¡Complicidad Derechos Humanos-Fiscalía!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Opaca herencia del ex gobernador Carlos Joaquín tolerada por la gobernadora Verde, Mara Lezama y sospechosa de complicidad con el Fiscal General, Raciel López, es la incómoda presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Omega Istar Ponce Palomeque, quien gana más que la presidenta de la República, pero cuyo “trabajo” avalan la mandataria y la presidenta de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura, Paola Moreno Córdova.

Con un cargo que expira hasta diciembre de 2027, Omega Istar, como se publicó en enero de 2024, tiene en su contra una serie de señalamientos públicos y una carpeta de investigación abierta por fraude, junto con su hermana Flor Ponce, que se remonta a 2016.

Las hermanas habrían convencido a inversionistas, entre ellos Jonatan Alejandro Torres Ríos y Miguel Ángel Torres Covarrubias, de participar en un supuesto proyecto de préstamos destinado a favorecer a personas de escasos recursos, según señaló la periodista Graciela Menchaca Torres en enero 2024, en el portal Maya Sin Fronteras

Sin embargo, a principios de ese año, sospechosamente, la respectiva carpeta de investigación presentaba nulos avances en la Fiscalía General, pese a que las acusaciones generaron polémica porque Omega Istar fue designada por el Congreso del Estado como presidenta de la Comisión en diciembre de 2023, pese a los señalamientos de fraude y quejas por hostigamiento laboral.

Además, la funcionaria es señalada por trabajadores de la Comisión por acoso laboral y hostigamiento, por lo que colectivos feministas solicitan su separación por desempeño insuficiente y falta de protección a grupos vulnerables. Sin embargo, continúa en funciones y vista en actos oficiales, como la entrega de reconocimientos a activistas

Por lo anterior, los señalamientos sugieren complicidad o protección institucional entre Fiscalía General y Derechos Humanos, con críticas, principalmente, de colectivos de víctimas y medios de comunicación, que observan falta de acción legal en su contra.

Los argumentos sobre la complicidad Fiscalía-Derechos Humanos incluyen parálisis de investigaciones, pues la carpeta de investigación por el fraude de Omega Istar y hermana no avanza desde hace años, lo que críticos sugieren que el sistema de procuración de justicia actúa a favor de intereses políticos en lugar de las víctimas.

La Red de Víctimas Quintanarroense califica la gestión de Omega Istar de “inepta e inoperante”, y bajo su mando la Comisión actúa a favor de los Poderes del Estado y normaliza violencia en vez der recomendaciones firmes o investigar a fondo quejas contra instituciones como la Fiscalía General, curiosamente, una de las que tiene más demandas.

Así, resulta contradictorio que sea la dependencia con más quejas ante la CDHEQROO -sólo 279 en dos semanas en un año-, mientras que la funcionaria mantiene procesos legales abiertos sin avanzar en la propia Fiscalía General.

Diario Cambio 22 asegura que la propia estructura de la CDHEQROO ha protegido a Omega Istar desde 2016, facilitando su ascenso a la presidencia a pesar de evidencias documentadas del fraude.

Con todo, pese a las acusaciones de “complicidad” Fiscalía-Comisión, Omega Istar continúa en el cargo y reconocida en actos oficiales por su labor en “defensa” de derechos humanos.

Curiosamente, la postura de Mara Lezama, respecto a Omega Istar se caracteriza por respaldo institucional y silencio directo sobre las acusaciones de fraude de 2016, priorizando la “colaboración” de poderes y órganos autónomos.

Hasta marzo, la ombusperson tenía respaldo institucional, así como felicitaciones con reconocimientos, como una de octubre de 2025, cuando compareció ante el Congreso, y la mandataria la felicitó públicamente por “avances” del organismo, amén de que ambas han coincidido en eventos de alto nivel, como encuentros de Unidades de Derechos Humanos de tribunales superiores de justicia en marzo.

Otro aspecto, es sobre género, con el que Mara Lezama centra su discurso en que el suyo es un “gobierno con corazón feminista” que defiende el derecho a tener derechos, aunque contrasta con el de colectivos feministas, que exigen la destitución de la ombudsperson por falta de solvencia moral e inoperancia de la Comisión en casos de violencia contra la mujer.

En torno a la omisión de la mandataria sobre el fraude, emitió una postura oficial sobre la carpeta de investigación FGE/QROO/CHE/01/242/2016 sobre la denuncia contra las hermanas Ponce Palomeque y, se supone, al ser la Comisión un organismo autónomo, el Ejecutivo evita intervenir directamente en el conflicto penal o administrativo.

