OPB cedió cobro de predial, ¡qué vergüenza!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Muy seguramente por vergüenza a reconocer la incapacidad que todo mundo le conoce y de la que ahora todo mundo se enteró gracias a las redes sociales, la alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, firmó en secreto un convenio ¡desde marzo! para ceder al gobierno Verde de Mara Lezama la facultad de recaudar el impuesto predial de este municipio.

Seguramente también ignorante de que la cesión del cobro al Estado tiene desventajas importantes que afectan tanto la autonomía del Ayuntamiento como la dinámica con la gente, la desdibujada munícipe, aconsejada por sabrá Dios quién, muy probablemente habría “comprado” la idea de buscar eficiencia.

No obstante, la medida involucra una serie de riesgos, sobre todo en pérdida de autonomía financiera y política, ya que, con esa dependencia con el Estado, el municipio deja de controlar una principal fuente de ingresos propios, lo que puede generar vulnerabilidad si la relación política entre Yensunni Martínez y la gobernadora Mara Lezama se tensa, retrasando la entrega de los recursos recaudados.

Otro costo es la desarticulación local, ya que, aunque ya es costumbre, aumenta la pérdida del contacto directo con los contribuyentes, lo que debilita la capacidad del Ayuntamiento para conocer las necesidades reales de sus barrios y colonias a través de la gestión tributaria.

Sobre costos económicos directos, incluye el pago de comisiones, ya que, quiérase o no -y aunque Mara Lezama diga lo contrario- el Gobierno del Estado no realiza ningún trabajo gratis. Generalmente, cobra una comisión por la administración y cobranza que oscila entre 3 y 5% del monto recaudado.

Asimismo, la cesión desincentiva el mejoramiento interno, pues, al delegar esa tarea, el municipio suele dejar de invertir en la modernización de su propio Catastro, lo que, a largo plazo, lo vuelve más incapaz de retomar el cobro por cuenta propia al concluir el convenio.

Y hay más, sobre el impacto en el contribuyente por la dificultad de pago en zonas rurales, ya que en poblaciones pequeñas o con poca conectividad, los sistemas digitales pueden no ser útiles. Si la gente está acostumbrada a pagar en la tesorería local y hoy debe usar plataformas complejas, la recaudación podría incluso bajar en ciertos sectores.

Por otro lado, se habla de falta de flexibilidad, ya que el Gobierno del Estado aplica criterios generales en su cobro y ejecución, mientras que el municipio suele tener mayor margen para convenios de pago personalizados o entender situaciones sociales que un sistema estatal automatizado ignora.

En materia de riesgo de gestión y transparencia, existe incertidumbre en el retorno: Un eminente peligro de que los recursos no regresen al municipio de manera íntegra o inmediata, afectando la planeación de servicios públicos locales como bacheo, alumbrado o seguridad.

Por último, no se puede omitir el riesgo de opacidad, pues, en algunos casos, la duplicidad de funciones entre empresas contratadas por el municipio y el convenio estatal puede generar confusión y falta de claridad sobre quién es responsable de qué.

Sobre el caso, el portal de Información Sin Límite del 27 de abril publicó que OPB se convirtió en quinto municipio en entrar al programa del gobierno del Mara Lezama para que el Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo ayude a cobrar el predial, con la promesa de que al aumentar la recaudación tendrán acceso a recursos federales del Fondo de Fomento Municipal.

El convenio lo firmaron el 7 de marzo Yensunni Martínez; la secretaria de Finanzas y Planeación, Martha Parroquín; y el director del SATQ, Héctor Contreras Mercader, sin informarlo públicamente, tras que el Cabildo capitalino lo autorizar el 27 de marzo, cuando ya estaba firmado, y se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 21 de abril, para entrar en vigor.

Ante esto, a partir del 22 de abril -sin que nadie se enterara-, el SATQ se convirtió en autoridad fiscal municipal y comenzó a recaudar, administrar, notificar y cobrar adeudos del predial en Chetumal, las comunidades rurales y la Costa Maya de OPB, junto con la Tesorería Municipal.

Así, es responsable de recaudar el impuesto predial con base en el cálculo del municipio: Cobro de accesorios, multas y gastos de ejecución derivados de incumplimiento de contribuyentes, si los créditos fiscales no han prescrito; aplicar descuentos conforme a plazos y condiciones que autorice el municipio; así como recibir y tramitar prórroga de pagos, parcialidades o diferidos.

