¡“Linduras” de psiquiátrico-cárcel de chetumaleña!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con el “lavado de manos” del Gobierno de Mara Lezama, y las torpezas de la Fiscalía General de la Ciudad de México, como último recurso queda en manos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el secuestro de la arquitecta chetumaleña María Adela Morales Correa en el “renombrado” Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” de la ciudad de México.

Con nombre de eminente médico y científico mexicano, reconocido como el principal impulsor y fundador de la psiquiatría moderna en el país (1921–2006), el nosocomio, principal culpable del ingreso NO voluntario de la joven, cuyo ingreso NO cubrió los requisitos de admisión y SIN autorizarlo familiares, sólo presume de servicios que ofrece gratuito para quienes carecen de seguridad social del IMSS o ISSSTE.

Dirigido desde 2023 por Eduardo Ángel Madrigal de León, quien será su “responsable” hasta 2028, se publicita como centro de referencia del país para la salud mental, dedicado a la investigación científica, formación de especialistas y atención clínica de alta calidad, fundado en 1979 por quien lleva su nombre para transformar estudio y tratamiento de trastornos mentales.

Con servicios especializados a partir de 13 años de edad, ofrece servicio de preconsulta, primer paso para atención diaria de 10 citas, así como consulta externa, con seguimiento a pacientes aceptados en psiquiatría general o clínicas de subespecialidad, a través de unidades enfocadas en esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, genética psiquiátrica y psiquiatría perinatal, y trastornos de sueño y de conducta alimentaria.

Sin embargo, pese a ese “currículum” carga con recientes señalamientos y quejas que involucran atención médica y procesos de ingreso y transparencia, como la incomunicación de María Adela, quien desapareció en la metrópoli, y se le encontró en el Instituto sin que el hospital proporcionara información clara sobre su estado de salud ni permitiera el contacto directo con ella.

Entre otras “linduras” del lugar, no pocos usuarios en redes sociales denuncian que ha bloqueado secciones de comentarios en sus canales oficiales ante solicitudes de transparencia y justicia en casos de pacientes incomunicados.

Otra de sus deficiencias es desabasto de medicamentos, pues faltan psicofármacos críticos como gabapentina, citalopram y clozapina, lo que afecta continuar tratamientos de pacientes, mientras testimonios de pacientes indican esperas de hasta 9 horas para trámites de hospitalización, y alta demanda que dificulta acceso a una cama disponible.

En materia de denuncias contra su personal, se denuncian hostigamiento y discriminación de pacientes víctimas por su forma de vestir o por su identidad, como falta de respeto al trato digno, aunque también existen denuncias contra sus directivos por acoso sexual y laboral, lo que ha generado manifestaciones a las afueras de las instalaciones.

Así, las denuncias contra el Instituto son principalmente quejas por atención clínica y denuncias administrativas o éticas contra servidores públicos, por lo que se han interpuesto demandas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por incomunicación de pacientes y tratos crueles.

Al menos en teoría, para reportar actos de corrupción, acoso laboral o sexual, y hostigamiento del personal, cuentan con mecanismos como un Órgano Interno de Control, supuestamente encargado de investigar faltas.

Con todo, la percepción es que sus anomalías no se sancionan porque factores estructurales, legales y administrativos complican la rendición de cuentas en las instituciones de salud en México, por lo que muchas denuncias no llegan a un castigo definitivo.

Entre los principales obstáculos, se incluye complejidad de pruebas en casos de negligencia médica o maltrato psiquiátrico, donde demostrar el daño es extremadamente difícil, que a menudo requieren peritajes médicos de otros especialistas del mismo sector, lo que genera protección interna entre colegas.

En México, muchas quejas se canalizan a través de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuyo enfoque principal es conciliar y acuerdo entre las partes, más que imponer sanciones punitivas o penales.

Sobre investigaciones del Órgano Interno de Control o la Secretaría de la Función Pública, éstas pueden tomar años. Por ejemplo, en instituciones de salud similares, decenas de demandas permanecen largo tiempo sin resolución.

Anomalías, como desabasto de medicamentos, las atribuyen a problemas de presupuesto o fallas en la cadena de suministro, lo que diluye la responsabilidad directa de sus directivos ante una investigación legal.

El Instituto cuenta con propios lineamientos para gestión de conflictos laborales y un comité de ética, por lo que, si las denuncias sólo se mantienen en el ámbito administrativo interno, las sanciones son amonestación o suspensión temporal, que rara vez trascienden a opinión pública o procesos penales.

Protestas por discriminación y hostigamiento de abril de 2022 lo forzaron a disculparse o dar seguimiento formal a quejas, pero es opaca la solución de fondo contra acusados, además muchos pacientes en situación de vulnerabilidad carecen de asesoría legal para elevar sus quejas a instancias judiciales o insistir en procesos costosos y desgastantes.

Así las cosas, enfrenta denuncias y críticas severas por irregularidades en sus procesos de internamiento, especialmente tras reformas legales recientes que prohíben la hospitalización involuntaria en México y existen pruebas de casos donde los protocolos de ingreso son cuestionados por nula transparencia y violación a los derechos de pacientes… como María Adela.

Éste fue el caso más reciente, por el que su madre denunció incomunicación de su hija, localizada en el Instituto tras ser reportada como desaparecida, por lo que su familia acusó al hospital de negar información y mostrar dudosos documentos de confidencialidad.

Además de ese caso, diversas quejas ante Derechos Humanos señalan que el Instituto ha retenido a otras personas sin permitir contacto con sus familiares, con pretexto de supuesta “confidencialidad”.

Por otro lado, colectivos de pacientes denunciaron ser víctimas de hostigamiento y discriminación, lo que vulnera el trato digno requerido por ley, pese a que, con la nueva Ley General de Salud en 2022, el marco legal para internamientos cambió drásticamente, y el Instituto no se adapta.

