¡Doble rostro de denunciantes de narcotráfico!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Con la gris, nefasta experiencia de haber sido gobernada por el PRI durante más de 80 años consecutivos (1929-2011), entre ellos por el que fuera candidato derrotado a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa (1987-1992), Sinaloa ha sido característica de un Estado donde el narcotráfico casi se practicaba de manera casi oficial.

Así, los gobiernos del tricolor sólo se habían interrumpido un sexenio con el panista Mario López Valdez en 2011, pero el PRI volvió al poder en 2017 con su hasta hoy último gobernante, Quirino Ordaz Coppel, tras lo cual su jefe del Ejecutivo se transformó en 2021 en morenista con Rubén Rocha Moya, hasta solicitar éste una licencia por presiones de Estados Unidos.

Ante este panorama se antojaría bastante creíble la reciente denuncia de la coalición de colectivos que se hace llamar Narcopolíticos ante la Fiscalía General de la República con los nombres de funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos ex funcionarios, alcaldes y legisladores de varios partidos políticos.

Hasta ahí las cosas, sin embargo, lo que hace que esa información no sea lo suficientemente creíble es que quien forma parte de ese organismo sea el consultor “independiente” y activista, Miguel Alfonso Meza, director fundador de la organización “Defensorxs” desde 2025, quien entregó a la FGR los nombres de esos funcionarios.

¿Por qué esa falta de confiabilidad en Alfonso Meza? Muy sencillo: El hombre formó parte de la agrupación llamada Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad durante tres años, hasta 2021, entonces como abogado en lo que denominaron Despacho de Investigación y Litigio Estratégico.

Para quien tiene memoria, la información sobre el financiamiento de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad por parte de Estados Unidos se difundió en varias etapas clave, impulsada por investigaciones periodísticas y reportes del Gobierno de México.

Por ejemplo, mayo de 2021 fue el momento de mayor difusión inicial, cuando una investigación de la revista Contralínea reveló que el gobierno de EE.UU., a través de su embajada en México, era el principal “donante” de la organización en 2019 y 2020, lo que llevó al ex presidente López Obrador a enviar una nota diplomática de protesta el 7 de mayo de 2021, acusando un “intervencionismo” de ese país.

En febrero de 2022, sin embargo, se difundieron nuevos detalles sobre desembolsos realizados durante 2021 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por cerca de 15 millones de pesos.

En tanto, en agosto de 2024, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, presentó en la “Mañanera” un detallado informe que actualizó las cifras. Así, se reportó que, entre agosto de 2018 y enero de 2024, la embajada estadounidense destinó más de 96.7 millones de pesos a MCCI.

Por último, reportes recientes indicaron que, si bien USAID continuó financiando a diversas organizaciones en México durante 2025, Mexicanos Contra la Corrupción habría dejado de figurar en esa lista de financiamiento ese año.

Con todo, este financiamiento ha sido defendido por la organización como parte de donativos “transparentes” y legales para promover la democracia y combatir la corrupción, mientras que el gobierno federal lo ha señalado constantemente como apoyo a grupos opositores.

El caso es que la coalición de colectivos “Narcopolíticos” presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Rocha Moya y 55 políticos de Morena, por obtener presunto apoyo de grupos de narcotráfico en la elección de 2021 en ese Estado y ayudar al cartel de “Los Chapitos”, lo que habría provocado consecuencias graves para la población.

Integrada por los colectivos Defensorxs, Pie de Nota, Óscar Balderas y Luis Chaparro, la organización señaló en su cuenta de X que la denuncia incluye a los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos, junto con Rocha Moya, por lo que lo denunciaron con los otros 55 supuestos narcopolíticos, todos parte o beneficiados de la presunta narcoelección de Morena en Sinaloa en 2021.

Agregó que, después, le entregaron Sinaloa a “Los Chapitos”, con consecuencias terribles para la población, según lo cual, la denuncia incluyó a Ricardo Velarde, ex secretario de Economía de Sinaloa, a quien acusan de operar negocios donde venden drogas, almacenan armas y desaparecen a jóvenes, como Carlos Emilio Galván Valenzuela, hijo de Brenda Valenzuela Gil.

También figura ex gobernador priista expulsado de su partido, Quirino Ordaz Coppel, cónsul de México en España desde 2022, con cuyos policías bajo su mando “secuestraron a operadores electorales”, en esos comicios, aunque el señalamiento abarca a 17 alcaldes de Morena, 23 diputados locales y cinco federales que, según se publica, se habrían beneficiado de la operación electoral de “Los Chapitos”.

Por otra parte, la coalición Narcopolíticos solicitó reconocer en su denuncia a Defensorxs como víctima, con el objeto de que éste pueda participar en la carpeta de investigación y evitar que las autoridades actúen “en la oscuridad y protejan a los funcionarios señalados”.

Plantean que la corrupción estructural, el fraude electoral armado y la impunidad sistémica afectan a toda la población, vulnerando el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, de corrupción y a elegir libremente gobernantes, por lo que en los próximos días presentará denuncias contra los presuntos "narcopolíticos" de otros partidos.

Concluyó que, a pesar de que el senador Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, se ha convertido en una de las principales voces de oposición contra la narcopolítica de Morena, sigue encubriendo a narcopolíticos que también son investigados por Estados Unidos, como Adrián de la Garza Santos, presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, desde 2024.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html