Entre otros, también se encargará del cobro coactivo a propietarios morosos, mediante notificaciones y procedimientos administrativos de ejecución, con las atribuciones de controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas mediante requerimientos o cartas invitación, priorizando los adeudos de mayor monto.

Determinar y aplicar sanciones por infracciones, así como los actos administrativos derivados del incumplimiento en el pago del impuesto predial o la falta de atención a requerimientos, así como atender y resolver solicitudes de aclaración presentadas por contribuyentes durante proceso administrativo de ejecución y tramitar y ejecutar créditos fiscales, incluidos accesorios legales, a través de sus unidades administrativas o por medios electrónicos.

La Sefiplan debe transferir cada semana los montos recaudados a la tesorería de Othón P. Blanco, pero la ayuda tendrá costos, porque se tendrán que pagar gastos de gestión, aunque el convenio no especifica cómo calcularlos.

Por su parte, el Ayuntamiento permitirá al SATQ acceso a su base de datos para consultar saldos de contribuyentes, cobranza, y proporcionar información sobre bienes inmuebles del municipio, así como de los morosos y sus adeudos.

El SATQ cobrará el predial en OPB hasta concluir el trienio de Yensunni Martínez, aunque lo podrá ratificar el siguiente gobierno municipal dentro de 30 días siguientes de su toma de posesión.

Con OPB suman cinco los municipios que “entraron al aro” -los otros son José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto- ante la petición de Mara Lezama de cobrar el predial en los municipios, un proyecto concebido desde el sexenio del ex gobernador Carlos Joaquín, pero que no pudo concretar su entonces titular de Finanzas, Yohanet Torres Muñoz.

Con este convenio, el poderoso brazo del SATQ de Mara Lezama recaudaría en impuesto predial del sufrido pueblo hasta 66 millones de pesos adicionales en 2026.

Lo cierto es que los municipios están facultados para ceder o delegar la administración y el cobro del impuesto predial al Gobierno de su Estado a través de un convenio de colaboración administrativa, una práctica común en México, que busca supuestamente mejorar la eficiencia en la recaudación a cambio de incentivos financieros para el municipio.

Uno de los aspectos clave de la cesión es la voluntariedad, por lo que el municipio debe decidir de manera libre y autónoma si desea firmar este convenio con el Estado.

Aunque lo cobre el Gobierno del Estado, el impuesto predial sigue siendo ingreso municipal, aunque, generalmente, retiene un porcentaje -le llaman “incentivo- por la gestión y transfiere el resto al municipio.

El convenio puede incluir no sólo la recepción de pagos, sino también la facultad del Estado al cobro coactivo -embargos o requerimientos- de créditos fiscales vencidos, aunque al ceder ese cobro, muchos municipios acceden a participaciones federales adicionales, como el Fondo de Fomento Municipal, que premia a los Estados que coordinan la recaudación predial.

Como ejemplos recientes de Estados con esta práctica, se incluye Puebla, donde diversos municipios, incluida la capital, aprobaron convenios para que la Secretaría de Finanzas estatal administre el predial, al igual que el Estado de México, con amplia lista de municipios que utilizan el portal de su gobierno para que la gente pague en línea, así como Hidalgo.

Con todo, desde una perspectiva política o de autonomía, esta medida puede interpretarse como debilidad, pues el municipio pierde control directo sobre su principal fuente de ingresos propios y queda “atado” a los tiempos y procesos del Gobierno Estatal.

Además, si deja de invertir en su propio catastro porque “el Estado ya se encarga”, su capacidad administrativa se debilita a largo plazo, y existe un costo político, pues delegar el cobro es forma de evitar desgaste de cobrar impuestos directamente a sus ciudadanos, pasando la estafeta al gobernador.

En resumen, para municipios grandes con mucha infraestructura -como Monterrey, Guadalajara o Querétaro-, ceder el cobro sí podría verse como una falta de capacidad, pero para municipios medianos o rurales, suele ser única formal de profesionalizar la recaudación y obtener más recursos federales.

En el caso de OPB lo realmente imperdonable es que la firma y aprobación del convenio haya sido lo más secreto posible, como que es una verdadera vergüenza política…, aunque el portal de Quadratín Quintana Roo, jure y perjure que Yensunni Martínez es la mejor alcaldesa de Quintana Roo.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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