¡Liberan de “enquistado” a policía de Bacalar!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Como advertencia de lo que ocurriría
en Bacalar a 15 años de crearse como octavo municipio de Quintana Roo, en junio
de 2015, una “narcomanta” del Cártel Jalisco Nueva Generación acusaba al ahora
ex titular de Seguridad Pública y Tránsito de Bacalar, teniente coronel de infantería
retirado Carlos Briceño
Villagómez, de
haber llegado a Bacalar procedente de Cancún para mandar a elementos pend… y traer
escuela de extorsiones y robos ciudadanos
Esta es sólo parte de la historia de un funcionario que
se “enquistó” ¡cuatro trienios! en esa corporación, con nulos resultados en
seguridad, pero sostenido sospechosamente durante las gestiones de dos alcaldes
duramente cuestionados por la operación del crimen organizado en Bacalar: Los
priístas Alexander Zetina Aguiluz y José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez, este
último convertido a Morena.
Creado municipio en febrero de 2011 por el Congreso
del Estado y gobernado sus dos primeros años por un Consejo Municipal que
encabezó Francisco Flota Medrano hasta junio de 2013, tras la primera elección
de su Ayuntamiento, Contreras Méndez fue el primer presidente municipal del
conflictivo Bacalar, seguido dos periodos consecutivos por Zetina Aguiluz.
Por su parte, procedente de Tulum, Briceño Villagómez, por fin relevado por Pablo
Quiroga Mcliberty, se incorporó a la policía desde la llegada del tristemente
célebre y desaparecido Gral. Carlos Bibiano Villa Castillo a la Secretaría de
Seguridad Pública de Quintana Roo (2011-14) al inicio de gobierno de Roberto
Borge, y de ahí se “enquistó” en Seguridad Pública y Tránsito de
Bacalar.
Tuvo 4 trienios completamente inoperantes y sin
trabajo real: No había guardias y la mayoría de las patrullas permanecían
estacionadas, quizá con el pretexto de ahorrar combustible. Se hizo de dinero;
Es dueño de un hotel casi frente a la dirección de policía de Bacalar y de
varias propiedades.
Sin
embargo, según él, la corporación tiene un déficit de 130 agentes, y de ahí el
aumento de la supuesta “percepción” de inseguridad ante presuntos “esfuerzos”
de las autoridades, pues no hay gran interés de nadie en sumarse a sus filas,
ni buenas intenciones del alcalde José Alfredo Contreras Méndez, eso si es que
éste tiene conocimiento, o por “así convenir” a ambos.
El
18 de marzo publicamos, con el título “Chepe” Contreras, ¿aliado de Cártel
Caborca?, el presunto papel del munícipe ante la criminalidad:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/03/chepe-contreras-aliado-de-cartel.html
Sucesor
del desaparecido Issa Melitón Ortiz Moguel, Briceño Villagómez fue ratificado en
la corporación en octubre de 2018, tras la toma de protesta de Zetina Aguiluz
para un segundo trienio y ratificado en septiembre de 2021 por Contreras
Méndez.
Su
trayectoria policiaca se inició en noviembre de 2014, tras dejar la Dirección
de Tránsito y ser comandante de la Policía Estatal en la Zona Norte, pero dejó
el cargo al ser nombrado titular de Seguridad Pública de Bacalar, por
renunciar Ortiz Moguel en noviembre de 2016, cuando Zetina Aguiluz lo nombró “encargado”
y luego titular.
En
uno de sus problemas, en marzo de 2020, por amenaza de huelga de los agentes de
la Policía Preventiva, su destitución no estuvo a consideración, advertiría
sospechosamente en ese entonces Zetina Aguiluz.
Ese
día los policías pararon labores para exigir mejores condiciones laborales con
formalización de sus contratos, pues habían trabajado ocho años por honorarios,
y pidieron destituir a Briceño Villagómez, a quien acusaron de trato cruel y
degradante.
Supuestamente,
la labor de éste era coordinar estrategias de vigilancia, seguridad de la policía
y operatividad del tránsito en ese Pueblo Mágico, donde impulsó la activación
física y control de salud de sus policías para mejorar su rendimiento físico y
profesional.
Es
probable que su permanencia en la corporación fue por su condición de militar y
su continuidad en seguridad pública por su experiencia militar y formación como
teniente coronel en la Secretaría de la Defensa Nacional… aunque sin resultados.
Al
menos en teoría, su formación castrense le permitiría aplicar disciplina
militar en corporaciones policiales, un modelo común en municipios con retos en
seguridad, donde, sin embargo, su trayectoria se centró en Bacalar.
A
diferencia de su paso por este municipio, la información sobre su presunto paso
por Tulum es limitada o poco prominente por ser común que jefes policiales con
formación militar operen en la Zona Norte -Tulum o Playa del Carmen- y el sur (Bacalar)
por convenios de Mando Único o Coordinado del Estado, aunque, en su caso, su
gestión más documentada en los últimos años es exclusivamente en Bacalar.
Su
vínculo con Tulum sería por dos vías, una de ellas por comisiones en la Sedena,
pues antes de retirarse del Ejército, oficiales de su rango suelen asignarse a
zonas estratégicas, y Tulum pertenece a la jurisdicción de la 34/a. Zona
Militar -sede en Chetumal-, con destacamentos y operativos constantes en la Zona
Norte para combatir la delincuencia y apoyo en desastres naturales.
Por Bacalar participó en Mesas de Seguridad
regionales, donde se coordinan directores de los 11 municipios y, con mandos
militares que dirigen policías municipales, intercambian información táctica
con sus homólogos, en Tulum especialmente, ya que comparten retos como destinos
turísticos con complejas dinámicas de seguridad.
