¡De Guatemala a “guatepeor” en desaparecidos!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con el nada honroso “liderazgo” a nivel nacional, primero en el delito de trata de personas, Quintana Roo puede presumir de lo que fuere, menos de efectividad en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, cuya titular, Haydé Cristina Saldaña Martínez, sólo se convirtió en trofeo de la gobernadora Verde, Mara Lezama, que se exhibe desde el 12 de febrero.

“Elegida” por el nada ejemplar Congreso del Estado tras un proceso de selección en el que participaron ocho aspirantes, su llegada ocurrió tras la salida de la no menos cuestionada María López Urbina, quien, por si fuera poco, fue “premiada” por la propia mandataria con un cargo de “asesora”, cuya función hasta hoy ignoramos, sólo que cobra una jugosa quincena.

Peleada con colectivos de madres buscadoras, Haydé Cristina, una supuesta profesionista que ignora lo más elemental de las reglas de ortografía -en sus peleas con madres buscadoras escribe “sencibles”-, seguramente sabrá más de política que de su encomienda, sobre todo que, en México, la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas superaba 132,500 casos acumulados hasta mayo.

Claro, no olvidar que la hoy funcionaria fungía como dirigente del desaparecido PRD y aquí un recuerdo de aquellos tiempos:

https://www.marcrixnoticias.com.mx/afirma-prd-quintana-roo-que-les-ira-mejor-sin-coalicion/  

De acuerdo con reciente informe del Registro Nacional, más de 133 mil personas siguen sin ser localizadas en todo el país, mientras que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reportaron alrededor de 128 mil 700 víctimas en su informe más reciente.

          Quintana Roo no es ningún paraíso en ese renglón -como ignorará Haydé Cristina-, ya que atraviesa por una crisis de desapariciones que ha escalado significativamente en los últimos años, pues, tan sólo al cierre de 2025 y principios de este año, se posicionó del quinto lugar nacional por la magnitud de su crisis de desapariciones en relación con su población.

          Lo que es peor, respecto a personas encontradas, reportes previos lo ubicaban en el lugar 16 por número total entre las 32 entidades.

          Tan sólo en 2025 se registraron 888 personas desaparecidas en el Estado, superando registros de años anteriores, aunque la tendencia de este año es de alrededor de tres personas desaparecidas por día.

          Hasta abril, se contabilizaban al menos 174 nuevos reportes, de los cuales 52 personas continuaban sin ser localizadas, con Benito Juárez como el municipio más crítico por concentrar la mayor cantidad de casos en el Estado, seguido por zonas con alta movilidad turística y la Zona Maya.

Benito Juárez (Cancún) es el municipio con el mayor número de casos, ya que durante 2025 concentró 164 desapariciones -118 hombres y 46 mujeres- sin resolver, seguido por Solidaridad (Playa del Carmen), en segundo lugar, donde grupos de colectivos señalan que, tan solo en casos de mujeres, sufrió 31 desapariciones el último periodo.

En Tulum, la crisis de desapariciones muestra una escalada preocupante, desplazando recientemente a otros municipios para convertirse en el tercer lugar estatal con mayor número de casos, pues, al cierre de 2025, reportó 37 personas sin regresar a casa de 59 reportes generados desde 2023, aunque recién desaparecieron 10 mujeres.

Othón P. Blanco (Chetumal), por su lado, presenta una cifra significativa de 288 fichas activas hasta 2024, aunque, en lo que va de este año, se reportaron eventos críticos, como la desaparición de tres personas en una sola semana, por el carácter administrativo y fronterizo de la región, aunque menor que la zona norte.

Respecto a Puerto Morelos, aunque sus números absolutos son menores -6 casos en reportes recientes-, tiene la tasa más alta de desapariciones por cada 100 mil habitantes en el estado (45.8), lo que lo sitúa como un punto de alta peligrosidad relativa.

En tanto, Felipe Carrillo Puerto experimentó un aumento alarmante, pasando de ser zona tranquila a registrar múltiples desapariciones vinculadas al avance del crimen organizado hacia el sur, mientras otros municipios, como Lázaro Cárdenas (Holbox/Chiquilá), Bacalar, Cozumel, Isla Mujeres y José María Morelos, las cifras individuales suelen ser de entre 1 y 2 casos por informe, pero constantes.

