¡A lamentarse “millonarios” consejeros del INE!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Probablemente resentida porque las altas percepciones salariales del Instituto Nacional Electoral sean objeto de controversia por la política de austeridad y las reformas legales en México, una de sus consejeras, Rita Bell López Vences, asegura que realizar la elección judicial junto con la intermedia de 2027 no generará grandes ahorros y solo duplicará funciones para personal del INE.

Al participar en un foro Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales, que organizó el senador Javier Corral, dijo que no hay ahorro en que la capacitación fuera para las dos elecciones, lo que no es posible por tener diferencias, lo local con su propia capacitación, la que sería el costo más grande de la elección por ser personas que se contratan temporalmente.

Y es que, de manera “justificada” cuestiona cualquier medida, toda vez que, hasta hoy, todos los consejeros electorales perciben mensualmente alrededor de 246 mil pesos brutos, lo que se traduce en poco más de 179 mil pesos netos, aunque algunos reportes indican que la cifra bruta podría rondar 230 mil pesos mensuales al sumar todas las prestaciones.

Sin embargo, la conseja presidencia del INE, Guadalupe Taddei Zavala, decidió reducir su sueldo neto a poco más de 120 mil pesos mensuales para alinearse con la norma constitucional de no ganar más que el titular del Ejecutivo Federal.

Con todo, los mandos medios y operativos gozan de un sueldo mensual promedio que varía significativamente, por ejemplo, los correspondientes a puestos administrativos o técnicos pueden ganar entre cerca de 8 y 27 mil pesos mensuales, mientras los consejeros distritales, durante procesos electorales, tienen dietas de poco más de 20 mil pesos mensuales brutos.

En este sentido, existe una disputa legal y política sobre el cumplimiento del artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.

La remuneración total en el INE se compone de un sueldo base tabular y una compensación garantizada, además de prestaciones como seguridad social, seguros y, en algunos casos, apoyos para alimentación o vehículos, aunque, para 2026, se reportan planes de reducción salarial que afectarían a cerca de 277 plazas de mando, incluyendo consejeros y subdirectores, como parte de medidas de ahorro presupuestal.

Y es que, hasta marzo, 48 funcionarios del Instituto devengaban mayores ingresos que la presidenta de la República, lo que, con el plan B, la reducción salarial impactaría no sólo a ellos, sino a 277 funcionarios, desde consejeros hasta subdirectores y homólogos, por ajustes internos en cadena.

Estos cambios representarían una baja en el gasto anual de la nómina de 94.1 millones de pesos, según análisis de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, que advierte que esto implica afectación en la política salarial y ajuste de tabuladores, compensaciones y percepciones adicionales.

Puntualiza que hay un diferencial de 36.89%o del anterior sueldo bruto mensual de la consejera presidenta -262 mil 634 pesos- en relación con el de la mandataria (191 mil 846 pesos)

Actualmente 48 puestos tienen un sueldo superior, según el Analítico de Plazas y Remuneraciones (Tomo IX), esto como se visualiza en la propuesta de la reforma del artículo 134 constitucional.

Para este efecto, se realizó un escenario disminuyendo el sueldo bruto mensual del nivel VC2 -consejeros electorales- hasta el nivel salarial PC2 -subdirectores y homólogos-, considerando un monto máximo de 190.3 mil pesos para la consejera presidenta, lo que afectaría 277 plazas de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Rama Administrativa y de Honorarios Permanentes.

Esto generaría un impacto aproximado de reducción anual por más de 94.1 millones de pesos en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2027 en servicios personales, según se lee de la página 7 a 65 del compendio de observaciones de distintas áreas del INE.

Este documento explica que la aprobación de la reforma en el Senado implica que el personal afectado -la de mejor remuneración- reciba una compensación extraordinaria por única vez por cada año de servicios exclusivamente para cubrir la diferencia salarial entre la plaza ocupada y la que vaya a desempeñar.

En revisión de otra dirección, se sugiere conservar el “bono electoral” que se da a los trabajadores del INE cuando hay elección “por sobrecarga de trabajo”.

Sin embargo, la iniciativa prevé eliminar los seguros de vida como prestación a funcionarios, por los que el INE paga 628.1 millones de pesos por primas a distintas compañías.

Asimismo, se eliminaría el seguro de gastos médicos mayores, con contrato plurianual vigente de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026–, que tiene una cláusula por terminación anticipada por causas justificadas. Para este seguro, el presupuesto actual es de 161.5 millones, para pagar la prima.

También se eliminaría el seguro colectivo de accidentes para prestadores de servicio bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, con una prima de 1.6 millones de pesos, y un seguro colectivo de vida para este mismo grupo, por 5.6 millones.

Ahora bien, la oncejera Bell López refiere sobre gastos de capacitación en las elecciones judiciales que una primera proyección es de 15 mil millones de pesos del costo de la elección, pero no solo eso “sino que implica duplicar funciones”.

Así, recordó que la última elección federal, en la que se eligió el Ejecutivo, se gastaron 8 mil millones de pesos, y en la primera elección judicial 6 mil millones.

Y es que, diputados federales de Morena presentaron una iniciativa de reformas a la Constitución para cambiar a 2028 la elección del segundo paquete de juzgadores del Poder Judicial.

También propusieron que un Comité Único de Evaluación, integrado por representantes de los tres poderes de la Unión, concentre la evaluación de los aspirantes y que se apliquen exámenes de conocimientos de la Escuela Nacional de Formación Judicial y aplicados por universidades públicas.

La propuesta, a cargo del diputado Ramírez Cuéllar, plantea que la nueva elección judicial sea hasta el primer domingo de junio de 2028, y no en junio del 2027, junto a la elección federal, como está en la ley.

Expone que la elección de juzgadores requiere un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la percepción de imparcialidad del Poder Judicial, y advierte que la simultaneidad con contiendas partidistas puede desdibujar esa frontera.

El caso es que, de una manera u otra, el Instituto Federal Electoral, pese a no estar en elecciones, es objeto de controversias y cuestionamientos, sobre todo respecto a sus emolumentos, que ahora se verán obligados, dolorosamente, a ver reducirse significativamente.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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