¡Vuelve a “desaparecer” chetumaleña secuestrada!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En un lugar donde hasta este mes se habían
registrado más de 6 mil personas desaparecidas -mujeres, cerca de la mitad-, la
arquitecta chetumaleña María Adela Morales Correa se estaría convirtiendo en
una víctima más de esa “estadística” de la Ciudad de México, al reportarse el viernes
su sospechosa sustracción del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.
Sin embargo, todo hace suponer que, en
esa nueva “desaparición”, estaría involucrado el titular de la Fiscalía
Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas
Desaparecidas, Omar Montoya Rojas, designado para el caso por la Fiscal General
de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, ésta morenista titular
desde el 10 de enero de 2025.
Otros involucrados, por lo que parece ser un sistema
delictivo de trata de personas, es un supuesto amigo que se hacía
llamar “Mathew”, un guardia de seguridad que al parecer les rentaba el cuarto
donde vivían, con sus “amigas” Georgina Reus y Andrea Ramírez Hernández,
también involucradas en esa mafia, al igual que el Instituto.
Las sospechas en Montoya Rojas provienes de
denuncias directas de familiares y la propia Cristina Ramírez Tapia, madre de
María Adela, por coerción y omisiones del funcionario, pues denuncian públicamente
que, desde un principio, frenó sus indagaciones con la advertencia de no seguir
investigando porque les sería “contraproducente”.
Además, se le acusa de falta de transparencia por
evitar proporcionar información clara sobre el estado legal de María Adela y
las circunstancias de su ingreso al Instituto, además de que, junto con otras
autoridades, dificultó tener acceso a la joven -logrado sólo mediante un amparo
federal- y no mostrar avances en la investigación sobre la posible red de trata
que la habría contactado con una oferta laboral falsa.
Por su responsabilidad ante la nueva desaparición, tras
el egreso de María Adela del Instituto, supuestamente por “voluntad propia”,
sin avisar a la familia, Montoya Rojas es señalado como uno de los responsables
directos de su integridad y del desaseo procesal que permitió que perder
nuevamente el rastro de la joven este viernes.
Ante estas acciones, el colectivo de familiares exige
mayor claridad y el acompañamiento de organismos de derechos humanos, ante lo
que consideran un actuar negligente -muy sospechoso- por parte de este
funcionario.
Aunque el nombre de Montoya Rojas cobró relevancia
mediática por el caso de María Adela, las denuncias en su contra reflejan un
patrón de conducta que familiares de víctimas y colectivos señalan como sospechosa
negligencia sistemática y hostilidad institucional en la Fiscalía de la Ciudad
de México.
Las irregularidades reportadas incluyen coerción y amenazas
directas, la denuncia más grave y reciente de Cristina Ramírez, quien señaló
que Montoya Rojas le advirtió textualmente “no siga investigando, porque le
será contraproducente”, lo que se interpreta como intento de encubrimiento o
intimidación para frenar la búsqueda.
En abierta obstrucción de justicia, se le acusa de
dificultar el acceso de la familia a información vital del expediente, lo que
hizo necesario el amparo federal para que la madre pudiera ver a su hija en el Instituto,
debido a las trabas impuestas por el fiscal y la institución.
Por si fuera poco, em omisión en la protección de la
víctima, se le señala por haber permitido que María Adela fuera sospechosamente
dada de alta del Instituto sin avisar a sus familiares, a pesar de ser el responsable
jurídico de garantizar su seguridad y localización.
Familiares y activistas critican, además, que
Montoya Rojas no ha seguido las líneas de investigación relacionadas con la falsa
oferta de trabajo que llevó a la joven a la Ciudad de México, y sugieren una
posible omisión ante delitos de trata de personas.
Cabe mencionar que la Unidad de Asuntos Internos de esa
Fiscalía ha recibido múltiples quejas contra diversos agentes del
Ministerio Público por irregularidades como “moches”, tortura y omisiones, y en
el caso específico de Montoya Rojas, su nombre figura en denuncias públicas de
colectivos que exigen revisar su desempeño patrimonial y curriculum ante el
Sistema de Declaraciones de la CDMX.
A
todo esto, la Fiscalía informó que María Adela salió del Instituto por “voluntad
propia”, aunque sus familiares denuncian que el hospital no notificó a su madre
sobre el egreso, a pesar de que existía un proceso legal y una búsqueda previa
en curso.
Como
publicamos, la joven profesionista había desaparecido inicialmente el 11 de
abril tras viajar a la CDMX por una oferta de trabajo, pero fue localizada días
después en el citado Instituto, donde estuvo incomunicada de su familia hasta
este nuevo incidente.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/04/chetumalena-secuestrada-en-un.html
Ante
la pérdida de su rastro tras la salida del hospital, familiares y conocidos se
manifestaron el viernes en la entrada de la Universidad Autónoma del Estado de
Quintana Roo para exigir a las autoridades de la Ciudad de México su pronta
localización por las irregularidades y omisiones de la Fiscalía Especializada
en Desaparición y las autoridades del Instituto
El
caso sumó un nuevo episodio luego de que la madre Cristina Ramírez encabezara
una marcha desde el Monumento a la Revolución hacia el denominado Búnker de la
Fiscalía capitalina, sede de áreas especializadas de investigación ubicada en
la colonia Doctores, para exigir claridad sobre su hija.
