (2018-2024) fue de mantener un veto verbal estricto, incluyendo el propio fin del fracking como el compromiso número 75 de sus 100 puntos de gobierno, al grado que, incluso, intentó elevar su prohibición a rango constitucional en 2024 para blindar el país contra esta técnica.

Por su lado, la presidenta reabrió la puerta a esa técnica bajo el concepto de “extracción sustentable”, con el argumento de soberanía energética, buscando reducir la dependencia de México del gas importado de EE.UU., que representa 75% del consumo nacional, en un contexto de inestabilidad geopolítica global.

Sheinbaum busca legitimar este cambio con la creación de un comité científico multidisciplinario, con el argumento de que los avances tecnológicos permitirán métodos menos contaminantes, como el uso de agua no potable y químicos biodegradables.

Sobre continuidad en el “fondo” o cambio en la “forma”, políticamente, Sheinbaum no presenta esto como una traición a su antecesor morenista, sino como una evolución necesaria para fortalecer a Pemex y garantizar la seguridad energética del país.

Sin embargo, su aparente distanciamiento con AMLO genera críticas de organizaciones ambientales que acusan un incumplimiento de las promesas de campaña de la propia Sheinbaum y del movimiento de la “4T”.

En resumen, aunque ambos comparten la meta de autosuficiencia energética, Sheinbaum decidió que el costo político de ignorar el potencial de los yacimientos no convencionales es mayor que el de ajustar la narrativa heredada de López Obrador.

 Ahora bien, el fracking tiene una historia de más de 160 años, aunque su uso comercial y posterior prohibición en diversos países son fenómenos más recientes. En 1860, como técnica rudimentaria comenzó en Estados Unidos con inyecciones de nitroglicerina para estimular pozos.

Su primer uso con agua, en 1947, se realizó el primer experimento con agua a presión en el yacimiento de gas Hugoton, en Kansas, aunque su explotación comercial fue en 1949, a través de la empresa Halliburton, que obtuvo la primera licencia comercial y realizó los primeros tratamientos industriales en pozos de Oklahoma y Texas.

Respecto al fracking moderno, en 1998, George P. Mitchell logró que la técnica fuera económicamente viable en formaciones de esquisto (shale) mediante perforación horizontal y químicos específicos, lo que desató la revolución energética actual.

No obstante, a medida que crecieron las preocupaciones ambientales -la contaminación de acuíferos y sismicidad-, varios países y regiones comenzaron a prohibirlo: Francia (2011) fue el primer país en prohibir el fracking por ley nacional (Ley 835)

La siguieron Bulgaria (2012), segundo país europeo en prohibirlo tras intensas protestas sociales; Reino Unido (2019), cuando el gobierno de Inglaterra impuso una moratoria tras informes que vinculaban la técnica con sismos incontrolables.

Posteriormente, España (2021), a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, prohibió definitivamente la técnica y cualquier nueva exploración de hidrocarburos en el país, y le siguió Estados Unidos, aunque principal productor mundial, estados como Nueva York (2014), Maryland y Washington aprobaron sus propias prohibiciones.

En el caso de México, aunque López Obrador se manifestó públicamente en contra desde 2018, la técnica no ha sido prohibida a través de una legislación federal definitiva y se sigue utilizando en determinados proyectos de Pemex.

A todo esto, ¿Qué es el fracking o fracturación hidráulica? Es una técnica para extraer gas y petróleo “atrapados” en rocas muy profundas y poco permeables -lutitas o esquistos-, y a diferencia de la extracción convencional, donde el combustible fluye fácilmente, hay que romper roca para liberarlo.

En perforación vertical, se hace un pozo que baja verticalmente entre 1.5 y 5 kilómetros. Una vez que llega a la capa de roca que contiene el gas, la perforación gira 90 grados para avanzar de forma horizontal a través de la veta.

Posteriormente, se bombea con fuerza una mezcla de fluidos para generar microfisuras en la roca, de donde los hidrocarburos se liberan a través de grietas y suben a la superficie junto con parte del fluido inyectado para su recolección, en una mezcla que no es sólo agua; cada componente tiene una función vital.

Alrededor de 90-95% es agua el que transporta todo y genera la presión necesaria para romper la roca, mientras 4-9% es arena que actúa como “apuntalante” que se mete en las grietas recién abiertas para evitar que se cierren por el peso de la tierra.

Por último, se emplea menos de 1% de aditivos químicos, cientos de sustancias -como goma guar o biocidas- para reducir la fricción y prevenir la corrosión de tubos y eliminar bacterias. Es precisamente esta mezcla de químicos y el enorme volumen de agua -hasta 29 millones de litros por pozo- lo que genera mayor controversia por el riesgo de contaminar acuíferos.

Por otro lado, el fracking conlleva diversos riesgos ambientales que han generado un intenso debate global, sobre el que señalan organizaciones como Greenpeace y Alianza Mexicana Contra el Fracking, que estos impactos pueden ser irreversibles.

Entre los principales riesgos identificados se incluye contaminación del agua, ya que sustancias químicas y gas metano pueden filtrarse a los acuíferos subterráneos si los pozos no están bien sellados o por fallas geológicas. Además, el agua de retorno sale cargada de metales pesados y elementos radiactivos, lo que la hace extremadamente difícil de tratar.