Para su mala fortuna, circulan versiones de medios locales que sugieren que su gobierno instruyó a medios de comunicación evitar menciones negativas sobre ella respecto a conflictos institucionales, lo que los colectivos interpretan como protección indirecta a funcionarios cuestionados como Ponce Palomeque.

Respecto al papel del Congreso del Estado, dado que la designación de Omega Istar fue unánime, con mayoría afín a Mara Lezama, y el padrinazgo de un diputado del PT, los críticos ven en el silencio de la gobernadora una validación política de su elección.

Por otra parte, cabe mencionar el papel de otro personaje, la ex diputada Judith Rodríguez Villanueva, cuya relación con las hermanas Omega Istar y Flor Ponce Palomeque se teje a través de la política local y la estructura de la CDHEQROO, la señalan colectivos y medios de comunicación como una relación de conveniencia, continuidad y presunta protección.

Puntos clave de ese vínculo, es que cuando Judith Rodríguez fue diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso -ex subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado y ahora Magistrada de Circuito del Poder Judicial de la Federación-, intentó convertirse en titular de ésta, con el famoso “autopase”, pero se cayó su propuesta ante rechazo social y de colectivos femeniles, pese a ser candidata de Carlos Joaquín.

Como pieza de recambio, se impulsó a Omega Istar -trabajaba en la CDHEQROO como Secretaria Técnica- para ocupar el cargo que Judith no pudo obtener, manteniendo así el control político del organismo bajo el mismo grupo de interés.

Diario Cambio 22 y Sol Quintana Roo sostienen que, durante el tiempo en que Judith Rodríguez tuvo peso en el Congreso y en la vigilancia de la Comisión, se tendió un manto de impunidad sobre la carpeta de investigación por el fraude de las Ponce Palomeque y se acusa que, desde la posición de Judith en el Legislativo, no se fiscalizó ni impidió que una persona con una denuncia penal abierta ascendiera a Derechos Humanos.

En coincidencia, la relación de Omega Istar con Judith Rodríguez se describe como alianza de grupos políticos en el Sur, pues ésta representaba el brazo legislativo y judicial, y la segunda, el rostro institucional de derechos humanos, mientras Flor aparece como pieza operativa en los señalamientos de fraude financiero, vinculada familiarmente a la titular de la Comisión.

La Red de Víctimas Quintanarroense denuncia que Judith Rodríguez y Omega Istar trabajaron en sintonía para “congelar” quejas y recomendaciones incómodas para el Gobierno del Estado y la Fiscalía General. Los colectivos ven en ellas dos caras de la misma moneda: Simulación institucional en materia de derechos humanos.

En resumen, la relación no es sólo profesional, sino de continuidad política, donde Judith facilitó o avaló el ascenso de Omega Istar a pesar de los antecedentes de fraude que involucran a su hermana.

A todo esto, los recursos legales de víctimas y colectivos contra Omega Istar y su gestión escalan desde la vía penal hasta la política, con resultados limitados de las instituciones estatales.

En este sentido, se documentan intentos de promover juicio político ante el Congreso: Víctimas y ex trabajadores presentaron denuncias argumentando que la ombudsperson incurrió en omisiones graves, hostigamiento laboral y falta de probidad necesaria para el cargo por sus antecedentes de fraude.

Pese a las solicitudes, el Congreso no dio curso formal a su destitución, permitiéndole continuar su mandato hasta diciembre de 2027, aunque tras su nombramiento, la Red de Víctimas en Quintana Roo impugnan su selección.

Sostienen que el Congreso ignoró las pruebas del fraude de 2016 y su perfil no cumple con estándares éticos de un defensor del pueblo, pero su designación se mantiene bajo el argumento legal de que, al no existir sentencia ejecutoriada, no se le puede privar de sus derechos políticos para el cargo.

El recurso legal más antiguo es carpeta FGE/QROO/CHE/01/242/2016, que las víctimas intentaron infructuosamente reactivar mediante presión mediática y social, exigiendo a la Fiscalía General dejar de proteger a la funcionaria y proceder con la judicialización del fraude millonario.

Las víctimas señalan ante órganos de control interno el “congelamiento” deliberado del expediente contra la funcionaria, que se caracterizaba por vender “tandas” en Cancún, sugiriendo tráfico de influencias desde que Ponce Palomeque asumió la presidencia de la Comisión.

En resumen, pese a estos recursos, Omega Istar se mantiene activa en la vida pública, entregando reconocimientos y participando en foros nacionales, aunque la Red de Víctimas la califiquen como “inoperante” en más de un año como presidenta.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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