Cristina
Ramírez relató que el ingreso de María Adela habría ocurrido luego de una
conversación entre Georgina Reus, Andrea Hernández y la propia joven, quienes
presuntamente compartían una habitación prestada por un hombre identificado
como Matthew, vigilante del lugar donde vivían.
Durante
una plática surgió el tema de la salud mental y Georgina habría propuesto
acudir al Instituto para solicitar ayuda profesional y recibir una valoración
médica, aunque, al presentarse en el lugar, le habrían informado a María Adela que
debía ser internada de urgencia.
La
madre también afirmó que desconocía que Georgina Reus compartía con Andrea
Hernández la responsabilidad sobre María Adela, sobre lo que asegura haberse
enterado tiempo después.
Así
las cosas, lo que comenzó como una búsqueda desesperada dio un giro aterrador
que puso en evidencia la incapacidad de las instituciones para garantizar la
seguridad de la gente, porque María Adela se reportó nuevamente desaparecida,
pero esta vez desde el interior de la propia institución.
La noticia resultó alarmante porque ocurre
justo cuando su familia comenzaba a exigir respuestas sobre quién la ingresó y
bajo qué condiciones la tenían retenida, lo que genera la enorme sospecha sobre
transparencia del Instituto y las autoridades involucradas.
En
un análisis jurídico, el escenario es crítico, ya que una vez que una persona
con reporte de búsqueda es localizada en una institución pública, ésta se
convierte en garante legal de su integridad y paradero, y el hecho de que María
Adela ya no esté bajo resguardo sin que su familia haya sido notificada de su
alta oficial o traslado seguro, representa una omisión legal gravísima que
podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios encargados,
ya que la ley es clara en que los protocolos de búsqueda no terminan con la
localización, sino con la entrega segura a sus redes de apoyo.
El
un seguimiento del caso, tras el breve y angustiante encuentro con su madre,
donde María Adela advirtió entre lágrimas que “le habían pasado cosas”, la
joven ha dejado de estar bajo custodia del hospital sin una explicación clara.
Lo
más preocupante es que el contacto inicial fue a través de Alejandra “N”,
supuesta reclutadora que la engañó con una oferta laboral, y ahora que la joven
vuelve a estar ilocalizable, el riesgo de que sea víctima de una red de
coacción es mayor que nunca.
En
efecto, no es posible que una institución de salud mental permita que una
paciente en esas circunstancias desaparezca de sus registros o se entregue a
personas ajenas a su familia sin existir una orden judicial o un protocolo de
protección activado.
Estas
circunstancias obligan a reflexionar sobre la falta de seguridad en los
procesos de egreso y la urgencia de que la Fiscalía intervenga de inmediato
para determinar el paradero real de la joven porque México no puede permitir
que sus hospitales se conviertan en puntos ciegos donde las personas
localizadas vuelven a perderse sin dejar rastro.
La
sociedad exige respuestas claras sobre quién autorizó su salida y a dónde fue
llevada porque el sistema le sigue fallando a María Adela y a su familia en
cada paso del camino mientras la incertidumbre crece cada hora.
En
otro orden de ideas, la madre de María Adela reveló que a su hija le pidieron
ser “acompañante” días antes de ser internada en el psiquiátrico, y que le
preocupa que “Mathew”, le hiciera propuestas de salir con hombres por dinero para
“favores” sexuales, por lo que ella ya le había dicho que no se sentía cómoda
en el cuarto donde vivía. “Me quiero cambiar”, comentó días antes.
Agregó
que, ante la propuesta de “Mathew”, la joven le comentó que rechazó la oferta
por ser ella es “una profesionista y no tiene esa necesidad”, aunque tras su
negativa a la “invitación” fue recluida en el Instituto.
Por
último, dijo que, antes de volver a desaparecer, se hija fue llevada a la
Fiscalía de la Ciudad de México para rendir una declaración, y de ahí no volvió
a saber de ella, aunque en el psiquiátrico sólo le dijeron que ya se había ido
y que los psicólogos de la fiscalía le preguntaron si estaba bien y ella dijo
que sí.
Durante
la declaración de su hija en la Fiscalía la acompañaron dos personas, una de
ellas, Georgina Reus y/o Andrea Martínez Hernández.
Ahora
bien, ¿Quién es Georgina Reus? es una mujer que se encuentra en el centro de
una controversia relacionada con el caso de María Adela y, según la madre de
ésta, fue quien propuso acudir al Instituto para solicitar ayuda profesional y
recibir valoración médica, aunque, al llegar al hospital, María Adela fue
internada de urgencia sin que la madre recibiera informes médicos o
diagnósticos formales sobre su estado de salud.
Georgina
Reus y Andrea Martínez Hernández compartían un cuarto con María Adela en un
lugar que les había prestado un hombre llamado “Matthew” y habían sostenido una
conversación con la chetumaleña antes de acudir al hospital.
Así
las cosas, la madre de ésta última las acusa de no haber cuidado adecuadamente
a su hija y de mostrarle videos y audios de entrevistas que ella había dado
para exponer el caso públicamente, aunque exige un examen toxicológico, un
diagnóstico completo y la posibilidad de trasladar a su hija a una institución de
Chetumal o Yucatán.
La
pregunta obligada: ¿Qué inventará ahora la gobernadora Verde, Mara Lezama, para “lavarse las manos y
dejar nuevamente de apoyar a su “paisana”?
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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