Otro riesgo es el consumo masivo de recursos hídricos, ya que cada pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua dulce, lo que genera competencia directa por el agua en zonas de sequía, afectando el consumo humano y la agricultura.

Sismicidad inducida: La inyección de aguas residuales a altas presiones en pozos profundos puede “lubricar” fallas geológicas, provocando terremotos en áreas donde antes no eran comunes, y aunque la mayoría son leves, pueden ser más intensos cerca de fallas activas.

Por su lado, existe el riesgo de emisiones de gases de efecto invernadero, pues se producen fugas significativas de metano, un gas con potencial de calentamiento global mucho mayor que el dióxido de carbono, lo que puede anular los beneficios climáticos del gas natural frente al carbón.

Además, las poblaciones cercanas -en un radio de 5 a 8 km- tienen mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias, asma y cáncer por la liberación de partículas y toxinas en el aire, además de degradar el entorno, ya que implica una fuerte ocupación de territorio, contaminación acústica, lumínica y tráfico intenso de maquinaria pesada que altera ecosistemas locales.

Por otro lado, los riesgos para la salud humana están directamente vinculados a la exposición a las sustancias químicas y gases que se liberan durante todo el proceso de fracturación. Estudios en zonas con alta actividad de fracking han identificado una serie de problemas.

El primero de ellos, es respiratorio, ya que la liberación de compuestos orgánicos volátiles (COV), como benceno y tolueno, junto con el polvo de sílice (arena) y emisiones de los camiones diésel, aumenta significativamente los casos de asma y bronquitis, especialmente en niños y adultos mayores, así como irritación crónica de nariz, garganta y ojos debido a la mala calidad del aire.

También puede provocar complicaciones en embarazo y desarrollo: Diversas investigaciones encontraron una correlación entre la cercanía a pozos de fracking y problemas reproductivos, con bajo peso al nacer y partos prematuros, mientras estudios en Estados Unidos sugieren aumento en malformaciones congénitas cardíacas en zonas de alta densidad de pozos.

Respecto a enfermedades graves y crónicas, como el cáncer, sustancias como benceno y formaldehído, usados o liberados en el proceso, son carcinógenos conocidos, y la exposición prolongada -por aire o agua contaminada- aumenta el riesgo de leucemia y otros tipos de cáncer.

Pero, además, muchos aditivos químicos son “disruptores hormonales”, lo que significa que pueden interferir con el sistema reproductivo y el metabolismo, incluso en dosis muy bajas.

Entre sus efectos neurológicos y psicológicos, surge la neurotoxicidad, con la exposición a metales pesados -como plomo o arsénico- que a veces emergen con el agua de retorno y puede causar daños en el sistema nervioso, en tanto que el ruido constante de perforaciones, tráfico pesado y preocupación por la devaluación de la propiedad, generan niveles crónicos de ansiedad y trastornos del sueño en las comunidades locales.

Si los químicos llegan a los grifos de los hogares -por fallas en el encamisado del pozo-, las personas pueden ingerir sustancias tóxicas que causan desde problemas gastrointestinales inmediatos hasta daños renales y hepáticos a largo plazo.

Pese a todo esto, en México, la regulación del fracking ha pasado por un periodo de ambigüedad política que recién dio un giro significativo, ya que, aunque López Obrador mantuvo sólo un veto verbal desde 2018, la técnica nunca se prohibió formalmente por ley, y este abril Claudia Sheinbaum anunció una nueva apertura hacia su uso.

Actualmente, el fracking se rige por leyes generales del sector energético, ya que los intentos de prohibición constitucional en 2024 no prosperaron en el Congreso, por lo que la Ley de Hidrocarburos regula la exploración y extracción de gas y petróleo en general.

La ASEA -Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente- se encarga de vigilar la seguridad industrial y la protección ambiental en estos proyectos, en tanto la Conagua, desde 2017 establece reglas para uso de agua en la extracción de hidrocarburos de lutitas, incluyendo la reserva de aguas residuales.

Ante este panorama, el gobierno de Claudia Sheinbaum plantea cambio de paradigma para reducir la dependencia del gas importado -75% del consumo nacional-, para lo cual encargó al comité científico evaluar tecnologías de bajo impacto ambiental para extraer gas de forma que se minimicen los daños, con objeto de triplicar la producción nacional de gas hacia 2035 aprovechando los yacimientos no convencionales de México.

Asimismo, se busca que Pemex lidere estos proyectos, posiblemente con inversión privada bajo esquemas que no cedan concesiones totales, aunque enfrenta desafíos regulatorios, uno de ellos la protección de acuíferos, donde la normativa debe priorizar que el agua inyectada no contamine las fuentes de agua potable locales.

Respecto a gestión de aguas residuales, se requiere una supervisión estricta de las descargas industriales bajo la norma NOM-001-SEMARNAT-2021, y finalmente, los lineamientos de la ASEA incluyen protocolos para monitorear integridad de pozos y prevenir sismos por la inyección de fluidos.

Así las cosas, la gran interrogante es a quién darle la razón: ¿A López Obrador? o a Claudia Sheinbaum. ¿Usted qué opina?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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