Mara y director de CAPA, ¡“dueños” del agua!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Mientras su Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal inició desde noviembre procesos de embargo contra morosos, el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, el guanajuatense Hugo Garza Sáenz, a más de año y medio en el cargo, le sigue buscando “cinco pies al gato” en esa cuestionada empresa de gobierno.

Carente de una gestión más eficiente y transparente para mejorar las tarifas de agua “potable”, Quintana Roo, las más caras de TODO el país, al funcionario le importa poco enfrentar desafíos administrativos y financieros, aunque impactan directamente el bolsillo de los usuarios.

Por su lado, en supuesta transparencia en modelo de tarifas, el gobierno de la Verde, Mara Lezama, debió presentar una iniciativa para crear un sistema de tarifas más transparente y equitativo, y aclarar cómo se calculan los excedentes y las cuotas base para evitar cobros considerados exorbitantes.

Ignora, sin duda alguna que una alternativa para mejorar costos es la eficiencia física y técnica, toda vez que la falta de mantenimiento y demora en reparaciones por supuesta “falta de refacciones” generan desperdicios de agua, lo que reduciría con una mejor gestión operativa, evitando trasladar costos de su ineficiencia a la factura final.

Sigue sin querer entender que las medidas para reducir tarifas deberían incluir necesariamente cambiar unidades de cobro, migrar el esquema de salarios mínimos a UMAs, lo que representaría un modelo más accesible y de menor impacto económico para las familias.

Asimismo, reducción de costos administrativos con simplificación de trámites, como en cambios de titularidad y reducción de costos por reconexión son medidas administrativas directas para aliviar la carga financiera a usuarios.

Sobre la concesión privada, gran parte de la insatisfacción y el alto costo se concentra en municipios operados por Aguakán -Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad-., por lo que el gobierno debe ser más riguroso en vigilar el cumplimiento de la concesión para frenar abusos, entre ellos deudas que escalan de mil hasta 40 mil pesos en poco tiempo.

Sobre este caso, Mara Lezama, se sabe, emprendió acciones jurídicas por presunto daño patrimonial y falta de inversión en infraestructura, pero sólo buscando recuperar el control del servicio para alinearlo con su visión en lugar de lucro excesivo.

Con todo, incluso con una administración perfecta, existen gastos que presionan las tarifas, principalmente la energía eléctrica, ya que, tan sólo en el caso de Chetumal, las tarifas de CAPA aumentan cada vez que sube el costo de la luz, pues el bombeo depende totalmente de la red eléctrica.

Finalmente, se entiende la necesidad de proteger el acuífero y los cenotes de la contaminación por aguas residuales, lo que requiere inversiones constantes que suelen reflejarse en los cargos por drenaje y saneamiento.

Sin embargo, Mara Lezama seguirá con su política de alza imparable de tarifas, pese a la creciente inconformidad de usuarios, sobre todo de Cancún, que atribuyen el alza a Aguakán, aunque el verdadero responsable sea el propio Gobierno del Estado.

Aunque tuvo la oportunidad de frenar el alza permanente de tarifas, la reforma de la mandataria a la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable no propuso cambiar la fórmula de su cálculo de 2008, por lo que seguirá el aumento imparable de costos para usuarios de servicios doméstico, comercial, industrial, hotelero y de servicios generales a la comunidad.

En efecto, su iniciativa no cambiará la fórmula de tarifas que suben automáticamente, sino la ratificó al convertirla, además, en base para cobro por aportación para obras de cabecera por instalación y dotación de litros por segundo, eliminando su tarifa fija, para subir mensualmente.

A todo esto, el agua es una sustancia química vital compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es el recurso más abundante del planeta y único que puede encontrarse naturalmente en estado sólido, líquido y gaseoso.

Por su origen o tratamiento, puede ser potable, la tratada para garantizar ser segura para beber y cocinar sin riesgo de enfermedades; residuales alteradas por uso doméstico, industrial o urbano y requieren tratamiento antes de volver a la naturaleza; y destilada, agua pura de la que se eliminan impurezas y minerales mediante procesos de destilación.

Sin embargo, como derecho, aunque poco importe a Mara Lezama y a Garza Sáenz, el agua es un derecho de todos a disponer de un líquido suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico.

Así, lo reconoció explícitamente como derecho humano fundamental la Asamblea General de ONU en 2010 -Resolución 64/292-, con premisa de ser esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos.

No obstante, para que el acceso al agua se considere un derecho plenamente cumplido, debe reunir características o criterios de calificación establecidos por la ONU y la OMS, uno de ellos disponibilidad: Su suministro debe ser continuo y suficiente para cubrir necesidades básicas como beber, cocinar, higiene personal y limpieza del hogar.

Otra característica es calidad y seguridad, es decir, ser salubre, libre de microorganismos o sustancias químicas que pongan en riesgo la salud.

Su principal cualidad, sobre todo en estos tiempos difíciles y más para Quintana Roo, es su accesibilidad económica, por lo que su costo no debe impedir acceder, sobre lo cual, según recomendaciones internacionales, el gasto en agua no debería superar 3% de los ingresos de un hogar.

Otra más es su accesibilidad física, según la cual sus instalaciones deben estar cerca del hogar, centros de salud o escuelas, y ser seguras para todos los grupos, es decir niños, personas con discapacidad y ancianos, y finalmente, tener color, olor y sabor culturalmente aceptables, con instalaciones que deben respetar privacidad y género.