Su
calificación frente al crimen organizado en Bacalar se dividió entre respaldo
institucional y creciente preocupación ciudadana por la violencia. A nivel
oficial, su desempeño lo valió convenientemente al alcalde, fuertemente criticado
por el incesante aumento de delincuencia de alto impacto en la Zona Sur.
Se
podría pensar que el principal indicador de una calificación “positiva” en gobierno,
es su ratificación de octubre de 2024, cuando el Cabildo aprobó su permanencia
para hasta 2027, con el argumento de necesitar consolidar estrategias de
seguridad bajo mando de un perfil militar.
Irónicamente,
Briceño Villagómez decía que la violencia -ejecuciones y enfrentamientos- la
impulsan grupos delictivos que, tras operar en la Zona Norte -Cancún/Tulum-,
buscan refugio o expansión en el Sur del Estado.
Ante
este panorama, Quintana Roo registró una tasa de homicidios de 40.1 por cada
100 mil habitantes en 2024, cifra crítica que afecta directamente la “percepción”
de inseguridad en municipios como Bacalar, pues, hasta 2025, 80.3% de los quintanarroenses
decía sentirse inseguro, lo que presionó directa y constantemente el trabajo de
Briceño Villagómez y su incapacidad para contener el efecto “derrame” de la
delincuencia organizada del Norte.
En
este sentido, con justa razón, sectores de la población y analistas locales
cuestionan si una dirección municipal tiene los recursos suficientes -humanos y
materiales- para enfrentar a cárteles nacionales, pese a la formación militar
del Teniente Coronel.
Como
cifra “negra”, delitos como la extorsión -cobro de piso- son cifra alarmante de
98.2% en Quintana Roo, lo que sugiere que gran parte del impacto del crimen
organizado en Bacalar no se refleja en las estadísticas que defienden.
En
resumen, mientras el gobierno local calificaba su gestión como estable y
necesaria para la continuidad, los índices de violencia regional tenían su “labor”
bajo escrutinio constante y perciben a Bacalar cada vez más vulnerable.
Y
es que sus índices de seguridad reflejan dualidad: Por un lado, datos estatales
que indican mejoría en delitos de alto impacto, y por el otro, aumento de
delitos locales y una percepción de inseguridad ciudadana que sigue elevada.
A
nivel estatal, Quintana Roo “oficialmente” reportó disminución de 56% en
homicidios dolosos entre 2024 y 2025, pero Bacalar presenta otros matices: En homicidios
y ejecuciones, aunque la tendencia estatal es, supuestamente, a la baja, hubo choques
armados en Limones y áreas rurales.
La
extorsión, sigue siendo uno de los delitos con mayor “cifra negra” -no
denunciados-, estimada en 98.2% en el Estado, mientras en materia de narcomenudeo
existen operativos y cateos en Bacalar, con detección de puntos de venta de
droga y detenciones.
En
el ámbito cotidiano, el impacto de la delincuencia común se siente en los
sectores económicos locales, donde robo y vandalismo son los delitos más
frecuentes que afectan a las micro y pequeñas empresas de Bacalar, destacando
el robo “hormiga”.
Con
todo, sobre la percepción de seguridad, 80.3% de la población de 18 años o más
en Quintana Roo manifiesta sentirse insegura. En Bacalar, los varones reportan
una percepción de seguridad de 20.9%, y las mujeres, de 15.6%, cifras que
subrayan un clima de desconfianza.
Pero,
además, se denuncia a grupos del crimen organizado que asedian a pobladores
para despojarlos de tierras en comunidades cercanas a nuevos desarrollos
turísticos.
Por
otra parte, respecto a la probable participación de Briceño Villagómez en el
crimen organizado, oficialmente no existen registros, investigaciones abiertas
ni acusaciones formales que lo involucren directamente, al menos no hasta hoy. Su
relación con el tema fue de carácter institucional y operativo.
El
propio funcionario admitió varias ocasiones que la policía municipal enfrentaba
escasez de personal y limitados recursos para cubrir tanto el área urbana como
las zonas rurales ante bandas dedicadas a atracos.
Con
todo, pese a los retos de seguridad, el Cabildo lo ratificó en octubre de 2024
para el periodo 2024-2027, lo que indicaba voto de confianza política, o
complicidad de Contreras Méndez, al parecer por su perfil militar, utilizado casualmente
como argumento de “mano dura” y disciplina frente a la delincuencia, siguiendo
la línea de mandos coordinados.
Sin
embargo, en un contexto de percepción, cabe distinguir entre la de inseguridad -alta
en el Estado, con 80.3% de la población sintiéndose insegura- y señalamientos
de colusión. En el caso de Briceño Villagómez, las críticas se centraban en una
ineficacia operativa ante el avance del crimen en el Sur.
Algo
“extraño” es que, como servidor público, estaba sujeto a la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos, que implicaba declaración 3 de 3, con
el que debe presentar anualmente en la declaración patrimonial, de intereses y
fiscal ante la Contraloría Municipal y el Estado, amén de que auditorías públicas
y la Auditoría Superior del Estado pudieran indicar discrepancia patrimonial o
enriquecimiento inexplicable.
En
municipios con presencia del crimen organizado, cualquier signo de solvencia
económica en mandos policiales suele ser observado con lupa por la ciudadanía por
contraste social, pero Bacalar tiene zonas con rezago económico marcado, lo que
hace resaltar el estilo de vida de los altos mandos.
Para
mantenerse en el cargo, suponemos que Briceño Villagómez probablemente aprobó
Exámenes de Control y Confianza, que incluyeron una investigación
socioeconómica profunda para verificar que sus bienes coincidían con sus
ingresos declarados.
¿Habría
sido conveniente o necesario su “enquistamiento” en Seguridad Pública de
Bacalar? ¿Cree Usted que se justificó?... ¡O existen otros “intereses”!
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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