Por ejemplo, la ley exige ahora el consentimiento informado y voluntario del paciente, y la Suprema Corte determinó que internar a alguien contra su voluntad sin urgencia extrema se equipara a un acto de tortura.

Históricamente, se denuncia que el Instituto omite notificar al Ministerio Público o a las autoridades judiciales sobre ingresos involuntarios en el plazo legal de 24 a 48 horas, lo que deja al paciente en indefensión jurídica, mientras ignora la capacidad de pacientes a decidir su propio tratamiento, y los trata como sujetos sin voz en su internamiento.

¿Qué hacer si se sospecha internamiento irregular? Lo más recomendable es el Juicio de Amparo, mecanismo más rápido para liberar a alguien retenido ilegalmente, solicitar apoyo al Instituto Federal de Defensoría Pública, que brinda asesoría gratuita, o bien presentar una queja ante Derechos Humanos.

El Instituto ha sido objeto de numerosas denuncias ante la Comisión y otros organismos similares, con quejas no aisladas y se centran en violaciones al trato digno, la integridad personal y el acceso a la salud.

Supuestamente, la Comisión realiza supervisiones periódicas -como dice en informes de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura-, donde documentó deficiencias constantes, incluso falta de personal para garantizar la seguridad de pacientes, deficientes instalaciones que pueden vulnerar la dignidad de internos y protocolos de sujeción física que incumplen estándares internacionales de derechos humanos.

En 2022, un grupo de mujeres pacientes denunció públicamente y ante derechos humanos sufrir hostigamiento y discriminación del personal del Instituto por trato humillante y ser juzgados por su apariencia o identidad.

También, en 2023, colectivos de pacientes interpusieron quejas ante la Comisión por falta de fármacos esenciales, lo que vulneró su derecho a la protección de la salud, mientras en otros casos, fue lenta a esas emergencias.

Las denuncias ante la CNDH son claves por visibilizar abusos que obligan -eso dicen- al Instituto a responder públicamente por sus acciones u omisiones, y aunque sus Recomendaciones no son vinculantes -no obligan a la cárcel-, incluyen reparación del daño y cambios en manuales de procedimientos para evitar que las anomalías se repitan.

Como antecedente legal, una queja ante derechos humanos sirve como prueba fundamental si el afectado decide iniciar un juicio de amparo o una demanda por responsabilidad civil.

El Instituto ha sido objeto de investigaciones y señalamientos de la Comisión, pero muchas acciones quedan en Recomendaciones de carácter general o informes de supervisión más que en sanciones penales directas.

Entre las intervenciones más relevantes, se incluyen Informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con lo que, ha visitado el Instituto para evaluar el internamiento, y ha emitido informes de anomalías constantes.

Las más reconocidos son tratos crueles o degradantes, con deficiencias en trato digno, incluyendo el uso de medidas de sujeción física que no siempre cumplen estándares internacionales, así como deficiencias en infraestructura y personal, pues se reporta que la falta de personal suficiente y el deterioro de ciertas áreas vulneran seguridad y derechos de los pacientes.

En sus Recomendaciones Generales sobre Hospitales Psiquiátricos, se incluyó al Instituto en las que dirigió a todo el sistema de salud mental federal, como la Recomendación General 15.

Sobre casos especiales, la Comisión lo instó a revisar sus protocolos de ingreso para alinearse con la Ley General de Salud, que hoy prioriza el consentimiento informado y prohíbe hospitalización forzosa sin documentada urgencia extrema, aunque también ha emitido pronunciamientos por falta de medicamentos, una violación al derecho humano a la salud.

En los últimos dos años, hubo quejas por pacientes incomunicados o localizados en el Instituto tras reportes de desaparición, donde la CNDH solicitó informes a la autoridad y garantizar que el paciente se contacte con el exterior.

Además, en 2022, manifestaciones de pacientes por hostigamiento y discriminación derivaron en solicitudes de intervención de derechos humanos para garantizar un entorno libre de violencia en la atención.

Ahora bien, ¿Por qué no parece haber sanciones mayores? Aunque la CNDH emite recomendaciones, éstas NO son de carácter vinculante, lo que significa que el Instituto puede aceptarlas y proponer medidas de mejora sin que necesariamente haya funcionarios en la cárcel o multas económicas inmediatas. Para que una anomalía proceda legalmente de forma punitiva, la víctima debe elevar el caso a una denuncia ante el Ministerio Público o un Juicio de Amparo.

¡Y todavía se asegura que, en el marco legal mexicano, el Instituto no goza de inmunidad ni impunidad jurídica!, por ser organismo descentralizado sujeto a la fiscalización de diversas autoridades federales, aunque la percepción de falta de castigo suele estar ligada a la complejidad administrativa y a la naturaleza de las instituciones de salud.

Como entidad federal, el Instituto está obligado a rendir cuentas ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, y sus directivos, encabezados por Madrigal de León, pueden ser sancionados administrativamente o incluso penalmente si se comprueban delitos.

A pesar de todo, la ausencia de sanciones drásticas en casos reportados responde a su autonomía técnica, ya que, como institución de alta especialidad, las investigaciones sobre negligencia médica a menudo requieren peritajes realizados por pares, lo que vuelve lentos los procesos.

Las recomendaciones de la CNDH son no vinculantes, lo que significa que el Instituto puede aceptarlas y realizar cambios sin traducir necesariamente despidos o encarcelamiento de involucrados.

Finalmente, el Instituto mantiene un registro público de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia ante el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que, supuestamente, demuestra que está bajo vigilancia ciudadana constante y que existen registros oficiales de sus fallas administrativas.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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