¡Desconfianza ciudadana en nuevo código oral!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En aparente búsqueda de agilizar resoluciones judiciales, reducir tiempos y fortalecer la transparencia en la impartición de justicia en Quintana Roo, pero con un grado notable de desconfianza por parte de la población, el Gobierno del Estado presentó los trabajos para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con modelo oral en todos los procesos.

La presentación de sus acciones fue ante colegios y barras de abogados, así como docentes y estudiantes de Derecho, tal vez conscientes de que esa desconfianza no se debe sólo al nuevo sistema, sino reflejo de problemas históricos que las autoridades supuestamente intentan revertir.

Entre los factores que aumentan la percepción de desconfianza, se incluye, principalmente, la conocida ineficacia, pues, históricamente, 70% de los quintanarroenses que se han visto en la necesidad de recurrir a una autoridad considera que los juicios son demasiado lentos, y 30% los considera muy caros.

Pero, además, todo mundo está consciente de la corrupción e impunidad en el Poder Judicial, a tal grado que Quintana Roo tenía niveles de confianza en sus jueces apenas de 55.3% en 2024, por debajo del promedio nacional (60.5%), cifra que aumentó al año siguiente, lo que lo ubicó entre los Estados con mayor desconfianza ciudadana.

Otra limitante para el éxito del nuevo sistema se llama rezago, por lo que existe temor justificado de que el nuevo código no logre eliminar rezago de miles de casos familiares y civiles con años sin resolverse.

En materia de incapacidad institucional, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, cerca de 75% de la población considera que el gobierno es incapaz de solucionar conflictos cotidianos de manera justa.

En aparente estrategia para recuperar la confianza y contrarrestar esta percepción, el Poder Judicial de Quintana Roo y otras instituciones implementan el Tribunal de Disciplina Judicial, sobre el que, desde fines de 2025, puso supuesto énfasis en este órgano para vigilar y sancionar el mal desempeño de jueces y magistrados.

A través de mecanismos de proximidad, se busca, como otra estrategia, que el nuevo sistema sea más “sensible socialmente”, a través de herramientas digitales y la presencia física de jueces en audiencias para evitar opacidad.

Por último, el Poder Judicial habría comenzado a aplicar encuestas directas a usuarios para medir la calidad del servicio y ajustar deficiencias.

Ahora bien, la principal innovación en el nuevo sistema es la transición al modelo de oralidad y digitalización integral, basado en el nuevo Código.

Este sistema busca transformar la justicia con ejes clave como el Tribunal electrónico y expediente digital, previsto para consolidar en el primer trimestre de 2027, lo que permitirá procesos desde casa, como convivencias familiares supervisadas, y acceso a expedientes digitales para evitar diferir audiencias.

Sobre la oralidad de juicios, es un modelo que sustituye los procesos escritos, que garantizaría mayor cercanía del juez con las partes (inmediación) y agilizar la solución de conflictos al reducir tiempos procesales.

Otra “innovación” es la perspectiva de género y derechos humanos, que incorporará como obligatorio en toda resolución, en tanto se inauguran juzgados especializados en comunidades donde no existían -como el primer Juzgado Familiar de Primera Instancia en Bacalar-, acercando servicios a la gente, que no necesitará trasladarse a ciudades principales.

Asimismo, se priorizaría la solución de conflictos a través de mediación y otros mecanismos alternativos antes de llegar a un juicio, buscando una resolución pacífica y más rápida.

Entre las ventajas e inconvenientes de la transición hacia el nuevo sistema de justicia civil y familiar en Quintana Roo, al amparo del Código, existen cambios profundos que buscan modernizar la atención ciudadana, entre ellos, por lo menos en teoría, la rapidez y Agilidad, pues al priorizar la oralidad sobre los expedientes escritos, se reducen significativamente los tiempos de resolución de conflictos, evitando procesos que antes duraban años.

Otra ventaja sería una justicia transparente y directa, pues el principio de inmediación obliga al juez a estar presente en todas las audiencias, lo que le permitirá conocer cualquier caso de primera mano y no solo a través de papeles.

Respecto a la accesibilidad digital, la implementación de juicios en línea y el expediente digital permitirían que abogados y ciudadanos den seguimiento a sus casos sin traslados físicos constantes, lo que reduce costos y tiempos.

Como enfoque humano y social, se priorizará el interés superior de la niñez y se aplicarán protocolos de perspectiva de género, garantizando una protección más efectiva para grupos vulnerables, además de que, al ser un código nacional, los procedimientos serán los mismos en Quintana Roo que en cualquier otro estado, eliminando la confusión de leyes procesales locales distintas.

Entre los inconvenientes del nuevo sistema, se vislumbran retos de implementación con una curva de aprendizaje y capacitación, que requerirán que tanto jueces como abogados litigantes se actualicen profundamente en técnicas de litigación oral y nuevas tecnologías, lo que podría generar errores procesales iniciales.