En países como México, este derecho humano al agua está incluido en el artículo 4 de la Constitución, por lo que el Estado está obligado a garantizar que todos los ciudadanos reciban el recurso bajo todas estas condiciones.

Con todo, los estados con las tarifas más elevadas se concentran en la península, donde la escasez y costos de infraestructura son mayores. Según el IMCO y CONAGUA, los estados con costos más altos por metro cúbico para uso doméstico son Quintana Roo y Yucatán, con tarifas de más de $200 m3.

          Otros con altas tarifas son Colima, 158.90 pesos por m3, y Puebla, con unos 151.87 pesos m3, mientras en 2026, municipios como Tehuacán reportan aumentos hasta de 50% en sus cuotas fijas.

          Por su lado, en Baja California cuesta 132.88 pesos m3, y es la entidad con mayor recaudación per cápita por el servicio, mientras San Luis Potosí reporta costos de 132.44 pesos m3 y este año aprobó un aumento general de 4.93% en sus municipios basándose en la inflación.

Las tarifas varían drásticamente por municipio. Por ejemplo, en Estado de México, aunque el promedio estatal es bajo, en 21 municipios, como Huixquilucan y Coacalco, se aplicaron aumentos específicos en 2025.

          En Guanajuato, León y Celaya manejan cuotas base superiores a 120 pesos, independientemente del consumo por metro cúbico.

          Por el contrario, los estados con las tarifas más bajas son Morelos, Sonora y Estado de México, donde pueden ser menores a 5 pesos por m3.

En el caso de Quintana Roo, se pretexta ser una de las tarifas más altas del país por factores técnicos, geológicos y administrativos. Hasta hoy, la cuota base mínima del consumo doméstico es de 203.46 por metro cúbico, lo que justifican sus defensores por gastos de extracción y geología y energía eléctrica

Lo cierto es que el bombeo de agua desde el acuífero hasta los hogares requiere uso intensivo de electricidad, por lo que las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad impactan directamente en el costo operativo de CAPA, y se cree que sus incrementos se trasladan a las facturas de agua, acumulando alzas significativas en los últimos años.

Otra razón es el modelo de gestión y ausencia de subsidios masivos, ya que, a diferencia de la Ciudad de México, donde el agua está altamente subsidiada -hasta 90% en algunas zonas-, en Quintana Roo las tarifas reflejan el costo real de operación para evitar déficits financieros.

En Quintana Roo opera un sistema mixto, con servicio de CAPA, la instancia pública, y la concesionaria privada Aguakán en varios municipios, aunque la primera fija las tarifas y el Congreso del Estado las aprueba, y no la empresa privada de forma autónoma.

Por otro lado, la Ley de Cuotas y Tarifas de Quintana Roo establece mecanismos de actualización mensual o anual basados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que genera aumentos constantes que se perciben cada mes.

Por último, el estado debe mantener una infraestructura capaz de soportar la demanda de millones de turistas, lo que eleva los costos de mantenimiento y saneamiento de aguas residuales para proteger arrecifes y entorno natural.

En este sentido, la solución para disminuir o mantener las tarifas en Quintana Roo requiere acciones a nivel gubernamental e individual. Hasta hoy, se supone que existen iniciativas para atacar costos desde su estructura legal y operativa.

Así, entre las soluciones legislativas y de política pública, Mara Lezama habría presentado en abril un paquete de reformas clave, entre ellas el cambio a UMAs, una de las más relevantes, para cambiar el cobro de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización, un esquema más accesible y de menor impacto económico ante la inflación… pero sólo se suponía.

Otra solución sería eliminar aumentos vinculados a la luz, por lo que se propone desvincular el aumento de tarifas de agua de los costos de energía eléctrica, que pueden elevar el recibo hasta 30%.

Asimismo, reducir los costos de conexión y reconexión, facilitar su acceso a viviendas de interés social con tarifas preferenciales, y un modelo de accesibilidad económica, con el que se establezca un sistema tarifario transparente y equitativo que reconozca el agua como derecho humano, asegurando que su costo no sea tan doloroso para las familias.

Sobre soluciones técnicas y operativas, para que CAPA o Aguakán bajen costos, se plantean medidas de eficiencia, como sectorización y control de fugas, pues gran parte del costo del agua es por desperdicio por fugas en la red pública; repararlas reduciría la energía para bombeo

También se requeriría eficiencia energética con paneles solares en plantas de bombeo y renovar equipos viejos por tecnologías de bajo consumo eléctrico, así como micro y macro medición para garantizar cobrar justo el consumo, evitando cobros estimados, pues son más altos para el usuario.

Sobre el ahorro directo, dado que el costo aumenta por cada metro cúbico extra consumido -después de los primeros 10 m³-, reducir el consumo es la forma más rápida de bajar la tarifa individual, así como instalar dispositivos ahorradores, como aireadores en grifos y regaderas de bajo flujo, que pueden reducir el consumo hasta 50%.

Por último, otra medida para abaratar las tarifas sería detectar fugas internas, pues, por ejemplo, un escape imperceptible en el sanitario puede “disparar” el recibo al siguiente rango tarifario, donde el m3 cueste más.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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