Lo cierto es que la desaparición de personas en Quintana Roo es un fenómeno complejo que responde a múltiples factores, principalmente vinculados a la delincuencia organizada y su dinámica económica, aunque existen causas principales identificadas por colectivos de búsqueda, organismos internacionales y autoridades.

La primera de ellas es la trata de personas, ya que, aunque Usted no lo sabía, Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en este delito, entre 30 y 35% de los casos del país, con víctimas que suelen ser mujeres jóvenes y menores de edad captadas con fines de explotación sexual en zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, muchas de ellas atraídas con engaños en redes sociales o por necesidad económica.

Otro causal es el reclutamiento forzado, pues grupos delictivos reclutan a jóvenes y adolescentes para integrarlos a sus filas o forzarlos a realizar actividades ilícitas bajo amenaza, como se han reportado casos de redes de reclutamiento en municipios como Bacalar y el Sur del Estado.

Asimismo, la disputa por el control de territorios para el narcotráfico y narcomenudeo genera desapariciones por “ajustes de cuentas” o represalias, aunque, en algunos casos, las víctimas son confundidas con miembros de bandas rivales.

La explotación laboral es otra causa, ya que trabajadores de sectores de la construcción y turismo han sido identificados como grupos vulnerables. En ocasiones, son obligados a trabajar para el crimen organizado bajo esquemas de servidumbre o “desaparecen” por ser testigos de ilícitos en zonas de desarrollo.

Factores de vulnerabilidad social también son causal, toda vez que la pobreza galopante, la falta de oportunidades y el rezago educativo, en zonas como la Maya o colonias populares de Cancún, facilitan a las redes criminales enganchar a sus víctimas.

Las autoridades sostienen que alrededor de 95% de los reportes se resuelven con la localización de la persona y que muchos casos corresponden a menores de edad que se ausentan de su núcleo familiar por conflictos internos, aunque los colectivos critican esta postura por minimizar la gravedad de las desapariciones forzadas.

Ahora bien, seguramente se preguntará Usted ¿Por qué tantas personas desaparecidas impunemente en Quintana Roo? Los cuestionamientos hacia la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo se centran en una profunda brecha entre el discurso institucional y los resultados reales obtenidos en campo.

Los comentarios más atinados, los de colectivos de víctimas y organismos de derechos humanos señalan una serie de deficiencias críticas, la primera de ellas la simulación y el “maquillaje” de cifras, ya que existe una disparidad constante entre los datos de la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda.

Mientras la primera, sostenida contra viento y fuego por la gobernadora Mara Lezama, es decir Raciel López, sostiene que se localiza a 95% de los reportados, cuando que los colectivos denuncian que muchas de estas supuestas “localizaciones” sólo son cambios de estatus administrativo, pero sin pruebas de vida reales.

Además, una de las quejas más recurrentes es ausencia de funcionarios en el territorio. Las familias critican que la Comisión se limita a emitir fichas digitales en redes sociales -como el llamado Protocolo Alba-, pero suspende o bloquea las jornadas de búsqueda física, dejando la labor de exploración en brechas y montes a las propias madres.

Por otro lado, se cuestiona la efectividad por el enorme rezago forense, al grado tal que en Quintana Roo se contabilizan más de 700 cadáveres sin identificar, pues la falta de coordinación con los servicios periciales impide que los hallazgos en fosas clandestinas se traduzcan en el retorno de las víctimas a sus familias.

Por si fuera poco, los colectivos denuncian un estado de “indefensión institucional”, toda vez que las familias suelen verse obligadas a realizar ellas mismas trámites básicos, como copias de expedientes o recolección de pruebas ante la lentitud de los agentes. Además, se ha criticado el uso de la Comisión para “favores políticos”, como la permanencia de ex titulares -verdad López Urbina- en puestos de asesoría sin haber dado resultados previos.

Finalmente, persiste una serie de omisiones en la clasificación del delito: Organismos como la ONU han señalado la falta de tipificación adecuada, con lo que muchas desapariciones vinculadas a la delincuencia organizada no se investigan como tales, lo que diluye la responsabilidad del Estado y dificulta el acceso a recursos federales de búsqueda.

¿Son suficientes los cuestionamientos sobre el pésimo trabajo de la Comisión de Búsqueda en Quintana Roo? O sólo es preciso mencionar un nombre: Haydé Cristina, otra consentida de Mara Lezama.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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