En cualquier sentido, la digitalización de la justicia puede ser obstáculo para personas con acceso limitado a internet o baja alfabetización tecnológica, dificultando su acceso efectivo a los tribunales, amén de que la creación de salas de audiencia equipadas con tecnología de grabación y sistemas de seguridad representa un gasto presupuestal masivo para el Estado.

Además, persiste una cultura jurídica tradicional basada en el papel, lo que puede ralentizar la adopción total del nuevo modelo hasta su fecha límite en 2027, aunque durante la transición, los tribunales deberán manejar simultáneamente los casos del sistema anterior y los del nuevo, lo que podría generar temporales “cuellos de botella”.

Sobre todo, la implementación de este nuevo sistema de justicia afecta directamente a la ciudadanía en su forma de interactuar con la ley, transformando procesos que históricamente eran lentos y burocráticos en experiencias más directas y tecnológicas.

De acuerdo con el Poder Judicial de Quintana Roo, el impacto principal se reflejaría en la reducción de tiempos en procesos familiares, donde conflictos como divorcios, pensiones alimenticias o custodias, que antes tardaban años en resolverse, se agilizarían mediante juicios orales, permitiendo una resolución en meses.

Mediante el Tribunal Electrónico, se podrá dar seguimiento a expedientes o incluso realizar convivencias familiares supervisadas de forma remota, lo que evita traslados innecesarios y gastos en transporte.

Lo que pareciera ser lo más importante, es el contacto directo con el Juez, ya que se elimina la figura del juez “ausente” y ahora los ciudadanos serán escuchados directamente por la autoridad en las audiencias, lo que aumenta la percepción de imparcialidad y respeto en el trato.

Asimismo, el sistema obliga a los jueces a aplicar perspectiva de género y un enfoque en derechos humanos, asegurando que niños, mujeres y adultos mayores reciban una protección reforzada en situaciones de violencia o desamparo.

Además, se fomentará el uso de Justicia Alternativa a través del Centro de Justicia Alternativa de Quintana Roo, donde los ciudadanos pueden resolver sus problemas mediante el diálogo y la mediación sin necesidad de iniciar un juicio formal.

Si se muda o se tiene asuntos legales en otro Estado, el procedimiento será prácticamente el mismo, ya que el Código unifica las reglas en todo el país, eliminando la confusión entre distintas leyes locales, y si existe un proceso legal en curso o por iniciar uno, se sugiere consultar la Declaratoria de Vigencia en el portal oficial del Poder Judicial de Quintana Roo.

Pregunta obligada es si están preparadas las autoridades para enfrentar el reto. Se encuentran en una fase activa de preparación, realizando inversiones significativas en infraestructura, tecnología y capacitación para cumplir con el plazo de implementación total fijado para abril de 2027.

Aunque el reto es considerable, el Poder Judicial puso en marcha diversas acciones estratégicas, entre ellas modernización de infraestructura, para lo cual se destinando alrededor de 13 millones de pesos sólo para Chetumal para ampliar instalaciones, crear nuevos juzgados familiares y civiles, así como áreas especializadas como ludotecas.

Jueces y personal jurisdiccional estarían recibiendo formación continua en el Código y en litigación oral, mientras la Universidad Judicial de Quintana Roo también ha abierto maestrías específicas en estas áreas para abogados y personal del Estado.

Durante 2026 se prioriza la implementación del sistema electrónico y expediente digital, columna vertebral para agilizar procesos y reducir el rezago histórico, y se reinstaló un comité especializado que coordina todas las acciones operativas necesarias para asegurar que la transición sea paulatina pero efectiva antes de la fecha límite nacional.

En relación con los obstáculos que persisten a pesar de los avances, las autoridades aún enfrentan retos críticos que podrían afectar la calidad del servicio inicial, entre ellos el cierre de obras, ya que, aunque hay avances de 60% en construcciones en ciudades como Playa del Carmen y Cancún, el tiempo para equipar y operar al 100% es ajustado.

Otro obstáculo es la carga doble de trabajo, pues el personal debe atender los juicios antiguos bajo el código anterior mientras se adapta a las reglas del nuevo modelo, lo que representa una carga operativa extenuante, en tanto que el mantenimiento de la tecnología y la creación de nuevos espacios requiere una inversión constante que debe garantizarse en los próximos presupuestos.

En resumen, las autoridades están operativamente en marcha y con una planeación sólida, pero el éxito real dependerá de que la infraestructura tecnológica y la capacitación del personal logren consolidarse antes de abril de 2027.

En otro orden de ideas, Benito Juárez es el municipio con mayor avance, contando ya con un Reglamento de Gobierno Digital y procesos de digitalización avanzados en áreas de trámites municipales base para la justicia local.

En tanto, Othón P. Blanco (Chetumal), al ser la sede de la Escuela Judicial y el Palacio de Justicia principal, concentra las primeras fases de capacitación y pruebas de los sistemas de oralidad digital, en tanto Bacalar recién incorporó juzgados de primera instancia que están siendo equipados nativamente con tecnología para este nuevo modelo.

En fin, para concluir, nuevas “buenas intenciones” que, como en todo, no dejan de ser sólo eso.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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